Análisis Noticiosos
El PRM ganó el 52% de las alcaldías y en 26 de los 38 mayores municipios
Por Juan Bolívar Díaz
El PLD obtuvo el 41% de las alcaldías y sólo pudo ganar en 10 de los 38 mayores municipios, mientras la abstención alcanzó el 51% pero en 56 pequeños municipios votó entre el 60 y el 81%, la proporción del voto total fue de 43% el PRM y 40% el PLD
Al concluir el cómputo preliminar de las elecciones municipales del domingo, el Partido Revolucionario moderno (PRM) quedó como la principal fuerza política del país, ganando 82 alcaldías, 52% del total, mientras el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) quedó desplazado de la primacía que ostentaba desde las elecciones generales del 2004, quedando con el control de 64 alcaldías, el 41%.
El PRM y sus aliados fueron ganadores en la mayoría de los centros urbanos del país, consiguiendo la victoria en 26 de los 38 mayores municipios, el 68%, y contribuyendo a la victoria de sus aliados en San Juan de la Maguana e Higüey para completar 28, equivalentes al 74% de los mismos, mientras el PLD se imponía en mayor proporción en los pequeños y medianos.
43 a 40% en el voto total
Anoche la JCE, a petición de HOY, entregó un cuadro con la votación total por partidos, en la s elecciones municipales del domingo 15,donde el PRM y sus aliados aparecen encabezando con 43%, y el PLD 40%, con 1,503 mil 076 votos para el primero, y 1,415 mil 860 para el segundo. El PRSC y aliados aparecen con 210 mil 472, para un 6%. El PRD solo acumuló 55 mil 900 votos y con aliados 5,178. Fuerza del Pueblo no encabezó muchas alianzas, por las circunstancias de tiempo en que se forjó.
Según el informe, la votación general alcanzó a 3 millones 497 mil 193, un 49.12 del total de empadronados que era 7 millones 487 mil 40. Los votos nulos sumaron 179 mil 261, equivalentes a l 5.13%. Pero el cómputo final arroja una victoria del PRM y sus aliados, en 82 de los 158 municipios, para un 52%, mientras el PLD salía adelante en 64 para un 41% del total. Los partidos Revolucionario Social Cristiano y Revolucionario Dominicano, que dominaron el escenario político de la segunda mitad del siglo pasado, quedaron relegados, logrando ganar sólo en 7 y 3 de los municipios, respectivamente, por sus alianzas. El Bloque Institucional Socialdemócrata (BIS) y el Partido Popular Cristiano (PPC) obtuvieron los dos restantes.
El cómputo concluyó la noche del jueves, cuando pudieron procesar la totalidad de los colegios de San Pedro de Macorís y San Cristóbal, donde los resultados fueron estrechos en favor del PRM y aliados. En el primero arrojó una diferencia de 512 sufragios, y menos del 1%, con 29.91 a 29.09, y allí se generaron tensiones que llevaron el miércoles a una renuncia del presidente de la Junta Electoral Municipal, que luego retiró. En San Cristóbal la diferencia fue de 1,042 votos, con porcentajes de 43.34 a 41.83%, de 1.51%.
En relación a los 106 alcaldes ganados en el 2016, el PLD retrocedió en 42, equivalentes al 42%, en tanto el PRM avanzó de 30 a 82, con ganancia neta de 52, que representan un incremento de 173%,
En los grandes municipios
La victoria del PRM y sus aliados fue contundente en la mayoría de los grandes centros urbanos del país, incluyendo el Distrito Nacional y las cabeceras de las 31 provincias. De los 38 municipios más poblados, se impuso en 26 para un 68%, que alcanza a 28 y al 74% cuando se le agregan los de San Juan de la Maguana e Higüey, donde contribuyó a las candidaturas del PRSC y al BIS, que personificaron alianzas locales. El PLD sólo pudo ganar en 10 de los grandes municipios, y en sus tres mayores, Santiago, Santo Domingo Norte y Moca, habría contado con el voto total de los peledeístas antes de la división que originó el Partido Fuerza del Pueblo, liderado por Leonel Fernández, que no postuló a nadie en los mismos. Los tres alcaldes electos allí son señalados como leonelistas.
La victoria del PMR fue arrolladora en el gran Santo Domingo, donde ganó en el DN y en 5 de los 7 municipios de la provincia más poblada, los de Santo Domingo Este, Santo Domingo Oeste, Los Alcarrizos, Pedro Brand y Guerra. En los dos mayores, DN y SDE con votación de 60 y 58%. El PLD sólo ganó Santo Domingo Norte, con 54% y Boca Chica, por 31 a 28% del PRM. Ahí el Partido Cívico Renovador alcanzó 18% y el PRD 12%, único caso en todo el país que hubo 4 partidos con más del 10%.
Fue notorio que el PLD ganó las alcaldías de una gran proporción de los pequeños y medianos municipios, especialmente en la franja fronteriza y en el sur profundo. Pero en esta región perdió en todos los grandes municipios, al igual que en la región oriental, ambas en las que dominó absolutamente el PRM.
La abstención fue el 51%
La JCE informó que los concurrentes a los comicios municipales fueron 3 millones 496 mil 882 ciudadanos, de los 7 millones 487 mil 040 empadronados, para un porcentaje del 49%, ligeramente por encima del 47% que promedió el voto en las cuatro elecciones congresuales y municipales separadas de las presidenciales entre los años 1998 y 2010. Pero se quedó muy lejos del 70% que se dijo en actitud de votar en varias de las encuestas publicadas en este año. Se cree que el anuncio del aislamiento del país, por el coronavirus, apenas 12 horas antes de abrirse las urnas, incrementó los temores a contraer la enfermedad y redujo la participación.
Siempre ha sido mayor la participación en los pequeños y medianos municipios, pero esta vez se acentuaron las diferencias. En el DN sólo votó el 43%, y en los 3 grandes municipios de la provincia Santo Domingo apenas entre 37 y 39%. En Santiago 38, La Vega, Puerto Plata, Moca, San Cristóbal, por debajo del promedio. En cambio hubo pequeños como Cristóbal donde votó 81%, Jaquimeyes y la Ciénega 79%, Fundación 78% y El Peñón y Los Cacos 76%. En otros 55 municipios la votación osciló entre 60 y 70%.
Esas diferencias se reflejaron en que la distancia de votación total no fuera mayor entre el PLD y el PRM con sus aliados. Promedio de votación alta en los pequeños del PLD, y muy baja en los grandes que dominó el perremeísmo. Los peledeístas ganaron poco más de la mitad de los distritos municipales, muchos de ellos con entre 5 y 20 colegios electorales.
Hubo un factor adicional que contribuyó a reducir la diferencia entre los dos mayores bloques de partidos: En la mayoría de los grandes centros urbanos los votos nulos pasaron del 5% y en muchos del 7 y hasta 8%, mientras en la mayoría de los pequeños y medianos oscilaban entre 1 y 3%. Se puede atribuir al tamaño de las boletas y a que en las grandes ciudades las disputas logran anular más votos que en las pequeñas, donde la gente se conoce y hay menor tendencia a pedir anulación del voto. Aunque puede presumirse mayor nivel educativo en las urbes.
La proyección para mayo
La interpretación de los resultados, consonantes con las encuestas independientes de enero y febrero, no permiten una proyección firme para la elección presidencial, aunque mantienen la posibilidad de un triunfo en primera vuelta del candidato presidencial del PRM Luis Abinader, como ya indicó la Greenberg-Diario libre. Más aún si aumenta la participación de los empadronados del 49% alcanzado ahora, al promedio del 70% en las presidenciales de las últimas cuatro décadas. Eso tomando en cuenta los altos porcentajes registrados por el PRM en los grandes municipios, donde ahora fue menor la proporción de concurrentes.
Es obvio que las elecciones de mayo estarán dependiendo del nivel que alcance el coronavirus en el país y el efecto disuasorio del voto que pueda provocar. Pero también podría acentuar el bipartidismo por cansancio de votaciones y deseo de la población de salir de la incertidumbre. Más aún cuando todas las encuestas independientes proyectan una victoria sobre el 60% para Luis Abinader en una eventual segunda vuelta.
Por demás, la dispersión del voto en las municipales es muy grande, porque las alianzas fueron múltiples y parciales, apenas en el 20% de las candidaturas, y lo mismo ocurrirá en las elecciones congresuales, pero en la presidencial los partidos aliados llevan un mismo candidato.
RESULTADOS ELECCIONES MUNICIPALES 2020
CABECERAS DE PROVINCIAS Y PRINCIPALES CENTROS URBANOS
| % | % Votos | Resultados % | Resultados % | ||
| Municipios | Electores | Votantes | Nulos | PRM y A | PLD y A |
| Azua | 50,317 | 56.30 | 3.54 | 53.31 | 44.83 |
| Baní | 81,879 | 41.14 | 7.55 | 57.81 | 34.05 |
| Barahona | 47,039 | 50.90 | 4.34 | 44.17 | 42.56 |
| Bonao | 56,742 | 39.48 | 7.01 | 46.32 | 25.86 |
| Comendador | 11,653 | 64.38 | 3.95 | 38.85 | 36.98 |
| Cotui | 43,660 | 61.33 | 2.57 | 54.26 | 43.37 |
| Dajabón | 20,959 | 64.44 | 2.69 | 50.80 | 46.66 |
| Distrito Nacional | 858,890 | 43.21 | 4.88 | 57.46 | 32.27 |
| El Seibo | 32,596 | 58.85 | 5.32 | 50.93 | 37.90 |
| Hato Mayor | 37,398 | 57.07 | 4.42 | 48.49 | 23.69 |
| Jimaní | 4,692 | 76.96 | 1.30 | 39.87 | 60.13 |
| La Romana | 127,524 | 37.43 | 4.29 | 20.04 | 32.38 |
| La Vega | 169,359 | 45.36 | 7.39 | 57.96 | 30.05 |
| Mao | 31,803 | 49.01 | 4.34 | 54.36 | 35.61 |
| Moca | 86,090 | 43.09 | 4.91 | 41.12 | 52.94 |
| Monte Planta | 20,293 | 67.58 | 3.81 | 41.80 | 35.75 |
| Montecristi | 18,932 | 64.27 | 2.23 | 43.64 | 46.76 |
| Nagua | 37,764 | 48.27 | 3.34 | 44.06 | 30.98 |
| Neyba | 21,394 | 66.32 | 2.59 | 42.50 | 53.66 |
| Pedernales | 10,486 | 60.52 | 3.58 | 48.10 | 35.61 |
| Puerto Plata | 113,979 | 45.69 | 4.56 | 54.50 | 40.09 |
| Salcedo | 34,781 | 54.71 | 4.39 | 41.14 | 43.10 |
| Samaná | 27,258 | 50.64 | 5.70 | 45.28 | 32.73 |
| San Cristóbal | 153,154 | 48.78 | 7.83 | 43.36 | 41.80 |
| San Francisco de Macorís | 136,312 | 36.85 | 7.68 | 51.53 | 37.69 |
| San Ignacio de Sabaneta | 30,576 | 61.13 | 2.65 | 48.01 | 36.17 |
| San José de Ocoa | 25,029 | 56.06 | 2.87 | 40.69 | 55.28 |
| San Pedro de Macorís | 159,251 | 42.58 | 8.85 | 29.91 | 29.09 |
| Santiago de los Caballeros | 464,126 | 34.33 | 6.70 | 38.38 | 49.62 |
| Santo Domingo Este | 676,540 | 37.04 | 6.26 | 59.83 | 34.70 |
| Santo Domingo Norte | 315,491 | 39.44 | 7.86 | 38.42 | 53.53 |
| Santo Domingo Oeste | 271,943 | 38.67 | 6.60 | 52.23 | 29.22 |
| Los Alcarrizos | 129,757 | 41.40 | 8.77 | 41.27 | 37.23 |
| Bajos de Haina | 61,755 | 48.00 | 5.80 | 49.97 | 39.22 |
| Boca Chica | 54,476 | 51.41 | 5.25 | 28.04 | 30.80 |
| Pedro Brand | 25,429 | 56.06 | 4.31 | 40.30 | 35.99 |
| Resultados % | Resultados % | ||||
| PRSC y A | PLD y A | ||||
| San Juan de la Maguana |
66,325 | 55.88 | 6.49 | 52.23 | 44.9 |
| Resultados % | Resultados % | ||||
| BIS y A | PLD y A | ||||
| Higüey | 118,865 | 42.83 | 4.7 | 54.38 | 41.88 |
Análisis Noticiosos
La aportación clave de la comunidad marroquí en España: “Las remesas son críticas para Marruecos”
El dinero enviado desde España representa más del 1% del PIB del país magrebí, mientras que el procedente de toda la emigración alcanza el 7,5%
Madrid.-Más de un millón de personas de origen marroquí viven en España, lo que la convierte en la comunidad extranjera más numerosa, por delante de Colombia. Y también en un elemento de considerable importancia para la economía del país magrebí, muchos de cuyos ciudadanos siguen intentando emigrar a Europa como ha mostrado lo sucedido recientemente en Ceuta. Marruecos (y su tejido productivo, y sus hogares) depende en gran medida de las remesas de sus ciudadanos en el extranjero, el dinero que el emigrante envía a los familiares que se han quedado allí. Solo las procedentes de España sumaron casi 1.589 millones de euros en 2025, según datos del Banco de España, lo que equivale a algo más del 1% del PIB del país vecino.“La comunidad marroquí en España es un actor económico de primer orden para Marruecos, comparable a una gran exportación nacional por su capacidad para generar un flujo constante de recursos”, señala Rut Bermejo, investigadora para Migraciones del Real Instituto Elcano. “Su importancia económica se explica tanto por su tamaño como por su elevado nivel de participación laboral”, añade.
España es la segunda mayor fuente de remesas hacia Marruecos y representa en torno al 15% del total de las que recibe el país, según datos coincidentes de las autoridades monetarias marroquíes y europeas. Está por detrás solo de Francia, con unos 3.400 millones de euros, que suponen más del 30% del total. La superioridad francesa se debe al hecho de contar con la mayor comunidad de expatriados marroquíes del mundo con diferencia (más de 1,5 millones). Italia completa el podio de fuentes de ingresos extranjeros a Marruecos, con unos 800 millones de euros, algo menos del 10% del total recibido por el país norteafricano.
Cifras en millones de euros
“Las remesas son críticas para Marruecos. Sin ellas, sería totalmente insostenible mantener el nivel de importaciones actual del país”, señala Íñigo Moré, del centro de investigaciones Remesas.org, en declaraciones a este diario. Como muchos países en desarrollo, Marruecos importa más de la mitad de todo lo que consume (el 53% del PIB, según el Banco Mundial), algo difícil de costear con una divisa débil, el dirham, equivalente a menos de 10 céntimos de euro. La otra ventaja, como apunta Moré, es que se trata de un ingreso sin ninguna contrapartida, a diferencia del generado por un sector productivo como el turismo, con sus exigencias de inversión en infraestructura o pago de empleados. Este es dinero gratis e inmediato.
Las transferencias internacionales también impulsan la actividad local y favorecen al conjunto de la economía tanto a corto como a largo plazo, como precisa Bermejo: “Las remesas se destinan al sostenimiento de padres, hijos o familiares que permanecen en Marruecos, y se emplean en financiar vivienda o la educación y salud de esos hijos. También pueden servir para que familiares pongan en marcha pequeños negocios”.
En 2025 las remesas a Marruecos representaron un 7,5% de la economía del país. Cuánto representan en el PIB de Marruecos las remesas internacionales
Moré atribuye principalmente el avance de las transferencias desde territorio español a que, desde la pandemia, los inmigrantes marroquíes dejaron de viajar tanto y empezaron a hacer los envíos por vía bancaria o de empresas remesadoras. Otro factor citado por el experto es la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) en España: se ha elevado más de un 60% desde 2018, hasta alcanzar los 1.221 euros mensuales.
Evolución de las remesas desde España destinadas a Marruecos sobre el total
Cifras en millones de euros
“Los marroquíes se ven más afectados por la subida del SMI, porque desempeñan trabajos peor remunerados, con mayor peso en la agricultura o la construcción, debido a la barrera lingüística. Si no hablas español, no puedes trabajar de camarero ni acceder a muchos empleos del sector servicios”, señala Moré. Le da la razón un estudio del Real Instituto Elcano basado en datos del INE a cierre de 2024. En conjunto, los inmigrantes africanos representan el 15,6% de los ocupados en la agricultura y el 14% en la construcción, en los dos casos muy por encima de cualquier otro grupo. En la hostelería, en cambio, su peso se limita al 12%, por detrás de latinoamericanos y asiáticos.
Ganen más o menos que otros inmigrantes, los marroquíes cobran mucho más en España que en su país, y eso es lo que más les importa. Quienes perciben el salario mínimo en la orilla norte del Mediterráneo disfrutan de un poder adquisitivo casi tres veces superior al que tendrían con el salario mínimo en Marruecos, según la Organización Internacional del Trabajo. El sueño de vivir en suelo español se explica también con la razón.
elpais.com
Por José Cabral
Nadie puede negar que el Tribunal Superior Electoral (TSE) exhibe en sus audiencias a través de sus jueces una alta solemnidad, la cual sirve de poco para mejorar la administración de justicia electoral y la democracia.
El TSE se ha vuelto experto en la aplicación de la figura de la inadmisibilidad, la cual es la vía mas fácil para no tener que conocer una demanda o acción de amparo, cuya decisión no tiene otro destino que recurrir en revisión ante el TC.
Se observa en este tribunal que, así como proyecta una gran solemnidad, opera como una trinchera de los partidos políticos para que mantengan su control sobre todo el sistema, principalmente del electoral.
Podría citar docenas de casos en los que el TSE se comporta como un instrumento de defensa de lo mal hecho de los partidos políticos y de otros órganos del Estado como la Junta Central Electoral (JCE), cuya última resolución ha incurrido en la violación de una serie de derechos fundamentales electorales.
Un ejemplo de los contras sentidos del TSE está la declaratoria de incompetencia de la demanda que busca la nulidad de la resolución de la JCE, que prohíbe las encuestas políticas hasta que no lleguen los tiempos de la pre-campana.
Esa decisión que, ha creado todo un debate nacional en el que participan algunos jueces del TSA que dieron su voto salvado o disidente y que cuestionan el hecho de que el tribunal reniegue de su responsabilidad de emitir sentencias ajustadas al estado de derecho, implica una grave distorsión del respeto del mandato de la ley y la Constitucion.
Evidentemente que el TSE al declararse incompetente para conocer las acciones legales interpuestas en contra de la decisión del JCE representa una forma vulgar de negar justicia, pero igual ocurre con una serie de acciones de amparo y que estos juzgadores se van por la vía de la inadmisibilidad como una forma de huir a su compromiso de impartir justicia en el ámbito electoral.
La frustración que causa este comportamiento de unos jueces que en sus decisiones toman más en cuenta el cuido de sus altos salarios que propiciar una buena administración de justicia, no es exclusivo del TSE, sino de todo el sistema de justicia del país.
Tengo la tesis que hasta que en la República Dominicana no se cambie la configuración del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) difícilmente este cuadro pueda cambiar, porque el quid del asunto consiste en que los cometen los delitos son precisamente los que tienen el control de este órgano que designa a todos los jueces del país.
Análisis Noticiosos
Campañas Sucias, Posverdad y Redes Sociales: El Ataque a la Dignidad en la Era Digital.
Por Robinson Jesús Lebrón Céspedes.
El presente estudio analiza las principales dobleces a la dignidad humana en los procesos políticos y electorales de la República Dominicana durante el período 2006–2026. Se examina el impacto de las campañas de desinformación, la posverdad y el uso de redes sociales como mecanismos de manipulación política, así como la vulneración del derecho al honor, la intimidad y la protección de los datos personales. Asimismo, se aborda la violencia política de género como una manifestación de discriminación que limita la participación igualitaria de las mujeres en los espacios de representación política. El trabajo también evalúa el papel desempeñado por la Junta Central Electoral, el Tribunal Superior Electoral y el Tribunal Constitucional en la protección de los derechos fundamentales mediante la aplicación de la Constitución y la legislación electoral vigente. Se concluye que, aunque el país ha fortalecido su marco jurídico e institucional para garantizar procesos electorales más democráticos, persisten prácticas estructurales como el clientelismo, el uso indebido de recursos públicos, la desinformación digital y la desigualdad de género, las cuales continúan afectando la dignidad humana y la calidad de la democracia dominicana.
La erosión de la integridad moral a través de la desinformación y el uso de robots.
El desplazamiento del debate político dominicano hacia las plataformas digitales durante el periodo 2006–2026 ha transformado radicalmente las estrategias de captación del voto, introduciendo severas amenazas a la dignidad personal de los actores políticos. Como señala Jorge Prats (2013), el derecho al honor, al buen nombre y a la propia imagen forma parte del núcleo duro de la dignidad humana protegido por el artículo 44 de la Constitución dominicana. Sin embargo, la proliferación de campañas de posverdad y la difusión sistemática de noticias falsas (fake news) han sido utilizadas de manera recurrente para destruir la reputación de los adversarios.
Esta práctica se ha tecnificado mediante el uso de redes de cuentas automatizadas o robots. El objetivo de estas infraestructuras digitales no es debatir propuestas programáticas, sino saturar el espacio público virtual con discursos de odio y difamaciones personalistas. Al desviar la atención desde la competencia de ideas hacia el linchamiento moral del individuo, se violenta la dignidad del candidato quien es despojado de su derecho al debido proceso reputacional y se agrede la dignidad del electorado, al que se intenta manipular mediante el engaño masivo y la distorsión deliberada de la realidad (Espinal, 2018).
La vulneración de la intimidad y los datos privados con fines de chantaje
El entorno electoral de la última década ha evidenciado una preocupante tendencia hacia la instrumentalización de la vida privada de los ciudadanos y candidatos. En el contexto de la competencia interna y general de los partidos políticos en la República Dominicana, la filtración ilegal de audios, conversaciones privadas, historiales médicos o datos financieros se ha convertido en un arma de coacción política común.
Este fenómeno vulnera directamente la autodeterminación informativa y el derecho a la intimidad. Según los informes de la Organización de los Estados Americanos (OEA, 2020), la recolección no autorizada de datos personales y su posterior exposición pública con fines de chantaje o desacreditación electoral reducen al ser humano a un estado de vulnerabilidad absoluta frente al poder tecnológico de las maquinarias políticas. La dignidad se quiebra cuando el ciudadano o el aspirante a un cargo público pierde el control sobre su esfera íntima, quedando expuesto al escrutinio y al juicio social sumario bajo lógicas estrictamente utilitaristas y electoreras.
Violencia política de género y descalificación moral en el entorno virtual.
Una de las manifestaciones más lesivas de la descalificación en entornos digitales es la violencia política basada en el género, la cual afecta de manera desproporcionada a las mujeres que aspiran a puestos de elección popular. A pesar de los avances normativos en materia de cuotas establecidos en la Ley No. 33-18 de Partidos Políticos, la cultura patriarcal subyacente se traslada al entorno digital mediante ataques dirigidos específicamente a descalificar a las candidatas por razones de género.
Mientras que los candidatos masculinos suelen ser evaluados o atacados por su gestión o posturas políticas, los ataques hacia las mujeres tienden a centrarse en su apariencia física, su vida familiar, su moral sexual o supuestas incapacidades emocionales (ONU Mujeres, 2023). Esta asimetría en la agresión no solo constituye una violación directa a la dignidad de la mujer como ser humano, sino que opera como un mecanismo de exclusión fáctica. Al menoscabar su autoridad y credibilidad pública mediante estereotipos denigrantes, se limita su derecho fundamental a la participación política en condiciones de igualdad, perpetuando una brecha democrática que lesiona la estructura ética del sistema electoral.
El Rol Institucional y Jurisprudencial en la Tutela de la Dignidad Humana.
La Junta Central Electoral (JCE) y las tensiones en el control de las garantías básicas.
Durante el periodo 2006–2026, la Junta Central Electoral (JCE) ha transitado por un complejo proceso de reconfiguración institucional, impulsado por la presión ciudadana y las reformas legislativas de las leyes No. 33-18 de Partidos Agrupaciones y Movimientos políticos y No. 20-23 de Régimen Electoral en la Republica Dominicana. Como órgano de administración electoral de rango constitucional (artículo 212), la JCE tiene la obligación no solo de organizar la logística de los comicios, sino de salvaguardar el orden ético y la equidad que dignifican el voto.
No obstante, la actuación de la JCE ha estado marcada por tensiones estructurales entre su facultad reglamentaria y la resistencia de las cúpulas partidarias. Como señalan Cury y Zaglul (2019), los intentos de la JCE por establecer medidas cautelares contra la campaña a destiempo, el uso indebido de los símbolos del Estado y el desborde de los topes de gastos han chocado frecuentemente con lagunas normativas y una cultura de desacato político. El desafío para la JCE ha radicado en que, cada vez que el órgano electoral posterga o flexibiliza la fiscalización del gasto y la propaganda, se debilita la protección de los derechos de los electores y electoras frente al poder fáctico del dinero, permitiendo prácticas de propaganda invasiva que lesionan el decoro y la dignidad del espacio público (Junta Central Electoral [JCE], 2024).
El Tribunal Superior Electoral (TSE) y la defensa del debido proceso partidario.
La creación del Tribunal Superior Electoral (TSE) en la reforma constitucional de 2010 marcó un hito fundamental para la protección de la dignidad en el ámbito político-partidario dominicano. Antes de su puesta en funcionamiento en 2012, los militantes de base se encontraban en un estado de indefensión jurídica frente a las decisiones arbitrarias y autoritarias de las direcciones ejecutivas de los partidos políticos, las cuales manejaban las candidaturas y los procesos de disciplina de manera discrecional.
A través de una sólida línea jurisprudencial, el TSE ha operado como un escudo de los derechos fundamentales de la militancia. Fundamentando sus decisiones en el principio de que los partidos políticos son instrumentos públicos obligados a respetar la democracia interna (artículo 216 de la Constitución), el tribunal ha anulado asambleas, expulsiones sumarias y encuestas de selección de candidaturas que violaban el debido proceso (Tribunal Superior Electoral [TSE], 2021). De acuerdo con la doctrina de Jorge Prats (2022), esta tutela judicial efectiva dignifica al militante, al reconocerlo como un sujeto de derechos inalienables dentro de su propia organización y no como un subordinado prescindible a merced de los intereses de las élites partidarias.
La erradicación de las prácticas de exclusión mediante sentencias hito.
El diálogo jurisprudencial entre el TSE y el Tribunal Constitucional (TC) ha permitido desmontar mecanismos formales e informales de exclusión que atentaban contra la dignidad intrínseca de los aspirantes. Un ejemplo crítico ha sido la defensa de los derechos políticos de las mujeres frente a los intentos de los partidos de burlar las cuotas de género mediante asignaciones de candidaturas en demarcaciones tradicionalmente perdidas o a través de alianzas Inter partidarias que diluían su participación.
Tanto el Tribunal Constitucional (TC) como el Tribunal Superior Electoral (TSE) fijaron el criterio vinculante de que la cuota de género establecida entre el 40% y el 60% por la Ley No. 33-18 debe aplicarse por cada demarcación territorial y no a nivel nacional, evitando que las mujeres fueran confinadas a puestos marginales (Tribunal Constitucional TC/0104/20. Estas decisiones judiciales demuestran que la dignidad en los procesos políticos dominicanos no es un concepto pasivo; requiere una intervención jurisdiccional activa para nivelar el terreno de juego, garantizando que el acceso al poder del Estado se fundamente en la justicia distributiva, la equidad de género y la idoneidad moral de las personas.
Conclusiones.
El análisis evidencia que la dignidad humana constituye el eje transversal que debe orientar el funcionamiento del sistema político-electoral dominicano. Si bien las reformas constitucionales, la aprobación de las Leyes núm. 33-18 y 20-23, y la consolidación de la jurisprudencia del Tribunal Superior Electoral y del Tribunal Constitucional han fortalecido la protección de los derechos fundamentales, aún subsisten prácticas que comprometen la integridad del proceso democrático. El clientelismo, la compra de votos, la desinformación digital, la vulneración de la privacidad y la violencia política de género representan desafíos que trascienden el ámbito jurídico y requieren respuestas institucionales, educativas y culturales. En consecuencia, la consolidación de una democracia respetuosa de la dignidad humana demanda el fortalecimiento de los mecanismos de fiscalización, la aplicación efectiva de sanciones, la promoción de la ética política y la educación cívica, así como el compromiso de los partidos políticos, las autoridades electorales y la sociedad en la construcción de procesos electorales transparentes, inclusivos y respetuosos de los derechos fundamentales.
El autor es abogado y Docente Universitario