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Iniciarán plan de ordenamiento para la inversión turística
Este instrumento busca organizar y mejorar la inversión en los diferentes polos turísticos de República Dominicana
De ser alcalde del Distrito Nacional, David Collado pasó a ser el ministro de Turismo de la República Dominicana y le tocó asumir en medio de una pandemia que ha diezmado el principal sector generador de divisas en el país.
Desde su óptica, este instrumento será la gran oportunidad de organizar y mejorar la inversión en los polos turísticos. “Hay veces que tenemos un hotel, pero no tenemos una planta de tratamiento, como sucedía en Las Terrenas, Samaná”, sostiene. Entiende que temas como el drenaje pluvial y la disposición final de los desechos sólidos debieron preverse y planificarse antes del desarrollo de localidades con vocación turística.
Explica que a través del Viceministerio de Destino, dirigido por Patricia Mejía, se trabaja de la mano con las alcaldías para la implementación de dicho plan, cuya elaboración ha sido solicitada por la Asociación Nacional de Hoteles y Restaurantes (Asonahores). “Recuperar el turismo es recuperar la economía del país. Sin lugar a dudas hemos asumido un gran reto. El turismo representa para la República Dominicana el 15 % del Producto Interno Bruto y 500 mil empleos de manera directa”, destaca Collado al pasar balance a las metas propuestas.
En esa dirección, dice que con el objetivo de incentivar el turismo se diseña un plan de trabajo en coordinación con el sector privado. Afirma que las inversiones no se han detenido pese a la difícil situación económica generada por la pandemia Covid-19.
Desde su punto de vista, “esta no es una crisis exclusivamente económica, también tiene rostro humano. 150 mil dominicanos podrían perder sus empleos si no recuperamos el turismo”, advierte. El plan de recuperación citado por el funcionario abarca todos los actores de la cadena de valor, entre ellos, emprendedores dueños de pequeños negocios, de bares, turoperadores, agencias de viaje, entre otros. Al referirse al turismo interno, lo califica como un éxito en el país, a pesar de la incredulidad de muchos empresarios que no apostaban a este mercado.
“Cuando le hablamos del turismo interno al sector privado, nos decían que este representa un 3 % en República Dominicana. No creían”, cuenta. En ese orden, resaltó los resultados del trabajo en conjunto con las agencias de viaje locales y las entidades bancarias a los fines de ofrecer facilidades de financiamiento para disfrutar de estadías en los complejos turísticos. “Este fin de semana todos los hoteles del país estaban totalmente llenos.
Podemos decir que se debió a que era un fin de semana largo, pero si revisamos todos los fines de semanas anteriores, todos los hoteles tenían una ocupación de un 60 % aproximadamente”, indica. Asimismo, asegura que el sector turismo cuenta con un riguroso protocolo acreditado por organismos internacionales para aeropuertos y hoteles, cuyo cumplimiento supervisa constantemente en visitas a los diferentes proyectos hoteleros, sin previo aviso. Abordado por Héctor Marte, jefe de Redacción de Apertura al respecto, dice que estas medidas han traído como resultado que el turismo creciera en octubre un 51 %, así como el aumento de los vuelos, “Líneas aéreas como Iberia, que tenían acuerdo con el Ministerio de Turismo de tres vuelos semanales y en diciembre llegar a un cuarto vuelo, tuvimos la notificación de que Iberia en noviembre aumentó a cinco vuelos y en las fechas de fiestas tradicionales tendrán hasta diez vuelos semanales”, sostuvo el también director ejecutivo del Gabinete de Turismo.
David Collado, acompañado de la viceministra de Destino, Patricia Mejía; el director ejecutivo de Asonahores; Andrés Marranzini;el director de elCaribe, Osvaldo Santana; y los ejecutivos Héctor Marte y Héctor Linares.
Proyecta tasa ocupación de 50 % para diciembre
El ministro de Turismo precisa que en octubre el país recibió 71 mil turistas.La mayoría eligió la zona este de la República Dominicana como destino. Ante la pregunta del director de elCaribe, Osvaldo Santana, sobre la meta a cumplir en el contexto de la pandemia, el funcionario dice que se planteó recibir de julio a diciembre del presente año unos 400 mil turistas, proyección que entiende es realizable.
“La idea es estar en diciembre con una tasa de ocupación entre un 40 a un 50 por ciento”, resaltó. Collado fue acompañado por Andrés Marranzini, vicepresidente ejecutivo de Asonahores, quien destacó la efectividad de los protocolos implementados, de los cuales dice han elevado el costo en las operaciones. Como representante del sector privado, proyecta llegar a un 50 % la ocupación de las habitaciones disponibles. “La relación laboral es de 1.2 empleados por cada habitación activa. Estamos tratando de llegar a cerca de un 65 % la empleomanía activada a final de año. Eso dependerá de los mercados que logremos aperturar”, dice.
Marca País no se puede detener por nada
En respuesta a la pregunta del subdirector del elCaribe, Héctor Linares, acerca de la controversia suscitada por el logo que representa a Marca País, explica que se trata de una estrategia que estuvo engavetada desde el 2004 por la falta de continuidad de los gobiernos. En ese sentido, informa que se hará un concurso con los estudiantes de término de las universidades para que el logo salga “de las entrañas de los dominicanos”. El proceso contará con el acompañamiento de publicistas reconocidos.
“Nosotros tenemos la humildad, pero también la valentía y el coraje de sacar este proyecto adelante. El presente Gobierno no ha gastado un centavo en Marca País, el lanzamiento, que ha sido uno de los mejores de toda la región, lo pagó el sector privado. Acciones como estas hay que defenderlas. No le podemos dar espacio al chantaje o situaciones que quieren obstaculizar que esto salga”, sostiene. Collado considera que la marca de un país está fundamentada en los pilares de la cultura, el emprendimiento, el deporte, el turismo, la inversión y sus exportaciones.
elcaribe.com.do
Santo Domingo.– Los abogados de varios de los encartados en el denominado caso SeNaSa 2.0 cuestionaron este lunes la solicitud del Ministerio Público de imponer hasta 18 meses de prisión preventiva contra parte de los investigados, al considerar que existen otras medidas de coerción suficientes para garantizar su comparecencia durante el proceso.
Los representantes legales sostienen que sus defendidos, entre ellos profesionales de la medicina, poseen domicilio conocido, vínculos familiares y laborales en la República Dominicana, elementos que, según la defensa, disminuyen cualquier posibilidad de que intenten abandonar el país o sustraerse de la acción de la justicia.
Los juristas insistieron en que los imputados se encuentran en disposición de asistir a las audiencias y demás actuaciones judiciales que sean requeridas mientras continúe la investigación.
“Son médicos, tienen arraigo y no se van a ir del país”, manifestaron abogados vinculados al proceso al defender la aplicación de medidas menos gravosas que la prisión preventiva.
Tribunal impuso diferentes medidas de coerción
Como parte del proceso relacionado con la denominada Operación Cobra 2.0-A, el tribunal estableció distintas medidas de coerción de acuerdo con la situación particular de cada imputado.
Entre las disposiciones adoptadas figuran prisión preventiva, arresto domiciliario, presentación periódica, impedimento de salida del país y garantías económicas.
Durante la jornada de este lunes, abogados de algunos de los procesados comenzaron además las gestiones correspondientes al retiro de dispositivos de monitoreo impuestos por el tribunal dentro de las medidas adoptadas.
Investigación por presuntas irregularidades
El expediente tiene su origen en una investigación desarrollada por el Ministerio Público en torno a supuestas irregularidades relacionadas con autorizaciones y servicios de salud atribuidos a personas vinculadas al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).
Las autoridades investigan la posible existencia de un esquema mediante el cual se habrían realizado operaciones irregulares en perjuicio de la aseguradora estatal.
Los abogados de los imputados han reiterado que sus clientes permanecerán disponibles para responder a las imputaciones y participar en las distintas etapas del proceso.
La defensa sostiene que el arraigo laboral, familiar y domiciliario de los acusados debe ser ponderado por los tribunales al momento de determinar la necesidad y proporcionalidad de las medidas de coerción.
El proceso continúa bajo investigación mientras las partes preparan sus respectivos argumentos frente a las decisiones adoptadas por la jurisdicción competente.
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INTRANT ajustará licencias de mayores de 75 años tras fallo del Tribunal Constitucional
La institución modificará sus sistemas de emisión y renovación luego de que el TC declarara inconstitucional la reducción automática de la vigencia de la licencia por razón de edad
Por Carlos Baret
SANTO DOMINGO.– El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) anunció que adecuará sus procedimientos para cumplir con la sentencia TC/0904/26 del Tribunal Constitucional, que declaró inconstitucional la disposición que establecía una vigencia de solo dos años para las licencias de conducir de las personas mayores de 75 años. Tribunal Constitucional
La decisión constitucional se produjo a raíz de una acción directa de inconstitucionalidad interpuesta por Fanny Josefina Melo Abreu y Héctor Manuel Melo Abreu contra el artículo 21 del Decreto núm. 6-19, que contiene el Reglamento de Licencias de Conducir. La sentencia fue publicada por el Tribunal Constitucional el 14 de septiembre de 2026. Tribunal Constitucional
El director ejecutivo del INTRANT, Juan Manuel Méndez García, informó este lunes que la institución acatará la decisión y realizará los ajustes correspondientes en sus procedimientos. La medida elimina el trato diferenciado que reducía la duración de las licencias únicamente por haber alcanzado determinada edad. Diario Libre
INTRANT inicia adecuación de sus sistemas
Como parte del cumplimiento de la sentencia, Méndez García dispuso que las áreas jurídicas, técnicas y de atención al usuario trabajen en las modificaciones necesarias para que los sistemas utilizados en la emisión y renovación de licencias sean adaptados al nuevo escenario jurídico. El Atlantico
La institución procura que las personas adultas mayores puedan realizar estos trámites en condiciones de igualdad y sin una reducción automática del período de vigencia fundamentada exclusivamente en la edad.
La decisión, sin embargo, no elimina los requisitos relacionados con las condiciones necesarias para conducir. La normativa dominicana contempla evaluaciones y requisitos vinculados con las aptitudes y condiciones psicofísicas de los conductores, por lo que el fallo debe distinguirse de las restricciones que puedan justificarse a partir de condiciones individuales acreditadas y no simplemente de la edad de una persona. Intrant
Igualdad y no discriminación en el centro del caso
El alcance del fallo trasciende el procedimiento administrativo de renovación de una licencia. La controversia coloca en primer plano el principio constitucional de igualdad y no discriminación, al cuestionar que la edad, considerada de manera aislada, pueda servir para imponer una carga administrativa diferenciada.
La sentencia TC/0904/26 constituye así una referencia relevante en la discusión sobre los derechos de los adultos mayores y los límites constitucionales de las regulaciones administrativas. Tribunal Constitucional
El INTRANT continuará aplicando la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y las normas relativas a la aptitud para conducir, pero deberá hacerlo conforme al criterio constitucional establecido en la decisión.
La adecuación anunciada representa, además, una consecuencia directa del carácter vinculante de las decisiones del Tribunal Constitucional para los poderes públicos y órganos del Estado.
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Nueva ley de juegos de azar entra en fase decisiva tras vencer plazo constitucional del Ejecutivo
La pieza fue remitida al Poder Ejecutivo el 18 de septiembre; la Constitución establece el procedimiento aplicable cuando vence el plazo para promulgar u observar una ley
Por Ana Rodríguez
SANTO DOMINGO.– La nueva legislación destinada a reorganizar y modernizar la regulación de los juegos de azar en República Dominicana entró en una etapa decisiva luego de transcurrir el plazo constitucional señalado para que el Poder Ejecutivo procediera a su promulgación u observación.
El proyecto fue convertido en ley por el Senado de la República el pasado 16 de septiembre, luego de varios meses de estudio en el Congreso Nacional, y remitido al Poder Ejecutivo el 18 de septiembre, de acuerdo con la información disponible sobre el trámite legislativo.
La iniciativa procura sustituir y reorganizar un marco regulatorio que tiene entre sus antecedentes principales normas sobre juegos de azar que datan de 1964. La necesidad de actualizar la regulación del sector ha sido objeto de distintas iniciativas legislativas durante años; documentos oficiales del Senado registran proyectos anteriores destinados a establecer un régimen más amplio para los juegos y apuestas. Senador D
El plazo constitucional
La situación adquiere especial relevancia jurídica debido a las disposiciones constitucionales que regulan la promulgación y observación de las leyes.
El artículo 101 de la Constitución dominicana vigente —no el artículo 110, como indica la información de origen— regula la promulgación y publicación de las leyes. Por tratarse de una cuestión constitucional y de actualidad, conviene verificar el texto vigente antes de publicación definitiva.
Según el procedimiento constitucional, una vez agotado el plazo correspondiente sin que se produzca la promulgación y publicación, se activa el mecanismo previsto por la propia Constitución para las leyes sancionadas por el Congreso.
Por ello, más allá de determinar si existe o no un anuncio público del Poder Ejecutivo, la cuestión central pasa a ser establecer la fecha exacta de recepción de la pieza, si fue declarada de urgencia, si se produjo alguna observación dentro del plazo y cuál es formalmente su situación jurídica.
Diez años sin nuevos establecimientos
Uno de los aspectos de mayor impacto de la nueva regulación es el establecimiento de una moratoria para la apertura de nuevos negocios de juegos de azar.
De acuerdo con el texto aprobado descrito en la información suministrada, durante un período de 10 años no podrían instalarse nuevos establecimientos de juegos de azar, con las excepciones contempladas por la propia legislación.
La finalidad de esa restricción sería permitir que las autoridades organicen, fiscalicen y regularicen los establecimientos que actualmente funcionan en el territorio nacional.
La medida se produce en un contexto en el que el Gobierno ya había retomado acciones para ordenar el sector. En abril de este año, el Poder Ejecutivo informó la reactivación del Plan Nacional de Regularización de bancas de lotería, puntos de venta, agencias, bancas de apuestas y otros operadores, mediante el Decreto 197-26. Presidencia de la República Dominicana
Casinos turísticos quedarían exceptuados
La restricción para la instalación de nuevos negocios no alcanzaría de igual manera a todos los establecimientos.
Según el contenido de la pieza descrito en la información suministrada, el artículo 194 contempla una excepción para casinos ubicados en hoteles y lugares turísticos, que podrían establecerse bajo las condiciones previstas por la nueva normativa.
Este tratamiento diferenciado introduce uno de los aspectos que probablemente generará mayor atención durante la aplicación de la legislación, particularmente por sus implicaciones para la actividad turística y la organización territorial del sector.
Una nueva autoridad para fiscalizar los juegos
Otro de los cambios relevantes sería la creación de la Dirección General de Juegos de Azar (DGJA), adscrita al Ministerio de Hacienda y Economía, institución que tendría responsabilidades de fiscalización y supervisión del sector.
La creación de una estructura especializada representaría una transformación del modelo institucional de control de una actividad que comprende bancas de lotería y deportivas, casinos, máquinas tragamonedas, apuestas por internet, bingos, agencias hípicas y otras modalidades.
Actualmente, el Gobierno mantiene un esquema de regularización en el que participan varias instituciones, entre ellas el Ministerio de Hacienda y Economía y la Dirección General de Impuestos Internos. Presidencia de la República Dominicana
Límites de distancia para bancas y otros establecimientos
La legislación también introduce restricciones territoriales.
De acuerdo con la pieza aprobada descrita, determinados establecimientos de juegos de azar no podrán funcionar a menos de 500 metros de escuelas, colegios, universidades, instalaciones policiales y militares, estancias infantiles, Centros de Atención Integral para la Discapacidad (CAID), hospitales, clínicas, iglesias y determinadas sedes de poderes y órganos del Estado.
Para las bancas deportivas se contempla una distancia mínima de 500 metros, mientras que para las bancas de lotería la separación establecida sería de 200 metros.
Casinos, salas de máquinas tragamonedas, bancas deportivas y otros establecimientos señalados por la normativa deberán, además, funcionar en locales cerrados.
Relojes visibles y medidas contra la ludopatía
La nueva legislación no se limita a cuestiones fiscales y administrativas.
Entre las disposiciones descritas figura la obligación de colocar relojes visibles en determinados establecimientos donde se realicen apuestas, una medida destinada a que los jugadores puedan mantener referencia del tiempo transcurrido dentro de esos espacios.
Más significativa desde el punto de vista social es la prevista creación de un Registro Nacional de Autoexclusión, mediante el cual personas afectadas por problemas relacionados con el juego podrían solicitar restricciones para acceder a determinadas actividades de apuestas.
La incorporación de medidas vinculadas al juego responsable introduce una dimensión de salud y protección social en una actividad tradicionalmente abordada principalmente desde la autorización, fiscalización y recaudación.
Una regulación esperada durante años
La transformación del régimen de los juegos de azar no comenzó con esta pieza. El archivo legislativo del Senado conserva iniciativas anteriores dirigidas a establecer una regulación integral del sector, incluyendo propuestas presentadas en legislaturas pasadas. Memoria Histórica
En marzo de 2026, durante una sesión del Senado, incluso se hizo referencia a iniciativas sometidas desde 2021 y a otra propuesta que se encontraba bajo estudio de la Comisión de Hacienda. Senador D
Ahora, tras completar su recorrido por el Congreso, la atención se desplaza hacia la situación formal de la legislación después de su remisión al Poder Ejecutivo.
La definición de ese punto resulta fundamental, porque de ella dependerá el momento en que comiencen a operar las nuevas reglas para un sector de considerable presencia económica y social en República Dominicana.