Editorial
Una mala Imagen que Necesita de un Gran Esfuerzo para Superarla
El triunfo de Joe Bade en el estado de Pensilvania ha terminado con la llamara era Trump, porque este mandatario no sólo ha perdido su carrera hacia la reelección, sino que no puede volver a presentarse a ningún cargo público en los Estados Unidos.
Eran innumerables los temores sobre cuatro años más de un hombre que en realidad más que ser el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, debía ser procesado por los tribunales de la ley de la nación más poderosa del mundo.
Trump ha hecho daños muy profundos a los norteamericanos, no sólo por los tantos casos en los que comprometió su responsabilidad civil y penal, como la evasión de impuestos, las acusaciones muy bien fundamentadas sobre violaciones sexuales, su vinculación a los fraudes fiscales, el manejo inadecuado de los fondos de la fundación que opera y de la creación y matriculación de estudiantes en una universidad falsa, sino también por su torpeza para entender la regla del juego de una sociedad de grandes intereses políticos y económicos.
Lo único que ha impedido que Donald Trump haya sido procesado por estos delitos comunes, sin incluir el caso de la intervención rusa en el proceso electoral del 2016, que más bien se trata de un asunto político, así como por la presión a que sometió al gobierno de Ucrania para que iniciara acciones legales en contra del ahora presidente electo de la mayor potencia mundial, ha sido su inmunidad por su condición de presidente de la República.
Es decir, que hay mucha tela por donde cortar, porque también se agrega la denuncia falsa de Trump de que hubo fraude en su contra en las pasadas elecciones, de la cual no tiene ninguna prueba que la avale.
Todo esto no sólo se trata de un comportamiento de un hombre con una gran vocación para actuar al margen del ordenamiento jurídico de los Estados Unidos, sino que además él parece estar interesado en hacerle un daño irreparable a un país que tiene más bondades que cuestiones por las se pueda satanizar en lo que respecta a su política interna.
Donald Trump ahora no cuenta con el poder que le daba facultad para lesionar la imagen y la historia de los Estados Unidos, cuyo comportamiento indicaba que su principal interés es destruir la democracia y la bien ganada reputación de una serie de instituciones, como el Buró Federal de Investigaciones, conocido en su sigla en inglés como (FBI), entre otras.
Fueron muchos y muy graves los ataques del presidente Trump a uno de los órganos de investigación de los Estados Unidos que tiene una reputación muy fuerte en todo el mundo, pero el jefe Estado hizo esfuerzos incansables por destruir su imagen sobre la base del capricho y de su proceder impensado e irracional.
La sociedad norteamericana debe procurar que Donald Trump pague por todos los daños causados y que ahora que no goza de inmunidad sea profundamente investigado y juzgado por todo aquello que esté avalado con las pruebas suficientes.
No hacerlo así sienta un peligroso precedente en contra de una nación que se la pasa articulando expedientes en contra de todo aquel que comete delitos comunes y políticos para imponer la fuerza de sus armas y de de su ordenamiento jurídico.
La derrota de las aspiraciones de Trump no sólo representa una posibilidad de recomponer muchos de los problemas dejados por un bárbaro de la política, sino también de enviar la señal correcta de que Donald Trump ni ningún individuo está por encima de la institucionalidad y de los intereses de un país donde se considera que la racionalidad y la cosa bien hecha rigen su vida nacional.
La promoción de la vía de hecho por la ineficacia de la justicia nacional, son muy pocos los quieren verla, unos por su baja formación y su pensamiento no profundo y otros porque son parte del mal.
Pero lo cierto es que el fenómeno constituye un problema de una magnitud insospechada y de una peligrosidad que amenaza las propias entrañas de la fallida democracia nacional.
El asunto no parece tener una solución fácil en razón de que tiene un componente profundamente político y cultural.
Los debilidad y la vocación de violar la ley suprema y las adjetivas de la noción puede echarlo todo a perder, sobre todo porque no se trata de un mal a nivel de una sola instancia publica, sino de todo el tejido social e institucional.
El nivel de la problemática del sistema de justicia nacional se podría convertir en una falta que también comprometa la responsabilidad civil y penal del Estado porque se trata de la violación de derechos humanos fundamentales protegidos por el derecho internacional,
Son múltiples y variadas las violaciones de los derechos fundamentales en que incurren los tribunales nacionales a través del no respeto de los plazos razonables y en consecuencia de la tutela judicial efectiva, el debido proceso y el derecho a la defensa.
Otros principios constitucionales violados por los actores del sistema de justicia son el de celeridad, economía procesal y el de analogía, así como el del juez natural y el de estatuir ante pruebas aportadas por las partes,
En realidad se trata de un asunto de una dimensión inmedible, cuya solución no parece tan simple y sencilla.
Ahora mismo puede decirse con toda seguridad que la ineficacia y contaminación politiquera del sistema de justicia produce en la nación un efecto que lo daña todo, absolutamente todo.
Es un verdadero cáncer que impacta todo el cuerpo social de la Republica Dominicana
La educación superior dominicana, que como bien se establece en el reportaje que aparece en la sección “De Portada” de este diario, implica un problema que debe motivar profundas reflexiones para que el país se avoque a pasar de la deficiencia a la calidad de la enseñanza universitaria.
Pero este es un asunto que sólo puede solucionarlo el Estado, el cual no está en capacidad de dar los pasos para que al cabo de algunos años el cuadro pueda dar un giro positivo.
La tendencia entre los dominicanos es sólo ver lo que está frente a ellos, sobre todo en materia de educación universitaria, pero no hay forma de llevar su mirada crítica a lo que requiere de un esfuerzo más profundo y exhaustivo.
El gran problema de la educación superior del país es que no sólo la situación depende de la negligencia y la deficiencia del Estado, sino que además que no se cuenta con una cultura para crear un cuerpo profesoral preparado para impartir docencia a nivel universitario, aunque, naturalmente, una cosa depende de la otra.
De manera, que los resultados no pueden ser peores, cuyos egresados, penosamente, terminan su carrera con una formación tan precaria que en la práctica son analfabetos funcionales.
Lo peligroso del fenómeno es que la sociedad está frente a médicos que puedan matar al paciente, ingeniero civil que construya una obra que puede caerle en la cabeza en cualquier momento a sus propietarios y un abogado que no puede asesorar idóneamente a su clientes y en consecuencia poner en peligro, por su poca formación, la tutela judicial efectivo, el debido proceso y el derecho a la defensa.
De manera, que el asunto no es como se puede ver a simple vista, sino que se trata de una deficiencia que aparte de hablar muy mal de toda la sociedad, amenaza la seguridad nacional, todo como resultado de un problema integral que impacta a todo el Estado.
Lo grave del problema es que no se ven soluciones fáciles en el camino, porque además la explicación de una educación superior fundamentada más en el negocio vulgar que en un plan nacional para lograr los índices de desarrollo del mundo competitivo de hoy, es parte de una cultura nacional y de un neoliberalismo salvaje que se lleva de paso todo lo bueno.
La realidad es que no es posible poner en orden las universidades nacionales, ya que en el país todo está contaminado con la politiquería, de arriba hacia abajo y lo contrario, de abajo hacia arriba.
Se impone entonces la siguiente pregunta: ¿Quién nos sacará del tremendo tollo de la educación superior nacional, aunque la respuesta más realista es que no hay una respuesta convincente y que satisfaga.
No son pocos los conflictos originados en sindicatos, clubes culturales y deportivos, cooperativas de ahorros y préstamos y los propios partidos políticos, que son asaltados por grupos de personas que los usan con fines muy particulares.
Puede decirse que se trata de un cáncer que resulta complicado erradicar, con el agravante que esa mala práctica es reproducida cuando personas con la misma filosofía de vida llegan a la administración pública, lo que explica la gran cantidad de casos de sustracciñn de fondos del patrimonio público.
Realmente el país está copado por los que piensan que deben llegar a este tipo de instituciones, las cuales no tienen fines de lucro, para manipular sus recursos y creerse incluso que es algo que legítimamente les pertenece.
Un ejemplo muy elocuente al respecto son los partidos políticos, los cuales son manejados como empresas privadas y propiedad de particulares, pese a que en realidad se trata de una figura que está legalmente regulada y que no puede ser jamás un patrimonio personal.
Pero el mismo problema es encontrado por doquier, cuyos propiciadores de este tipo de conducta sumergen a la sociedad en un gran dolor de cabeza.
El asunto ahora se puede ver con lo que ocurre en el Patronato Cibao contra el Cáncer, cuya institución juega un papel de primer orden para combatir una enfermedad tan severa y mortal como esa.
El problema del Oncológico del Cibao ha entrado ya a los tribunales competentes y sólo se espera un desenlace que tal vez no sea la panacea al problema, porque se van unos con un criterio equivocado en el manejo de este tipo de organizaciones, pero llegan otros que no difieren, absolutamente en nada, en la forma de ver el asunto.
Independiente de cual sea la decisión del tribunal que conoce el caso, debe admitirse que la sociedad dominicana está frente a una cuestión que lesiona lo más profundo de la sensibilidad humana, sobre todo porque no hay ningún tipo de arrepentimiento.
Hoy ha salido a la superficie el conflicto en el Patronato Cibao contra el Cáncer, pero la raíz del conflicto, con una explicacion profundamente cultural, es que una gran cantidad de instituciones sin fines de lucro hoy permanecen asaltados por grupos de «vividores» que ponen en tela de juicio las bases de la dominicanidad.