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Iniciarán plan de ordenamiento para la inversión turística
Este instrumento busca organizar y mejorar la inversión en los diferentes polos turísticos de República Dominicana
De ser alcalde del Distrito Nacional, David Collado pasó a ser el ministro de Turismo de la República Dominicana y le tocó asumir en medio de una pandemia que ha diezmado el principal sector generador de divisas en el país.
Desde su óptica, este instrumento será la gran oportunidad de organizar y mejorar la inversión en los polos turísticos. “Hay veces que tenemos un hotel, pero no tenemos una planta de tratamiento, como sucedía en Las Terrenas, Samaná”, sostiene. Entiende que temas como el drenaje pluvial y la disposición final de los desechos sólidos debieron preverse y planificarse antes del desarrollo de localidades con vocación turística.
Explica que a través del Viceministerio de Destino, dirigido por Patricia Mejía, se trabaja de la mano con las alcaldías para la implementación de dicho plan, cuya elaboración ha sido solicitada por la Asociación Nacional de Hoteles y Restaurantes (Asonahores). “Recuperar el turismo es recuperar la economía del país. Sin lugar a dudas hemos asumido un gran reto. El turismo representa para la República Dominicana el 15 % del Producto Interno Bruto y 500 mil empleos de manera directa”, destaca Collado al pasar balance a las metas propuestas.
En esa dirección, dice que con el objetivo de incentivar el turismo se diseña un plan de trabajo en coordinación con el sector privado. Afirma que las inversiones no se han detenido pese a la difícil situación económica generada por la pandemia Covid-19.
Desde su punto de vista, “esta no es una crisis exclusivamente económica, también tiene rostro humano. 150 mil dominicanos podrían perder sus empleos si no recuperamos el turismo”, advierte. El plan de recuperación citado por el funcionario abarca todos los actores de la cadena de valor, entre ellos, emprendedores dueños de pequeños negocios, de bares, turoperadores, agencias de viaje, entre otros. Al referirse al turismo interno, lo califica como un éxito en el país, a pesar de la incredulidad de muchos empresarios que no apostaban a este mercado.
“Cuando le hablamos del turismo interno al sector privado, nos decían que este representa un 3 % en República Dominicana. No creían”, cuenta. En ese orden, resaltó los resultados del trabajo en conjunto con las agencias de viaje locales y las entidades bancarias a los fines de ofrecer facilidades de financiamiento para disfrutar de estadías en los complejos turísticos. “Este fin de semana todos los hoteles del país estaban totalmente llenos.
Podemos decir que se debió a que era un fin de semana largo, pero si revisamos todos los fines de semanas anteriores, todos los hoteles tenían una ocupación de un 60 % aproximadamente”, indica. Asimismo, asegura que el sector turismo cuenta con un riguroso protocolo acreditado por organismos internacionales para aeropuertos y hoteles, cuyo cumplimiento supervisa constantemente en visitas a los diferentes proyectos hoteleros, sin previo aviso. Abordado por Héctor Marte, jefe de Redacción de Apertura al respecto, dice que estas medidas han traído como resultado que el turismo creciera en octubre un 51 %, así como el aumento de los vuelos, “Líneas aéreas como Iberia, que tenían acuerdo con el Ministerio de Turismo de tres vuelos semanales y en diciembre llegar a un cuarto vuelo, tuvimos la notificación de que Iberia en noviembre aumentó a cinco vuelos y en las fechas de fiestas tradicionales tendrán hasta diez vuelos semanales”, sostuvo el también director ejecutivo del Gabinete de Turismo.
David Collado, acompañado de la viceministra de Destino, Patricia Mejía; el director ejecutivo de Asonahores; Andrés Marranzini;el director de elCaribe, Osvaldo Santana; y los ejecutivos Héctor Marte y Héctor Linares.
Proyecta tasa ocupación de 50 % para diciembre
El ministro de Turismo precisa que en octubre el país recibió 71 mil turistas.La mayoría eligió la zona este de la República Dominicana como destino. Ante la pregunta del director de elCaribe, Osvaldo Santana, sobre la meta a cumplir en el contexto de la pandemia, el funcionario dice que se planteó recibir de julio a diciembre del presente año unos 400 mil turistas, proyección que entiende es realizable.
“La idea es estar en diciembre con una tasa de ocupación entre un 40 a un 50 por ciento”, resaltó. Collado fue acompañado por Andrés Marranzini, vicepresidente ejecutivo de Asonahores, quien destacó la efectividad de los protocolos implementados, de los cuales dice han elevado el costo en las operaciones. Como representante del sector privado, proyecta llegar a un 50 % la ocupación de las habitaciones disponibles. “La relación laboral es de 1.2 empleados por cada habitación activa. Estamos tratando de llegar a cerca de un 65 % la empleomanía activada a final de año. Eso dependerá de los mercados que logremos aperturar”, dice.
Marca País no se puede detener por nada
En respuesta a la pregunta del subdirector del elCaribe, Héctor Linares, acerca de la controversia suscitada por el logo que representa a Marca País, explica que se trata de una estrategia que estuvo engavetada desde el 2004 por la falta de continuidad de los gobiernos. En ese sentido, informa que se hará un concurso con los estudiantes de término de las universidades para que el logo salga “de las entrañas de los dominicanos”. El proceso contará con el acompañamiento de publicistas reconocidos.
“Nosotros tenemos la humildad, pero también la valentía y el coraje de sacar este proyecto adelante. El presente Gobierno no ha gastado un centavo en Marca País, el lanzamiento, que ha sido uno de los mejores de toda la región, lo pagó el sector privado. Acciones como estas hay que defenderlas. No le podemos dar espacio al chantaje o situaciones que quieren obstaculizar que esto salga”, sostiene. Collado considera que la marca de un país está fundamentada en los pilares de la cultura, el emprendimiento, el deporte, el turismo, la inversión y sus exportaciones.
elcaribe.com.do
Santo Domingo. – A partir del primero de agosto la Junta Central Electoral (JCE) tendrá nuevos horarios de atención en los Centros de Cedulación de Servicio Extendido (anteriormente denominados Centros de Servicios Continuos).
El Pleno de la JCE dispuso que los centros de servicio extendido ofrecerán atención a la ciudadanía de lunes a domingo, en horario de 8:00 de la mañana a 12:00 de la medianoche.
La medida aplicará a los centros ubicados en Barahona, Herrera, Distrito Nacional, La Romana, La Vega, Las Américas, San Cristóbal, San Francisco de Macorís, San Pedro de Macorís y Santiago.
En ese sentido, la JCE precisó que los ciudadanos con citas programadas en el horario de la madrugada (de 12:00 a. m. a 07:00 a. m.), podrán presentarse en cualquiera de los centros de cedulación, según el horario de servicio correspondiente, sin importar el mes de cumpleaños.
Santo Domingo.- Una accion directa de inconstitucionalidad sometió el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) ante el Tribunal Constitucional una contra el artículo 310 del recién modificado Código Penal.
El recurso fue encabezado por Trajano Potentini, presidente del gremio, quien considera que su contenido entra en contradicción con garantías esenciales del orden constitucional, particularmente el derecho de defensa, el debido proceso y la dignidad del ejercicio profesional del derecho.
Potentini acudió a la sede de la jurisdicción constitucional acompañado de miembros de la directiva del gremio, presidentes de seccionales y de expresidentes del Colegio de Abogados, en una manifestación institucional con la que la organización procura defender no solamente las prerrogativas de los profesionales del derecho, sino también las garantías que asisten a toda persona que requiere representación y asistencia jurídica efectiva.
El presidente del CARD explicó que la acción constitucional tiene como propósito que el Tribunal Constitucional examine la compatibilidad del artículo impugnado con los principios, derechos y garantías consagrados por la Constitución dominicana, especialmente aquellos vinculados al libre y pleno ejercicio del derecho de defensa.
Dijo que cualquier regulación penal que pueda incidir sobre la actuación profesional de los abogados debe ser examinada con especial rigor constitucional, debido a que el abogado constituye una pieza esencial para hacer efectivo el acceso a la justicia.
Sostuvo que la defensa técnica no puede ser concebida como una concesión del Estado ni como una función secundaria dentro del sistema de justicia. Por el contrario, representa una garantía indispensable para que los ciudadanos puedan ejercer adecuadamente sus derechos frente a una investigación, acusación o proceso judicial.
En ese contexto, el CARD considera necesario preservar un marco normativo que permita a los abogados ejercer sus funciones con independencia, seguridad jurídica y respeto a la naturaleza de su profesión.
Señaló que la controversia planteada trasciende los intereses particulares de los abogados. Según Potentini, cuando se afecta la independencia o la dignidad de quienes ejercen la defensa técnica también pueden verse comprometidos los derechos de los ciudadanos representados por esos profesionales.
Potentini destacó que la Constitución reconoce el debido proceso y el derecho de defensa como garantías fundamentales que deben observarse en toda actuación judicial y administrativa. En consecuencia, afirmó que las normas deben interpretarse de manera compatible con esos postulados.
La acción solicita la intervención del Tribunal Constitucional en su condición de órgano encargado de garantizar la supremacía de la Constitución y la protección de los derechos fundamentales. Corresponderá a esa alta corte examinar los argumentos y determinar la conformidad o no de la disposición cuestionada con la Carta Sustantiva.
El CARD informó que dará seguimiento al curso procesal de la acción y reiteró su confianza en que el debate jurídico permitirá delimitar adecuadamente el alcance de la disposición impugnada conforme a los principios del Estado social y democrático de derecho.
Santo Domingo, R.D.-En franca violacion del mandato constitucional del plazo de 48 horas para someter ante un juez competente a una persona detenida se produce con casos que tienen que sufrir que se tiempo de extienda por didas, semanas e incluso en meses, segun denuncia de muchos afectados.
Y cuando finalmente un tribunal ordena la libertad, salir del destacamento tampoco ocurre de inmediato.
La situación ha quedado evidenciada con los 13 ciudadanos que permanecen más de 30 días detenidos en los destacamentos del Ensanche Felicidad y Vietnam, en Santo Domingo Este, sin haber sido sometidos al control de un juez y sin que existiera registro de un proceso penal en su contra.
Aunque un tribunal acogió el hábeas corpus presentado por la Oficina Nacional de Defensa Pública (ONDP) y ordenó su libertad inmediata, varios días después la decisión aún se encuentra en proceso de ejecución.
La decisión legal de la liberación de los 13 detenidos ocurrió después de que una inspección de la Defensa Pública encontrara a 16 personas privadas de libertad en los destacamentos de Felicidad y Vietnam. Trece llevaban más de un mes detenidas sin haber comparecido ante un juez.
Durante la audiencia, el Ministerio Público informó al tribunal que no encontró solicitudes de medidas de coerción ni actuaciones procesales relacionadas con esas personas.
Según relataron, los agentes explicaron que el retraso obedecía a la falta de vehículos para trasladarlo hasta la fiscalía.
Sin embargo, cuando consultaron el sistema del Poder Judicial, descubrieron que tampoco existía una solicitud de medida de coerción depositada y ante esa situación, interpusieron un nuevo hábeas corpus.
Para la Defensa Pública, la ausencia de transporte se ha convertido en una de las explicaciones más frecuentes para justificar los retrasos.
«No había sucedido antes con esta magnitud. Ahora uno de los argumentos recurrentes es que no hay vehículos para trasladar a los detenidos», explicó Figuereo.
La defensora sostuvo que esa situación no solo afecta a quienes esperan ser presentados ante un juez por primera vez, sino también las audiencias de medidas de coerción.
«Si hay 65 audiencias fijadas, 45 o 50 terminan aplazándose por falta de traslado«, aseguró.
El hábeas corpus tampoco acelera siempre la libertad.
Las defensoras afirman que incluso cuando presentan acciones constitucionales para recuperar la libertad de un detenido, el proceso suele enfrentar nuevos obstáculos.
Según Figuereo, en algunos casos el Ministerio Público solicita aplazamientos de las audiencias de hábeas corpus para ganar tiempo.
«La táctica dilatoria que está haciendo el Ministerio Público es pedir aplazamiento para depositar la solicitud de medida de coerción. Cuando vuelve la audiencia, aparece el vehículo, trasladan al imputado y conocen la medida», afirmó.
El artículo 40 de la Constitución dispone que toda persona detenida debe ser presentada ante un juez dentro de las 48 horas siguientes a su arresto.
El artículo 71 reconoce el hábeas corpus como el mecanismo para restablecer ese derecho cuando la privación de libertad es ilegal o irrazonable.
Sin embargo, para la Defensa Pública, las visitas diarias a los destacamentos muestran una realidad distinta.
Las inspecciones no solo verifican el tiempo de detención. También revisan si los privados de libertad han recibido alimentos, agua, atención médica y si han sido objeto de maltratos.
«Mucha gente ni siquiera sabe por qué está detenida o que tiene derecho a ser presentada ante un juez en 48 horas«, señaló la defensora pública Dilenny Morel.
La historia de los 13 ciudadanos resume la paradoja que describen las defensoras. Entraron a los destacamentos sin que posteriormente se formalizara un proceso judicial.
Un tribunal ordenó su libertad. Pero la ejecución de esa decisión también requirió nuevos trámites, seguimiento de los abogados y espera.
Para la Defensa Pública, esa secuencia refleja un problema que trasciende un caso particular: en algunos destacamentos dominicanos no solo resulta fácil entrar; también puede ser muy difícil salir, incluso cuando un juez ya ordenó la libertad.