Editorial
Unos tres meses de incertidumbres más que de certezas.
El presidente Luis Abinader celebró antenoche por una cadena de radio y televisión sus primeros tres meses de Gobierno con un buen montado programa de televisión que se caracterizó por una serie de recursos escénicos muy bien logrados.
En el curso de esa intervención innovadora del mandatario se debe destacar el espíritu populista de estas intervenciones, las cuales tienen mucho de las visitas sorpresas del pasado presidente Danilo Medina en lo que respecta en venderle a la gente algo como fortuito cuando es el resultado de lo planificado, lo cual más que nada es parte de una politiquería que del interés sincero de trabajar en bien del país.
Esto así, porque en el curso de la intervención del presidente se permitieron una serie de preguntas de invitados que se quiso proyectar la idea de que llegaron allí al azar sin saber que pregunta formular.
Todo es parte de un montaje propagandístico que sin lugar a dudas surte sus efectos, sobre todo en aquellos que son la mayoría de los dominicanos que creen que se trata de un evento con unos invitados que no fueron influenciados para hacer sus preguntas.
De cualquier modo, la transmisión pareció innovadora y con explicaciones que satisfacen el interés del pueblo dominicano de saber lo que ha hecho el gobierno en los pasados 90 días.
Lo que se puede observar del presidente Abinader es que su protagonismo y sus apariciones de una forma tan constante en los medios de comunicación lleva a una suerte de saturación que al final en vez de ser bueno va a ser malo.
Naturalmente, se debe admitir que la imagen del presidente ha mejorado con relación a los primeros días de su gestión, porque en principio todo parecía muy desastroso, lo cual podría ser atribuible a la inexperiencia, pero no es del todo así
Porque la designación de tanta gente de una misma familia en los cargos públicos no necesariamente tiene que ver con la inexperiencia, sino con una visión equivocada de manejar el Estado.
De todos los errores en el manejo del Estado por parte de Abinader, la designación de una gran cantidad de personas de una misma familia es lo único que no ha sido corregido, ya que todos los nombrados sobre la base de esa visión equivocada se mantienen en sus puestos.
Otra contradicción del Gobierno de Abinader es pedir sanciones para Odebrecht y al propio tiempo ir a cortejar a uno de los principales protagonista de ese desastre que tanto daño le ha hecho al país y nos referimos a Manuel Estrella, presidente de Consorcio Estrella, parte muy importante del entramado de corrupción que se robó muchos millones de pesos del patrimonio público.
Sin embargo, tendrá que llegar el momento que se explique muy bien al pueblo dominicano cuál son los vínculos del Gobierno de Abinader con un empresario con ese prontuario, porque esa cena que se hizo en la casa de Manuel Estrella no es sólamente eso, sino que esa relación trasciende una serie de instituciones del sector público que en algún momento se podría constituir en un aumento de la carga del lastre que implica la forma de hacer negocios con el Estado de este personaje.
Así vemos los primeros 90 días del Gobierno de Luis Abinader Corona, quien todavía tiene la oportunidad de desatarse y romper con el criterio de entregar su gobierno a una serie de cuadros del sector empresarial que sólo saben trabajar para beneficio propio.
Nadie en la República Dominicana se atrevería a negar que los partidos políticos lo han contaminado todo, absolutamente todo.
Es un mal general que contrarrestarlo costará mucho esfuerzo y un periodo largo en el tiempo, pero que su impacto lo destruye todo en su camino.
Cada día surge una nueva prueba del daño que causan los partidos políticos a la democracia nacional y en consecuencia su descredito alcanza niveles insospechados en la sociedad.
Hace pocos días que hasta el otorgamiento y anulación de una visa hacia los Estados Unidos estaba determinada muchas veces por la contaminación proveniente de la partidocracia, ya que esa es una vía de desacreditar al contrario, cuya revelación vino de la actual embajadora de esa nación en el país.
Pero las cosas son peores de ahí, porque los partidos políticos aparte de ser responsables de la tragedia nacional que conlleva la corrupción administrativa que propician y promueven, también tienen una influencia decisiva en la escogencia de los jueces del sistema de justicia nacional.
Ahí está la explicación de tantas demandas que son declaradas inadmisibles por los tribunales nacionales, porque en realidad se trata de la vía más fácil para quitarse de encima un proceso que podría comprometer el empleo de los jueces.
De manera, que se impone despolitizar el Consejo Nacional de la Magistratura, el cual está dominado por la partidocracia, cuyos postulantes a jueces y aquellos que ya los son y que deben ser evaluados tienen que someterse para ser elegibles al tráfico de influencia y al modo operandi de los partidos políticos.
Por qué no cambiar la conformación del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) para que sus miembros provengan de las universidades pública y privadas, el Colegio Dominicano de Abogados, la Suprema Corte de Justicia y de jueces de carrera con largos años de ejercicio.
De no ser así, muy difícilmente podremos mejorar el Estado Social Democrático de Derecho como lo consigna la constitución de la República, porque la manipulación de la designación de los jueces, sobre todo para buscar impunidad, contamina y daña todo el sistema público del país y destruye la democracia.
Los dominicanos somos los mejores testigos del deterioro que sufre la confianza pública por las graves violaciones a la seguridad jurídica y el criterio con que se maneja la partidocracia.
Decir que el país tiene una buena imagen en el combate de la corrupción administrativa, es pretender tapar el sol con un dedo, porque los casos de este tipo generalmente quedan en la impunidad.
El problema tiene una envergadura que asusta, porque no hace muchos días que se repitió la historia de que primero cualquier aspirante presidencial tiene que verse involucrado en escandalosos actos de corrupción para que la misma tenga alguna legitimidad.
Esa historia lamentable acaba de repetirse con Gonzalo Castillo, quien fue absuelto de los cargos que pesaban en su contra por la comisión de no cualquier sustracción de dinero del patrimonio nacional.
Pero lo propio se repite constantemente, dado que el Ministerio Público sólo pretende buscar sanciones penales para los casos que tienen importancia mediática, ya que este órgano del Estado en la práctica no tiene ningún nivel de eficiencia, cuyo rol es fundamentalmente politiquero.
Es decir, que hablar de transparencia en la sociedad dominicana es una aspiración que todavía falta un largo camino por recorrer, dado que desde la propia Presidencia de la Republica se producen fuertes y preocupantes atentados a la seguridad jurídica, pese a que se quiere pregonar lo contrario.
Basta con revisar los desacatos que se producen al sistema de justicia constitucional, los cuales tienen como protagonistas a los órganos del Estado, pero preocupantemente al propio presidente de la República que viola la Constitución de la República cuando le viene en gana.
Transparencia Internacional antes de emitir su informe debió consultar los archivos del Tribunal Constitucional para que entonces emitiera una valoración más acorde con la realidad, lo cual conoce muy bien su dependencia nacional como lo es Participación Ciudadana.
Es una insensatez y una desproporción afirmar que el país está bien en transparencia pública y en el combate a la corrupción cuando todo el mundo sabe que la impunidad es un elemento con raíces culturales y que es promovida por los que tienen el control del Estado.
La falta de transparencia, la poca confianza pública y carencia del respeto a la poca seguridad jurídica que prevalece en el país son de las falencias a combatir para el logro de una mejor democracia.
Por qué nos meten gatos por liebres, aunque no hay que escudriñar mucho para encontrar la respuesta.
La República Dominicana atraviesa por un trance muy peligroso que tiene ver con que quien tiene que velar por el respeto del orden jurídico nacional es el primero que lo viola.
Son numerosos las veces que Luis Abinader incurre en el mismo problema, lo cual implica que o no tiene claras sus funciones y responsabilidades o sencillamente de que se está frente a un gobierno irresponsable.
El país lleva años montado en el mismo caballo, ya que los niveles de ignorancia y de improvisación del presidente Abinader dejan la sensación de que el orden legal es lo que menos importa.
La gravedad de este problema tiene un impacto en la comunidad internacional en razón de que las normas del derecho interno tienen una conexión determinante con aquellas provienen del derecho externo.
Este comportamiento del presidente Abinader no sólo compromete la responsabilidad civil y penal del Estado, sino que la imagen del país se deteriora que deja mucha incertidumbre y amenaza la seguridad jurídica y en consecuencia renglones de la economía nacional como el turismo.
De manera, que la conducta del presidente no sólo representa una amenaza en contra de la imagen del país, sino también atenta en contra del progreso económico y social.
El presidente debe detener en lo inmediato la violación de la jerarquía jurídica, cuyo lugar cimero ocupa la Constitución de la República, la cual es permanentemente violada por decretos emitidos por el jefe del Poder Ejecutivo.
Lo planteado en este editorial puede parecer una irreverencia en contra del presidente Luis Abinader, pero es que su comportamiento no es para menos.
En lo que respecta a este caso no queda otra expresión que se ajuste más al comportamiento indicado que aquel que dice que el presidente tiene más miedo que vergüenza, porque su proceder indica que le importa poco lo que la gente pueda pensar de él.
Es un caso tras otro.