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Opinión

Pesan la corrupción y la impunidad

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Por Juan Bolívar Díaz

Durante los años 2017 y 2018, a raíz de la explosión del escándalo Odebrecht que embarró hasta el tuétano los gobiernos de los últimos 16 años del Partido de la Liberación Dominicana, se desarrolló en el país la mayor manifestación social de nuestra historia. La Marcha Verde fue un primer grito multitudinario contra la corrupción y la impunidad, que no fue escuchado en las alturas del poder.

Consideraron que era cuestión de tiempo para que los ciudadanos y ciudadanas se cansaran de marchar, y así ocurrió en efecto, aunque algunos advertimos que la coyuntura electoral del 2020 iba a propiciar el resurgimiento de esas protestas, y de ahí que surgieran iniciativas buscando capitalizar ese descontento, por ejemplo la Coalición Democrática para la Regeneración Nacional, emprendida por profesionales y activistas sociales, que ha promovido la integración de una coalición de siete partidos políticos y grupos cívicos en base a una veintena de objetivos para el rescate de la institucionalidad democrática, el combate a la corrupción, el fin de la impunidad y las reformas económicas sociales que demanda la nación.

Gran parte de los jóvenes que en las últimas semanas han protagonizado las protestas por el asalto electoral del 16 de febrero, fueron protagonistas de la Marcha Verde. Y están dando el segundo aviso, ya no sólo a los actuales gobernantes, sino que, conscientes de que es un inminente un cambio de gobierno, están adelantando una advertencia  a los que pueden llegar en agosto próximo, que ya no habrá  indiferencia ni adormecimiento de la juventud dominicana, que ellos van a tomar en sus manos el destino de la nación y van a imponer orden sobre una clase política demasiada enfocada en el aprovechamiento del poder para el enriquecimiento personal, envileciendo a diestra y siniestra para justificarse y prolongarse.

La corrupción y la impunidad ya aparecen entre las mayores preocupación de la sociedad dominicana. En la encuesta Greenberg-Diario Libre de la semana pasada alcanzó 45 por ciento, casi duplicando al desempleo y la inseguridad ciudadana. Es que la corrupción de arriba y la impunidad repercuten en la delincuencia abajo y por tanto no sólo sustraen los recursos de toda la sociedad, sino que además incentivan la inseguridad ciudadana.

En el Indice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial 2017-18, cuando estaba en su apogeo la Marcha Verde, el país quedó sub-campeón en los indicadores de corrupción, sólo superado por Brasil entre 137 evaluados. Nos dejaron en el escalón 136 en favoritismo de los funcionarios públicos, 135 en desvío de los fondos públicos, 133 en políticas antimonopólicas, 132 en ética empresarial, y 131 en eficiencia del gasto público.

Cualquiera tiene la tentación de creer que nos lo hicieron de maldad. Y otros que eso quedó atrás. Pero el retroceso se manifiesta también en el Indice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional publicado en enero pasado. Sacamos 28 de 100 puntos,  quedando en el escalón 137, entre 182 evaluados, peor que el 78 por ciento de los países del continente, y en América Latina sólo mejor que Guatemala, Honduras, Nicaragua y Venezuela, todos sumidos en la pobreza, que para muchos se relaciona con la corrupción.

En esta evaluación, en el 2006 el país ocupaba la posición 99, y para el 2012, al concluir el gobierno de Leonel Fernández, había descendido 19 escalones, a la 118, pero en los dos periodos de Danilo Medina prosiguió cayendo justo en otras 19 posiciones, para completar 38 en 14 años.

La corrupción y la impunidad tienen un peso grande en el descalabro político que se advierte para el partido gobernante. Es que si la malversación, el robo y el despilfarro representan el 3.5% del PIB como estimó un estudio del BID, fueron unos 165 mil millones de pesos el año pasado, 20 veces los 7 mil millones de pesos invertidos por año en las publicitadas “visitas sorpresas” del presidente Medina. Con esa suma se hubiesen hecho en un año 40 proyectos de viviendas como el de la Nueva Barquita.

La prioridad número uno del próximo gobierno será reducir drásticamente la malversación y rescatar la independencia y credibilidad de la justicia, del ministerio público y la policía, así como de la Cámara de Cuentas y la Contraloría General para poner un dique a la impunidad. Y que el Congreso asuma su responsabilidad de fiscalizar en vez del reparto clientelista. En pocas palabras, rescatar la institucionalidad democrática.- 

 

 

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Opinión

EE.UU. en 250 años: ¿paraíso o infierno? (I)

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Por Oscar López Reyes

Desde la declaratoria de independencia de Inglaterra por 13 colonias enclavadas en la costa Este de América del Norte, el 4 de julio de 1776, Estados Unidos ha experimentado una expansión imparable, vasta y mamut, cobijada en su aventajada ubicación entre los océanos Atlántico y Pacífico, sus crecidos recursos naturales (tierras fértiles, carbón, hierro y petróleo), el ingenio y acometividad industrial de una élite, las guerras y el saqueo de bienes extraterritoriales.

Los aportes de la principal superpotencia a la economía, la educación, la salud, la cultura y la ciencia a través de la investigación, son apreciables. Pongamos de relieve diez de los fundamentales, a propósito de la conmemoración del 250 aniversario de su independencia:

1.- ECONOMÍA Y FINANZAS. Descuella con el Producto Interno Bruto (PIB) más voluminoso del globo terráqueo, que supera los 32 billones de dólares y que acumula más del 25% del patrimonio planetario. Se empinó como la primera economía del universo, inspirada en el modelo de libre mercado, amparada en su riqueza natural, el grueso mercado de consumo interno, sus incesantes transformaciones tecnológicas y su moneda robusta (el dólar), que le otorgan un poder bancario internacional. Por esos atributos cuenta con Wall Street, el centro financiero de más operaciones globales.

2.- NOVEDADES TECNOLÓGICAS. Estados Unidos asienta las más influyentes corporaciones tecnológicas, que van desde la informática, la biotecnología, la farmacéutica, la industria espacial, la ciberseguridad y la inteligencia artificial, que avasallan el panorama informático/digital universal, como Nvidia, Apple, Microsoft, Alphabet (Google), Amazon, Meta Platforms (Facebook, Instagram y WhatsApp), Broadcom, Tesla, Oracle e Intel.

3.- EDUCACIÓN UNIVERSITARIA. Estados Unidos lidera los rankings mundiales de los centros universitarios, principalmente por su excelencia educativa y su impacto en la investigación y producción científica, como Princeton, Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT), Harvard, Stanford, Yale y Columbia.

4.- INFLUENCIA SOCIO-CULTURAL. La ascendencia transnacional de Estados Unidos ha sido protagónica, particularmente por la exportación y difusión de la industria cultural y el entretenimiento, como la música, el consumo mediático y el cine (Hollywood), históricamente taquillero y hegemónico en la producción audiovisual y las plataformas digitales.

5.- ASCENDENCIA DEPORTIVA. Las becas universitarias, la calidad de las infraestructuras físicas, la comercialización y la estratégica operatividad de las ligas profesionales estadounidenses, con la contratación de calificados talentos nacionales e internacionales, han colocado las competencias deportivas nacionales en un alto peldaño, con sustanciales beneficios monetarios y un impacto internacional. Por esa causativa, Estados Unidos ha trascendido en los juegos olímpicos y las grandes ligas profesionales de béisbol (MLB), el baloncesto (NBA), el fútbol (NFL) y el fútbol americano (MLB).

6.- INVESTIGACIÓN E INVENCIONES. En Estados Unidos inventaron la iluminación eléctrica, el telégrafo, teléfono, el avión, la penicilina a escala industrial, la vacuna contra el polio, la anestesia, el trasplante de órganos, el láser, el descenso de nave espacial a la Luna, el primer satélite de comunicación, el sistema de pronóstico meteorológico satelital, el primer transbordador espacial, la computadora personal, el microprocesador, la robótica, la Internet y la Web, el proyecto de Genoma Humano, el GPS, la tecnología de células madre, etc., por cuya labor de investigación y desarrollo está en el primer lugar en cantidad de premios Nobel.

7.- CONSERVACIÓN AMBIENTAL GLOBAL Ha sido pionero en la conservación ambiental, con el desarrollo del Parque Nacional Yellowstone, en 1872; la Ley de Aire Limpio (Clean Air Act de 1970), la reducción de la contaminación industrial y más de 30 logros en esta área.

8.- PRODUCCIÓN ENERGÉTICA. Activó, desde 1869, la producción comercial del petróleo, la innovación en el transporte, el tren intercontinental, el descubrimiento de crudo en Pensilvania; la segunda revolución industrial, el desarrollo de plantas de energía nuclear y la reserva de gran cantidad de petróleo y gas natural.

9.- REFORMAS SOCIALES Y POLÍTICAS. Desde su proclamación como República independiente, en Estados Unidos han sido impulsadas transformaciones internas esenciales, como la abolición de la esclavitud, el establecimiento de derechos civiles, como el sufragio para las minorías; el sistema federal con división de poderes, las libertades individuales frente al poder central y los programas de seguridad social Medicare, Medicaid y alimentos para auxiliar a personas de bajos ingresos.

10.- ACOGIDA DE EMIGRANTES. Atracción y recepción de millones de emigrantes, que son recursos humanos para la producción empresarial y estatal y que, a la vez, oportunidades de trabajo para la sostenibilidad financiera y el envío de remesas a sus países de origen.

En pocas palabras, los inventos, emprendimientos y productividad con el sello “Made in the U.S.A.”, desde antes de la Revolución Industrial y en la Era Digital, han salvado millones de vidas y coadyuvado con la transformación de la economía global y los quehaceres cotidianos. Han mecanizado y automatizado transiciones y modificaciones en las interacciones humanas, los procesos sociales y económicos, en hábitos de consumo y la cultura, en transacciones monetarias, en el accionar laboral, leyes y otras normas, así como en estructuras societarias.

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El autor: Periodista, mercadólogo, catedrático, escritor y comentarista de medios escritos, televisivos y digitales.

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Opinión

Los pueblos nunca pierden primero su constitución, pierden primero el hábito de defenderla.

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Por Isaías Ramos

Ningún pueblo despierta una mañana descubriendo que perdió su libertad.

La historia nunca comienza por el final.

Primero cambia el lenguaje. Después cambian las leyes. Más tarde se desplazan los límites del poder. Y solo al final una sociedad comprende cuánto costó haber permanecido indiferente.

Esta semana comienza la aplicación del nuevo Código Penal dominicano. Para muchos, el debate terminó con su promulgación. En realidad, apenas comienza.

Un Código Penal no se mide únicamente por los delitos que incorpora ni por la severidad de sus penas. Su verdadero examen consiste en responder una pregunta esencial:

¿Permanece plenamente subordinado a la Constitución?

El poder de castigar es la facultad más intensa del Estado. Permite investigar, acusar, imponer medidas de coerción y privar de libertad. Precisamente por eso necesita límites más claros, no márgenes más amplios.

Toda ley penal debió ser examinada con el máximo rigor constitucional antes de que el primer ciudadano padeciera sus efectos. Aunque una disposición sea declarada inconstitucional posteriormente, ninguna sentencia devuelve íntegramente el tiempo, la honra o la libertad ya perdidos.

La experiencia comparada deja advertencias que ninguna democracia prudente debería ignorar.

En Cuba, figuras como el desacato han sido cuestionadas por brindar protección penal reforzada a las autoridades y restringir la crítica al poder. En Nicaragua, organismos internacionales han objetado la utilización de delitos relacionados con el orden público y la seguridad nacional frente a manifestaciones y expresiones ciudadanas. En Venezuela, el debilitamiento de los controles institucionales estuvo acompañado por una reducción del espacio para la expresión, la protesta y la vigilancia ciudadana.

Los contextos fueron diferentes. Pero la advertencia terminó siendo la misma:

Las libertades rara vez desaparecen de un solo golpe.

Las restricciones se acumulan. Se justifican. Se normalizan. Se aceptan.

Y cuando una sociedad comprende sus consecuencias, recuperar los derechos perdidos resulta mucho más difícil que haberlos protegido a tiempo.

Si aquellos pueblos hubieran podido mirar décadas hacia el futuro y contemplar familias divididas, millones obligados a abandonar la tierra que amaban y millones más sobreviviendo entre restricciones, miedo, precariedad y opresión, ¿qué no habrían hecho para defender cada espacio de libertad mientras todavía estaban a tiempo?

Los pueblos nunca lamentan haber defendido demasiado pronto su Constitución. Lo que lamentan es haber comprendido demasiado tarde cuánto valía.

Existe otra lección. Quienes hoy poseen poder político, económico, institucional o mediático suelen olvidar que las leyes que ayudan a aprobar o justificar no permanecerán eternamente bajo su control.

Los gobiernos cambian. Las mayorías cambian. Los jueces cambian. Los fiscales cambian.

Pero las leyes pueden sobrevivir a quienes las promovieron.

Una norma que hoy parece útil contra un adversario puede mañana aplicarse contra quien la celebró. El verdadero estadista no legisla pensando en el poder que posee, sino en la protección que cualquier ciudadano necesitará cuando ese poder cambie de manos.

En momentos de polarización cometemos un error peligroso: discutimos quién ocupa el poder y olvidamos cuánto poder debería tener cualquiera que gobierne.

Nos dejamos dividir por partidos, simpatías y antipatías. Mientras discutimos personas, dejamos de defender principios. Y cuando una sociedad deja de defender principios, el poder deja de encontrar límites.

Las constituciones no preguntan quién gobierna. Preguntan hasta dónde puede llegar cualquier gobernante.

Por eso el artículo 7 de nuestra Carta Magna define a la República Dominicana como un Estado Social y Democrático de Derecho, fundado en la dignidad humana, los derechos fundamentales, la separación de poderes y la soberanía popular.

No es una frase ornamental. Es el mandato al que debe someterse toda ley, especialmente aquella que concede al Estado el poder de castigar.

La persistencia de cuestionamientos sobre el desacato, el ultraje, la protesta, la responsabilidad por actos de terceros y otros tipos de redacción amplia exige un escrutinio constitucional firme.

Desde el Frente Cívico y Social entendemos que todas las acciones directas de inconstitucionalidad relacionadas con esta ley deben ser conocidas con la mayor celeridad compatible con un examen riguroso e independiente.

No se pide al Tribunal Constitucional un resultado determinado, sino una respuesta dentro de un plazo razonable. Cuando normas penales vigentes pueden afectar derechos fundamentales, la celeridad deja de ser una cuestión procesal: se convierte en garantía de libertad, seguridad jurídica y paz institucional.

La demora también produce consecuencias constitucionales.

La Constitución no solo protege derechos. También protege la paz de la República.

Defender la Constitución nunca debilita la lucha contra el crimen. La legitima. Una democracia necesita un Derecho Penal firme frente a la delincuencia, la violencia y la corrupción, pero también frente a la arbitrariedad.

Seguridad y libertad no son enemigas. Ambas dependen del respeto irrestricto a la Constitución.

La historia ya nos habló. Ahora nos corresponde decidir si aprendemos de ella o esperamos a que sea demasiado tarde.

Porque cuando la Constitución deja de ser el límite del poder, el poder termina convirtiéndose en el límite de la libertad.

La historia todavía no ha escrito nuestro destino. Que nuestros hijos puedan decir, algún día, que esta fue la generación que decidió honrar su Constitución antes de descubrir cuánto costaba perderla.

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Opinión

Examen de  reducción de la pena ante la Corte Penal Internacional

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Por Rommel Santos Diaz

De conformidad con el Estatuto de Roma el Estado de ejecución de la pena no pondrá  en libertad al recluso antes de que haya cumplido la pena impuesta por la Corte Penal Internacional.

Solo la Corte Penal Internacional podrá decidir la reducción de la pena  y se pronunciará al respecto después de escuchar al recluso.

Cuando el recluso haya cumplido las dos terceras partes de la pena o 25 años de prisión en caso de cadena perpetua, la Corte Penal Internacional examinará la pena para determinar si esta puede reducirse. El examen no se llevará a cabo antes de cumplidos esos plazos.

Al proceder al examen con arreglo al párrafo 3 del artículo 110 del Estatuto de Roma , la Corte Penal Internacional podrá reducir la pena si considera que concurren  uno o más de los siguientes factores:

  1. a)Si el recluso ha manifestado desde el principio y de manera continua su voluntad de cooperar con la Corte Penal Internacional en sus investigaciones y enjuiciamientos;
  1. b)Si el recluso ha  facilitado de manera espontánea la ejecución de las decisiones y órdenes de la Corte Penal Internacional en otros casos, en particular ayudando a esta en la localización de los bienes sobre los cuales recaigan las multas, las órdenes de decomiso o de reparación que puedan usarse en beneficio  de las víctimas; o
  1. c)Otros factores indicados en las Reglas de Procedimiento y Prueba  que permitan determinar un cambio en las circunstancias suficientemente claro e importante como para justificar la reducción de la pena.

Finalmente, la Corte Penal Internacional, si en su examen inicial con arreglo al párrafo 3 del artículo 110 del Estatuto de Roma, determina que no procede reducir la pena, volverá a examinar la cuestión con la periodicidad y con arreglo a los criterios indicados en las Reglas de Procedimientos y Prueba.

Rommelsantosdiaz@gmail.com

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Edificio La República: Restauración No. 138, cuarta planta, Santiago, República Dominicana. Teléfono: 809-247-3606. Fax: 809-581-0030.
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