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Análisis Noticiosos

Gallup-HOY muestra consolidación de Abinader y la primacía del PRM

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Por Juan Bolívar Díaz

Mucha aproximación a los resultados arrojados por la encuesta Mark Penn y una empresarial, todas de las primeras tres semanas de enero, según las cuales Luis Abinader tiene alta probabilidad de alcanzar la presidencia de la nación este año Por Juan Bolívar Díaz

La encuesta Gallup-HOY publicada esta semana ratificó la consolidación de Luis Abinader como el candidato presidencial favorito para los comicios de mayo próximo, y la primacía del Partido Revolucionario Moderno (PRM) tras la división en octubre del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

Al igual que otras dos encuestas independientes realizadas en enero, la Gallup indica que Abinader ganaría ampliamente en una segunda vuelta en julio, contra el candidato del PLD, Gonzalo Castillo, situado como segunda opción, o contra el expresidente peledeísta Leonel Fernández, postulado ahora por un nuevo partido, Fuerza del Pueblo (FDP).

Ratificada una tendencia

Los resultados de la Gallup-Hoy de enero consolidaron una tendencia que se manifestaba en la serie de la misma encuesta desde hace tres años, cuando se veía emerger a Luis Abinader como favorito para las elecciones presidenciales del 2020, pero ahora con clara mayoría, sin la concurrencia del presidente Danilo Medina y con el expresidente Leonel Fernández postulado por un nuevo partido, tras la división del PLD.

Si las elecciones fueran ahora el candidato del PRM alcanzaría una votación de 42% , superando por 11 puntos a Gonzalo Castillo, del PLD, que registra 31% y por 26 a Fernández, quien aparece con un 15.5%. Ramfis Domínguez Trujillo, cuya candidatura por el Partido Nacional de la Voluntad Ciudadana mantiene incertidumbres, porque no se sabe que haya renunciado a la ciudadanía norteamericana, registro un 5.8% de preferencias y Guillermo Moreno, de Alianza País, 1.2%.

La ventaja de Abinader se amplía a 45%, si fuera solo contra Gonzalo y Leonel, que registran 32 y 19%. Y ante las preguntas quien cree usted que gane y quién le gustaría que ganara, en ambas 45%, contra 32 y 31 de Gonzalo y 12 y 16 de Leonel, respectivamente.

Ya en octubre del 2017, Gallup-HOY presentó a Abinader encabezando las preferencias electorales para el 2020, con 8 puntos sobre Danilo Medina y 11 más que Leonel Fernández. Un año después los tres registraron un empate técnico. En la encuesta de mayo del 2019, el perremeista retomó la delantera al ser preferido por el 21%, frente a 17 de Medina y 13 de Fernández. En todas las mediciones Abinader tenía otra ventaja, al aparecer con la certeza de la candidatura presidencial de su partido, el año pasado con 78 a 10% de preferencias, frente a Hipólito Mejía. En octubre ganó por 74 a 21%. Mientras Danilo y Leonel protagonizaban una feroz disputa que terminó rompiendo la unidad de su partido. 

Cómodo en segunda vuelta

Las preferencias para primera vuelta indican que será necesaria la segunda, entre los dos más votados, aunque un 57% cree que alguno de los candidatos podría alcanzar la mayoría en la votación de mayo. Sólo en las primeras elecciones, las de 1996, tras la reforma constitucional de 1994 que instituyó la mayoría absoluta para ganar la presidencia, fue necesaria la segunda votación. En esa ocasión Francisco Peña Gómez superó a Leonel Fernández 46 a 39% en primera vuelta, pero el apoyo del presidente Balaguer y su partido invirtió el resultado en la segunda, cuando el peledeísta ganó la presidencia 51 a 49%.

Luis Abinader aparece en esta Gallup-HOY con cómoda ventaja para una eventual segunda vuelta, sea que se enfrente a Gonzalo como a Leonel. En el primer caso con 22 puntos de diferencia al registrar 58 a 36%, y en el segundo 57 a 31, distancia de 26 puntos. Tan amplias ventajas en ambos casos, pueden estar determinadas por el abismo de la división del PLD, pues los seguidores de los dos protagonistas se excluyen recíprocamente. El 68% cree que el PLD perderá las elecciones porque Leonel se llevó una parte de su militancia, y el 53% cree que fue una buena decisión del expresidente al formar un nuevo partido. La reciente encuesta de Mark Penn indica que sin Leonel de candidato, Abinader pasaría en primera vuelta con 53% de la votación. Otra patrocinada por empresarios lo eleva a 61 contra 35%.

La inclinación por una candidatura de oposición tampoco es sorprendente, pues es creciente la proporción que en las encuestas se manifiesta por un cambio de gobierno. En mayo del 2019, Gallup-HOY registró 58% prefiriendo que gobernara un partido diferente al PLD. Ahora subió al 65%. En las elecciones presidenciales del 2016, el PLD obtuvo, sin aliados, el 50%, pero ya mayo del año pasado sólo lo prefirió en Gallup el 39%, ahora ha caído a segundo lugar en simpatías, superado por primera vez por el PRM, 43 a 38en intención de votos, y 39 a 36 en simpatías.

Desgaste y fatiga del PLD

Los resultados de esta Gallup eran previsibles por el desgaste que en cualquier democracia, aún de baja intensidad como la dominicana, se produce en un partido tras cuatro períodos consecutivos de gobierno y cinco de los últimos seis. La fatiga social se manifiesta en todas partes, ya a viva voz y hasta en los abucheos en los estadios deportivos, lo mismo que en la Basílica de Higuey o en actividades en Nueva York. La Marcha Verde fue en los dos años anteriores la mayor expresión del creciente descontento con la gestión peledeísta, a la que se le atribuyen los niveles más altos de corrupción e impunidad en la historia nacional. 59% estimó en esta encuesta que ahora hay más corrupción y otro 29% dijo que igual.

La encuesta Gallup-HOY se diseña con una muestra representativa nacional de 1,200 entrevistas, y por ello no podría indicar perspectivas para las elecciones municipales a celebrarse en dos semanas, en 158 municipios y 235 distritos municipales. Una pregunta general de por qué partido votaría arrojó un empate exacto a 42.2% entre el PRM y el PLD.

Proclamación de Luis Abinader como presidente del partido Dominicanos por el Cambio DxC y al ing. Eduardo Estrella como candidato a senador por el PRM en el municipio de Santiago.
Hoy Wilson Aracena.

La insatisfacción que registra la Gallup-HOY, con 73% estimando que las cosas van por mal camino en el país, y 72% que las condiciones de la economía son malas o muy malas, contribuyen al auge de la oposición, y más aún cuando la población expresa agobio por la delincuencia y la inseguridad, el desempleo, la corrupción y el costo de la vida, señalados como los principales problemas nacionales.

A pesar de eso, la gestión de casi 8 años del presidente Danilo Medina es aprobada por   el 56% de los encuestados, aunque el 33% cree que el país está estancado y otro 27% lo ve en decadencia. A la pregunta sobre lo que se aprecia mejor en el gobierno, sólo la educación alcanza alto porcentaje, de 58%, las “visitas sorpresas” 5% y sólo otro cuatro renglones, incluyendo el sistema de asistencia 911, pasan del 4%. Esas opiniones contradictorias se vienen registrando en casi todas las encuestas desde hace años.

Encuestas independientes

Llama la atención los resultados tan aproximados que arrojan las dos encuestas más acreditadas y antiguas en el mercado nacional, la Gallup-HOY y la de Mark Penn/Stagwell que gestiona Bernardo Vega y patrocina Noticias SIN, y una tercera auspiciada por un grupo empresarial, realizadas a partir de la primera semana de enero. La primera empresarial fue registrada en esta página el 2 de noviembre. Ambas han llegado a nuestras manos.

El cuadro anexo evidencia que las diferencias entre las tres encuestas, en los aspectos principales, quedan dentro del margen de error de más o menos 3%. El orden de las preferencias para las presidenciales, en primera y segunda vuelta, se mantiene, en favor de la candidatura de Luis Abinader, con Gonzalo en segundo lugar y Leonel en tercero. Se evidencia un tripartidismo, y dejan en la insignificancia a los dos partidos más antiguos del país, el Revolucionario Dominicano y el Reformista Social Cristiano. Entre los emergentes apenas asoman Guillermo Moreno y Ramfis Domínguez Trujillo.

Los mejores porcentajes de preferencias los registra Abinader en la de Mark Penn y en la empresarial, alcanzando en esta última 61 y 62 por ciento para una segunda vuelta. En las tres el orden de simpatías por los partidos es el mismo, PRM, PLD FDP. También registran una alta proporción de ciudadanos que se dicen en disposición de votar, aún en las municipales. La Gallup con 70% dispuesto a votar en las presidenciales, justo el promedio que ha predominado en esas elecciones desde 1978, y el 60% para las municipales, superior en 10 puntos al promedio de 50 que votó en las congresuales y municipales, separadas de las presidenciales, en cuatro certámenes entre 1998 y 2010.

Las fortalezas de Luis Abinader

El balance de las tres encuestas de enero no patrocinadas por partidos ni el gobierno, indica que Luis Abinader tiene muchas posibilidades de ser investido presidente este año, lo que dependerá en gran parte de su manejo y de la campaña de la coalición de partidos y grupos sociales que lo postulan. Una de sus ventajas es su discurso, tan ponderado que a menudo parece conservador. Reduce las posibilidades de errores catastróficos.

Tiene mayor ventaja en el área metropolitana, del Distrito Nacional y provincia Santo Domingo, después en la región norte, y menor en el Este, pero se cae hasta 10 puntos menos en el sur. Diferencia también entre urbano y rural, con ventaja en el primero. En las tres encuestas se encuentran diferencias de hasta más de 12 puntos entre las preferencias por género en primera vuelta, predominando los hombres. 47 a 35% en la Gallup, 47 a 38 en la Penn y 46 a 39 en la empresarial. Se repite en los escenarios de segunda vuelta.

Y por edades llama la atención que en todos los escenarios de las tres encuestas, Abinader saca mucha ventaja en el primer rango, entre 25 y 34 años, se cae hasta 10 puntos en el segundo, de 35 a 44 años, y vuelve a subir mucho a partir de los 45 años.

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EN LA SIGUIENTE PAGINA EL CUADRO CITADO EN EL TEXTO

 

Preferencias electorales en 3 encuestas independientes

Enero 2020

Preferencias electorales en 3 encuestas independientes

Enero 2020

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La aportación clave de la comunidad marroquí en España: “Las remesas son críticas para Marruecos”

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El dinero enviado desde España representa más del 1% del PIB del país magrebí, mientras que el procedente de toda la emigración alcanza el 7,5%
Madrid.-Más de un millón de personas de origen marroquí viven en España, lo que la convierte en la comunidad extranjera más numerosa, por delante de Colombia. Y también en un elemento de considerable importancia para la economía del país magrebí, muchos de cuyos ciudadanos siguen intentando emigrar a Europa como ha mostrado lo sucedido recientemente en Ceuta. Marruecos (y su tejido productivo, y sus hogares) depende en gran medida de las remesas de sus ciudadanos en el extranjero, el dinero que el emigrante envía a los familiares que se han quedado allí. Solo las procedentes de España sumaron casi 1.589 millones de euros en 2025, según datos del Banco de España, lo que equivale a algo más del 1% del PIB del país vecino.

“La comunidad marroquí en España es un actor económico de primer orden para Marruecos, comparable a una gran exportación nacional por su capacidad para generar un flujo constante de recursos”, señala Rut Bermejo, investigadora para Migraciones del Real Instituto Elcano. “Su importancia económica se explica tanto por su tamaño como por su elevado nivel de participación laboral”, añade.

España es la segunda mayor fuente de remesas hacia Marruecos y representa en torno al 15% del total de las que recibe el país, según datos coincidentes de las autoridades monetarias marroquíes y europeas. Está por detrás solo de Francia, con unos 3.400 millones de euros, que suponen más del 30% del total. La superioridad francesa se debe al hecho de contar con la mayor comunidad de expatriados marroquíes del mundo con diferencia (más de 1,5 millones). Italia completa el podio de fuentes de ingresos extranjeros a Marruecos, con unos 800 millones de euros, algo menos del 10% del total recibido por el país norteafricano.

Principales países de la UE emisores de remesas de Marruecos

Cifras en millones de euros

En su conjunto, las remesas desde el exterior representan el 7,5% del PIB de Marruecos, según los datos más actualizados del Banco Mundial. Es decir, unos 12.000 millones de euros ingresados cada año. Por ponerlo en contexto, equivale prácticamente a lo mismo que ingresa el país por turismo. Los marroquíes son uno de los mayores receptores de remesas de África, a la altura de Egipto y Nigeria, países con poblaciones tres y seis veces mayores, respectivamente.

“Las remesas son críticas para Marruecos. Sin ellas, sería totalmente insostenible mantener el nivel de importaciones actual del país”, señala Íñigo Moré, del centro de investigaciones Remesas.org, en declaraciones a este diario. Como muchos países en desarrollo, Marruecos importa más de la mitad de todo lo que consume (el 53% del PIB, según el Banco Mundial), algo difícil de costear con una divisa débil, el dirham, equivalente a menos de 10 céntimos de euro. La otra ventaja, como apunta Moré, es que se trata de un ingreso sin ninguna contrapartida, a diferencia del generado por un sector productivo como el turismo, con sus exigencias de inversión en infraestructura o pago de empleados. Este es dinero gratis e inmediato.

Las transferencias internacionales también impulsan la actividad local y favorecen al conjunto de la economía tanto a corto como a largo plazo, como precisa Bermejo: “Las remesas se destinan al sostenimiento de padres, hijos o familiares que permanecen en Marruecos, y se emplean en financiar vivienda o la educación y salud de esos hijos. También pueden servir para que familiares pongan en marcha pequeños negocios”.

En 2025 las remesas a Marruecos representaron un 7,5% de la economía del país. Cuánto representan en el PIB de Marruecos las remesas internacionales

Para alivio de la economía marroquí, la tendencia indica que sus emigrantes en España envían cada vez más dinero a la orilla sur del Mediterráneo. Estas remesas se han multiplicado por más de tres en la última década. Un ritmo muy superior al del conjunto de envíos de los hogares españoles a cualquier otro país, que apenas se duplicaron en el mismo periodo, hasta alcanzar los 12.207 millones de euros, según el Banco de España.

Moré atribuye principalmente el avance de las transferencias desde territorio español a que, desde la pandemia, los inmigrantes marroquíes dejaron de viajar tanto y empezaron a hacer los envíos por vía bancaria o de empresas remesadoras. Otro factor citado por el experto es la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) en España: se ha elevado más de un 60% desde 2018, hasta alcanzar los 1.221 euros mensuales.

Evolución de las remesas desde España destinadas a Marruecos sobre el total
Cifras en millones de euros

“Los marroquíes se ven más afectados por la subida del SMI, porque desempeñan trabajos peor remunerados, con mayor peso en la agricultura o la construcción, debido a la barrera lingüística. Si no hablas español, no puedes trabajar de camarero ni acceder a muchos empleos del sector servicios”, señala Moré. Le da la razón un estudio del Real Instituto Elcano basado en datos del INE a cierre de 2024. En conjunto, los inmigrantes africanos representan el 15,6% de los ocupados en la agricultura y el 14% en la construcción, en los dos casos muy por encima de cualquier otro grupo. En la hostelería, en cambio, su peso se limita al 12%, por detrás de latinoamericanos y asiáticos.

Ganen más o menos que otros inmigrantes, los marroquíes cobran mucho más en España que en su país, y eso es lo que más les importa. Quienes perciben el salario mínimo en la orilla norte del Mediterráneo disfrutan de un poder adquisitivo casi tres veces superior al que tendrían con el salario mínimo en Marruecos, según la Organización Internacional del Trabajo. El sueño de vivir en suelo español se explica también con la razón.

elpais.com

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Análisis Noticiosos

El Tribunal Superior Electoral y la figura de la inadmisibilidad.

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Por José Cabral

Nadie puede negar que el Tribunal Superior Electoral (TSE) exhibe en sus audiencias a través de sus jueces una alta solemnidad, la cual sirve de poco para mejorar la administración de justicia electoral y la democracia.

El TSE se ha vuelto experto en la aplicación de la figura de la inadmisibilidad, la cual es la vía mas fácil para no tener que conocer una demanda o acción de amparo, cuya decisión no tiene otro destino que recurrir en revisión ante el TC.

Se observa en este tribunal que, así como proyecta una gran solemnidad, opera como una trinchera de los partidos políticos para que mantengan su control sobre todo el sistema, principalmente del electoral.

Podría citar docenas de casos en los que el TSE se comporta como un instrumento de defensa de lo mal hecho de los partidos políticos y de otros órganos del Estado como la Junta Central Electoral (JCE), cuya última resolución ha incurrido en la violación de una serie de derechos fundamentales electorales.

Un ejemplo de los contras sentidos del TSE está la declaratoria de incompetencia de la demanda que busca la nulidad de la resolución de la JCE, que prohíbe las encuestas políticas hasta que no lleguen los tiempos de la pre-campana.

Esa decisión que, ha creado todo un debate nacional en el que participan algunos jueces del TSA que dieron su voto salvado o disidente y que cuestionan el hecho de que el tribunal   reniegue de su responsabilidad de emitir sentencias ajustadas al estado de derecho, implica una grave distorsión  del respeto del mandato de la ley y la Constitucion.

Evidentemente que el TSE al declararse incompetente para conocer las acciones legales interpuestas en contra de la decisión del JCE representa una forma vulgar de negar justicia, pero igual ocurre con una serie de acciones de amparo y que estos juzgadores se van por la vía de la inadmisibilidad como una forma de huir a su compromiso de impartir justicia en el ámbito electoral.

La frustración que causa este comportamiento de unos jueces que en sus decisiones toman más en cuenta el cuido de sus altos salarios que propiciar una buena administración de justicia,  no es exclusivo del TSE, sino de todo el sistema de justicia del país.

Tengo la tesis que hasta que en la República Dominicana no se cambie la configuración del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) difícilmente este cuadro pueda cambiar, porque el quid del asunto consiste en que los cometen los delitos son precisamente los que tienen el control de este órgano que designa a todos los jueces del país.

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Análisis Noticiosos

Campañas Sucias, Posverdad y Redes Sociales: El Ataque a la Dignidad en la Era Digital.

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Por Robinson Jesús Lebrón Céspedes.

El presente estudio analiza las principales dobleces a la dignidad humana en los procesos políticos y electorales de la República Dominicana durante el período 2006–2026. Se examina el impacto de las campañas de desinformación, la posverdad y el uso de redes sociales como mecanismos de manipulación política, así como la vulneración del derecho al honor, la intimidad y la protección de los datos personales. Asimismo, se aborda la violencia política de género como una manifestación de discriminación que limita la participación igualitaria de las mujeres en los espacios de representación política. El trabajo también evalúa el papel desempeñado por la Junta Central Electoral, el Tribunal Superior Electoral y el Tribunal Constitucional en la protección de los derechos fundamentales mediante la aplicación de la Constitución y la legislación electoral vigente. Se concluye que, aunque el país ha fortalecido su marco jurídico e institucional para garantizar procesos electorales más democráticos, persisten prácticas estructurales como el clientelismo, el uso indebido de recursos públicos, la desinformación digital y la desigualdad de género, las cuales continúan afectando la dignidad humana y la calidad de la democracia dominicana.

La erosión de la integridad moral a través de la desinformación y el uso de robots.

El desplazamiento del debate político dominicano hacia las plataformas digitales durante el periodo 2006–2026 ha transformado radicalmente las estrategias de captación del voto, introduciendo severas amenazas a la dignidad personal de los actores políticos. Como señala Jorge Prats (2013), el derecho al honor, al buen nombre y a la propia imagen forma parte del núcleo duro de la dignidad humana protegido por el artículo 44 de la Constitución dominicana. Sin embargo, la proliferación de campañas de posverdad y la difusión sistemática de noticias falsas (fake news) han sido utilizadas de manera recurrente para destruir la reputación de los adversarios.

Esta práctica se ha tecnificado mediante el uso de redes de cuentas automatizadas o robots. El objetivo de estas infraestructuras digitales no es debatir propuestas programáticas, sino saturar el espacio público virtual con discursos de odio y difamaciones personalistas. Al desviar la atención desde la competencia de ideas hacia el linchamiento moral del individuo, se violenta la dignidad del candidato quien es despojado de su derecho al debido proceso reputacional y se agrede la dignidad del electorado, al que se intenta manipular mediante el engaño masivo y la distorsión deliberada de la realidad (Espinal, 2018).

La vulneración de la intimidad y los datos privados con fines de chantaje

El entorno electoral de la última década ha evidenciado una preocupante tendencia hacia la instrumentalización de la vida privada de los ciudadanos y candidatos. En el contexto de la competencia interna y general de los partidos políticos en la República Dominicana, la filtración ilegal de audios, conversaciones privadas, historiales médicos o datos financieros se ha convertido en un arma de coacción política común.

Este fenómeno vulnera directamente la autodeterminación informativa y el derecho a la intimidad. Según los informes de la Organización de los Estados Americanos (OEA, 2020), la recolección no autorizada de datos personales y su posterior exposición pública con fines de chantaje o desacreditación electoral reducen al ser humano a un estado de vulnerabilidad absoluta frente al poder tecnológico de las maquinarias políticas. La dignidad se quiebra cuando el ciudadano o el aspirante a un cargo público pierde el control sobre su esfera íntima, quedando expuesto al escrutinio y al juicio social sumario bajo lógicas estrictamente utilitaristas y electoreras.

Violencia política de género y descalificación moral en el entorno virtual.

Una de las manifestaciones más lesivas de la descalificación en entornos digitales es la violencia política basada en el género, la cual afecta de manera desproporcionada a las mujeres que aspiran a puestos de elección popular. A pesar de los avances normativos en materia de cuotas establecidos en la Ley No. 33-18 de Partidos Políticos, la cultura patriarcal subyacente se traslada al entorno digital mediante ataques dirigidos específicamente a descalificar a las candidatas por razones de género.

Mientras que los candidatos masculinos suelen ser evaluados o atacados por su gestión o posturas políticas, los ataques hacia las mujeres tienden a centrarse en su apariencia física, su vida familiar, su moral sexual o supuestas incapacidades emocionales (ONU Mujeres, 2023). Esta asimetría en la agresión no solo constituye una violación directa a la dignidad de la mujer como ser humano, sino que opera como un mecanismo de exclusión fáctica. Al menoscabar su autoridad y credibilidad pública mediante estereotipos denigrantes, se limita su derecho fundamental a la participación política en condiciones de igualdad, perpetuando una brecha democrática que lesiona la estructura ética del sistema electoral.

El Rol Institucional y Jurisprudencial en la Tutela de la Dignidad Humana.

La Junta Central Electoral (JCE) y las tensiones en el control de las garantías básicas.

Durante el periodo 2006–2026, la Junta Central Electoral (JCE) ha transitado por un complejo proceso de reconfiguración institucional, impulsado por la presión ciudadana y las reformas legislativas de las leyes No. 33-18 de Partidos Agrupaciones y Movimientos políticos y No. 20-23 de Régimen Electoral en la Republica Dominicana. Como órgano de administración electoral de rango constitucional (artículo 212), la JCE tiene la obligación no solo de organizar la logística de los comicios, sino de salvaguardar el orden ético y la equidad que dignifican el voto.

No obstante, la actuación de la JCE ha estado marcada por tensiones estructurales entre su facultad reglamentaria y la resistencia de las cúpulas partidarias. Como señalan Cury y Zaglul (2019), los intentos de la JCE por establecer medidas cautelares contra la campaña a destiempo, el uso indebido de los símbolos del Estado y el desborde de los topes de gastos han chocado frecuentemente con lagunas normativas y una cultura de desacato político. El desafío para la JCE ha radicado en que, cada vez que el órgano electoral posterga o flexibiliza la fiscalización del gasto y la propaganda, se debilita la protección de los derechos de los electores y electoras frente al poder fáctico del dinero, permitiendo prácticas de propaganda invasiva que lesionan el decoro y la dignidad del espacio público (Junta Central Electoral [JCE], 2024).

El Tribunal Superior Electoral (TSE) y la defensa del debido proceso partidario.

La creación del Tribunal Superior Electoral (TSE) en la reforma constitucional de 2010 marcó un hito fundamental para la protección de la dignidad en el ámbito político-partidario dominicano. Antes de su puesta en funcionamiento en 2012, los militantes de base se encontraban en un estado de indefensión jurídica frente a las decisiones arbitrarias y autoritarias de las direcciones ejecutivas de los partidos políticos, las cuales manejaban las candidaturas y los procesos de disciplina de manera discrecional.

A través de una sólida línea jurisprudencial, el TSE ha operado como un escudo de los derechos fundamentales de la militancia. Fundamentando sus decisiones en el principio de que los partidos políticos son instrumentos públicos obligados a respetar la democracia interna (artículo 216 de la Constitución), el tribunal ha anulado asambleas, expulsiones sumarias y encuestas de selección de candidaturas que violaban el debido proceso (Tribunal Superior Electoral [TSE], 2021). De acuerdo con la doctrina de Jorge Prats (2022), esta tutela judicial efectiva dignifica al militante, al reconocerlo como un sujeto de derechos inalienables dentro de su propia organización y no como un subordinado prescindible a merced de los intereses de las élites partidarias.

La erradicación de las prácticas de exclusión mediante sentencias hito.

El diálogo jurisprudencial entre el TSE y el Tribunal Constitucional (TC) ha permitido desmontar mecanismos formales e informales de exclusión que atentaban contra la dignidad intrínseca de los aspirantes. Un ejemplo crítico ha sido la defensa de los derechos políticos de las mujeres frente a los intentos de los partidos de burlar las cuotas de género mediante asignaciones de candidaturas en demarcaciones tradicionalmente perdidas o a través de alianzas Inter partidarias que diluían su participación.

Tanto el Tribunal Constitucional (TC) como el Tribunal Superior Electoral (TSE) fijaron el criterio vinculante de que la cuota de género establecida entre el 40% y el 60% por la Ley No. 33-18 debe aplicarse por cada demarcación territorial y no a nivel nacional, evitando que las mujeres fueran confinadas a puestos marginales (Tribunal Constitucional TC/0104/20. Estas decisiones judiciales demuestran que la dignidad en los procesos políticos dominicanos no es un concepto pasivo; requiere una intervención jurisdiccional activa para nivelar el terreno de juego, garantizando que el acceso al poder del Estado se fundamente en la justicia distributiva, la equidad de género y la idoneidad moral de las personas.

Conclusiones.

El análisis evidencia que la dignidad humana constituye el eje transversal que debe orientar el funcionamiento del sistema político-electoral dominicano. Si bien las reformas constitucionales, la aprobación de las Leyes núm. 33-18 y 20-23, y la consolidación de la jurisprudencia del Tribunal Superior Electoral y del Tribunal Constitucional han fortalecido la protección de los derechos fundamentales, aún subsisten prácticas que comprometen la integridad del proceso democrático. El clientelismo, la compra de votos, la desinformación digital, la vulneración de la privacidad y la violencia política de género representan desafíos que trascienden el ámbito jurídico y requieren respuestas institucionales, educativas y culturales. En consecuencia, la consolidación de una democracia respetuosa de la dignidad humana demanda el fortalecimiento de los mecanismos de fiscalización, la aplicación efectiva de sanciones, la promoción de la ética política y la educación cívica, así como el compromiso de los partidos políticos, las autoridades electorales y la sociedad en la construcción de procesos electorales transparentes, inclusivos y respetuosos de los derechos fundamentales.

El autor es abogado y Docente Universitario

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