Editorial
Una mala Imagen que Necesita de un Gran Esfuerzo para Superarla
El triunfo de Joe Bade en el estado de Pensilvania ha terminado con la llamara era Trump, porque este mandatario no sólo ha perdido su carrera hacia la reelección, sino que no puede volver a presentarse a ningún cargo público en los Estados Unidos.
Eran innumerables los temores sobre cuatro años más de un hombre que en realidad más que ser el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, debía ser procesado por los tribunales de la ley de la nación más poderosa del mundo.
Trump ha hecho daños muy profundos a los norteamericanos, no sólo por los tantos casos en los que comprometió su responsabilidad civil y penal, como la evasión de impuestos, las acusaciones muy bien fundamentadas sobre violaciones sexuales, su vinculación a los fraudes fiscales, el manejo inadecuado de los fondos de la fundación que opera y de la creación y matriculación de estudiantes en una universidad falsa, sino también por su torpeza para entender la regla del juego de una sociedad de grandes intereses políticos y económicos.
Lo único que ha impedido que Donald Trump haya sido procesado por estos delitos comunes, sin incluir el caso de la intervención rusa en el proceso electoral del 2016, que más bien se trata de un asunto político, así como por la presión a que sometió al gobierno de Ucrania para que iniciara acciones legales en contra del ahora presidente electo de la mayor potencia mundial, ha sido su inmunidad por su condición de presidente de la República.
Es decir, que hay mucha tela por donde cortar, porque también se agrega la denuncia falsa de Trump de que hubo fraude en su contra en las pasadas elecciones, de la cual no tiene ninguna prueba que la avale.
Todo esto no sólo se trata de un comportamiento de un hombre con una gran vocación para actuar al margen del ordenamiento jurídico de los Estados Unidos, sino que además él parece estar interesado en hacerle un daño irreparable a un país que tiene más bondades que cuestiones por las se pueda satanizar en lo que respecta a su política interna.
Donald Trump ahora no cuenta con el poder que le daba facultad para lesionar la imagen y la historia de los Estados Unidos, cuyo comportamiento indicaba que su principal interés es destruir la democracia y la bien ganada reputación de una serie de instituciones, como el Buró Federal de Investigaciones, conocido en su sigla en inglés como (FBI), entre otras.
Fueron muchos y muy graves los ataques del presidente Trump a uno de los órganos de investigación de los Estados Unidos que tiene una reputación muy fuerte en todo el mundo, pero el jefe Estado hizo esfuerzos incansables por destruir su imagen sobre la base del capricho y de su proceder impensado e irracional.
La sociedad norteamericana debe procurar que Donald Trump pague por todos los daños causados y que ahora que no goza de inmunidad sea profundamente investigado y juzgado por todo aquello que esté avalado con las pruebas suficientes.
No hacerlo así sienta un peligroso precedente en contra de una nación que se la pasa articulando expedientes en contra de todo aquel que comete delitos comunes y políticos para imponer la fuerza de sus armas y de de su ordenamiento jurídico.
La derrota de las aspiraciones de Trump no sólo representa una posibilidad de recomponer muchos de los problemas dejados por un bárbaro de la política, sino también de enviar la señal correcta de que Donald Trump ni ningún individuo está por encima de la institucionalidad y de los intereses de un país donde se considera que la racionalidad y la cosa bien hecha rigen su vida nacional.
Nadie en la República Dominicana se atrevería a negar que los partidos políticos lo han contaminado todo, absolutamente todo.
Es un mal general que contrarrestarlo costará mucho esfuerzo y un periodo largo en el tiempo, pero que su impacto lo destruye todo en su camino.
Cada día surge una nueva prueba del daño que causan los partidos políticos a la democracia nacional y en consecuencia su descredito alcanza niveles insospechados en la sociedad.
Hace pocos días que hasta el otorgamiento y anulación de una visa hacia los Estados Unidos estaba determinada muchas veces por la contaminación proveniente de la partidocracia, ya que esa es una vía de desacreditar al contrario, cuya revelación vino de la actual embajadora de esa nación en el país.
Pero las cosas son peores de ahí, porque los partidos políticos aparte de ser responsables de la tragedia nacional que conlleva la corrupción administrativa que propician y promueven, también tienen una influencia decisiva en la escogencia de los jueces del sistema de justicia nacional.
Ahí está la explicación de tantas demandas que son declaradas inadmisibles por los tribunales nacionales, porque en realidad se trata de la vía más fácil para quitarse de encima un proceso que podría comprometer el empleo de los jueces.
De manera, que se impone despolitizar el Consejo Nacional de la Magistratura, el cual está dominado por la partidocracia, cuyos postulantes a jueces y aquellos que ya los son y que deben ser evaluados tienen que someterse para ser elegibles al tráfico de influencia y al modo operandi de los partidos políticos.
Por qué no cambiar la conformación del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) para que sus miembros provengan de las universidades pública y privadas, el Colegio Dominicano de Abogados, la Suprema Corte de Justicia y de jueces de carrera con largos años de ejercicio.
De no ser así, muy difícilmente podremos mejorar el Estado Social Democrático de Derecho como lo consigna la constitución de la República, porque la manipulación de la designación de los jueces, sobre todo para buscar impunidad, contamina y daña todo el sistema público del país y destruye la democracia.
Los dominicanos somos los mejores testigos del deterioro que sufre la confianza pública por las graves violaciones a la seguridad jurídica y el criterio con que se maneja la partidocracia.
Decir que el país tiene una buena imagen en el combate de la corrupción administrativa, es pretender tapar el sol con un dedo, porque los casos de este tipo generalmente quedan en la impunidad.
El problema tiene una envergadura que asusta, porque no hace muchos días que se repitió la historia de que primero cualquier aspirante presidencial tiene que verse involucrado en escandalosos actos de corrupción para que la misma tenga alguna legitimidad.
Esa historia lamentable acaba de repetirse con Gonzalo Castillo, quien fue absuelto de los cargos que pesaban en su contra por la comisión de no cualquier sustracción de dinero del patrimonio nacional.
Pero lo propio se repite constantemente, dado que el Ministerio Público sólo pretende buscar sanciones penales para los casos que tienen importancia mediática, ya que este órgano del Estado en la práctica no tiene ningún nivel de eficiencia, cuyo rol es fundamentalmente politiquero.
Es decir, que hablar de transparencia en la sociedad dominicana es una aspiración que todavía falta un largo camino por recorrer, dado que desde la propia Presidencia de la Republica se producen fuertes y preocupantes atentados a la seguridad jurídica, pese a que se quiere pregonar lo contrario.
Basta con revisar los desacatos que se producen al sistema de justicia constitucional, los cuales tienen como protagonistas a los órganos del Estado, pero preocupantemente al propio presidente de la República que viola la Constitución de la República cuando le viene en gana.
Transparencia Internacional antes de emitir su informe debió consultar los archivos del Tribunal Constitucional para que entonces emitiera una valoración más acorde con la realidad, lo cual conoce muy bien su dependencia nacional como lo es Participación Ciudadana.
Es una insensatez y una desproporción afirmar que el país está bien en transparencia pública y en el combate a la corrupción cuando todo el mundo sabe que la impunidad es un elemento con raíces culturales y que es promovida por los que tienen el control del Estado.
La falta de transparencia, la poca confianza pública y carencia del respeto a la poca seguridad jurídica que prevalece en el país son de las falencias a combatir para el logro de una mejor democracia.
Por qué nos meten gatos por liebres, aunque no hay que escudriñar mucho para encontrar la respuesta.
La República Dominicana atraviesa por un trance muy peligroso que tiene ver con que quien tiene que velar por el respeto del orden jurídico nacional es el primero que lo viola.
Son numerosos las veces que Luis Abinader incurre en el mismo problema, lo cual implica que o no tiene claras sus funciones y responsabilidades o sencillamente de que se está frente a un gobierno irresponsable.
El país lleva años montado en el mismo caballo, ya que los niveles de ignorancia y de improvisación del presidente Abinader dejan la sensación de que el orden legal es lo que menos importa.
La gravedad de este problema tiene un impacto en la comunidad internacional en razón de que las normas del derecho interno tienen una conexión determinante con aquellas provienen del derecho externo.
Este comportamiento del presidente Abinader no sólo compromete la responsabilidad civil y penal del Estado, sino que la imagen del país se deteriora que deja mucha incertidumbre y amenaza la seguridad jurídica y en consecuencia renglones de la economía nacional como el turismo.
De manera, que la conducta del presidente no sólo representa una amenaza en contra de la imagen del país, sino también atenta en contra del progreso económico y social.
El presidente debe detener en lo inmediato la violación de la jerarquía jurídica, cuyo lugar cimero ocupa la Constitución de la República, la cual es permanentemente violada por decretos emitidos por el jefe del Poder Ejecutivo.
Lo planteado en este editorial puede parecer una irreverencia en contra del presidente Luis Abinader, pero es que su comportamiento no es para menos.
En lo que respecta a este caso no queda otra expresión que se ajuste más al comportamiento indicado que aquel que dice que el presidente tiene más miedo que vergüenza, porque su proceder indica que le importa poco lo que la gente pueda pensar de él.
Es un caso tras otro.