Latinoamericanas
Perú se queda sin presidente y con un Congreso a la deriva
Lima, Perú.-Perú comenzaba la semana sin presidente ni dirección en su Parlamento tras la renuncia del mandatario interino, Manuel Merino, en medio de protestas que dejaron dos muertos y más de 100 heridos.Los parlamentarios no lograron elegir el domingo a uno de sus 130 miembros para que se convirtiera en el cuarto presidente desde 2016 y reemplazara a Merino, que sólo gobernó seis días.
“Estamos en un vacío de poder grave”, dijo a la radio RPP la constitucionalista Beatriz Ramírez. Los congresistas tampoco lograban elegir a los tres miembros directivos que dirigen los debates.
La crisis política empezó el lunes 9 de noviembre cuando el Congreso acusó y destituyó al entonces presidente, Martín Vizcarra, por cargos de corrupción sin pruebas concluyentes.
Merino lo reemplazó, pero su gobierno fue impopular desde el primer momento y provocó protestas multitudinarias. La policía desplegó una violencia extrema con los manifestantes y dos fueron asesinados a tiros. Eso provocó que 13 de sus 19 ministros abandonaran a Merino. Los militares también le restaron su apoyo.
Sin legitimidad, Merino renunció la madrugada del domingo y Vizcarra, un político popular porque inició una cruzada anticorrupción en 2018, reapareció en escena reclamando que el Tribunal Constitucional definiera si su destitución era legítima.
Merino calificó de “ladrón” a Vizcarra, pero el domingo éste le devolvió el improperio y lo llamó “dictadorzuelo”. Vizcarra tiene prohibido salir del país por 18 meses mientras un fiscal lo investiga por supuestamente recibir más de 630.000 dólares por otorgar dos obras de construcción hace seis años, cuando era gobernador de una pequeña provincia del sur de Perú.
Vizcarra fue destituido según una vaga cláusula de la constitución del siglo XIX, que según los expertos puede usarse al antojo de quien la invoque. Aunque en su origen aludía a trastornos mentales de los dignatarios, ahora muchos interpretan que puede aplicarse a casos de corrupción.
La fuerte inestabilidad ha golpeado a un país muy afectado por la pandemia del nuevo coronavirus y los analistas políticos afirman que la crisis constitucional ha puesto en peligro la democracia del país.
“Creo que esta es la crisis democrática y de derechos humanos más grave que hemos visto desde Fujimori”, señaló el analista Alonso Gurmendi refiriéndose al gobierno turbulento del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000).
La noche del sábado, la policía reprimió a miles de manifestantes que repudiaban a Merino. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos informó de 112 heridos.
Los dos manifestantes muertos eran una evidencia de la brutalidad policial, que también provocó heridos entre la prensa. Jack Pintado, de 22 años, recibió 11 disparos, incluso en la cabeza, mientras que Jordan Inti Sotelo, de 24, recibió cuatro golpes en el tórax cerca del corazón.
Organizaciones de derechos humanos denunciaron ante la fiscalía como autores mediatos de asesinato agravado a Merino; a su primer ministro, Antero Flores-Aráoz, al ministro del Interior y a varios jefes policiales.
Los defensores de los derechos humanos reportaron además el empleo de gas lacrimógeno cerca de iglesias y hospitales. “Estamos documentando casos de brutalidad policial en el centro de Lima”, escribió en Twitter el sábado José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “Todo indica que la represión contra manifestantes pacíficos se está intensificando”.
El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas dijo en un comunicado que los uniformados “pondrán todos sus medios y capacidades en la defensa de su pueblo y del Estado de derecho”.
La noche del domingo, los manifestantes con camisetas y banderas rojiblancas colocaron velas, flores y postales en honor de los dos jóvenes asesinados frente al Parlamento, pero también regresaron a sus hogares sin conocer al nuevo presidente. Las tarjetas mostraban frases como “Sangre derramada, jamás será olvidada”, o “De luto, pero jamás en silencio”.
Latinoamericanas
Tercer día de huelga de hambre avanza en demanda de libertad para presos políticos en Venezuela
Caracas, Venezuela.-Con cansancio, angustia y enfado, mujeres familiares de presos políticos entraron el lunes en su tercer día de huelga de hambre en Caracas para presionar por más excarcelaciones, tras aplazarse la semana pasada por segunda vez la aprobación de una ley de amnistía.
«Ya el cuerpo comienza a resentirse, pues. (Siento) mucha debilidad, cansancio cuando me levanto. Y bueno, ya ni siquiera se puede descansar. Dormir bien, nada de eso», cuenta a la AFP Evelin Quiaro, de 46 años, con una botella con agua y electrolitos a su lado.
Una decena de mujeres comenzó la huelga al romper el alba el 14 de febrero en la entrada de los calabozos de la Policía Nacional conocidos como Zona 7 en Caracas, donde acampan familias desde hace semanas.
Dentro permanecen unos 60 detenidos políticos y, según sus allegados, también están en huelga de hambre desde el sábado.
Sus caras demacradas muestran una debilidad que se entremezcla con rabia, angustia y desesperación.
«¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo nos van a tener en esto?», se queja Quiaro. «Ya tenemos mucho tiempo acá durmiendo en carpas, conviviendo acá de una manera inhumana. O sea, ya las condiciones están al límite y nosotros también estamos al límite», denuncia.
– «Peligroso» –
Durante la madrugada del 14 de febrero fueron excarcelados 17 presos políticos de esos calabozos donde está también detenido el hijo de Quiaro de 30 años desde noviembre de 2025, acusado de terrorismo, asociación para delinquir y financiamiento al terrorismo.
«Tenemos la convicción de que esto tiene que surtir efecto», confía Quiaro.
Una de las diez mujeres tuvo que abandonar el ayuno por problemas de tensión, señala Rafael Arreaza, un médico que las asiste.
Enroscándose en una cadena, Narwin Gil, cuyo cuñado está preso pero su hermana fue excarcelada, cierra el paso a un agente que llega con comida para los guardias del centro de detención.
«Si nuestros familiares no comen, ellos tampoco deben comer», le dice al policía, que da media vuelta.
«¡Basta, basta! Y necesito no que sean uno ni sean dos, son todos, todos, todos los que están en Venezuela» deben salir, pide Gil. «Nosotras ninguna queremos estar aquí. No queremos estar aquí».
– «Desgastadas» –
Las mujeres se quejan del aplazamiento -dos veces- de la aprobación de una ley de amnistía que en teoría abarca los 27 años de chavismo gobernante. Se espera que la norma se traduzca en la libertad de cientos de detenidos.
La próxima sesión legislativa está pautada para el 19 de febrero cuando se prevé la discusión final de la normativa para su aprobación.
Es «terrible, terrible porque nos cambió nuestra dinámica», lamenta María Escalona, de 41 años, cuyo esposo está detenido desde septiembre.
«Mis niños pequeños (8 y 9 años) sufren porque no están con su papá. Entonces es estresante, es preocupante. Estamos desgastadas ya con esta huelga de hambre».
Escalona espera que la ley sea examinada el jueves. Pero ya no quiere esperar. «Quiero que salgan ya. Tiene que ser antes del jueves».
El opositor Edmundo González Urrutia, que reivindica la victoria en las presidenciales de 2024, se quejó desde su exilio en Madrid. «Detrás de cada preso político hay una familia que resiste. ¡Familias en huelga de hambre! Lo hacen porque sienten que no les dejan otra opción. Lo hacen desde el dolor y la angustia», escribió en X.
Más de 600 presos políticos siguen tras las rejas y 444 han conseguido libertad condicional desde el 8 de enero, según la ONG Foro Penal.
Agencia EFE
Puerto Príncipe, Haití.-Al menos 299 personas fueron asesinadas en enero de 2026 en Haití, víctimas de bala o de enfrentamientos, según reveló este miércoles un informe de la ONG local Orden de Defensores de los Derechos Humanos (Ordedh), que denuncia una «explosión de secuestros» que desafía la autoridad del Estado.
El balance estadístico elaborado por esta ONG local pone de relieve la hegemonía de los grupos armados, en particular de la coalición Viv Ansanm, responsable de un 42.81 % de la mortalidad registrada, según el informe.
«Paralelamente a esta carnicería, la industria del secuestro está experimentando un auge que paraliza el espíritu mismo de la población. A pesar de los repetidos anuncios y los escasos esfuerzos de la Policía Nacional de Haití (PNH), el secuestro sigue siendo un reto insuperable para la institución», indica el informe.
Estos datos revelan una concentración de la violencia mortal en el departamento del Oeste -donde se ubica la capital, Puerto Príncipe-, que por sí solo registra un 85.28 % de las muertes a escala nacional.
La ONG recordó que 2026 comenzó «con una constatación absolutamente sombría», debido a que «la vida humana en Haití parece haber perdido su valor sagrado».
«Los ciudadanos, atrapados entre la impotencia de las autoridades y la agresividad de los grupos armados, viven en un estado de sitio permanente», señaló.
También, la organización humanitaria apuntó que los resultados operativos de la Policía Nacional de Haití (PNH) «siguen siendo vagos y muy insuficientes ante la magnitud del desastre».
«Esta incapacidad para frenar los secuestros crea una sensación de abandono total, en la que el Estado parece espectador del sufrimiento de sus propios ciudadanos, entregados a merced de depredadores sin escrúpulos», indicó.
Exige tomar medidas
De acuerdo con la ONG, la magnitud de estos hechos exige una «toma de conciencia inmediata e inequívoca» por parte de los actores nacionales e internacionales.
Según ella, la situación exige una solidaridad activa y una intervención diplomática que vaya «más allá de las simples promesas de apoyo».
También, «es imperativo» que los socios de Haití reconozcan la actual emergencia humanitaria y de seguridad «como una prioridad absoluta, ya que cada día de retraso en la asistencia técnica y estratégica se traduce en nuevas pérdidas de vidas humanas», afirmó la Ordedh.
«La supervivencia de la nación depende de la capacidad de los actores nacionales e internacionales para restablecer, con carácter urgente, la autoridad de la ley y el respeto por la vida» dijo la ONG.
Haití vive una crisis política y social severa, y según la oficina de las Naciones Unidas en el país casi 6,000 personas murieron y otras 2,708 resultaron heridas en Haití en 2025 a causa de la violencia de las bandas y las operaciones de las fuerzas de seguridad para combatirlas.
BRASILIA.- Al menos quince personas han muerto y varias más han resultado heridas después de que el autobús en el que viajaban volcara a su paso por la localidad de São José da Tapera, en el oeste del estado de Alagoas, en el este de Brasil.
Entre los fallecidos hay tres menores de edad. El autobús transportaba a un total de 60 personas, quienes regresaban de una celebración católica en la localidad de Juazeiro do Norte, en el estado vecino de Ceará, informa el portal G1.
El gobernador de Alagoas, Paulo Dantas, ha lamentado informado de lo ocurrido en redes sociales, desde donde ha expresado su solidaridad para con las víctimas. «Ante esta tragedia que entristece a todo nuestro estado, he decretado luto oficial de tres días», ha anunciado.
of-am