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El dominicano se mueve entre rumores, noticias falsas, pánico y la posibilidad de perder la vida por Covid-19.
Una de las cosas que caracterizan la forma de ser del dominicano es la exageración y dar como cierto cualquier comentario como resultado del invento que forma parte de una cultura, donde hasta la honra de una persona no vale prácticamente nada porque la difamación y la injuria es un juego nacional.
¨Radio Bemba¨ es un personaje nacional que dice lo que es y lo que no es, que forma parte de una leyenda popular como una forma de identificar a todo el que se dedica a inventarse cualquier cosa hasta para pasar el momento, aunque esa conducta termine con la ruina de la vida de muchas personas.
En la República Dominicana cuando en un lugar cualquiera se arma una riña y matan una persona, lo primero que hace el que quiere enterarse es preguntar qué es lo que ocurre y cuando se le informa que alguien ha perdido la vida de inmediato corre el rumor de que murieron 2, 3,4 o 5 personas, porque existe una gran afición por distorsionar o exagerar la verdad de lo ocurrido.
En el país hay lugares donde personas, sobre todo mujeres, han decidido quitarse la vida porque algún vecino regó entre sus amigos que ella se dedica a engañar a su marido, lo cual corre como pólvora y la cuestión termina con una tragedia.
En realidad, hay comunidades del territorio nacional que el chisme, el invento de lo inexistente es como una especie de entretenimiento entre muchos hombres y mujeres, cuya situación ha provocado divorcios y que individuos que se han ido a vivir al extranjero reciban regularmente una serie de historias inventadas que involucran a sus mujeres.
Pero los inventos ocurren en todos los ámbitos en la República Dominicana, porque socialmente hablando muchas personas dicen regularmente lo que no obedece a la verdad, convirtiendo el fenómeno en prácticamente una cultura nacional.
En el país el que ha iniciado una construcción y se le pregunta cuánto lleva invertido regularmente lo multiplica por muchos cientos de miles, pero lo propio ocurre en el terreno político, donde el que ha gastado un millón en campaña dice que lleva 10.
Los inventos han llegado tan lejos que cada día toman cuerpo porque hasta los propios medios de comunicación repiten la mentira como si fuera una verdad indiscutible, cuando la realidad es que cuando un candidato gasta 10 mil pesos dice que fueron 20 millones, para cuyo propósito se tira algunas fotos y las coloca en las redes sociales para hacer creer su historia.
El invento tiene su razón de ser porque luego el protagonista de la misma puede justificar su interés de estafar a su propio partido y al Estado porque se apoya en un invento, en una mentira para exigir un tratamiento que se acerque a su alegada o falsa inversión económica.
Sobre esa misma base son muchos los políticos que son desacreditados sobre la base de una mentira cuando se les atribuyen riquezas que muchas veces no tienen, aunque no se puede negar que en los últimos años, aun cuando éstos no pongan su dinero en la actividad política, terminan apropiándose de una buena parte de los presupuestos de la instituciones públicas.
El invento y ahora las noticias falsas crean muchos problemas a la sociedad dominicana, ya que nunca se sabe cuál es la verdad de lo que se dice, cuya situación se vive ahora con el coronavirus, porque son muchas las informaciones falsas colocadas en las redes sociales que mantiene dislocada a la mayoría de la gente.
El Covid-19 toma fuerza en la República Dominicana y la mayoría de la población ha entrado en pánico, sobre todo porque se trata de una pandemia de carácter mundial y por todos los medios se escuchan las muertes que ocurren en los diferentes países del mundo, pero el asunto se complica cuando el dominicano se da cuenta que esta realidad está hasta dentro de su propia casa.
Ello es un motivo más que suficiente para que el rumor y las noticias falsas tomen mucho cuerpo en el país, como por ejemplo la última que han lanzado los que se dedican a estos asuntos, la cual consiste en decir por las redes sociales que a partir de este martes habrá un toque de queda que será de 24 horas y que en consecuencia no habrá nada abierto para comprar los alimentos que se consumen en el día a día.
Esa noticia falsa ha provocado que los supermercados estén desbordados de clientes para comprar compulsivamente todo lo que encuentran en su camino, creándose una escasez que se podría constituir una situación peor para la gente.
La cuestión es que las noticias falsas ya tienen hasta más fuerza que las verdaderas, porque son tantos los medios digitales que difunden cualquier cosa que la gente no sabe distinguir entre el que tiene credibilidad y el que no la tiene.
Esto así, porque los resultados hablan por sí solos, ya que la mayoría de los supermercados lucen vacíos porque la gente se ha metido en filas interminables para comprar lo que sea porque la cultura del rumor y de las noticias falsas logró convencer más a los dominicanos que los medios de comunicación serios y el Gobierno que han desmentido la versión.
Romper en el país con la cultura del rumor y las noticias falsas no resulta tan fácil en virtud de no hay un régimen de consecuencia en contra del que se dedica a eso, .porque en este caso también se impone recordar que en el país se ha hablado hasta la saciedad de lo que tiene que ver con la inexistencia del Estado.
Esta es la razón y también los niveles de ignorancia por lo que todo el mundo en la República Dominicana está expuesto a la mentira, a las noticias falsas, que muchas veces pueden más que la verdad, porque además este fenómeno es parte de la cultura y el entrenamiento nacional.
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La reforma fiscal fue un instrumento para medir las malas intenciones y la doble moral de la clase política nacional.
Por Elba Rosa
Fueron muchas las quejas de la gente común y otros sectores de la vida nacional, los cuales con mucha legitimidad dejaron claro que ya no soportan una carta impositiva que para lo que más se utiliza es para promover corrupción administrativa, déficits fiscales y otras variantes del mal manejo del Estado.
En la discusión de la propuesta se ha visto de todo, desde la improvisación del Gobierno hasta la presunta buena fe de los actores de la vida política tradicional de la oposición de la República Dominicana, pese a que tienen muy poca moral para ello.
Sin embargo, ocurrió lo que tenía que pasar, ya que el Gobierno de Luis Abinader y del Partido Revolucionario Moderno, que tienen tan poca coordinación y planificación interna, que mientras el presidente anunciaba que hablaría al país para retirar la propuesta, el PRM contradictoriamente anunciaba una marcha para darle respaldo a la misma.
Es decir, que hay una evidente falta de coordinación, ya que los dirigentes del partido oficial tenían que saber que Abinader anunciaría el retiro de la reforma fiscal del Congreso Nacional.
Pero eso es recurrente como resultado de la falta de coordinación y la improvisación del Gobierno, pese a que ello no justifica que los partidos de la Liberación Dominicana (PLD) y la Fuerza del Pueblo, con el expresidente Leonel Fernández a la cabeza, sean los principales críticos de la propuesta cuando ellos son responsables de la mayor parte de la desgracia nacional y de la promoción de la corrupción e incluso a través de pasadas reformas fiscales.
A propósito de la reforma fiscal se impone que se repita la expresión muy popular de que una cosa es con «guitarra y otra es con violín», lo cual también es aplicable a Luis Abinader y a su partido, el Revolucionario Moderno.
Estas son de las cosas que han erosionado la democracia nacional, porque la manipulación, la mentira y la doble moral es su mejor carta de presentación.
En realidad, no les luce a Danilo Medina y a Leonel hablar de una reforma fiscal que favorezca a los mismos sectores que la rechazaron ahora, evidentemente que no, pero igual debe decirse de los demás partidos que han gobernado el país.
Ahora falta ver cuál será la maniobra del gobierno para atacar el déficit fiscal y el preocupante endeudamiento externo, lo cual podría implicar tanto riesgo o más que las consecuencias que pudieran haber generado la propuesta tributaria.
La República Dominicana en los actuales momentos tiene una deuda que alcanza los 72 mil millones de dólares, el cual supera el sesenta por ciento del PIB, constituyéndose en una amenaza de la estabilidad de la economía nacional.
Lo que queda latente en los actuales momentos es preguntarse de qué arma se dotará el gobierno de la improvisación para enfrentar el déficit fiscal y el pago de los intereses de la deuda externa, cuya respuesta no está clara en razón de que la calidad del gasto no hay forma de que mejore y que en consecuencia el país pueda ser encausado por otro sendero.
El problema ahora con el retiro del Congreso Nacional de la reforma fiscal es estar atento de cuál será la maniobra del gobierno para solucionar un problema para el que evidentemente no está preparado para resolver.
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La propuesta reforma fiscal se trata de una “consideración” hacia el ciudadano o una torpeza más del gobierno.
Por Elba García
Las reformas fiscales son una razón suficiente para que los gobiernos caigan en lo más profundo de la impopularidad, ya que las mismas siempre van en contra de los sectores más sacrificados como la clase media o de aquellos que sobreviven en el día a día, dado que deben convivir con una carga impositiva formal e informal que los sumerge en la mayor de la pobreza.
El quid del asunto está en el hecho de que generalmente los gobiernos de derecha, como el que encabeza Luis Abinader, procuran satisfacer los intereses de los sectores más poderosos del país, insertados en la macroeconomía, en razón de que este de modelo de administración pública se rige por la corriente de la economía política conocida como neoliberalismo.
Esta ha sido la razón histórica de las explosiones sociales que se han producido en países de los diferentes continentes del mundo y ello es que ha motivado que hayan demandas para que este tipo de reforma tributaria baje la carga impositiva en contra de los que menos tienen como una vía para estabilizar y mejorar la credibilidad de la democracia.
Aunque la verdad es que no puede haber mejoría de la inversión social si no es a través del sacrificio fiscal de los diferentes sectores que conforman la vida nacional, pero el problema es también que muchas veces mientras más se recauda más crece la corrupción administrativa y que a pesar del sacrificio de la gente no se produce la retribución esperada.
En estos momentos la presión política y social conlleva a que los gobiernos que se manejan con demagogia terminen con acciones que no son las idóneas para resolver los problemas sociales y económicos de la nación.
En ese marco se encuentra actualmente la República Dominicana, donde la gente luce cansada de tanto sacrificarse con un trabajo agotador y nunca ve los frutos de su esfuerzo, ya que tiene que llevar consigo una carga impositiva formal e informal que grava prácticamente todos los productos de la canasta familiar y los servicios públicos y privados, lo cual se convierte en una pesadilla para tener sobre la mesa la comida del día a día.
Sin embargo, por una razón u otra esa realidad tiene que cambiar porque como dicen muchos analistas, si la economía anda bien la política está mucho mejor, pero cuando es lo contrario las cosas muchas veces se vuelven incontrolables y entonces aparecen las crisis sociales.
Este un asunto tan delicado que si no se maneja con sinceridad y con la imposición de los sacrificios que implica cargar al que más tiene, la cuestión se vuelve inmanejable y entonces sufre la economía y también la política, porque la democracia pierde su credibilidad, lo cual tiene un impacto demoledor en las inversiones y en renglones tan importantes como el turismo.
La verdad es que no se trata de una cuestión tan espontánea, sino que para que los resultados sean diferentes se requiere de buena asesoría y de un mejor nivel de sensatez, responsabilidad y apego a los mejores intereses de la nación.
Son diversas las expectativas creadas a propósito de la pretendida reforma fiscal, aunque los detalles específicos de la misma pueden variar de las propuestas y debates desarrollados en los últimos meses, algunas de la cuales versan sobre cómo se logra la ampliación tributaria, ajustes de los impuestos existentes, mayor progresividad, incentivos al crecimiento económico y modernización de la administración tributaria.
Estos procesos, que muchas veces resultan traumáticos, son observados por el ciudadano y el sector privado con mucha atención, ya que cualquier cambio en la estructura impositiva tiene impactos importantes tanto en la economía como en el costo de la vida, sobre todo cuando se grava el consumo a través del ITBIS.
La clave del éxito de la reforma descansa en que el Gobierno le dé un manejo idóneo a ésta con explicaciones convincentes de los beneficios que la misma dejará a largo plazo y mostrar su disposición a negociar con los sectores que salen más perjudicados.
El Gobierno debe preocuparse no sólo por aumentar los ingresos del Estado, sino también en garantizar un sistema tributario más equitativo, transparente y capaz de promover el desarrollo sostenible.
Sin lugar a dudas, que la carencia de una cultura de tributación impide que los países puedan alcanzar la meta del desarrollo y crecimiento sostenible, pese a que el problema también tiene que ver con la calidad del gasto y lo poco transparente del manejo del presupuesto nacional, cuya mayor parte se va en corrupción administrativa.
La pregunta que se hacen principalmente los expertos en economía es cómo el Gobierno puede promover una reforma fiscal que no se corresponde con los niveles del déficit que arrastra el país desde hace varias décadas y que ahora se busque una aparente solución que sólo resuelve una parte del problema.
Esto así, porque el Gobierno sólo busca recaudar con la presente reforma fiscal la suma 122 mil millones de pesos, equivalente al 1.5 por ciento del Producto Interno Bruto, mientras el déficit ronda por los 3 puntos del PIB.
De manera, que a mediano o a largo plazo las autoridades entrarán nuevamente en una crisis en la economía que las llevara a continuar con el odioso endeudamiento público, como ocurre actualmente.
El proyecto de reforma fiscal que ya está en el Congreso Nacional aparentemente traerá mayores sacrificios a los que más tienen, pero ello todavía está por verse.
La verdad es que el estudio de la propuesta reforma fiscal genera la reiteración de la pregunta, por qué sólo se busca satisfacer una parte del problema cuando la misma debió ser de mayor alcance y someter a los sectores más poderosos a pagar el costo de la democracia.
La pregunta vuelve a surgir, pero con una formulación diferente, ya que falta determinar si la propuesta fiscal es otra torpeza del Gobierno o si sencillamente se trata de una expresión de miedo a los sectores insertados en la macroeconomía, que se resisten a jugar su papel en la democracia, a fin de evitar que esta colapse de una manera definitiva.
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Institucionalidad del país cuestionada con caso Camaleón porque ha sido permeada por el crimen organizado.
Aunque la mayoría de los casos de corrupción administrativa han implicado la penetración del crimen organizada en los órganos y entes del Estado, el caso Camaleón plantea más seria y profundamente hasta dónde la nación debe poner atención a esta debilidad institucional.
El Ministerio Público con su anuncio del desmantelamiento de una supuesta red denominada “Operación Camaleón”, ha determinado como los cabecillas de la misma se dedicaban al desfalco y estafa contra el Estado., pero además al espionaje ilegal
En esta organización criminal han sido imputados, entre otros, José Angel Gómez (Jochy) y Hugo Beras, este último exdirector del Instituto Nacional de Transporte y Tránsito Terrestre (Intrant), quienes munipularon un contrato para la modernización, ampliación, supervisión y gestión del sistema integral del Centro de Control de Tráfico y la Red Semafórica del Gran Santo Domingo.
La más grave del asunto es que Jochy Gómez, hijo del periodista Guillermo Gómez, a través de la empresa Transcore Latam, después que se le adjudicó el concurso, usó las instalaciones semafóricas para un fin distinto para el que fue contratada.
En la solicitud de la medida de coerción que se conocerá este martes, el Ministerio Público afirma que el imputado instaló equipos diferentes a los ofertados y además 55 cámaras de video que eran parte de un esquema ilegal de espionaje que no tenían nada ver con las necesidades y con la contrata con el Intrant.
Entre los otros equipos instalados de forma ilegal están fibras ópticas, nodos de concentración y kits de Starlink, los cuales no eran parte de la propuesta técnica original.
El Ministerio Público sostiene que las cámaras y su acceso al tráfico formaban parte de un esquema ilegal de espionaje para la manipulación de datos y la vigilancia encubierta de ciudadanos sin su consentimiento que ponen en peligro la privacidad y la seguridad, configurándose un delito contra la seguridad pública y otros crímenes conexos.
Los fiscales indicaron que este tipo de actividades significarían una amenaza para la seguridad pública, lo cual no sólo representa la comisión de ese ilícito, sino también la utilización de la tecnología para actos de extorsión.
El órgano persecutor estableciٕó durante la auditoría, que estas cámaras tenían funciones de conteo de tráfico y captura de imágenes en tiempo real y de igual manera almacenaban un “volumen significativo” de datos.
Sin embargo, Transcore Latam no pudo explicar adecuadamente dónde ni cómo se procesaba esta información, sin especificar cuáles fueron las excusas presentadas por la compañía.
Entre otras cosas no tuvieron una explicación lógica el hecho de que los servidores que revisaron “resultaban insuficientes” para manejar la cantidad de información generada.
Lo más grave de este grupo que operaba desde dentro del Gobierno es que vendía información de inteligencia sobre la base del uso del Ministerio de Defensa y de otras instancias del Estado.
Este caso refleja lo que significa el manejo irresponsable del Estado por parte de las actuales autoridades, cuya incapacidad resulta más peligrosa que la sustracción de los fondos públicos por parte de depredadores que históricamente han estado insertados en las diferentes instancias públicas.