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Así creció patrimonio de Víctor Díaz Rúa por sobornos de Odebrecht, según Ministerio Público
El Ministerio Público ratificó en audiencia que el imputado por corrupción administrativa Víctor José Díaz Rúa recibió sobornos, mientras ejerció funciones en el Estado, para
favorecer a la Constructora Norberto Odebrecht con la adjudicación de contratos de importantes obras pagadas con dinero de todos los contribuyentes.
Al dar lectura a la acusación contra Díaz Rúa en la continuación del juicio en el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, los fiscales litigantes reafirmaron la acusación contra el exministro de Obras Públicas por recibir sobornos en el ejercicio de la función pública. También, le imputan lavado de activos producto de infracciones graves, enriquecimiento ilícito y falsedad en la declaración jurada de patrimonio.
El Ministerio Público indicó que la mayoría de los productos financieros fueron abiertos después de 2004, cuando el imputado inicia su gestión como director del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa) y cuando se desempeñó como titular del Ministerio (entonces secretaría) de Estado de Obras Públicas y Comunicaciones entre 2007 y 2012.
“En ese período se puede apreciar la diversificación de sus productos financieros, cuentas de ahorros y corrientes, certificados, préstamos y tarjetas de crédito, que daban lugar a miles de transferencias y transacciones bancarias entre los asociados. Con ello, el imputado buscaba difuminar el rastro de los más de 400 millones de pesos que manejó desde
Manifestó que fueron cuantiosos los pagos que gestionó Díaz Rúa a través del también imputado Ángel Rondón Rijo, representante de la Constructora Norberto Odebrecht en calidad de cabildero y socio en el país.
Los fiscales que intervienen en el juicio explicaron que mientras se desempeñó como funcionario, Díaz Rúa no tuvo ningún reparo en la utilización de sus cargos para solicitar y recibir, directa e indirectamente, sobornos como pago para beneficiar a Odebrecht en perjuicio de otras empresas nacionales y extranjeras, y del propio Estado dominicano,
lo cual realizó aprovechándose de su cargo y utilizando las instituciones
que dirigió.
También, la adquisición de bienes muebles e inmuebles en operaciones en las que contó con la complicidad de familiares, amigos y personas cercanas, entre las que figura el coacusado
Conrado Pittaluga.
“Todo un entramado societario fue creado para dar apariencia de legitimidad al dinero ilícito que a granel obtenía como consecuencia de las acciones delictuales que cometía en contra del Estado dominicano”, expusieron los fiscales durante la presentación de la acusación contra el exfuncionario.
Señalaron que entre octubre de 2004 y septiembre de 2006, “el imputado Díaz Rúa aumentó su patrimonio a la astronómica suma de RD$89,575,748.88, mágicamente lo logró con un salario de RD$75,101.00 como director del Inapa”.
Aseguraron que ello es el resultado del dinero ilícito producto de los actos de corrupción cometidos contra el Estado y el pueblo dominicano.
En ese mismo orden, indicaron que tras ser designado como secretario de Obras Públicas y Comunicaciones el procesado presentó una nueva declaración jurada de bienes, en fecha 10 de octubre de 2008, con un patrimonio neto de RD$414,083,066.53, reflejándose un aumento de más de un 200% en relación con la declaración presentada el 15 de septiembre de 2006.
Díaz Rúa creó varias empresas para el ocultamiento y la falsedad en las declaraciones de bienes para distraer y esconder su riqueza, entre las que figuran Guerra & Asociados C. por A., así como la compañía anónima Bloques Oriental, S.A. e Inmobiliaria Max 6.
El Ministerio Público precisó que Díaz Rúa también utilizó el dinero ilícito producto del pago de sobornos para adquirir bienes de lujo con la finalidad de introducir fondos ilícitos al sistema financiero, una maniobra típica del lavado de activos.
Citaron entre esos bienes, la compra del yate de recreo marca Pershing de 60 pies de eslora, bautizado como “Balbie” en honor a la esposa del imputado Díaz Rúa, el cual está registrado en Isla Vírgenes Británicas a nombre de la compañía offshore o de carpeta “Nutberry Limited”.
El titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), procurador adjunto Wilson Camacho, representa al Ministerio Público en el juicio junto a los fiscales Mirna Ortiz, Milcíades Guzmán, Isis de la Cruz, Joel López, Wagner Cubilete y José Miguel Marmolejos Vallejo. En el equipo también litigan los fiscalizadores
Elizabeth Paredes Ramírez y Ernesto Guzmán Alberto.
En horas de la mañana del jueves, los representantes del Ministerio Público continuaron con la lectura de la acusación contra Ángel Rondón, quien según las investigaciones recibió unos 1,000 millones de pesos y 2 millones de dólares en sus acciones delictivas vinculadas con Odebrecht.
Con Ángel Rondón Rijo, Víctor Díaz Rúa y Conrado Pittaluga, por los US$92 millones que la empresa Odebrecht admitió que pagó en el país para sobornar a funcionarios y lograr la adjudicación de obras públicas, también son procesados Andrés Bautista García, Tommy Galán Grullón y Roberto Rodríguez.
Las juezas Esmirna Gisselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo aplazaron el juicio para el próximo lunes 16 de noviembre a las 9:00 de la mañana, luego de que se cumpliera el horario del día.
hoy.com.do
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JCE presenta plataforma digital del Observatorio de Participación Política de las Mujeres
Santo Domingo, R.D.-La Junta Central Electoral (JCE), a través de la Comisión de Políticas de Igualdad de Género de la institución, presentó a la ciudadanía a través de sus redes sociales la plataforma digital del Observatorio de Participación Política de las Mujeres, espacio que estará integrado en la página de la institución.
Mediante un comunicado, la JCE explicó que el observatorio tiene como finalidad asesorar, diseñar, implementar, desarrollar y evaluar las acciones orientadas a fomentar la participación de las mujeres en la política.
Asimismo, indicó que esta iniciativa, que se encuentra bajo la coordinación de la miembro titular del Pleno y coordinadora de la Comisión de Políticas de Igualdad de Género, Dolores Fernández, es una plataforma que busca recopilar, analizar y visibilizar información sobre los avances, brechas y desafíos de la participación política femenina en República Dominicana.
Además, destacó que el observatorio funciona como una herramienta dinámica de estadísticas interactivas que permite conocer la evolución de la participación política de las mujeres en el país y a través de sus secciones, se podrán explorar datos sobre: candidaturas y cargos electos, participación en los partidos políticos, concurrencia electoral por sexo y participación de mujeres en juntas y colegios electorales.
La misión de este observatorio es, en primer lugar, analizar los niveles de cumplimiento de metas y objetivos nacionales e internacionales en torno a la igualdad de género en materia de representación política y, en segundo lugar, motivar e impulsar la participación paritaria de las mujeres en la toma de decisiones.
Entre los objetivos de esta propuesta, figuran: generar información cuantitativa y cualitativa sobre la representación política de mujeres y hombres en el ámbito nacional; medir los niveles de cumplimiento de metas y objetivos internacionales en torno a la igualdad de género; visibilizar avances de igualdad de género en los partidos políticos y aportar datos que sirvan para elaborar insumos claves para el análisis, la formulación de propuestas y el diseño de estrategias de incidencia política.
Asimismo, procura fortalecer las políticas públicas de igualdad, promover la paridad y la representación política equitativa, garantizar los derechos políticos de las mujeres e impulsar acciones para prevenir y erradicar la violencia política hacia las mujeres.
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Telemicro: TSA indicó que Indotel actuó de forma precipitada al asignar frecuencia del Canal 3
Santo Domingo, R.D.-El Grupo Telemicro reaccionó al fallo judicial del Tribunal Superior Administrativo (TSA) sobre la asignación de la frecuencia del canal 3 VHF. En un documento indicó que la Tercera Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA) reconoció que el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), en su rol de autoridad para la gestión del espectro radioeléctrico, actuó de forma «imprudente y precipitada» al asignar el Canal 3 digital a favor de Franasyn, S.R.L., mediante la Resolución núm. 132-2024 dictada el 14 de noviembre de 2024.
Indicó que el tribunal estableció, luego del análisis de las pruebas aportadas por las partes en el litigio sobre el Canal 3 en la banda VHF, que el «regulador (Indotel) tenía pleno conocimiento de que existía un proceso judicial abierto sobre el derecho de uso y explotación de esa frecuencia».
«El órgano apuntó que, en tales circunstancias, esa entidad encargada de gestión radioeléctrica debía actuar con la debida prudencia y observar el principio de realizar una buena administración, absteniéndose de adoptar decisiones que pudieran incidir en el proceso, como lo fue asignar el Canal 3 a favor de un tercero, en este caso la sociedad Franasyl. S.R.L.», dice un documento enviado por la Corporación de Televisión y Microondas Rafa, S.A. (Telemicro).
Derechos de Franasyl
La Tercera Sala del TSA reconoció la legitimidad de los derechos alegados por Franasyl, S.R.L. en torno al Canal 3 virtual y declaró válida su intervención voluntaria en el proceso.
En su decisión, el tribunal rechazó en todas sus partes el recurso contencioso administrativo interpuesto por Telemicro y confirmó íntegramente la Resolución núm. 080-2022 emitida por el Indotel.
La sentencia se produce tras el reenvío ordenado por la Suprema Corte de Justicia mediante la decisión SCJ-TS-25-0203, que instruyó una nueva valoración del caso después de identificar un vicio de desnaturalización de los hechos en un fallo anterior.
- Telemicro buscaba que la justicia anulara la resolución del Indotel alegando derechos adquiridos sobre el Canal 3 VHF derivados de una comunicación emitida por el órgano regulador en 2004.
Santo Domingo, R.D.-El Senado de la República conocerá este viernes en única discusión el proyecto de ley del nuevo Código Procesal Penal, con las decenas de modificaciones que hizo la Cámara de Diputados y la opción de aprobar o rechazar el documento.
El pleno senatorial deberá decidir “lo más rápido posible”, debido al plazo que le otorga el Tribunal Constitucional en la sentencia 0765/24. En su fallo, emitido el 6 de diciembre de 2024, la alta corte declaró nula la Ley 10-15, que modifica el Código Procesal Penal del 2002, y dio un año al Congreso Nacional, hasta el 11 de este mes, para tener listo un nuevo marco legal.
La pieza de ley que estudian los congresistas generó fuertes debates en la Cámara de Diputados mientras era conocida, por artículos que tienen que ver con las facultades del Ministerio Público (MP) en los procesos, como los de peritajes. Uno de ellos es el artículo 211, sobre el nombramiento de peritos.
La moción de Pacheco y Díaz, que es similar a la versión que llegó del Senado, consiga tres párrafos, en el que establecen que los peritos en cualquier otro momento son nombrados, mediante resolución motivada, por el juez o tribunal, a propuesta de parte; el número de peritos es determinado según la complejidad de las cuestiones a plantear, considerando las sugerencias de las partes; y el dictamen o la resolución que ordena el peritaje fija con precisión las razones que lo motivan, su objeto y alcance, así como el plazo para la presentación de dichos dictámenes.
El Procesal Penal vigente no condiciona el nombramiento del perito por el Ministerio Público a que no sea “anticipo jurisdiccional”. Dice, más bien, que durante la etapa preparatoria los nombra el Ministerio Público.
Ejecución del peritaje
Amado Díaz propuso también -siendo acogida por la mayoría-, modificar el artículo 215 del nuevo Código, que trata sobre la ejecución del peritaje, para agregar al MP, quien había sido dejado fuera de ese apartado en la aprobación en primera discusión. Se estableció que el órgano persecutor, juez o tribunal que ha dispuesto el peritaje, resuelva todas las cuestiones que se planteen durante su realización.
La CD modificó el artículo 48 de la pieza
Otro punto de debate en los diputados fue el de la interrupción de la prescripción, artículo 48, numeral 1, uno de los que se quejó Eugenio Cedeño. La Cámara modificó dicho apartado -al dejar quitar la frase “presentada por el Ministerio Público”, para que diga que la prescripción se interrumpe por: la imposición de medida de coerción; la presentación de la acusación; y el pronunciamiento de la sentencia, aunque sea revocable.