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Comisión de alto nivel prohibe uso para frenar propagación del COVID-19 servicios OMSA, Metro y Teleférico
Gustavo Montalvo, presidente de la Comisión de Alto Nivel para la Prevención y el Control del Coronavirus, declaró que a partir de mañana sábado a las 6 de la mañana, se prohíbe la circulación de autobuses y minibuses interurbanos y quedan interrumpidos, igualmente, los servicios de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA), el Teleférico y el Metro de Santo Domingo.
“Esta medida ya ha sido tomada en numerosos países, se hace necesaria para garantizar el distanciamiento social en este momento y reducir las posibilidades de contagio”, precisó el ministro de la Presidencia al informar las disposiciones adicionales para hacer frente a esta emergencia aprobadas hoy por la Comisión.
Gustavo Montalvo informó, asimismo, que Proconsumidor ha elaborado un levantamiento de los principales productos del país para verificar el estado de su disponibilidad actual.
Indicó que el resultado de este levantamiento ha revelado que todos los alimentos de la canasta básica siguen totalmente disponibles en establecimientos comerciales.
“La producción de alimentos en el país no se ha visto afectada y sus precios no han mostrado cambios significativos”.
Detalló que solo se ha detectado desabastecimiento en algunos insumos de protección e higiene, como geles desinfectantes, alcohol, aerosoles, mascarillas o guantes, debido al gran volumen de compras realizado por las instituciones de salud pública, así como los ciudadanos.
“Para dar respuesta a la demanda actual, las instituciones de salud pública están en estos momentos haciendo compras masivas a proveedores nacionales e internacionales y se han agilizado todos los procesos”.
Adicionalmente, el Gobierno ha solicitado a varios países que se han mostrado dispuestos a hacer donaciones a la República Dominicana dar prioridad a este tipo de insumos de protección.
Mientras llegan las compras y las donaciones, el Gobierno solicita a la población que comprar solo lo necesario en lo que se refiere a estos productos, para evitar desabastecimiento en el sistema de salud; en momentos en que la demanda internacional también es muy alta.
Asimismo, extremar las precauciones a la población en riesgo.
En virtud de que los mayores de 60 años son especialmente vulnerables, se cerrarán los hogares de adultos mayores que abren sus puertas solo durante el día, es decir, las llamadas casas de paso.
“Permanecerán abiertos los hogares que alojan de forma permanente a personas mayores de escasos recursos, pero deberán extremar las medidas de higiene y seguir los procedimientos de distanciamiento social establecidos y reducir estrictamente las visitas al mínimo indispensable”.
Es oportuno señalar que el gobierno dominicano está llevando a cabo una campaña masiva de información en medios escritos, radiales, televisión y redes sociales, para asegurar que la población tenga información siempre actualizada de la situación.
Esta información se encontrará, además, disponible de manera centralizada en la página web CoronavirusRD.gob.do.
“Esta página acaba de ser puesta en línea y su contenido será ampliado y mejorado a lo largo de las próximas horas”, expresó Gustavo Montalvo, quien también agradeció la disposición de numerosos comunicadores, artistas e influenciadores, que aportan su talento y sus redes para realizar esta actividad divulgativa.
El ministro de la Presidencia también manifestó su gratitud a todo el pueblo dominicano por su actitud de cooperación. “Están dando una gran muestra de responsabilidad y solidaridad ante esta emergencia”.
“Mantengamos esta responsabilidad y esta solidaridad durante las próximas semanas y lograremos proteger a nuestro pueblo de esta amenaza y salir airosos de esta emergencia”.
Se recuerda que el presidente Danilo Medina firmó el decreto 135-20 que establece, a partir de hoy y durante 15 días, el toque de queda en todo el territorio nacional, desde las 8 de la noche hasta las 6 de la mañana.
Durante estas horas se permitirá transitar únicamente al personal de salud, seguridad y respuesta a emergencias, a las personas que tengan alguna emergencia médica.
También se hizo una excepción con aquellos dedicados a seguridad privada debidamente identificados, los miembros de la prensa acreditados y el personal de las empresas distribuidoras de electricidad, para atender exclusivamente situaciones de emergencia.
Santo Domingo. – A partir del primero de agosto la Junta Central Electoral (JCE) tendrá nuevos horarios de atención en los Centros de Cedulación de Servicio Extendido (anteriormente denominados Centros de Servicios Continuos).
El Pleno de la JCE dispuso que los centros de servicio extendido ofrecerán atención a la ciudadanía de lunes a domingo, en horario de 8:00 de la mañana a 12:00 de la medianoche.
La medida aplicará a los centros ubicados en Barahona, Herrera, Distrito Nacional, La Romana, La Vega, Las Américas, San Cristóbal, San Francisco de Macorís, San Pedro de Macorís y Santiago.
En ese sentido, la JCE precisó que los ciudadanos con citas programadas en el horario de la madrugada (de 12:00 a. m. a 07:00 a. m.), podrán presentarse en cualquiera de los centros de cedulación, según el horario de servicio correspondiente, sin importar el mes de cumpleaños.
Santo Domingo.- Una accion directa de inconstitucionalidad sometió el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) ante el Tribunal Constitucional una contra el artículo 310 del recién modificado Código Penal.
El recurso fue encabezado por Trajano Potentini, presidente del gremio, quien considera que su contenido entra en contradicción con garantías esenciales del orden constitucional, particularmente el derecho de defensa, el debido proceso y la dignidad del ejercicio profesional del derecho.
Potentini acudió a la sede de la jurisdicción constitucional acompañado de miembros de la directiva del gremio, presidentes de seccionales y de expresidentes del Colegio de Abogados, en una manifestación institucional con la que la organización procura defender no solamente las prerrogativas de los profesionales del derecho, sino también las garantías que asisten a toda persona que requiere representación y asistencia jurídica efectiva.
El presidente del CARD explicó que la acción constitucional tiene como propósito que el Tribunal Constitucional examine la compatibilidad del artículo impugnado con los principios, derechos y garantías consagrados por la Constitución dominicana, especialmente aquellos vinculados al libre y pleno ejercicio del derecho de defensa.
Dijo que cualquier regulación penal que pueda incidir sobre la actuación profesional de los abogados debe ser examinada con especial rigor constitucional, debido a que el abogado constituye una pieza esencial para hacer efectivo el acceso a la justicia.
Sostuvo que la defensa técnica no puede ser concebida como una concesión del Estado ni como una función secundaria dentro del sistema de justicia. Por el contrario, representa una garantía indispensable para que los ciudadanos puedan ejercer adecuadamente sus derechos frente a una investigación, acusación o proceso judicial.
En ese contexto, el CARD considera necesario preservar un marco normativo que permita a los abogados ejercer sus funciones con independencia, seguridad jurídica y respeto a la naturaleza de su profesión.
Señaló que la controversia planteada trasciende los intereses particulares de los abogados. Según Potentini, cuando se afecta la independencia o la dignidad de quienes ejercen la defensa técnica también pueden verse comprometidos los derechos de los ciudadanos representados por esos profesionales.
Potentini destacó que la Constitución reconoce el debido proceso y el derecho de defensa como garantías fundamentales que deben observarse en toda actuación judicial y administrativa. En consecuencia, afirmó que las normas deben interpretarse de manera compatible con esos postulados.
La acción solicita la intervención del Tribunal Constitucional en su condición de órgano encargado de garantizar la supremacía de la Constitución y la protección de los derechos fundamentales. Corresponderá a esa alta corte examinar los argumentos y determinar la conformidad o no de la disposición cuestionada con la Carta Sustantiva.
El CARD informó que dará seguimiento al curso procesal de la acción y reiteró su confianza en que el debate jurídico permitirá delimitar adecuadamente el alcance de la disposición impugnada conforme a los principios del Estado social y democrático de derecho.
Santo Domingo, R.D.-En franca violacion del mandato constitucional del plazo de 48 horas para someter ante un juez competente a una persona detenida se produce con casos que tienen que sufrir que se tiempo de extienda por didas, semanas e incluso en meses, segun denuncia de muchos afectados.
Y cuando finalmente un tribunal ordena la libertad, salir del destacamento tampoco ocurre de inmediato.
La situación ha quedado evidenciada con los 13 ciudadanos que permanecen más de 30 días detenidos en los destacamentos del Ensanche Felicidad y Vietnam, en Santo Domingo Este, sin haber sido sometidos al control de un juez y sin que existiera registro de un proceso penal en su contra.
Aunque un tribunal acogió el hábeas corpus presentado por la Oficina Nacional de Defensa Pública (ONDP) y ordenó su libertad inmediata, varios días después la decisión aún se encuentra en proceso de ejecución.
La decisión legal de la liberación de los 13 detenidos ocurrió después de que una inspección de la Defensa Pública encontrara a 16 personas privadas de libertad en los destacamentos de Felicidad y Vietnam. Trece llevaban más de un mes detenidas sin haber comparecido ante un juez.
Durante la audiencia, el Ministerio Público informó al tribunal que no encontró solicitudes de medidas de coerción ni actuaciones procesales relacionadas con esas personas.
Según relataron, los agentes explicaron que el retraso obedecía a la falta de vehículos para trasladarlo hasta la fiscalía.
Sin embargo, cuando consultaron el sistema del Poder Judicial, descubrieron que tampoco existía una solicitud de medida de coerción depositada y ante esa situación, interpusieron un nuevo hábeas corpus.
Para la Defensa Pública, la ausencia de transporte se ha convertido en una de las explicaciones más frecuentes para justificar los retrasos.
«No había sucedido antes con esta magnitud. Ahora uno de los argumentos recurrentes es que no hay vehículos para trasladar a los detenidos», explicó Figuereo.
La defensora sostuvo que esa situación no solo afecta a quienes esperan ser presentados ante un juez por primera vez, sino también las audiencias de medidas de coerción.
«Si hay 65 audiencias fijadas, 45 o 50 terminan aplazándose por falta de traslado«, aseguró.
El hábeas corpus tampoco acelera siempre la libertad.
Las defensoras afirman que incluso cuando presentan acciones constitucionales para recuperar la libertad de un detenido, el proceso suele enfrentar nuevos obstáculos.
Según Figuereo, en algunos casos el Ministerio Público solicita aplazamientos de las audiencias de hábeas corpus para ganar tiempo.
«La táctica dilatoria que está haciendo el Ministerio Público es pedir aplazamiento para depositar la solicitud de medida de coerción. Cuando vuelve la audiencia, aparece el vehículo, trasladan al imputado y conocen la medida», afirmó.
El artículo 40 de la Constitución dispone que toda persona detenida debe ser presentada ante un juez dentro de las 48 horas siguientes a su arresto.
El artículo 71 reconoce el hábeas corpus como el mecanismo para restablecer ese derecho cuando la privación de libertad es ilegal o irrazonable.
Sin embargo, para la Defensa Pública, las visitas diarias a los destacamentos muestran una realidad distinta.
Las inspecciones no solo verifican el tiempo de detención. También revisan si los privados de libertad han recibido alimentos, agua, atención médica y si han sido objeto de maltratos.
«Mucha gente ni siquiera sabe por qué está detenida o que tiene derecho a ser presentada ante un juez en 48 horas«, señaló la defensora pública Dilenny Morel.
La historia de los 13 ciudadanos resume la paradoja que describen las defensoras. Entraron a los destacamentos sin que posteriormente se formalizara un proceso judicial.
Un tribunal ordenó su libertad. Pero la ejecución de esa decisión también requirió nuevos trámites, seguimiento de los abogados y espera.
Para la Defensa Pública, esa secuencia refleja un problema que trasciende un caso particular: en algunos destacamentos dominicanos no solo resulta fácil entrar; también puede ser muy difícil salir, incluso cuando un juez ya ordenó la libertad.