Latinoamericanas
Perú se queda sin presidente y con un Congreso a la deriva
Lima, Perú.-Perú comenzaba la semana sin presidente ni dirección en su Parlamento tras la renuncia del mandatario interino, Manuel Merino, en medio de protestas que dejaron dos muertos y más de 100 heridos.Los parlamentarios no lograron elegir el domingo a uno de sus 130 miembros para que se convirtiera en el cuarto presidente desde 2016 y reemplazara a Merino, que sólo gobernó seis días.
“Estamos en un vacío de poder grave”, dijo a la radio RPP la constitucionalista Beatriz Ramírez. Los congresistas tampoco lograban elegir a los tres miembros directivos que dirigen los debates.
La crisis política empezó el lunes 9 de noviembre cuando el Congreso acusó y destituyó al entonces presidente, Martín Vizcarra, por cargos de corrupción sin pruebas concluyentes.
Merino lo reemplazó, pero su gobierno fue impopular desde el primer momento y provocó protestas multitudinarias. La policía desplegó una violencia extrema con los manifestantes y dos fueron asesinados a tiros. Eso provocó que 13 de sus 19 ministros abandonaran a Merino. Los militares también le restaron su apoyo.
Sin legitimidad, Merino renunció la madrugada del domingo y Vizcarra, un político popular porque inició una cruzada anticorrupción en 2018, reapareció en escena reclamando que el Tribunal Constitucional definiera si su destitución era legítima.
Merino calificó de “ladrón” a Vizcarra, pero el domingo éste le devolvió el improperio y lo llamó “dictadorzuelo”. Vizcarra tiene prohibido salir del país por 18 meses mientras un fiscal lo investiga por supuestamente recibir más de 630.000 dólares por otorgar dos obras de construcción hace seis años, cuando era gobernador de una pequeña provincia del sur de Perú.
Vizcarra fue destituido según una vaga cláusula de la constitución del siglo XIX, que según los expertos puede usarse al antojo de quien la invoque. Aunque en su origen aludía a trastornos mentales de los dignatarios, ahora muchos interpretan que puede aplicarse a casos de corrupción.
La fuerte inestabilidad ha golpeado a un país muy afectado por la pandemia del nuevo coronavirus y los analistas políticos afirman que la crisis constitucional ha puesto en peligro la democracia del país.
“Creo que esta es la crisis democrática y de derechos humanos más grave que hemos visto desde Fujimori”, señaló el analista Alonso Gurmendi refiriéndose al gobierno turbulento del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000).
La noche del sábado, la policía reprimió a miles de manifestantes que repudiaban a Merino. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos informó de 112 heridos.
Los dos manifestantes muertos eran una evidencia de la brutalidad policial, que también provocó heridos entre la prensa. Jack Pintado, de 22 años, recibió 11 disparos, incluso en la cabeza, mientras que Jordan Inti Sotelo, de 24, recibió cuatro golpes en el tórax cerca del corazón.
Organizaciones de derechos humanos denunciaron ante la fiscalía como autores mediatos de asesinato agravado a Merino; a su primer ministro, Antero Flores-Aráoz, al ministro del Interior y a varios jefes policiales.
Los defensores de los derechos humanos reportaron además el empleo de gas lacrimógeno cerca de iglesias y hospitales. “Estamos documentando casos de brutalidad policial en el centro de Lima”, escribió en Twitter el sábado José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “Todo indica que la represión contra manifestantes pacíficos se está intensificando”.
El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas dijo en un comunicado que los uniformados “pondrán todos sus medios y capacidades en la defensa de su pueblo y del Estado de derecho”.
La noche del domingo, los manifestantes con camisetas y banderas rojiblancas colocaron velas, flores y postales en honor de los dos jóvenes asesinados frente al Parlamento, pero también regresaron a sus hogares sin conocer al nuevo presidente. Las tarjetas mostraban frases como “Sangre derramada, jamás será olvidada”, o “De luto, pero jamás en silencio”.
Latinoamericanas
Haití recibe el primer despliegue de nueva fuerza multinacional antipandillas de la ONU
Efe
Puerto Príncipe.- Haití recibió las primeras tropas, procedentes de Chad, de la Fuerza de Supresión de Pandillas (FSG) creada en 2025 por las Naciones Unidas, informó este miércoles el organismo.
La FSG dijo en un mensaje en X que «un destacamento de fuerzas chadianas (…) llegó, marcando el primer despliegue de tropas de la Fuerza de Represión de Pandillas ampliada», que sustituye a la Misión de Seguridad para Haití (MMS), también creada por la ONU y que no tuvo los resultados esperados en el combate contra las bandas.
Con una dotación total de 5.500 efectivos, la GSF tendrá como representante especial a Jack Christofides, que ya se encuentra en Haití, según informó en el mensaje el organismo.
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Incertidumbre en Haití sobre la llegada de contingentes de la nueva fuerza antipandillas
Esta misión toma el relevo de la MSS cuando las bandas han expandido su dominio este último año más allá de Puerto Príncipe, la capital de Haití, hacia los departamentos de Centro y Artibonite, en medio de altos niveles de violencia entre pandillas, fuerzas de seguridad, empresas privadas y grupos de «autodefensa» que han causado 5.519 muertos y 2.608 heridos entre el 1 de marzo de 2025 y el 15 de enero de este año.
Enfrentamientos armados y una masacre
La Policía Nacional de Haití (PNH) informó precisamente este miércoles de enfrentamientos armados con pandilleros en el marco de una «gran operación» en el departamento de Artibonite, situado al norte de la capital y donde el domingo ocurrió la masacre de al menos 70 personas en un ataque atribuido al grupo armado ‘Gran Grif’, según denuncias de una ONG y la ONU.
El despliegue policial tiene lugar tras la masacre del domingo, denuncia un día después por la ONG Collectif Défenseurs Plus, que acusó al Gobierno haitiano de mostrar una «pasividad indignante que raya en la complicidad flagrante» ante la «barbarie» ocurrida en Arbonite.
Medidas en República Dominicana
En medio de la incertidumbre en Haití, la Cancillería dominicana informó este miércoles que el canciller Álvarez se reunió el lunes con el subsecretario general del Departamento de Apoyo Operacional de las Naciones Unidas, Atul Khare, para abordar el despliegue de la GSF.
En el encuentro se habló de las «facilidades» que podrían brindarse desde la República Dominicana para apoyar a la Fuerza, como el tránsito de personal y equipos, servicios médicos y el establecimiento de un gabinete de apoyo para la Oficina de Apoyo de las Naciones Unidas en Haití (Unsoh), según indicó un comunicado.
Está cooperación con las GSF se «limita exclusivamente a respaldo desde República Dominicana», precisó el Ministerio de Exteriores.
Por su parte, el periódico dominicano ‘El Listín Diario’ publicó que la República Dominicana ha desplegado miles de soldados del Ejército a lo largo de la frontera con Haití para reforzar la seguridad ante el despliegue de la GSF.
Latinoamericanas
Se retrasa hasta este martes la llegada a Cuba del primer barco del Convoy Nuestra América
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Incautan en febrero 28 toneladas de cocaína en operaciones en diez países, incluyendo RD
Agencia EFE
Colombia.-La Policía de Colombia lideró en febrero una operación transnacional contra el narcotráfico que dejó 28 toneladas de cocaína incautadas y 38 personas capturadas en operativos simultáneos en diez países de América y Europa, informó este domingo la institución.
La ofensiva, que tuvo lugar entre el 1 y el 25 de febrero, también permitió decomisar más de tres toneladas de marihuana, 1,800 litros de ketamina y 700,000 dólares en efectivo, así como tres vehículos y cuatro embarcaciones utilizadas por redes criminales.
Las acciones se llevaron a cabo de manera coordinada con agencias internacionales como la Administración de Control de Drogas (DEA) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (HSI) de Estados Unidos, además de autoridades de Panamá, Ecuador, España, Francia y Países Bajos, entre otros países.
En total, los operativos se realizaron en Bélgica, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos, Francia, Países Bajos, Panamá y República Dominicana, lo que, según la institución, evidencia el alcance global de estas organizaciones ilegales y la necesidad de cooperación internacional para combatirlas.