Santo Domingo, R.D.-El presidente Luis Abinader pidió este jueves al Congreso Nacional agilizar la aprobación del proyecto que modificaría la ley de Compras y Contrataciones, la cual tiene el objetivo de establecer sanciones más severas contra la corrupción y fortalecer el marco regulador de las contrataciones del Estado.

Esta normativa, que fue propuesta por la exsenadora y ministra de Interior y Policía, Faride Raful, derogará la Ley 340-60, sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, que data del 2006.

El director de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, destacó que una de las tareas fundamentes de esta nueva ley es devolver el sistema de consecuencias, que fue eliminado en el mismo año que fue aprobada.

El mandatario y Pimentel hablaron del tema al encabezar el acto en el que se anunció que República Dominicana fue escogida por primera vez como sede de la Conferencia Internacional Anticorrupción (IACC), la cual se llevará a cabo en el 2026.

Prohibiciones que propone proyecto de ley

• El artículo 25 prohíbe a los exfuncionarios gestionar o representar intereses privados y particulares ante la institución a la que prestaron sus servicios, o ante las instituciones que les sean subordinadas, durante los 12 meses siguientes a la fecha de su salida del cargo.

• También castiga con uno a tres años de prisión a los que incurran en falsedad en las declaraciones juradas requeridas para registrarse como proveedor del Estado o para participar de un procedimiento de contratación.

• Además, sanciona con dos a cinco años de prisión y hasta multa de 50 salarios mínimos a los servidores del Estado que, en ejercicio de sus funciones intervengan en la tramitación, aprobación o celebración de un contrato, de manera dolosa, en violación al régimen de inhabilidades y prohibiciones previsto en la presente ley.

• El proyecto establece que, cada institución contratante deberá contar con un apartado integrado a su portal institucional en donde se agrupen las informaciones y documentaciones relativas a su actividad contractual, con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a estas.

• Establece que los proveedores podrán subcontratar la realización parcial de las prestaciones requeridas por hasta 30 % del monto del contrato, siempre que la persona propuesta cumpla con los requisitos de la ley.

Santo Domingo, R.D.-La Junta Central Electoral (JCE) rechazó este jueves las solicitudes de convocatoria a elecciones extraordinarias en La Vega depositadas por el partido Opción Democrática y la Fundación Primero Justicia, el pasado mes de agosto.

El órgano indicó que no tiene competencia legal para convocar a elecciones extraordinarias en el municipio, pese al vacío que se generó hace tres meses con la renuncia del alcalde Kelvin Cruz y la vicealcaldesa Amparo Custodio.

En sus motivaciones, la JCE acotó que la Ley 20-23, de Régimen Electoral, solo la faculta a convocar elecciones extraordinarias cuando se anulan las anteriores, aspecto que no ocurrió en este caso de La Vega.

«De la lectura del referido numeral 2 del artículo 95 se comprueba claramente que el legislador dominicano, al momento de definir los casos en los que procedería a convocar elecciones extraordinarias, no contempló el escenario que alegan los solicitantes, de lo cual se deduce que no existe competencia legal para que la Junta Central Electoral proceda a la convocatoria de elecciones extraordinarias en el municipio La Concepción de La Vega«, expresó el pleno del organismo electoral en uno de sus considerandos.

El exalcalde Kevin Cruz fue escogido con el 73 % de los votos de La Vega, fue juramentado en el cargo y lo asumió por casi cuatro meses, antes de que el presidente Luis Abinader lo designara ministro de Deportes. Su vicealcaldesa, Amparo Custodio, quien podía sucederlo en el puesto, renunció indicando que ese cargo debía ocuparlo un dirigente del Partido Revolucionario Moderno, que ganó la plaza.

Sin embargo, para resolver este impasse, la semana pasada el Concejo de Regidores de La Vega, revocó la renuncia de Custodio para que esta regresara a la alcaldía y el pasado 15 de noviembre fue juramentada como la nueva alcaldesa.

No obstante, los partidos de oposición Fuerza del Pueblo y de la Liberación Dominicana (PLD) insisten en que el Concejo de Regidores no tiene facultad para nombrar alcaldes. Los dos partidos han sometido recursos ante la justicia para tratar de revertir la decisión de los regidores.

Santo Domingo, R.D.-El Poder Ejecutivo envió este miércoles una carta a la Cámara de Diputados para solicitarle que el proyecto de ley del Presupuesto General del Estado 2025 sea modificado antes de su aprobación.

La petición firmada por el presidente Luis Abinader pretende ajustar la partida financiera de los poderes estatales para garantizar el equilibrio y sostenibilidad en el corto y largo plazo.

“Destinar mayores recursos para fortalecer el sistema de salud y mejorar las condiciones tanto para los usuarios como para los profesionales del sector”, establece el comunicado leído por el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, al comenzar la sesión ordinaria este miércoles.

Para esto, el tren gubernamental busca efectuar una subida “gradual” de un 25% en los salarios de los galenos en el país, acordado con el gremio luego de varios anuncios de paro en las labores. La misiva no detalle cuál sería el monto agregado para alcanzar este objetivo.

En otro orden, el primer mandatario pidió adicionar RD$3,000 millones a la cartera del Ministerio de la Presidencia (Mipre) para transferirlo al Fondo Nacional de la Vivienda (Fonvivienda).

El presidente aclaró que esta petición no altera el resultado estimado, inicialmente con el presupuesto para gastos de RD$1,484,234.6 millones, que representa representando el 15.3 % del producto interno bruto (PIB), con ingresos de RD$1,241,364.7 millones, equivalente a el 15.3 % del PIB.

Aseguró que la financiación estarán compensada por las recaudaciones y contendrá gastos redundantes, reprogramación en los cronogramas de ejecución, entre otros.

Aunque el Gobierno intentó implementar una reforma fiscal para alcanzar una recaudación tributaria de más de RD$122,000 millones, la cual terminó en un retiro por el rechazo generado en la sociedad, aseguraron que “no se requerirán de nuevas fuentes de financiamiento” para lograr la distribución estipulada.

Propondrían realizar vistas públicas

Tal es el caso del senador Eduardo Espiritusanto, quien entiende que no habría ningún problema con convocar a sectores de la población para desarrollar este importante mecanismo de participación ciudadana.

Mientras que el diputado Felix Michel expresó que podría ser la ocasión ideal para que los congresistas oficialistas expliquen y detallen cómo se reflejarán las inversiones estatales en el bienestar de los ciudadanos. Indicó que esto daría respuesta a las críticas emitidas en contra del Gobierno que encabeza el presidente Abinader, a quienes se les acusa de administrar los recursos con una gran deficiencia.

Por otro lado, el diputado Robinson Díaz valoró la propuesta de manera negativa, asegurando que las necesidades de las comunidades y demarcaciones son prioridades por sus representantes en el Congreso Nacional.

Según lo establece el artículo 239, en caso de que el órgano legislativo no apruebe el proyecto de ley antes del 31 de diciembre, será el utilizado en 2024 el cual regirá para el año entrante.