Opinión
Ideología patriarcal, capitalismo y dominación integral
Por Narciso Isa Conde
La ideología patriarcal o ideología del patriarcado, es el sistema de ideas que le sirve de sustentación a la milenaria supremacía masculina en la historia y el presente de la humanidad, siempre adecuada al contexto particular de las diversas formaciones económico-sociales y sus correspondientes modalidades de lucha de clases.
El patriarcado precede al capitalismo como herencia pérfidamente remozada de otras formaciones económicas y sociales, y lo acompaña en sus tiempos de modernidad y post-modernidad, transformándose en absolutamente funcional a la nefasta vocación de la burguesía por maximizar ganancias y convertir todo en mercancía, incluso los atributos femeninos y el cuerpo de la mujer.
Hablar de ideología patriarcal es por tanto hablar de una plataforma de conceptos que facilita la sobre-explotación de las mujeres a cargo de la clase dominante y su subordinación a los hombres en las relaciones de género.
Una plataforma que estimula y sistematiza su maltrato bajo el criterio de considerarlas “propiedad” o “seres inferiores” al servicio de los hombres y del poder masculinizado del gran capital y el Estado bajo su mando. Que las convierte fundamentalmente en instrumento de placer sexual, “amas de casa”, material de cocina y cama, trabajadoras no remuneradas (cuando se trata del cuido de hogares e hijos/as) o inferiormente remuneradas (en la generalidad de los casos de las asalariadas).
Ella nutre el machismo, la opresión y discriminaciones que gravitan sobre el componente femenino de la sociedad.
Genera, en consecuencia, desigualdades salariales, negación de oportunidades, maltrato físico-psicológico, torturas, burlas, violencias, feminicidios… arguyendo siempre una diferencia natural que supuestamente condena a las mujeres a la subordinación y a la negación de sus derechos como ser humano.
La opresión patriarcal gravita en todas las edades y ámbitos sociales, y conlleva asignación forzada de roles sociales diferenciados en perjuicio de la población femenina; incluida doble y triple explotación, desconocimiento del trabajo doméstico como generador de riquezas y ganancias a favor del capital, mercantilización del cuerpo y escandalosas supremacías masculinas en las relaciones de poder en la familia y en la sociedad.
La ideología patriarcal, además, fomenta el odio contra la homosexualidad, el lesbianismo y la transexualidad, y ha sido históricamente potenciada por fundamentalismos religiosos de diversos signos que niegan el respeto a la libertad de opción sexual.
· MACHISMO MÁS LA SUMA Y MEZCLA DE OPRESIONES.
La ideología patriarcal se hermana con el adulto-centrismo, que implica situar al hombre adulto en el centro de la organización social, económica, política y cultural establecida; siempre en detrimento de mujeres, niños/as, jóvenes y envejecientes, provocando aberrantes maltratos contra todos los sectores discriminados, excluidos y/o menospreciados.
Esas perversas combinaciones –repito- anteceden al capitalismo. Pero el capitalismo la ha incorporado a su funcionamiento y dinámica explotadora, al igual que ha cooptado otras modalidades de opresión (racismo, xenofobia, ecocidio, homofobia, coloniaje) junto a la usurpación y depredación ilimitada del patrimonio natural en función servicio de sus súper ganancias.
En su fase imperialista el capitalismo globalizado ha empleado a su favor todas esas opresiones… las agrava, las mercantiliza y las moderniza e incorpora a su dominación clasista y su sometimiento colonial.
En esa dinámica la explotación clasista opera sobre toda la humanidad trabajadora con diversos grados de intensidad; mientras que cada opresión sectorial afecta amplios sectores populares en los que se tornan más intensas las penurias y sufrimientos, potenciándola más aun las diversas combinaciones.
El machismo de entrada afecta adicionalmente y directamente a la mitad de la población planetaria, mientas la crisis ambiental globalizada sacrifica el presente y el futuro de una gran parte de la humanidad.
La escala excluyente se torna más perversa mientras más opresiones se entremezclan, de manera que ser a la vez mujer, proletaria, negra, niña, joven o envejeciente, y habitante de un país colonizado y re-colonizado con territorios depredados, multiplica la existencia trágica de esa parte de la población mundial y motiva múltiples rebeldías.
En plan de contrarrestar esas rebeldías, el creciente rechazo que esas tragedias sociales generan y las propuestas alternativas que ellas conllevan, los sectores dominantes recurren a diversas argucias y tergiversaciones, entre las que se destacan la satanización del feminismo y la denuncia contra una fantasiosa “ideología de género” que supuestamente “amenaza la existencia de la familia y de la sociedad”.
Tal cruzada contra la “ideología de género” -concentrada internacionalmente en atribuirle falsamente “convertir niños y niñas escolares a la homosexualidad (no te metas con mis hijos”- pretende ocultar el machismo como ideología y como discriminación realmente existentes (agregadas a la ideología burguesa); dominante, por demás, en todo el sistema de enseñanza.
Intentan así invisibilizar el patriarcado azuzando el supuesto peligro que representa la inexistente “ideología de género”, maliciosamente referida a políticas y pautas científicas destinadas a superar progresivamente una resistente y perversa cultura machista generadora de desigualdades, abusos, traumas, opresiones y violencias evitables.
Y esto -desplegado en una etapa de crecimiento de la conciencia colectiva y las indignaciones frente a este capitalismo patriarcal, adulto-céntrico, racista, xenófobo, homofóbico, ecocida y re-colonizador- genera como contrapartida un grado mucho más alto de violencia criminal de los opresores; incluida relevantemente la violencia de género traducida en un alarmante incremento de los feminicidios y las violaciones.
Por Isaías Ramos
En medio de un escenario político tumultuoso, la reciente exclusión de partidos minoritarios en el debate presidencial constituye una flagrante violación del artículo 39 de la Constitución. Este artículo consagra la igualdad ante la ley y garantiza los mismos derechos y oportunidades para todos, sin discriminación alguna. Esta situación pone en evidencia un alarmante déficit democrático y una profunda desconexión entre las estructuras de poder y las necesidades reales del pueblo dominicano.
La Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, al organizar un debate presidencial y decidir excluir a ciertos participantes basándose en criterios arbitrarios como el tamaño del partido, no solo ha perpetrado una discriminación injusta, sino que también ha socavado los principios fundamentales de igualdad y pluralismo. Este acto refleja cómo las élites políticas y económicas intentan perpetuar un sistema injusto que favorece a unos pocos en detrimento de la mayoría.
Es perturbador observar cómo los candidatos que aceptaron participar en este debate sin cuestionar la exclusión de otros no solo muestran una falta de compromiso con los principios constitucionales, sino que también evidencian una falta de ética y responsabilidad cívica. La aceptación de esta situación por parte de los candidatos participantes refuerza la percepción de que su interés por mantener su posición en el estatus quo prevalece sobre el bienestar colectivo y el respeto a la ley fundamental del país.
Los dominicanos se enfrentan no solo a la usurpación de su derecho a recibir información diversa y representativa durante un periodo electoral crítico, sino también a la erosión de su capacidad de tomar decisiones informadas. Limitar la participación en el debate presidencial a los partidos mayoritarios priva a la ciudadanía de explorar una gama más amplia de alternativas políticas y soluciones a los problemas nacionales.
Este contexto demanda un despertar cívico. Los ciudadanos deben exigir que se respeten los principios de igualdad y pluralismo en todos los procesos electorales, promoviendo un cambio hacia debates más inclusivos que permitan la participación de todas las fuerzas políticas sin discriminación. El respeto a la Constitución y a los derechos que esta garantiza es fundamental para construir una democracia verdaderamente representativa y justa.
El Frente Cívico y Social continuaremos abogando por un sistema electoral equitativo donde todos los partidos y candidatos tengan la misma oportunidad de ser escuchados. Es esencial que todos los sectores de la sociedad trabajemos juntos para garantizar que las futuras elecciones sean un reflejo fiel de la voluntad popular, libre de manipulaciones y exclusiones arbitrarias.
Por ello, es imperativo despertar nuestro sentido cívico y exigir un cambio hacia debates más inclusivos y equitativos. No podemos permitir que intereses particulares prevalezcan sobre el bienestar colectivo y la voluntad popular. Debemos ser guardianes activos de nuestra democracia, velando por el respeto irrestricto a nuestra Constitución y luchando contra cualquier intento de manipulación o exclusión.
En el FCS queremos hacer un llamado urgente: no dejemos que aquellos que buscan perpetuar un sistema injusto y opresor nos silencien o nos dividan. Recordemos siempre que la verdadera fuerza radica en la unidad del pueblo consciente e informado. Si el sistema falla en representarnos adecuadamente, debemos manifestarlo con firmeza mediante acciones como la invalidación del voto o la abstención responsable. El poder está en nuestras manos para forjar un país donde cada voz sea escuchada, cada derecho sea respetado y cada sueño pueda realizarse sin obstáculos.
¡Despierta, RD!
Por Rommel Santos Díaz
La ley internacional concede inmunidad contra el enjuiciamiento penal por Estados extranjeros a los Jefes de Estado y oficiales diplomáticos (artículo 31 Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas). Sin embargo, los delitos enumerados por el Estatuto de Roma pueden haber sido cometidos por diplomáticos, Jefes de Estado, oficiales gubernamentales o por cualquier otra persona que goce de inmunidad diplomática, y la ley internacional no podrá reconocerles inmunidad alguna contra el enjuiciamiento por tales crímenes.
La Corte Penal Internacional determinará si existe alguna inmunidad, cuando se le refiere un caso. Sin embargo, el artículo 98 del Estatuto de Roma establece ciertas restricciones a la CPI, cuando solicite la entrega u otro tipo de asistencia a los Estados.
El artículo 98 del Estatuto de Roma trata la situación de entrega de una persona cuando existe un conflicto con las obligaciones del Estado bajo el derecho internacional o con respecto a la inmunidad diplomática de un extranjero o su propiedad.
La Corte Penal Internacional no deberá requerir que un Estado actúe de manera contraria a sus obligaciones internacionales. Pero al mismo tiempo una situación tal raras veces surgirá, ya que la Corte investigará tales posibilidades antes de solicitar una entrega al Estado. Adicionalmente, las obligaciones del derecho internacional aplicables a los Estados Partes incluirán sus obligaciones bajo el Estatuto de Roma.
Al aceptar los artículos 27 y 86 del Estatuto, los Estados Partes abiertamente retiran cualquier inmunidad contra la CPI . Por ende, cuando un nacional de un Estado Parte es requerido por la Corte, ese nacional no podrá reclamar las inmunidades normales que existan respecto al enjuiciamiento penal en el exterior, y el Estado requerido no estará violando sus obligaciones internacionales si entrega la persona a la CPI.
No obstante, cuando la CPI haya determinado que la inmunidad si existe, podrá dar curso a la solicitud de entrega solamente si cuenta primero con el apoyo del Estado de nacionalidad del acusado. En tal caso, el Estado requerido que proceda con la entrega no violara sus obligaciones internacionales de conformidad con la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas
El artículo 98 establece que la Corte no podrá dar curso a la solicitud de entrega que requiera que el Estado requerido viole sus obligaciones de conformidad con los acuerdos internacionales que requieran el consentimiento del Estado que entrega a una persona de ese Estado a la CPI.
Esta situación podría surgir cuando una persona detenida en el Estado requerido haya sido extraditada a ese Estado desde otro país, bajo la condición de ser devuelta a su país luego de la investigación o enjuiciamiento, o la ejecución de una condena. Podría también darse cuando , bajo el acuerdo de Estatus de Fuerzas, los miembros de las fuerzas armadas de un tercer Estado se encuentren dentro del Estado solicitado.
Cuando el Estado que entregue sea un Estado Parte del Estatuto de Roma , no deberá restringir la posibilidad de que otros Estados entreguen a sus nacionales a la CPI, ya que cada Estado Parte acepta la jurisdicción de la Corte sobre sus nacionales y no hay fundamento para rechazar la entrega de una persona a la Corte .
Sin embargo, cuando la persona requerida alegue el principio de ne dis in idem, y la decisión de admisibilidad de la CPI aún esté pendiente, el Estado requerido deberá consultar con el Estado que entrega, y la CPI, de conformidad con el artículo 89, para determinar si se debe suspender o no la ejecución de la solicitud.
De lo contrario el Estado requerido tendría que contar con el consentimiento del Estado de la persona que entrega. La CPI deberá contar con la cooperación del Estado que entrega, si no es este un Estado Parte, antes de que la Corte Penal Internacional solicite la entrega.
El articulo 98 solo es relevante cuando el Estado requerido pueda demostrar que la acción requerida por la CPI lo obligaría a violar una obligación bajo el derecho internacional. Un Estado no podrá invocar una previsión de su derecho interno que garantice inmunidad a la persona a ser entregada.
En el contexto de las obligaciones el Estado Parte tiene la obligación de entregar a una persona que goce de inmunidad diplomática, cuando la CPI solicite su entrega luego de haber obtenido la cooperación de un tercer Estado para la renuncia de la inmunidad.
Cuando la CPI solicite la entrega de una persona, pero el Estado Parte requerido normalmente estaría violando un acuerdo internacional con un tercer Estado, el Estado requerido esta obligado a entregar a la persona si la Corte cuenta con el consentimiento del tercer Estado para la entrega de la persona . El Estado Parte requerido deberá entregar a la persona si el tercer Estado es un Estado Parte.
En el marco de la implementación los Estados Partes deberán prever dentro de su derecho interno, la posibilidad de entregar a una persona a la CPI aunque normalmente goce de inmunidad estatal o diplomática, cuando el Estado de donde esta persona es nacional acuerde renunciar a su inmunidad. Debido a que la CPI tiene la autoridad de determinar si existen o no las inmunidades, no obstaculizaron las la cooperación con la CPI. Esto garantiza que el Estado Parte pueda cumplir con sus obligaciones de entrega.
Los Estados Partes deberán asegurar que sus nacionales puedan ser entregados a la CPI por otros Estados, cuando sea conveniente, y que no existan acuerdos bilaterales o multilaterales que obstaculicen el proceso. Los Estados Partes deberán estar preparados para revelar a la Corte cualquier obligación o acuerdo internacional que pueda estar en conflicto con una solicitud de entrega que este preparando la Corte, si la misma necesitare tal información.
Por Nelson Encarnación
La incitación a la violencia es un delito grave en todas las sociedades organizadas, incluida la nuestra, donde un llamado a alterar el orden público acarrea consecuencias penales para cualquier persona, pues el Estado tiene la obligación no solo de perseguir el hecho, sino de prevenirlo.
Por consiguiente, el expresidente Danilo Medina se coloca al margen de la ley e incurre en ese delito de incitación a la violencia cuando llama a la militancia del Partido de la Liberación Dominicana, que él lidera, a destruir las eventuales carpas que coloquen los seguidores oficialistas en los alrededores de los colegios electorales el próximo 19.
Un líder de la categoría de quien fue presidente de la República durante ocho años, y que además dirige una de las formaciones políticas fundamentales del sistema de partidos, debe ser lo suficientemente prudente y medido para conocer el alcance de sus arengas.
La incitación de Medina tiene varios puntos relevantes, pero fuera del delito en que incurre, hay dos de carácter electoral que su desatino no alcanza a calibrar.
El primero tiene que ver con lo que ya ha determinado la Junta Central Electoral (JCE) respecto de las carpas partidarias, las cuales el órgano de comicios prohibió tajantemente a partir de las alegaciones que produjeron esas instalaciones luego del proceso de febrero pasado.
En consecuencia, la perorata de Medina carece de sentido, si se toma en cuenta la señalada disposición.
El otro aspecto es aún más relevante para los intereses del partido morado y de toda la oposición, puesto que, si entre sus argumentos figura la supuesta manipulación del proceso por el oficialismo para provocar la abstención de sus adversarios, podemos suponer que, con un ambiente de posible violencia, los votantes poco motivados preferirían quedarse en sus casas para no exponerse.
Esto tiene un referente histórico que Danilo conoce perfectamente. Se trata de las elecciones de 1966, cuando el profesor Juan Bosch, candidato frente a un Joaquín Balaguer aupado por los invasores estadounidenses, llamó a sus seguidores a que fueran a votar armados con palos y piedras para defender el voto.
¿Qué hicieron miles de partidarios del PRD? Se quedaron en sus casas para no convertirse en presa de los violentos determinados a imponer a Balaguer. ¿Es esto lo que Danilo quiere para luego alegar irregularidades?