Latinoamericanas
México encuentra abusos médicos en un centro de detención de migrantes en EE UU
Exteriores confirma que al menos una mexicana fue sometida a una operación ginecológica sin su consentimiento y siete más fueron pacientes del doctor acusado de practicar histerectomías forzadas
México.-Una migrante mexicana fue sometida a una operación ginecológica sin su consentimiento mientras estuvo detenida en el Centro de Detención de Irwin (en Georgia, Estados Unidos), según ha confirmado el Gobierno mexicano en un comunicado este lunes por la tarde. La Secretaría de Exteriores investiga desde el pasado 14 de septiembre cuántas migrantes mexicanas pudieron haber estado involucradas en el escándalo de las extirpaciones de úteros practicadas presuntamente en esa institución. De momento, ninguna de las 18 encuestadas fue sometida a una histerectomía, pero fuentes de la Secretaría confirman a EL PAÍS que las quejas de las internas apuntan a patrones de negligencias médicas contra hispanohablantes. Y que la muestra es todavía pequeña.
El caso de la migrante mexicana se suma a otras víctimas latinoamericanas de ese mismo lugar. Mileidy Cardentey Fernández, de Cuba, relató a la agencia estadounidense de noticias Associated Press cómo fue intervenida quirúrgicamente sin su permiso en agosto. Se le dijo que tenía que someterse a una operación para tratarle quistes en los ovarios, pero más de un mes después, sigue sin estar segura del procedimiento que se le realizó. Después de solicitar sus registros médicos en repetidas ocasiones para averiguarlo, el Centro de Detención del condado Irwin le entregó más de 100 páginas en las que se detalla el diagnóstico de quistes, pero nada sobre el día de la cirugía.
Este sábado, un grupo de congresistas de Estados Unidos visitó el centro para conocer de primera mano las condiciones en las que viven las migrantes y entrevistarlas sobre las denuncias. La congresista por California, Nanette Díaz Barragán, cuenta en una entrevista a este diario que habló con unas ocho mujeres, pero especialmente recuerda el testimonio de una víctima de El Salvador. “En marzo le dijeron que fuera al ginecólogo porque tenía dolor en su área vaginal. Acudió con el doctor Amin. Y le recetó unas inyecciones que no sabía para qué eran, tampoco dio su OK. Se trataba de Depo-Provera, una inyección anticonceptiva. Se la pusieron en marzo y después de unos días, sentía mucho dolor, se doblaba, y empezó a sangrar… Estuvo sangrando 42 días. Pidió una segunda opinión y la enviaron a Psiquiatría”, cuenta Díaz Barragán desde el otro lado del teléfono. “Las mujeres ni saben lo que les están haciendo. No están dando el consentimiento”, añade la congresista.
“Desde luego es algo inaceptable que rechazamos de antemano”, apuntó la semana pasada el canciller mexicano Marcelo Ebrard sobre el caso de las histerectomías. E informó de que su equipo, de la mano de la oficina consular de Atlanta, se encontraba investigando la magnitud del que, de confirmarse, sería uno de los mayores abusos a migrantes cometidos durante la Administración de Donald Trump.
Tras el escándalo de la denuncia de Wooten, los demócratas se sumaron las acusaciones después de que en los últimos tres años han condenado duramente el trato que brinda el Gobierno de Trump a los inmigrantes, incluyendo la separación de familias y la detención de niños en la frontera. “De ser ciertas, las deplorables condiciones que se describen en la queja de la denunciante — incluyendo las acusaciones de que se les están practicando histerectomías masivas a mujeres inmigrantes vulnerables — serían un abuso impactante contra los derechos humanos”, expresó la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, en un comunicado.
elpais.com
Latinoamericanas
Tercer día de huelga de hambre avanza en demanda de libertad para presos políticos en Venezuela
Caracas, Venezuela.-Con cansancio, angustia y enfado, mujeres familiares de presos políticos entraron el lunes en su tercer día de huelga de hambre en Caracas para presionar por más excarcelaciones, tras aplazarse la semana pasada por segunda vez la aprobación de una ley de amnistía.
«Ya el cuerpo comienza a resentirse, pues. (Siento) mucha debilidad, cansancio cuando me levanto. Y bueno, ya ni siquiera se puede descansar. Dormir bien, nada de eso», cuenta a la AFP Evelin Quiaro, de 46 años, con una botella con agua y electrolitos a su lado.
Una decena de mujeres comenzó la huelga al romper el alba el 14 de febrero en la entrada de los calabozos de la Policía Nacional conocidos como Zona 7 en Caracas, donde acampan familias desde hace semanas.
Dentro permanecen unos 60 detenidos políticos y, según sus allegados, también están en huelga de hambre desde el sábado.
Sus caras demacradas muestran una debilidad que se entremezcla con rabia, angustia y desesperación.
«¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo nos van a tener en esto?», se queja Quiaro. «Ya tenemos mucho tiempo acá durmiendo en carpas, conviviendo acá de una manera inhumana. O sea, ya las condiciones están al límite y nosotros también estamos al límite», denuncia.
– «Peligroso» –
Durante la madrugada del 14 de febrero fueron excarcelados 17 presos políticos de esos calabozos donde está también detenido el hijo de Quiaro de 30 años desde noviembre de 2025, acusado de terrorismo, asociación para delinquir y financiamiento al terrorismo.
«Tenemos la convicción de que esto tiene que surtir efecto», confía Quiaro.
Una de las diez mujeres tuvo que abandonar el ayuno por problemas de tensión, señala Rafael Arreaza, un médico que las asiste.
Enroscándose en una cadena, Narwin Gil, cuyo cuñado está preso pero su hermana fue excarcelada, cierra el paso a un agente que llega con comida para los guardias del centro de detención.
«Si nuestros familiares no comen, ellos tampoco deben comer», le dice al policía, que da media vuelta.
«¡Basta, basta! Y necesito no que sean uno ni sean dos, son todos, todos, todos los que están en Venezuela» deben salir, pide Gil. «Nosotras ninguna queremos estar aquí. No queremos estar aquí».
– «Desgastadas» –
Las mujeres se quejan del aplazamiento -dos veces- de la aprobación de una ley de amnistía que en teoría abarca los 27 años de chavismo gobernante. Se espera que la norma se traduzca en la libertad de cientos de detenidos.
La próxima sesión legislativa está pautada para el 19 de febrero cuando se prevé la discusión final de la normativa para su aprobación.
Es «terrible, terrible porque nos cambió nuestra dinámica», lamenta María Escalona, de 41 años, cuyo esposo está detenido desde septiembre.
«Mis niños pequeños (8 y 9 años) sufren porque no están con su papá. Entonces es estresante, es preocupante. Estamos desgastadas ya con esta huelga de hambre».
Escalona espera que la ley sea examinada el jueves. Pero ya no quiere esperar. «Quiero que salgan ya. Tiene que ser antes del jueves».
El opositor Edmundo González Urrutia, que reivindica la victoria en las presidenciales de 2024, se quejó desde su exilio en Madrid. «Detrás de cada preso político hay una familia que resiste. ¡Familias en huelga de hambre! Lo hacen porque sienten que no les dejan otra opción. Lo hacen desde el dolor y la angustia», escribió en X.
Más de 600 presos políticos siguen tras las rejas y 444 han conseguido libertad condicional desde el 8 de enero, según la ONG Foro Penal.
Agencia EFE
Puerto Príncipe, Haití.-Al menos 299 personas fueron asesinadas en enero de 2026 en Haití, víctimas de bala o de enfrentamientos, según reveló este miércoles un informe de la ONG local Orden de Defensores de los Derechos Humanos (Ordedh), que denuncia una «explosión de secuestros» que desafía la autoridad del Estado.
El balance estadístico elaborado por esta ONG local pone de relieve la hegemonía de los grupos armados, en particular de la coalición Viv Ansanm, responsable de un 42.81 % de la mortalidad registrada, según el informe.
«Paralelamente a esta carnicería, la industria del secuestro está experimentando un auge que paraliza el espíritu mismo de la población. A pesar de los repetidos anuncios y los escasos esfuerzos de la Policía Nacional de Haití (PNH), el secuestro sigue siendo un reto insuperable para la institución», indica el informe.
Estos datos revelan una concentración de la violencia mortal en el departamento del Oeste -donde se ubica la capital, Puerto Príncipe-, que por sí solo registra un 85.28 % de las muertes a escala nacional.
La ONG recordó que 2026 comenzó «con una constatación absolutamente sombría», debido a que «la vida humana en Haití parece haber perdido su valor sagrado».
«Los ciudadanos, atrapados entre la impotencia de las autoridades y la agresividad de los grupos armados, viven en un estado de sitio permanente», señaló.
También, la organización humanitaria apuntó que los resultados operativos de la Policía Nacional de Haití (PNH) «siguen siendo vagos y muy insuficientes ante la magnitud del desastre».
«Esta incapacidad para frenar los secuestros crea una sensación de abandono total, en la que el Estado parece espectador del sufrimiento de sus propios ciudadanos, entregados a merced de depredadores sin escrúpulos», indicó.
Exige tomar medidas
De acuerdo con la ONG, la magnitud de estos hechos exige una «toma de conciencia inmediata e inequívoca» por parte de los actores nacionales e internacionales.
Según ella, la situación exige una solidaridad activa y una intervención diplomática que vaya «más allá de las simples promesas de apoyo».
También, «es imperativo» que los socios de Haití reconozcan la actual emergencia humanitaria y de seguridad «como una prioridad absoluta, ya que cada día de retraso en la asistencia técnica y estratégica se traduce en nuevas pérdidas de vidas humanas», afirmó la Ordedh.
«La supervivencia de la nación depende de la capacidad de los actores nacionales e internacionales para restablecer, con carácter urgente, la autoridad de la ley y el respeto por la vida» dijo la ONG.
Haití vive una crisis política y social severa, y según la oficina de las Naciones Unidas en el país casi 6,000 personas murieron y otras 2,708 resultaron heridas en Haití en 2025 a causa de la violencia de las bandas y las operaciones de las fuerzas de seguridad para combatirlas.
BRASILIA.- Al menos quince personas han muerto y varias más han resultado heridas después de que el autobús en el que viajaban volcara a su paso por la localidad de São José da Tapera, en el oeste del estado de Alagoas, en el este de Brasil.
Entre los fallecidos hay tres menores de edad. El autobús transportaba a un total de 60 personas, quienes regresaban de una celebración católica en la localidad de Juazeiro do Norte, en el estado vecino de Ceará, informa el portal G1.
El gobernador de Alagoas, Paulo Dantas, ha lamentado informado de lo ocurrido en redes sociales, desde donde ha expresado su solidaridad para con las víctimas. «Ante esta tragedia que entristece a todo nuestro estado, he decretado luto oficial de tres días», ha anunciado.
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