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Organizaciones internacionales investigarán suspensión de elecciones municipales.

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Fue aceptada la solicitud de la Junta Central Electoral (JCE) y el Gobierno dominicano para que la Organización de Estados Americanos (OEA) realice una auditoría a los equipos del voto automatizado utilizados en las pasadas elecciones municipales suspendidas el pasado domingo 16 de febrero.

La OEA mediante comunicado,  indicó que la auditoría se realizará “con los mismos estándares de calidad técnica y rigor profesional, tal y como sucedió recientemente en Bolivia, a efectos de deslindar responsabilidades”.

El Gobierno había informado que con la finalidad de dar una explicación transparente y creíble sobre los hechos que llevaron a la suspensión de las elecciones municipales, había solicitado al organismo que realice una investigación sobre los hechos ocurridos el pasado 16 de febrero.

En una rueda de prensa encabezada por el Consultor Jurídico de la Presidencia, Flavio Darío Espinal, el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo y el ministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, fue revelada la información.

Flavio Darío Espinal leyó el documento oficial en el que se reconoce que “la sociedad dominicana ha demandado una explicación transparente y creíble de lo que sucedió en el sistema automatizado instalado por la JCE”.

Añadió que “la respuesta que la sociedad reclama tiene que tener credibilidad, pues no se logra nada si la información que se ofrezca no cuente con esa credibilidad que es la base de la confianza”.

Dijo que en la actualidad en el país hay “un ambiente de desconfianza, que genera suspicacia y descreimiento de la sociedad dominicana”.

Ayer la Junta Central Electoral informó que fueron recibidas dos comunicaciones procedentes de la Fundación Internacional para Sistemas Electorales (IFES) y la Unión Interamericana de Organismos Internacionales (Uniore) en las cuales ambas organizaciones se ponen a disposición para realizar la investigación técnica del voto automatizado que fue utilizado en las suspendidas elecciones municipales del pasado domingo 16 de febrero.

Desde que la Junta Central Electoral anunció a media mañana del domingo 16 de febrero la suspensión completa del proceso de votación en las elecciones municipales, la sociedad dominicana ha demandado una explicación transparente y creíble de lo que sucedió en el sistema automatizado instalado por el máximo órgano electoral.

Ciudadanos y ciudadanas se han manifestado en diferentes puntos del país reclamando una respuesta seria y contundente a la pregunta de qué pasó ese día o días antes que impidió la celebración de las elecciones para elegir las autoridades municipales.

 

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Hombres que robaban alimentos fueron apresados por Policía Nacional.

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Santo Domingo. – Este jueves la Policía Nacional informó que detuvo cuatro hombres involucrados en el robo de fundas con alimentos de primera necesidad, sustraídos de varios camiones que transitaban por la avenida del Puerto del Distrito Nacional.

El cuerpo del orden dijo que los detenidos son Aaron Ezequiel Cabrera, de 36 años; Breilin José Vizcaíno Capellán, de 18; Ángel Reguillo Emiliano, de 26, y Miyel Ambiórix Morillo, de 27, todos residentes en la citada demarcación.

Según la entidad, la detención fue realizada por agentes de la Dirección Central de Investigación (Dicrim), quienes actuaron de manera inmediata tras dar seguimiento a los responsables, identificados a través de un video que se hizo viral en redes sociales y medios de comunicación.

Los cuatro apresados serán puestos a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.

La Policía Nacional reafirma su compromiso de actuar con prontitud frente a hechos delictivos y garantizar la seguridad ciudadana.

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Presidente de la República solicita al Congreso agilizar modificación de ley de Compras y Contrataciones.

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Santo Domingo, R.D.- Luis Abinader solicitó este jueves al Congreso Nacional agilizar la aprobación del proyecto que modificaría la ley de Compras y Contrataciones, la cual tiene el objetivo de establecer sanciones más severas contra la corrupción y fortalecer el marco regulador de las contrataciones del Estado.

Esta normativa, que fue propuesta por la exsenadora y ministra de Interior y Policía, Faride Raful, derogará la Ley 340-60, sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, que data del 2006.

El director de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, destacó que una de las tareas fundamentes de esta nueva ley es devolver el sistema de consecuencias, que fue eliminado en el mismo año que fue aprobada.

El mandatario y Pimentel hablaron del tema al encabezar el acto en el que se anunció que República Dominicana fue escogida por primera vez como sede de la Conferencia Internacional Anticorrupción (IACC), la cual se llevará a cabo en el 2026.

Prohibiciones que propone proyecto de ley

  • El artículo 25 prohíbe a los exfuncionarios gestionar o representar intereses privados y particulares ante la institución a la que prestaron sus servicios, o ante las instituciones que les sean subordinadas, durante los 12 meses siguientes a la fecha de su salida del cargo.
  • También castiga con uno a tres años de prisión a los que incurran en falsedad en las declaraciones juradas requeridas para registrarse como proveedor del Estado o para participar de un procedimiento de contratación.
  • Además, sanciona con dos a cinco años de prisión y hasta multa de 50 salarios mínimos a los servidores del Estado que, en ejercicio de sus funciones intervengan en la tramitación, aprobación o celebración de un contrato, de manera dolosa, en violación al régimen de inhabilidades y prohibiciones previsto en la presente ley.
  • El proyecto establece que, cada institución contratante deberá contar con un apartado integrado a su portal institucional en donde se agrupen las informaciones y documentaciones relativas a su actividad contractual, con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a estas.
  • Establece que los proveedores podrán subcontratar la realización parcial de las prestaciones requeridas por hasta 30 % del monto del contrato, siempre que la persona propuesta cumpla con los requisitos de la ley.

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No habrán elecciones extraordinarias en La Vega

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Santo Domingo, R.D.-Las solicitudes de convocatoria de elecciones extraordinarias en La Vega fueron rechazadas este jueves por la Junta Central Electoral (JCE).

El órgano indicó que no tiene competencia legal para convocar a elecciones extraordinarias en el municipio, pese al vacío que se generó hace tres meses con la renuncia del alcalde Kelvin Cruz y la vicealcaldesa Amparo Custodio.

En sus motivaciones, la JCE acotó que la Ley 20-23, de Régimen Electoral, solo la faculta a convocar elecciones extraordinarias cuando se anulan las anteriores, aspecto que no ocurrió en este caso de La Vega.

«De la lectura del referido numeral 2 del artículo 95 se comprueba claramente que el legislador dominicano, al momento de definir los casos en los que procedería a convocar elecciones extraordinarias, no contempló el escenario que alegan los solicitantes, de lo cual se deduce que no existe competencia legal para que la Junta Central Electoral proceda a la convocatoria de elecciones extraordinarias en el municipio La Concepción de La Vega«, expresó el pleno del organismo electoral en uno de sus considerandos.

El exalcalde Kevin Cruz fue escogido con el 73 % de los votos de La Vega, fue juramentado en el cargo y lo asumió por casi cuatro meses, antes de que el presidente Luis Abinader lo designara ministro de Deportes. Su vicealcaldesa, Amparo Custodio, quien podía sucederlo en el puesto, renunció indicando que ese cargo debía ocuparlo un dirigente del Partido Revolucionario Moderno, que ganó la plaza.

Sin embargo, para resolver este impasse, la semana pasada el Concejo de Regidores de La Vega, revocó la renuncia de Custodio para que esta regresara a la alcaldía y el pasado 15 de noviembre fue juramentada como la nueva alcaldesa.

No obstante, los partidos de oposición Fuerza del Pueblo y de la Liberación Dominicana (PLD) insisten en que el Concejo de Regidores no tiene facultad para nombrar alcaldes. Los dos partidos han sometido recursos ante la justicia para tratar de revertir la decisión de los regidores.

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