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Iniciarán plan de construcción y subsidio viviendas
El programa se realizará a través de una alianza público-privada con el objetivo de reducir el déficit habitacional
El Gobierno se propone implementar el próximo año un amplio programa de construcción de viviendas a los fines de que personas de escasos recursos puedan tener acceso a un techo digno, con un esfuerzo financiero mínimo.El Instituto Nacional de Vivienda (Invi) estará a cargo de la implementación del Plan Mivivienda. Según informó el director ejecutivo de la entidad, Carlos Bonilla, el programa se realizará a través de una alianza público-privada. Indicó que la construcción de estas unidades habitacionales iniciará en las ciudades con mayor dinamismo y demanda de este tipo de soluciones. En palabras del funcionario, se trata de un proyecto revolucionario e innovador con una atractiva modalidad de pago. “Este plan de viviendas nuevas subsidiadas es para personas que quieran adquirir su vivienda. Van a pagar un mínimo, el monto está en discusión, pero ronda los siete mil pesos mensuales. Van a tener sus viviendas con su título”, afirmó. El ingeniero dijo que con esta iniciativa se busca llegar a una parte del mercado al que el sector privado no puede llegar por sí solo. “Por eso el Estado busca subsidiar una parte para que gente que nunca antes pudo tener una vivienda, por el costo, ahora pueda hacerlo”, expresó. El plan será anunciado próximamente, con todos sus detalles, por el presidente Luis Abinader.
El titular del Invi informó que la inversión general destinada a la construcción de soluciones habitacionales es de aproximadamente RD$5 mil millones. Destacó que el presupuesto del 2021 para el renglón edificaciones y viviendas ronda los RD$12 mil millones. Bonilla, ingeniero civil con experiencia en el campo de la construcción, consideró que con la implementación de la Ley No. 189-11 sobre el Desarrollo del Mercado Hipotecario y el Fideicomiso, no se ha logrado reducir el déficit habitacional, que de acuerdo con sus declaraciones, actualmente ronda las 900 mil viviendas.
“La mayor parte de la población que requiere una vivienda no puede comprarla, porque el precio mínimo está muy alto. Eso es lo que el Presidente quiere atacar con estos nuevos planes”, dijo.
Informó que beneficios como el Bono de Vivienda continuarán junto a otros programas que implementará este gobierno. El titular del Invi sostuvo que el foco de su gestión apunta a reducir el déficit habitacional histórico en el país.
“El Presidente quiere cumplir el sueño de las personas que aspiran a tener su vivienda propia”, expresó.
10 mil viviendas al año
De acuerdo con el funcionario, a partir del 2022 la meta será construir unas 10 mil viviendas al año, ya que para el próximo año no será posible alcanzar este número, debido a la difícil situación económica que atraviesa el país a raíz de la pandemia causada por el Covid-19.
“Si las cosas van como esperamos, con los ajustes que está realizando el Gobierno, entendemos que será posible a partir del segundo año de gobierno hacer esto realidad”, sostuvo.
Dinamismo de economía local
El director del Invi resaltó que el proyecto Dominicana se Reconstruye, que consiste en el mejoramiento de unas 30 mil viviendas de la población más vulnerable, está alineado a la visión de gobierno del presidente Luis Abinader.
Indicó que aparte de mejorar el déficit cualitativo de viviendas, con esta iniciativa se busca la reactivación económica de las zonas. Este plan, que tiene como objetivo ejecutarse en los primeros 100 días del gobierno, tendrá una inversión directa de más de RD$1,900 millones. Generará unos 6,800 empleos directos y más de $600 millones de pesos en salarios. “Esto imprime un dinamismo en las economías locales, ya que la construcción demanda mucha mano de obra. Se contratará gente de las localidades y eso reactiva la economía de una manera rápida”, puntualizó. “Es muy gratificante para nosotros desarrollar este plan que tiene como objetivo principal aumentar la oferta de viviendas dignas a quienes más las necesitan”, agregó. El proyecto, que había sido suspendido temporalmente, fue reanudado tras aplicar las recomendaciones de la Dirección General de Contrataciones Públicas referentes a eliminar el requisito de certificación correspondientes a promedios de 25, 000.000.00 y 7, 000.000.00 para los lotes dirigidos a mipymes, “Eliminamos algunos requerimientos, para que más empresas participen”, dijo.
Obras de OISOE pasarán al nuevo ministerio
En su condición de director interino de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE) Bonilla informó que el proceso de disolución de este organismo está en marcha. En la actualidad, se audita el estado de las obras, que estaban a cargo de dicha entidad. Aseguró que el próximo año se pasará todas las obras activas a lo que será el nuevo Ministerio de Vivienda, cuyo proyecto de creación será introducido ante el Congreso Nacional próximamente. Explicó que la institución está inmersa en la terminación y remozamiento de unos 15 hospitales. Respecto a la situación de los empleados de la OISOE, aseguró que mucho de estos serán incorporados en el Invi y en otras instituciones.
elcaribe.com.do
Santo Domingo. – A partir del primero de agosto la Junta Central Electoral (JCE) tendrá nuevos horarios de atención en los Centros de Cedulación de Servicio Extendido (anteriormente denominados Centros de Servicios Continuos).
El Pleno de la JCE dispuso que los centros de servicio extendido ofrecerán atención a la ciudadanía de lunes a domingo, en horario de 8:00 de la mañana a 12:00 de la medianoche.
La medida aplicará a los centros ubicados en Barahona, Herrera, Distrito Nacional, La Romana, La Vega, Las Américas, San Cristóbal, San Francisco de Macorís, San Pedro de Macorís y Santiago.
En ese sentido, la JCE precisó que los ciudadanos con citas programadas en el horario de la madrugada (de 12:00 a. m. a 07:00 a. m.), podrán presentarse en cualquiera de los centros de cedulación, según el horario de servicio correspondiente, sin importar el mes de cumpleaños.
Santo Domingo.- Una accion directa de inconstitucionalidad sometió el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) ante el Tribunal Constitucional una contra el artículo 310 del recién modificado Código Penal.
El recurso fue encabezado por Trajano Potentini, presidente del gremio, quien considera que su contenido entra en contradicción con garantías esenciales del orden constitucional, particularmente el derecho de defensa, el debido proceso y la dignidad del ejercicio profesional del derecho.
Potentini acudió a la sede de la jurisdicción constitucional acompañado de miembros de la directiva del gremio, presidentes de seccionales y de expresidentes del Colegio de Abogados, en una manifestación institucional con la que la organización procura defender no solamente las prerrogativas de los profesionales del derecho, sino también las garantías que asisten a toda persona que requiere representación y asistencia jurídica efectiva.
El presidente del CARD explicó que la acción constitucional tiene como propósito que el Tribunal Constitucional examine la compatibilidad del artículo impugnado con los principios, derechos y garantías consagrados por la Constitución dominicana, especialmente aquellos vinculados al libre y pleno ejercicio del derecho de defensa.
Dijo que cualquier regulación penal que pueda incidir sobre la actuación profesional de los abogados debe ser examinada con especial rigor constitucional, debido a que el abogado constituye una pieza esencial para hacer efectivo el acceso a la justicia.
Sostuvo que la defensa técnica no puede ser concebida como una concesión del Estado ni como una función secundaria dentro del sistema de justicia. Por el contrario, representa una garantía indispensable para que los ciudadanos puedan ejercer adecuadamente sus derechos frente a una investigación, acusación o proceso judicial.
En ese contexto, el CARD considera necesario preservar un marco normativo que permita a los abogados ejercer sus funciones con independencia, seguridad jurídica y respeto a la naturaleza de su profesión.
Señaló que la controversia planteada trasciende los intereses particulares de los abogados. Según Potentini, cuando se afecta la independencia o la dignidad de quienes ejercen la defensa técnica también pueden verse comprometidos los derechos de los ciudadanos representados por esos profesionales.
Potentini destacó que la Constitución reconoce el debido proceso y el derecho de defensa como garantías fundamentales que deben observarse en toda actuación judicial y administrativa. En consecuencia, afirmó que las normas deben interpretarse de manera compatible con esos postulados.
La acción solicita la intervención del Tribunal Constitucional en su condición de órgano encargado de garantizar la supremacía de la Constitución y la protección de los derechos fundamentales. Corresponderá a esa alta corte examinar los argumentos y determinar la conformidad o no de la disposición cuestionada con la Carta Sustantiva.
El CARD informó que dará seguimiento al curso procesal de la acción y reiteró su confianza en que el debate jurídico permitirá delimitar adecuadamente el alcance de la disposición impugnada conforme a los principios del Estado social y democrático de derecho.
Santo Domingo, R.D.-En franca violacion del mandato constitucional del plazo de 48 horas para someter ante un juez competente a una persona detenida se produce con casos que tienen que sufrir que se tiempo de extienda por didas, semanas e incluso en meses, segun denuncia de muchos afectados.
Y cuando finalmente un tribunal ordena la libertad, salir del destacamento tampoco ocurre de inmediato.
La situación ha quedado evidenciada con los 13 ciudadanos que permanecen más de 30 días detenidos en los destacamentos del Ensanche Felicidad y Vietnam, en Santo Domingo Este, sin haber sido sometidos al control de un juez y sin que existiera registro de un proceso penal en su contra.
Aunque un tribunal acogió el hábeas corpus presentado por la Oficina Nacional de Defensa Pública (ONDP) y ordenó su libertad inmediata, varios días después la decisión aún se encuentra en proceso de ejecución.
La decisión legal de la liberación de los 13 detenidos ocurrió después de que una inspección de la Defensa Pública encontrara a 16 personas privadas de libertad en los destacamentos de Felicidad y Vietnam. Trece llevaban más de un mes detenidas sin haber comparecido ante un juez.
Durante la audiencia, el Ministerio Público informó al tribunal que no encontró solicitudes de medidas de coerción ni actuaciones procesales relacionadas con esas personas.
Según relataron, los agentes explicaron que el retraso obedecía a la falta de vehículos para trasladarlo hasta la fiscalía.
Sin embargo, cuando consultaron el sistema del Poder Judicial, descubrieron que tampoco existía una solicitud de medida de coerción depositada y ante esa situación, interpusieron un nuevo hábeas corpus.
Para la Defensa Pública, la ausencia de transporte se ha convertido en una de las explicaciones más frecuentes para justificar los retrasos.
«No había sucedido antes con esta magnitud. Ahora uno de los argumentos recurrentes es que no hay vehículos para trasladar a los detenidos», explicó Figuereo.
La defensora sostuvo que esa situación no solo afecta a quienes esperan ser presentados ante un juez por primera vez, sino también las audiencias de medidas de coerción.
«Si hay 65 audiencias fijadas, 45 o 50 terminan aplazándose por falta de traslado«, aseguró.
El hábeas corpus tampoco acelera siempre la libertad.
Las defensoras afirman que incluso cuando presentan acciones constitucionales para recuperar la libertad de un detenido, el proceso suele enfrentar nuevos obstáculos.
Según Figuereo, en algunos casos el Ministerio Público solicita aplazamientos de las audiencias de hábeas corpus para ganar tiempo.
«La táctica dilatoria que está haciendo el Ministerio Público es pedir aplazamiento para depositar la solicitud de medida de coerción. Cuando vuelve la audiencia, aparece el vehículo, trasladan al imputado y conocen la medida», afirmó.
El artículo 40 de la Constitución dispone que toda persona detenida debe ser presentada ante un juez dentro de las 48 horas siguientes a su arresto.
El artículo 71 reconoce el hábeas corpus como el mecanismo para restablecer ese derecho cuando la privación de libertad es ilegal o irrazonable.
Sin embargo, para la Defensa Pública, las visitas diarias a los destacamentos muestran una realidad distinta.
Las inspecciones no solo verifican el tiempo de detención. También revisan si los privados de libertad han recibido alimentos, agua, atención médica y si han sido objeto de maltratos.
«Mucha gente ni siquiera sabe por qué está detenida o que tiene derecho a ser presentada ante un juez en 48 horas«, señaló la defensora pública Dilenny Morel.
La historia de los 13 ciudadanos resume la paradoja que describen las defensoras. Entraron a los destacamentos sin que posteriormente se formalizara un proceso judicial.
Un tribunal ordenó su libertad. Pero la ejecución de esa decisión también requirió nuevos trámites, seguimiento de los abogados y espera.
Para la Defensa Pública, esa secuencia refleja un problema que trasciende un caso particular: en algunos destacamentos dominicanos no solo resulta fácil entrar; también puede ser muy difícil salir, incluso cuando un juez ya ordenó la libertad.