Opinión
Anulación de comicios municipales: plan fríamente programado
Por Narciso Isa Conde
En el centro de la decisión de la JCE de anular las recientes elecciones municipales está la determinación del PLD y su Gobierno Mafioso de no ser desplazado por el PRM y aliados, empleando todas las malas artes; cruzada esa determinación por la pelea a muerte entre las dos facciones mafiosas del PLD (danilismo-PLD y leonelismo-FP)
Este asalto electrónico tiene todas las características de una variante de Golpe de Estado Blando generado al interior de la JCE contra las votaciones municipales de este 16 de febrero del 2020, dando así inicio a una gran crisis política-institucional que se agrega a todas las crisis que estremecen el régimen establecido.
Ha sido un golpe bajo, fraguado arriba, para impedir que se evidenciara en cifras oficiales el desplome de la corporación morada antes de las elecciones congresuales y presidenciales; precedido ese golpe del tallazo anterior perpetrado en sus elecciones internas (primarias), todavía impune. Como sigue impune el robo a base de contratación de escaners y fuentes de fraudes de la JCE que presidió el conspicuo leonelista Roberto Rosario.
El castigo al PLD-gobierno en esos comicios era inminente y lo era también el rechazo nacional a la facción que se pasó a la oposición con Leonel Fernández a la cabeza, lo que ha beneficiado enormemente al PRM como partido y a Luis Abinader como candidato presidencial, a pesar de su esencia conservadora, de la corrupción y el entreguismo presente en el PRM y en sus alianzas.
Ambas facciones peledeistas se exponían a un gran ridículo.
La facción leonelista optó por la maniobra de apoyo a los aguacates morados para encubrir su casi segura derrota.
La oficialista -aprovechando la aceptación y hasta la defensa por la oposición de esa JCE (controlada por el PLD-gobierno), usando la contratación de operadores del sistema electrónico al servicio de esa trampa y la intervención de agentes especializados de la inteligencia del Estado bajo su mando político y la sospechosa pasividad de la USAID y otras entidades gringas- empleó a fondo sus recursos informáticos para caotizar y anular el proceso.
El capitulo siguiente de esa serie mafiosa es acusar a la FR de Leonel (a quien le sobran deseos y maldad para hacerlo) y a otros opositores de provocar la dislocación electrónica. Y para eso sirve la figura del “sabotaje” empleada en el comunicado del PLD leído por Temo.
· LA CRISIS PICA, SE EXTIENDE Y SE PROFUNDIZA.
El país entra así en una fase de incertidumbre, con tendencias más fuertes hacia la crisis de gobernabilidad, sin que se vislumbre la contención del deterioro institucional en el marco del régimen político vigente; independientemente de posibles transacciones temporales entre ambos bandos en pugna, presionadas por CONEP y cosas parecidas.
Importantes fuerzas del sistema se empeñan en salvar una JCE que no le cabe más descredito.
Otros demandan su renuncia, o para que reinen sus suplentes de igual calaña, o para ser reemplazada por el mismo Senado corrupto que seleccionó su membrecía actual.
Unos y otros evaden que la JCE es parte de una institucionalidad que opera como toda una maquinaria trituradora de democracia y generadora de corrupción protegida por la impunidad.
Evaden que Danilo Medina es el jefe de la mayoría de sus miembros y suplentes, y del Senado que los escogió.
La JCE es uno de los factores de un sistema corrompido, por lo que hay exigir su destitución.
Pero no solo.
Es preciso asumir que no hay manera de cambiar lo que ella representa si se opta por modificaciones de su composición por una vía institucional previamente amarrada por el PLD-gobierno.
Igual esa junta no puede presidir ninguna investigación sobre fraudes, trampas y corruptelas ocurridas dentro de sus dominios, vigilada o no por la OEA (que es peor que ella) o por agencias y observadores tutelados por EEUU (todavía mas peores).
A esa JCE hay que sacarla con el pueblo en las calles, con protestas y paros.
Pero además hay que exigir desde las calles la destitución del Procurador General de la República que opera el aparato judicial que garantiza la impunidad de la corrupción institucionalizada, así como la destitución del Presidente Medina, jefe supremo de un Estado delincuente; ambos en plan de blindar la delincuencia de Estado cual sean lo resultados electorales,
Y luego de ese desmonte habría que establecer un Gobierno Provisional, que sustentado en el pueblo soberano, transformado en Poder Constituyente, convoque una Asamblea Constituyente Soberana con normas que garanticen el protagonismo popular, la cual dote a la Nación de una Nueva Constitución y nuevas instituciones, incluidas las correspondientes al ejercicio democrático del sufragio libre de trampas.
Solo entonces las elecciones serán confiables luego de medio siglo de perversidades políticas, ya en franca decadencias.
Por Narciso Isa Conde
Santo Domingo.– Al aceptar la determinación de Trump y del Pentágono, de intervenir militarmente los aeropuertos de San Isidro y Las Américas, el espacio aéreo y aguas territoriales de nuestro país, para agredir militarmente a Venezuela y a otros países de la región, Luis Abinader ha cometido el delito de traición a la patria dominicana y la peligrosa afrenta de sumarse al plan de guerra e intervención de EE.UU. en esta región.
¿Qué implica la intervención militar en bases dominicanas?
La base militar de San Isidro es la más grande del país, concentra el mayor poder de fuego (aviación, cuerpo de paracaidistas, infantería y blindados) y pasa a ser intervenida por el Comando Sur del Pentágono.
No se había visto una cosa parecida luego de la intervención militar de abril de 1965: en los últimos 60 años la intervención militar de EE.UU. se mantuvo camuflada como «asesorías», «visitas», «ejercicios» y «operaciones» puntuales; pero ahora la intervención se asume directa, invasiva, indefinida y con tropas especializadas.
La Constitución vigente -a pesar de lo conservador, autoritario y neoliberal de su contenido- obliga a Abinader a rechazar cualquier agresión a nuestra soberanía y cualquier intervención en los asuntos internos de otros países.
¿Cuál es el contexto político y regional de esta acción?
En verdad, no se trató de un «acuerdo», sino de una orden de Trump y el Pentágono, fielmente cumplida por Abinader, en medio de un despliegue naval en el Caribe y áreas del Pacífico; apuntando contra Venezuela y Cuba, en primer lugar y sucesivamente.
Pero también contra los gobiernos de México y Colombia (Colombia ya invadida por 10 bases militares), sin descartar Nicaragua, ni a otros países que no se le dobleguen a un imperio furioso por su decadencia, empecinado en saquear petróleo, gas, minerales estratégicos, biodiversidad y fuentes de agua en Nuestra América.
El cartel mayor del Hemisferio Occidental es Wall Street y el mercado más grande es el Norte Revuelto y Brutal, mientras aquí abundan las narco-complicidades en altas instancias del Estado.
Este es un narco-estado y si no lo creen, examinen los largos años de impunidad de altos funcionarios civiles, militares y empresarios protectores de los capos Quirino, Figueroa Agosto, Toño Leña, Cesar El Abusador, Arturo del Tiempo, Nelson Solano, Miguel Gutiérrez, Miki López, Yamil Abreu y los capos del Cartel del Cibao, que primero financió al PLD y luego al PRM.
Examinen la narco-política del PRM y por qué las conexiones del narco con sus jefes políticos en funciones gubernamentales no se atacan ni se sancionan.
Por Isaías Ramos
Santiago nos golpeó con dos tragedias que el país no puede normalizar. Noelvin Jeremías Cabrera, de 14 años, murió tras un conflicto vinculado al entorno escolar luego de salir del Politécnico Simón Antonio Luciano Castillo; otro adolescente guarda prisión preventiva mientras se conoce el proceso.
Días después, Stephora Anne‑Mircie Joseph, de 11 años, falleció por ahogamiento durante una excursión escolar del Colegio Leonardo Da Vinci. Según informó el Ministerio Público, el caso se investiga como homicidio involuntario y se detuvo a cuatro personas, alegando presuntas fallas graves de supervisión y seguridad.
Estos episodios no son accidentes desconectados. Son síntomas de un deterioro profundo: en demasiados entornos escolares se ha debilitado la fuerza formativa, la autoridad moral y la coherencia institucional. Durante casi treinta años, la formación moral y cívica ha sido relegada y, al mismo tiempo, la disciplina ha sido malinterpretada como autoritarismo, dejando un vacío que hoy se expresa en conductas violentas, negligencia, irrespeto y una cultura escolar sin límites claros.
El Gobierno reaccionó anunciando una mesa interinstitucional “permanente” entre el Ministerio de Educación y la Procuraduría, enfocada en prevención, monitoreo y protocolos de actuación. Es un paso necesario. Pero debemos ser honestos: la República Dominicana está cansada de anuncios que no pasan de la rueda de prensa. La ciudadanía exige resultados medibles, responsables identificables y continuidad real. Lo que no se supervisa se pierde; lo que no se mide se diluye.
El problema de fondo excede cualquier mesa técnica. La Constitución es clara: el artículo 63, numeral 13, ordena como obligatoria en todas las escuelas —públicas y privadas— la formación social, cívica y ética, la enseñanza de la Constitución, los derechos fundamentales y la convivencia pacífica. La Ley 66‑97 insiste en principios como el respeto a la vida, la democracia, la solidaridad, la verdad y los valores que sostienen la dignidad humana. Sin embargo, entre la teoría legal y la práctica cotidiana hay un abismo que seguimos pagando con vidas jóvenes.
Hay, sin embargo, una señal alentadora: la Ordenanza 02‑2025 del Ministerio de Educación, que establece la implantación formal de la asignatura Educación Moral, Cívica y Ética Ciudadana en todos los niveles a partir del año escolar 2025‑2026. Es un avance importante, pero no será suficiente si no se acompaña de tres elementos indispensables: formación docente rigurosa, coherencia institucional y supervisión real. Una asignatura sin cultura institucional es como sembrar sin preparar la tierra.
En el Frente Cívico y Social entendemos que volver a educar el carácter implica recuperar la disciplina como virtud cívica, no como castigo. Disciplina significa dar estructura, sostener límites razonables y construir hábitos que fortalezcan la voluntad. Significa ser coherente —los adultos primero—, persistente —todos los días— y consistente —consecuencias claras, justas y previsibles—. La disciplina bien aplicada protege al alumno, dignifica la convivencia y devuelve a la escuela su papel como taller de ciudadanía.
Esta visión ha sido afirmada desde perspectivas distintas pero convergentes. Elena G. de White advirtió que la verdadera educación desarrolla la facultad de pensar y hacer, evitando que los jóvenes sean “simples reflectores del pensamiento de otros”. Y Camila Henríquez Ureña alertó contra reducir la educación a instrucción técnica, recordándonos que formar el ser es más decisivo que enseñar destrezas.
Hoy, en plena era de la inteligencia artificial, esta verdad es más urgente: la información se obtiene en segundos; el carácter se forma con esfuerzo cotidiano y con entornos que sostengan lo correcto cuando haya presión.
En medio de tanta preocupación, pude ver una señal de esperanza. Recientemente compartí con el personal docente y administrativo del Colegio Adventista Salvador Álvarez de Jababa, Moca: la escuela donde estudié de niño, fundada en 1925 y portadora de cien años de legado educativo y cristiano. Allí, en una actividad anual organizada por la familia Álvarez‑Piantini‑Schliemann, reafirmamos un compromiso: trabajar juntos para que este colegio rural se convierta en un referente nacional de educación integral y disciplina con propósito. En tiempos de crisis, los ejemplos valen más que los discursos.
Si queremos honrar a Noelvin y a Stephora, debemos transformar el duelo en acción verificable. Necesitamos un protocolo nacional obligatorio para excursiones escolares y actividades de riesgo, con auditoría anual y sanciones claras cuando se incumpla. Necesitamos indicadores públicos de convivencia —con estricta protección de identidad— y, más importante aún, que se publiquen de forma trimestral por distrito educativo: incidentes reportados, tiempos de respuesta, medidas aplicadas y avances en prevención. Y necesitamos la ejecución seria, no decorativa, de la formación moral y cívica, con acompañamiento docente, supervisión independiente y continuidad sostenida.
Porque una sociedad que educa el carácter reduce la violencia. Y una que renuncia a esa tarea termina llorando a sus hijos.
Despierta, RD!
Por Rommel Santos Diaz
Otro de los derechos accesorios al derecho a la participación es el derecho a la notificación. Una vez que las víctimas sean reconocidas como tales frente a la Corte Penal Internacional, en una situación o en un caso, directamente o a través de sus representantes legales, las víctimas tienen derecho a ser notificadas e informadas de los avances del procedimiento, de las decisiones de la Sala correspondiente, de las fechas de las audiencias, de la interposición de recursos por las partes , entre otras diligencias.
Tanto la publicidad de los procedimientos como la notificación a las víctimas son claves para garantizar que esta pueda ejercer su derecho a la participación.
Esta importancia es reconocida por algunas disposiciones que hacen expresa la necesidad de que las víctimas tengan conocimiento del estado de los procedimientos; por ejemplo la norma 87 establece la obligación explícita del Fiscal de notificar a las víctimas de acuerdo a la regla 50(1) y la regla 92(2). Igualmente, derivado del artículo 15 del Estatuto de Roma, la Secretaría podrá asistir en esta notificación si así es requerida por la Fiscalía.
Igualmente, existe la obligación de notificar y dar adecuada publicidad de las actuaciones por medios generales de acuerdo a las reglas 92(8) y 96(1).
Esta función se encuentra regulada en el Reglamento de la Secretaría de la Corte Penal Internacional en donde se reconoce la importancia de que esta información sea accesible a las víctimas para facilitar el ejercicio de sus derechos.
Finalmente es importante mencionar que los jueces al ser los garantes del debido proceso y el ejercicio de las víctimas, tienen la facultad de rechazar una solicitud de participación si consideran que en ella no se ha acreditado la calidad de víctima frente a la Corte Penal Internacional.
Sin embargo, las víctimas podrán presentar otra solicitud en una etapa ulterior de acuerdo a la regla 89(2).Finalmente las víctimas si así lo desean, podrán retirar su solicitud de participación en cualquier momento si así conviniere a sus intereses.