Más Noticias
Parte del balance de muertes provocado por el coronavirus en menos de un mes en República Dominicana.
Imagen ilustrativa.
Son varias las personas fallecidas en la República Dominicana por la pandemia que afecta a prácticamente todo el planeta, pero que en el país le ha quitado la vida a unas 39 personas y que lleva unos 859 contagiados.
Dos de los últimos decesos a causa del virus fueron el coronel Kalil Haché Malkun y su esposa Elsie Barinas de Haché, quienes recibían atenciones médicas en el hospital militar Dr. Ramón de Lara por coronavirus hasta la hora de su deceso.
Este domingo el virus incorporó entre sus victimas a 19 personas, cuyas generales se desconocen, pero que ayer sábado había golpeado con sumar entre los fallecidos al embajador Antonio Vargas Hernández, quien también estaba ingresado en el hospital militar luego de haber dado positivo al COVID-19.
A Vargas se le suministró un medicamento de alto costo para hacerle frente al virus, pero este no llegó a hacerle efecto debido a que sufrió un paro cardiaco en horas de la madrugada, informó el ministro de Salud Pública, Rafael Sánchez Cárdenas.
Asimismo, en días pasados falleció en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Metropolitano de Santiago (HOMS) el periodista francomacorisano Pedro Fernández, el cual llevaba varios días ingresado en ese centro asistencial privado, luego de dar positivo al coronavirus.
A este le antecedió el director de Normalización de Crédito del Banco de Reservas, José Alexander García Lara, quien perdió la vida este jueves luego de tres días afectado por el COVID-19.
El exalcalde del Distrito Nacional, Rafael Suberví Bonilla, se sumó este sábado a la lista de políticos afectados por el virus que encabeza el presidente del PRD y canciller, Miguel Vargas.
También están con el virus la vicecanciller Peggy Cabral; el secretario de organización, Rafael -Fiquito- Vásquez; y el director de redes sociales de Cancillería, Eloy Núñez.
Otra de las muertes registradas por el coronavirus en el país fue la de la diseñadora Jenny Polanco, el pasado martes 24, tras sufrir complicaciones de salud.
En una llamada telefónica, durante la cobertura que hacía la periodista Alicia Ortega en SIN, la diseñadora admitió que regresó de un viaje de trabajo de España, y que días después sintió los síntomas. Una semana más tarde Polanco falleció.
En jaque estuvieron todos los comunicadores que entrevistaron al infectólogo Héctor Balcácer. Él asistió a varios programas de televisión para alertar a las personas sobre las medidas para mantenerse alejados del coronavirus, sin saber que el mismo estaba infectado.
Tras recibir las pruebas, informó que había dado positivo, lo que motivó a que, canales de televisión como CDN, Color Visión y Telemicro fuesen sometidos a un proceso exhaustivo de fumigación, y que, los comunicadores que le entrevistaron sean puestos en cuarentena preventiva. Iván Ruiz, Caroline Aquino y Addis Burgos, fueron solo algunos de ellos.
Tras regresar de un viaje, la locutora y presentadora de televisión María Angélica Ureña, informó que su test de coronavirus fue positivo. A través de su cuenta de Instgram, la también actriz señaló que se mantiene en aislamiento, y que su esposo no está contagiado.
El periodista Estarlin Taveras, quien labora para Telenoticias, también informó que dio positivo al coronavirus COVID-19. «Les pido sus oraciones para que con la ayuda de Dios podamos salir sin mayores complicaciones de esta situación que nos asecha a todos», dijo.
Otro joven comunicador que dio positivo al coronavirus fue Vladimir Jáquez. El también youtuber conocido en las redes sociales como Lord Jáquez, hizo el anuncio en sus redes sociales.
“Lamento informarles que he dado positivo a la prueba del coronavirus. Recién nos acaban de dar la noticia. Les pido encarecidamente a todos con quienes he tenido contacto en los últimos 15 días tomar las medidas correspondientes», expresó.
Un dato particularmente llamativo fue el del locutor Iván Cave, quien compartió en sus cuentas de Instagram un video saliendo de su casa a caminar, a sabiendas de que había sido diagnosticado positivo al COVID-19.
A pesar que el locutor pidió disculpas y dijo que esto no volvería a pasar, el ministro de Salud fue enfático en afirmar que su comportamiento era inaceptable.
Los integrantes de la banda Tercer Cielo también publicaron la noticia de sus diagnósticos positivos en redes sociales.
A través de sus cuentas de Instagram, la pareja de esposos integrada por la cantante mexicoamericana y el dominicano, narraron el difícil proceso que viven con los fuertes síntomas.
«De estos últimos 9 días, hoy es el que mejor me siento. Tenía fiebre por 8 días consecutivos, dolores musculares y a veces no podía respirar a profundidad, así como otros síntomas terribles”, contó la artista. “Se me fue el olfato y también la sensación de gusto en mi paladar”, dijo Evelyn, quien asegura estar confiado en que saldrán fortalecidos de este proceso.
La directora de la franquicia Miss República Dominicana Universo, Magali Febles, también dio positivo al coronavirus, y para que los que tuvieron contacto con ella se hagan la prueba lo hizo público en sus redes sociales.
“Hoy les escribo consciente de mi responsabilidad con todas las personas que en los últimos 15 días han compartido conmigo. A ellas les quiero avisar que anoche fui diagnosticada positiva al coronavirus. Desde que comencé a sentir síntomas compatibles con la enfermedad me recluí en mi residencia en un auto aislamiento responsable para no afectar a nadie”, dijo.
El exintegrante de Milly, Jocelyn y los vecinos, y actual esposo de Jocelyn Arias, hermana de la reina del merengue Milly Quezada, se mantiene en cuidados intensivos en un hospital de Nueva Jersey por el virus.
El más reciente en dar a conocer que ha sido diagnosticado con el virus fue El Caballo Mayor, Johnny Ventura. Este sábado 28 de marzo, en un comunicado oficial la familia del merenguero confirmó el diagnóstico; y detallaron que el artista se mantiene estable en un área de aislamiento.
«Hago de conocimiento público que al mediodía de este sábado 28 de marzo de 2020 recibí los resultados y he dado positivo a la prueba de coronavirus COVID-19», dijo Ventura a través de un comunicado difundido por sus familiares.
En tal sentido, el artista hace un llamado a las personas que han tenido contacto con él en los últimos días a tomar medidas de prevención.
Figuras de la política, la salud y del empresariado también han dado positivo al virus, siendo el más notorio de los casos el del médico Antonio Cruz Jiminián.
También trascendió el fallecimiento del expropietario de la famosa discoteca El Águila, Tony Águila, quien había sido diagnosticado con el coronavirus COVID-19, y presentaba otras complicaciones de salud.
Santo Domingo. – A partir del primero de agosto la Junta Central Electoral (JCE) tendrá nuevos horarios de atención en los Centros de Cedulación de Servicio Extendido (anteriormente denominados Centros de Servicios Continuos).
El Pleno de la JCE dispuso que los centros de servicio extendido ofrecerán atención a la ciudadanía de lunes a domingo, en horario de 8:00 de la mañana a 12:00 de la medianoche.
La medida aplicará a los centros ubicados en Barahona, Herrera, Distrito Nacional, La Romana, La Vega, Las Américas, San Cristóbal, San Francisco de Macorís, San Pedro de Macorís y Santiago.
En ese sentido, la JCE precisó que los ciudadanos con citas programadas en el horario de la madrugada (de 12:00 a. m. a 07:00 a. m.), podrán presentarse en cualquiera de los centros de cedulación, según el horario de servicio correspondiente, sin importar el mes de cumpleaños.
Santo Domingo.- Una accion directa de inconstitucionalidad sometió el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) ante el Tribunal Constitucional una contra el artículo 310 del recién modificado Código Penal.
El recurso fue encabezado por Trajano Potentini, presidente del gremio, quien considera que su contenido entra en contradicción con garantías esenciales del orden constitucional, particularmente el derecho de defensa, el debido proceso y la dignidad del ejercicio profesional del derecho.
Potentini acudió a la sede de la jurisdicción constitucional acompañado de miembros de la directiva del gremio, presidentes de seccionales y de expresidentes del Colegio de Abogados, en una manifestación institucional con la que la organización procura defender no solamente las prerrogativas de los profesionales del derecho, sino también las garantías que asisten a toda persona que requiere representación y asistencia jurídica efectiva.
El presidente del CARD explicó que la acción constitucional tiene como propósito que el Tribunal Constitucional examine la compatibilidad del artículo impugnado con los principios, derechos y garantías consagrados por la Constitución dominicana, especialmente aquellos vinculados al libre y pleno ejercicio del derecho de defensa.
Dijo que cualquier regulación penal que pueda incidir sobre la actuación profesional de los abogados debe ser examinada con especial rigor constitucional, debido a que el abogado constituye una pieza esencial para hacer efectivo el acceso a la justicia.
Sostuvo que la defensa técnica no puede ser concebida como una concesión del Estado ni como una función secundaria dentro del sistema de justicia. Por el contrario, representa una garantía indispensable para que los ciudadanos puedan ejercer adecuadamente sus derechos frente a una investigación, acusación o proceso judicial.
En ese contexto, el CARD considera necesario preservar un marco normativo que permita a los abogados ejercer sus funciones con independencia, seguridad jurídica y respeto a la naturaleza de su profesión.
Señaló que la controversia planteada trasciende los intereses particulares de los abogados. Según Potentini, cuando se afecta la independencia o la dignidad de quienes ejercen la defensa técnica también pueden verse comprometidos los derechos de los ciudadanos representados por esos profesionales.
Potentini destacó que la Constitución reconoce el debido proceso y el derecho de defensa como garantías fundamentales que deben observarse en toda actuación judicial y administrativa. En consecuencia, afirmó que las normas deben interpretarse de manera compatible con esos postulados.
La acción solicita la intervención del Tribunal Constitucional en su condición de órgano encargado de garantizar la supremacía de la Constitución y la protección de los derechos fundamentales. Corresponderá a esa alta corte examinar los argumentos y determinar la conformidad o no de la disposición cuestionada con la Carta Sustantiva.
El CARD informó que dará seguimiento al curso procesal de la acción y reiteró su confianza en que el debate jurídico permitirá delimitar adecuadamente el alcance de la disposición impugnada conforme a los principios del Estado social y democrático de derecho.
Santo Domingo, R.D.-En franca violacion del mandato constitucional del plazo de 48 horas para someter ante un juez competente a una persona detenida se produce con casos que tienen que sufrir que se tiempo de extienda por didas, semanas e incluso en meses, segun denuncia de muchos afectados.
Y cuando finalmente un tribunal ordena la libertad, salir del destacamento tampoco ocurre de inmediato.
La situación ha quedado evidenciada con los 13 ciudadanos que permanecen más de 30 días detenidos en los destacamentos del Ensanche Felicidad y Vietnam, en Santo Domingo Este, sin haber sido sometidos al control de un juez y sin que existiera registro de un proceso penal en su contra.
Aunque un tribunal acogió el hábeas corpus presentado por la Oficina Nacional de Defensa Pública (ONDP) y ordenó su libertad inmediata, varios días después la decisión aún se encuentra en proceso de ejecución.
La decisión legal de la liberación de los 13 detenidos ocurrió después de que una inspección de la Defensa Pública encontrara a 16 personas privadas de libertad en los destacamentos de Felicidad y Vietnam. Trece llevaban más de un mes detenidas sin haber comparecido ante un juez.
Durante la audiencia, el Ministerio Público informó al tribunal que no encontró solicitudes de medidas de coerción ni actuaciones procesales relacionadas con esas personas.
Según relataron, los agentes explicaron que el retraso obedecía a la falta de vehículos para trasladarlo hasta la fiscalía.
Sin embargo, cuando consultaron el sistema del Poder Judicial, descubrieron que tampoco existía una solicitud de medida de coerción depositada y ante esa situación, interpusieron un nuevo hábeas corpus.
Para la Defensa Pública, la ausencia de transporte se ha convertido en una de las explicaciones más frecuentes para justificar los retrasos.
«No había sucedido antes con esta magnitud. Ahora uno de los argumentos recurrentes es que no hay vehículos para trasladar a los detenidos», explicó Figuereo.
La defensora sostuvo que esa situación no solo afecta a quienes esperan ser presentados ante un juez por primera vez, sino también las audiencias de medidas de coerción.
«Si hay 65 audiencias fijadas, 45 o 50 terminan aplazándose por falta de traslado«, aseguró.
El hábeas corpus tampoco acelera siempre la libertad.
Las defensoras afirman que incluso cuando presentan acciones constitucionales para recuperar la libertad de un detenido, el proceso suele enfrentar nuevos obstáculos.
Según Figuereo, en algunos casos el Ministerio Público solicita aplazamientos de las audiencias de hábeas corpus para ganar tiempo.
«La táctica dilatoria que está haciendo el Ministerio Público es pedir aplazamiento para depositar la solicitud de medida de coerción. Cuando vuelve la audiencia, aparece el vehículo, trasladan al imputado y conocen la medida», afirmó.
El artículo 40 de la Constitución dispone que toda persona detenida debe ser presentada ante un juez dentro de las 48 horas siguientes a su arresto.
El artículo 71 reconoce el hábeas corpus como el mecanismo para restablecer ese derecho cuando la privación de libertad es ilegal o irrazonable.
Sin embargo, para la Defensa Pública, las visitas diarias a los destacamentos muestran una realidad distinta.
Las inspecciones no solo verifican el tiempo de detención. También revisan si los privados de libertad han recibido alimentos, agua, atención médica y si han sido objeto de maltratos.
«Mucha gente ni siquiera sabe por qué está detenida o que tiene derecho a ser presentada ante un juez en 48 horas«, señaló la defensora pública Dilenny Morel.
La historia de los 13 ciudadanos resume la paradoja que describen las defensoras. Entraron a los destacamentos sin que posteriormente se formalizara un proceso judicial.
Un tribunal ordenó su libertad. Pero la ejecución de esa decisión también requirió nuevos trámites, seguimiento de los abogados y espera.
Para la Defensa Pública, esa secuencia refleja un problema que trasciende un caso particular: en algunos destacamentos dominicanos no solo resulta fácil entrar; también puede ser muy difícil salir, incluso cuando un juez ya ordenó la libertad.