De izquierda a derecha, Fabio Cabral, subdirector de Listín Diario; Julissa Cruz, directora ejecutiva de Indotel; Manuel Corripio, presidente de Editora Listín Diario; Nelson Arroyo, Presidente Presidente Indotel; Miguel Franjul, director de Listín Diario, y Ramón Pérez Reyes, periodista. /VÍCTOR RAMÍREZ
Santo Domingo, RD.-La emisión del decreto 539-20 emitido por el Presidente de la República, Luis Abinader, el pasado 7 de octubre, le ha puesto grandes retos al Instituto Dominicano de la Telecomunicaciones (Indotel), que tendrá a su cargo dirigir la transformación digital en el país.
A esa conclusión llegaron el presidente y la directora ejecutiva del Intotel, Nelson Arroyo y Julissa Cruz, respectivamente, durante su participación ayer en el desayuno que organiza LISTÍN DIARIO.
Arroyo se adelantó para recordar que la referida disposición “declara de alto interés nacional el derecho esencial de acceso universal al internet de banda ancha de última generación y el uso productivo de las tecnologías de información y comunicación (TIC)”.
“Ese decreto es poderoso. Producto del mismo se desprende una serie de acciones y políticas públicas que van a revolucionar el sector de las telecomunicaciones en el país”, agregó Cruz.
Según los funcionarios este decreto impactará en la vida de todos los dominicanos.
Explicaron que el principal reto de esta administración es traer los servicios del 5G, que estará a cargo de las empresas prestadoras de servicios telefónicos.
Agregaron que al Estado le corresponderá generar un ambiente facilitador a fin de que hagan las inversiones necesarias para la implantación del 5G en un corto plazo
Los UHFs
“En estos momentos estamos inmersos en la verificación de una serie de canales que ocupaban la banda de los 700, que es la que tiene mejor cobertura para el funcionamiento del 5G”, explicó el presidente del Indotel.
Arroyo, quien fue designado en el cargo en el mes de agosto pasado, reveló que se han reunido con los propietarios de ese canales para armonizar la medida.
Anunció que el próximo mes de enero se producirá la licitación para la instalación del sistema, tras aclarar que se permitirá a todas las prestadoras participar en el proceso.
No sin antes recordar que las frecuencias son propiedad del Estado dominicano, y lo que se hace es un arrendamiento a particulares.
“El 5G va a significar una transformación de la vida. Es como se dice, el internet de las cosas”, dijo el exdiputado por San Pedro de Macorís.
Al insistir que será una gran revolución, Arroyo explicó que este sistema permite que hasta 50 personas puedan conectarse a un mismo servicio.
Explicó que en estos momentos el Indotel trabaja en la formulación del proceso, para lo cual espera contar con la asesoría internacional
La TV de digital
El presidente del indotel anunció también que el próximo mes será convocada la mesa técnica para escuchar a los dueños de canales que serán impactados con la televisión digital. Dijo que el Indotel dará todo el apoyo a los distintos sectores para que se vayan preparando para la entrada en vigor de la televisión digital.
Servicios al usuario
Tomando en consideración las múltiples denuncias, quejas y reclamaciones por problemas de facturación y calidad en la telefonía fija, celular y el internet que presentan los usuarios, el Indotel aspira a que en el futuro próximo esa cifra se reduzca a una cantidad ínfima. Además iniciará en el mes de enero una licitacitación para la compra de los equipos Drive Test, o sea, el sistema para medir si el servicio de internet que se oferta es el mismo que se sirve.
Esto a propósito de que la República Dominicana registró a junio de este año 8,059,245 cuentas de internet .
“En tanto eso llega nosotros vamos a sancionar a quien haya que sancionar para mejorar la calidad de los servicios”, advierte Arroyo.
“Nosotros no contábamos con los equipos para medir la calidad del internet y con los ahorros que ha tenido esta administración del presidente Arroyo, nos ha permitido llamar a una licitación para poder adquirir los equipos”, intervino Julissa Cruz.
Agregó que esto les permitirá dar un seguimiento y fiscalizar la calidad de los servicios, que es la principal queja de los usuarios.
El indotel anunció que para enero del próximo año también entrará en vigor la norma que regula la contratación y activación de los servicios públicos de telecomunicaciones.
Esta norma, que iniciaría el día 9 de este mes de noviembre, pero que fue pospuesta a solicitud de las prestadoras, obligará a hacer un registro con fotografía y huellas dactilares a todo aquel que contrate un servicio de telecomunicaciones.
DATOS
Indotel informó que el servicio de acceso a Internet creció en 0.78% en el mes de junio y aumentó 11.61% con relación a junio del 2019.
Igualmente reportó que “el servicio de telefonía exhibe un total de 9, 838,153 líneas, mostrando una caída de 0.57% comparado con el mes de mayo 2020, producido principalmente por la reducción de 48,827 líneas de telefonía móvil (-0.56%) y el decrecimiento de 0.63% de la telefonía fija”.
Santo Domingo. – A partir del primero de agosto la Junta Central Electoral (JCE) tendrá nuevos horarios de atención en los Centros de Cedulación de Servicio Extendido (anteriormente denominados Centros de Servicios Continuos).
El Pleno de la JCE dispuso que los centros de servicio extendido ofrecerán atención a la ciudadanía de lunes a domingo, en horario de 8:00 de la mañana a 12:00 de la medianoche.
La medida aplicará a los centros ubicados en Barahona, Herrera, Distrito Nacional, La Romana, La Vega, Las Américas, San Cristóbal, San Francisco de Macorís, San Pedro de Macorís y Santiago.
La institución indicó que esta disposición tiene como objetivo garantizar una mayor cobertura, fortalecer la continuidad de los servicios y facilitar el acceso de la ciudadanía a los procesos de cedulación.
En ese sentido, la JCE precisó que los ciudadanos con citas programadas en el horario de la madrugada (de 12:00 a. m. a 07:00 a. m.), podrán presentarse en cualquiera de los centros de cedulación, según el horario de servicio correspondiente, sin importar el mes de cumpleaños.
Santo Domingo.- Una accion directa de inconstitucionalidad sometió el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) ante el Tribunal Constitucional una contra el artículo 310 del recién modificado Código Penal.
El recurso fue encabezado por Trajano Potentini, presidente del gremio, quien considera que su contenido entra en contradicción con garantías esenciales del orden constitucional, particularmente el derecho de defensa, el debido proceso y la dignidad del ejercicio profesional del derecho.
Potentini acudió a la sede de la jurisdicción constitucional acompañado de miembros de la directiva del gremio, presidentes de seccionales y de expresidentes del Colegio de Abogados, en una manifestación institucional con la que la organización procura defender no solamente las prerrogativas de los profesionales del derecho, sino también las garantías que asisten a toda persona que requiere representación y asistencia jurídica efectiva.
El presidente del CARD explicó que la acción constitucional tiene como propósito que el Tribunal Constitucional examine la compatibilidad del artículo impugnado con los principios, derechos y garantías consagrados por la Constitución dominicana, especialmente aquellos vinculados al libre y pleno ejercicio del derecho de defensa.
Dijo que cualquier regulación penal que pueda incidir sobre la actuación profesional de los abogados debe ser examinada con especial rigor constitucional, debido a que el abogado constituye una pieza esencial para hacer efectivo el acceso a la justicia.
Sostuvo que la defensa técnica no puede ser concebida como una concesión del Estado ni como una función secundaria dentro del sistema de justicia. Por el contrario, representa una garantía indispensable para que los ciudadanos puedan ejercer adecuadamente sus derechos frente a una investigación, acusación o proceso judicial.
En ese contexto, el CARD considera necesario preservar un marco normativo que permita a los abogados ejercer sus funciones con independencia, seguridad jurídica y respeto a la naturaleza de su profesión.
Señaló que la controversia planteada trasciende los intereses particulares de los abogados. Según Potentini, cuando se afecta la independencia o la dignidad de quienes ejercen la defensa técnica también pueden verse comprometidos los derechos de los ciudadanos representados por esos profesionales.
Potentini destacó que la Constitución reconoce el debido proceso y el derecho de defensa como garantías fundamentales que deben observarse en toda actuación judicial y administrativa. En consecuencia, afirmó que las normas deben interpretarse de manera compatible con esos postulados.
La acción solicita la intervención del Tribunal Constitucional en su condición de órgano encargado de garantizar la supremacía de la Constitución y la protección de los derechos fundamentales. Corresponderá a esa alta corte examinar los argumentos y determinar la conformidad o no de la disposición cuestionada con la Carta Sustantiva.
El CARD informó que dará seguimiento al curso procesal de la acción y reiteró su confianza en que el debate jurídico permitirá delimitar adecuadamente el alcance de la disposición impugnada conforme a los principios del Estado social y democrático de derecho.
Santo Domingo, R.D.-En franca violacion del mandato constitucional del plazo de 48 horas para someter ante un juez competente a una persona detenida se produce con casos que tienen que sufrir que se tiempo de extienda por didas, semanas e incluso en meses, segun denuncia de muchos afectados.
Y cuando finalmente un tribunal ordena la libertad, salir del destacamento tampoco ocurre de inmediato.
La situación ha quedado evidenciada con los 13 ciudadanos que permanecen más de 30 días detenidos en los destacamentos del Ensanche Felicidad y Vietnam, en Santo Domingo Este, sin haber sido sometidos al control de un juez y sin que existiera registro de un proceso penal en su contra.
Aunque un tribunal acogió el hábeas corpus presentado por la Oficina Nacional de Defensa Pública (ONDP) y ordenó su libertad inmediata, varios días después la decisión aún se encuentra en proceso de ejecución.
Las licenciadas Edilenny Morel y Yuleidy Figuereo, abogadas de la Oficina Nacional de la Defensa Publica, actuando en representación de los 13 detenidos.
La decisión legal de la liberación de los 13 detenidos ocurrió después de que una inspección de la Defensa Pública encontrara a 16 personas privadas de libertad en los destacamentos de Felicidad y Vietnam. Trece llevaban más de un mes detenidas sin haber comparecido ante un juez.
Durante la audiencia, el Ministerio Público informó al tribunal que no encontró solicitudes de medidas de coerción ni actuaciones procesales relacionadas con esas personas.
El tribunal ordenó la libertad de los 13 ciudadanos, pero el caso no fue el último. Días después, durante una nueva inspección en el destacamento de El Tamarindo, en Santo Domingo Este, las defensoras públicas encontraron a otro hombre que llevaba casi 12 días privado de libertad sin haber sido presentado ante un juez, en circunstancias similares a las detectadas previamente en los destacamentos del Ensanche Felicidad y Vietnam.
Según relataron, los agentes explicaron que el retraso obedecía a la falta de vehículos para trasladarlo hasta la fiscalía.
Sin embargo, cuando consultaron el sistema del Poder Judicial, descubrieron que tampoco existía una solicitud de medida de coerción depositada y ante esa situación, interpusieron un nuevo hábeas corpus.
Para la Defensa Pública, la ausencia de transporte se ha convertido en una de las explicaciones más frecuentes para justificar los retrasos.
«No había sucedido antes con esta magnitud. Ahora uno de los argumentos recurrentes es que no hay vehículos para trasladar a los detenidos», explicó Figuereo.
La defensora sostuvo que esa situación no solo afecta a quienes esperan ser presentados ante un juez por primera vez, sino también las audiencias de medidas de coerción.
«Si hay 65 audiencias fijadas, 45 o 50 terminan aplazándose por falta de traslado«, aseguró.
El hábeas corpus tampoco acelera siempre la libertad.
Las defensoras afirman que incluso cuando presentan acciones constitucionales para recuperar la libertad de un detenido, el proceso suele enfrentar nuevos obstáculos.
Según Figuereo, en algunos casos el Ministerio Público solicita aplazamientos de las audiencias de hábeas corpus para ganar tiempo.
«La táctica dilatoria que está haciendo el Ministerio Público es pedir aplazamiento para depositar la solicitud de medida de coerción. Cuando vuelve la audiencia, aparece el vehículo, trasladan al imputado y conocen la medida», afirmó.
El artículo 40 de la Constitución dispone que toda persona detenida debe ser presentada ante un juez dentro de las 48 horas siguientes a su arresto.
El artículo 71 reconoce el hábeas corpus como el mecanismo para restablecer ese derecho cuando la privación de libertad es ilegal o irrazonable.
Sin embargo, para la Defensa Pública, las visitas diarias a los destacamentos muestran una realidad distinta.
Las inspecciones no solo verifican el tiempo de detención. También revisan si los privados de libertad han recibido alimentos, agua, atención médica y si han sido objeto de maltratos.
«Mucha gente ni siquiera sabe por qué está detenida o que tiene derecho a ser presentada ante un juez en 48 horas«, señaló la defensora pública Dilenny Morel.
La historia de los 13 ciudadanos resume la paradoja que describen las defensoras. Entraron a los destacamentos sin que posteriormente se formalizara un proceso judicial.
Un tribunal ordenó su libertad. Pero la ejecución de esa decisión también requirió nuevos trámites, seguimiento de los abogados y espera.
Para la Defensa Pública, esa secuencia refleja un problema que trasciende un caso particular: en algunos destacamentos dominicanos no solo resulta fácil entrar; también puede ser muy difícil salir, incluso cuando un juez ya ordenó la libertad.
Santo Domingo. – A partir del primero de agosto la Junta Central Electoral (JCE) tendrá nuevos horarios de atención en los Centros de Cedulación de Servicio Extendido (anteriormente denominados Centros de Servicios Continuos).
Santo Domingo.- Una accion directa de inconstitucionalidad sometió el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) ante el Tribunal Constitucional una contra el artículo 310 del recién modificado Código Penal.
Santo Domingo, R.D.-En franca violacion del mandato constitucional del plazo de 48 horas para someter ante un juez competente a una persona detenida se produce con casos que tienen que sufrir que se tiempo de extienda por didas, semanas e incluso en meses, segun denuncia de muchos afectados.