Análisis Noticiosos
El Gobierno profesionaliza el servicio Exterior sobre tres ejes fundamentales
Rápidos avances en el saneamiento de las abultadas nóminas y la aplicación del Manual de Organización y Funciones de las Misiones en el Exterior para proteger a la diáspora dominicana, promover exportaciones e inversiones y valores y derechos democráticos
Por Juan Bolívar Díaz
En una de las áreas donde se ha avanzado rápidamente en los primeros cien días del gobierno del Presidente Luis Abinader es en las relaciones exteriores, con un minucioso y bien delineado programa bajo responsabilidad del doctor Roberto Alvarez, uno de los dominicanos más preparados para asumir esas funciones.
La profesionalización de la Cancillería y del servicio exterior ha comenzado con la capacitación de los jefes de misiones, nuevos y antiguos, en base a tres ejes fundamentales: la protección de los dominicanos residentes en el exterior, la promoción de exportaciones e inversión y de los valores democráticos y los derechos humanos.
Los tres ejes fundamentales
En una evaluación de los primeros 100 días de su gestión, el Ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Alvarez, colocó como primer eje de la política de ese organismo “la protección de las dominicanas y dominicanos donde quiera que se encuentren”, con mejoras en los servicios de los consulados de Nueva York y Miami y asistencia a los afectados por dos recientes huracanes en Centroamérica e islas del Caribe. En la agenda está la reducción del costo de los servicios en base a tarifas que tendrán que ser cumplidas, sin la interesada discrecionalidad que ha prevalecido por años. Se parte de las contribuciones que hace la diáspora a la sociedad dominicana, que en el 2019 envió al país 7 mil 87 millones de dólares, y 50 mil millones de dólares en la última década.
El segundo eje de trabajo, para las embajadas y consulados es la promoción de las exportaciones e inversiones para generar empleos, con la mira no sólo del mercado norteamericano, y europeo, sino también en naciones de Asia y América Central, con énfasis en el comercio con la región del Caribe, incluyendo Haití, donde la balanza se inclina diez a uno en favor de RD. Ya elaboraron un plan de promoción comercial para el 2021 y se han adelantado acuerdos de cooperación interinstitucional y con Estados Unidos y Ecuador, también con la ONU para fortalecer la integridad, la ética y la transparencia.
Como tercer eje de la política exterior se plantea “promover los valores democráticos y los derechos humanos consagrados en la Constitución dominicana”. Al respecto Roberto Alvarez se refiere al discurso del presidente Abinader ante la Asamblea General de la ONU que resaltó los valores de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y a sus propias presentaciones ante el Consejo de Seguridad de la ONU y en la asamblea general de la OEA con la propuesta de referéndum para que sea el pueblo venezolano que resuelva la crisis de esa nación, y la proclama de que “no hay ni podrá haber una solución dominicana a las dificultades políticas y sociales que persisten en Haití”.
Fuerte profesionalización
En aras de la profesionalización del servicio exterior, se ha trabajado desde agosto, con la limpieza de las nóminas, el reentrenamiento del personal y con el rescate del Manual de Organización y Funciones, adoptado a principio del 2019, pero olvidado por la prevalencia del ministerio como agencia de empleo para dirigentes políticos y familiares, que hace años saturaron la sede central, las embajadas y consulados.
Unos 1,300 funcionarios han sido desvinculados, alrededor de 800 de los designados en el exterior, que en su mayoría no trabajaban, y otros 500 en la sede central de la Cancillería y hasta en provincias. Sólo en el consulado de Nueva York estaban designados más de un centenar, la mitad como vicecónsules. Ante la ONU se llegó a una docena de embajadores adscritos y más de 50 ministros consejeros, consejeros y secretarios. Entre la embajada en Washington y la OEA 86. En España había unos 130 entre la embajada, cinco consulados, una oficina de turismo, otra de la Junta Central Electoral y del Instituto para los Dominicanos en el Exterior.
En 47 embajadas y sus 30 secciones consulares, así como en 48 consulados, la RD tiene más personal designado que los países de contraparte, a menudo cuatro y cinco veces más. En un país pequeño como Costa Rica eran 26. En ONU y OEA más que las mayores naciones del mundo. Hace años que en Estados Unidos y otras naciones ya no acreditan nuevo personal diplomático o consular dominicano, por lo que los designados no ejercen en realidad. La saturación en múltiples casos sobrepasa varias veces la capacidad de los locales sedes y los mismos embajadores y cónsules decían a los últimos en llegar que los llamarían en caso de necesidad o para alguna actividad específica.
Reglamentos y convenios
El Manual de Organización prevé un límite de 13 funcionarios en las embajadas, pero se contempla que en muchos casos sean la mitad. En aras de la profesionalización se está condicionando la designación a los egresados de la escuela diplomática de la Cancillería. Una docena de los nuevos embajadores recién designados fueron ascensos del personal diplomático, atendiendo al escalafón.
Otro problema que ha tenido el ejercicio diplomático dominicano es que con frecuencia rebasan el tiempo promedio de las normativas, porque a menudo los favorecidos tienen residencia, familia o intereses en los países donde están designados, lo que se pretende superar con la rotación correspondiente y evitando designar personal residente. Los que tienen doble nacionalidad no son acreditados como diplomáticos o cónsules por las cancillerías, que los consideran nacionales.
La nueva gestión ya ha auspiciado dos diplomados para todos los jefes de misiones diplomáticas y consulares, nuevos y antiguos, con 88 horas de docencia cada uno, ahora combinando presencial con virtual, para vincularlos a la nueva política exterior. El propio canciller ha tenido extensa exposiciones sobre los lineamientos de política exterior.
Roberto Alvarez se doctoró en derecho de la UASD y realizó maestrías de Relaciones Internacionales y Derecho Comparado en las universidades Johns Hopkins y Georgetown, en Washington, donde residió varias décadas. Trabajó varios años en la secretaría general de la OEA, donde después sería representante de RD, 2005-08. También pasó años en el equipo jurídico de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Fue representante en Washington de Participación Ciudadana y luego su coordinador general y miembro de su Consejo Nacional hasta que tomó licencia en 2014 para pasar a dirigir las relaciones internacionales del entonces candidato presidencial Luis Abinader. En tal condición elaboró un minucioso programa de “Relaciones Exteriores para el Cambio”.
Estados Unidos y China
El presidente Abinader y su Canciller han explicado que mantendrán las más cordiales y respetuosas relaciones con la República Popular China, iniciadas hace dos años por el presidente Danilo Medina, y que dan la bienvenida a sus inversiones, exceptuando áreas consideradas “estratégicas”, o conflictivas por la competencia hegemónica del gigante asiático con Estados Unidos.
El límite, materializado ya en el área de telecomunicaciones, ha sido criticado como claudicación de soberanía, pero sus autores la defienden como realista, sincero y transparente, en virtud de que Estados Unidos está a dos horas del territorio nacional, es el principal socio comercial del país, de donde viene el 40% de los turistas, con inversión directa de 7,500 millones de dólares, más de la mitad en la última década, y hacia donde el país exportó en el 2019 por 5 mil 311 millones de dólares, el 56.4% del total.
Otra consideración importante es que Estados Unidos ha sido el destino de la emigración dominicana, que sobrepasa el millón de personas. Solo entre el 1990 y 2013 unos 834 mil 166 dominicanos recibieron residencia en ese país, y una buena proporción tiene la doble nacionalidad, que con sus descendientes representan una comunidad de 2 millones de personas, según censo estadounidense del 2017. De los 7 mil millones de dólares remesados en el 2019, el 77.5 por ciento provino de esa comunidad.
En China no hay emigrantes dominicanos, por lo que no llegan remesas, y RD apenas le exportó por 181 millones de dólares en el 2018, pero importó por 2 mil 111, con una desventaja de 8 a 92 por ciento del total. Constituye el mayor desnivel comercial dominicano.
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Tomo licencia por ser designado embajador
Con la publicación de este reporte sobre la política exterior dominicana concluyo una etapa de mi carrera profesional de 52 años, tras ser honrado por el presidente Luis Abinader con la designación de embajador ante el Reino de España mediante el decreto 655-20.
Ya había sido embajador de la República ante los gobiernos de Perú y Bolivia a partir del 1984, pero dos años después el periodismo le ganó la carrera a la diplomacia, porque aquello era casi una representación protocolar, por el mínimo intercambio dominicano con esos países. Esta vez espero realizar una importante misión en España, la segunda o tercera delegación diplomática de RD y puerta de entrada a la Unión Europea.
Me comprometo con los tres ejes de la política exterior, en especial con una comunidad dominicana de casi 200 mil personas, pues como escribí una vez “parece que tengo alma de migrante”.
Lamento despegarme de mis generosos y apreciados lectores, pero no puedo escribir análisis políticos o socioeconómicos, como los publicados en El Tema de HOY durante los últimos 18 años, viviendo en el exterior como representante del Estado dominicano. No puedo caer en un conflicto de intereses. Sin compromiso periódico, espero de vez en cuando escribir artículos sobre temas no coyunturales.
En el tiempo que me deje libre la nueva responsabilidad, empezaré a escribir mis memorias. Mientras tanto a los que quieran verificar mis análisis periodísticos o consultarlos, pueden acceder a todos los de HOY y la revista Rumbo en el sitio juanbolivardiaz.com
Por José Cabral.
Los jueces y juezas son considerados emperadores que tienen el privilegio de juzgar la conducta de los demás, pero nunca la de ellos, convirtiéndose muchas veces en los funcionarios públicos que violan más que cualquier otro agente del Estado los derechos de las personas.
La explicación del abuso de poder desde la condición de juez, jueza o fiscal consiste en que somos una nación donde la democracia existe más de apariencia que de realidad y que ello obedece a la herencia patriarcal, machista, caudillista y de amiguismo que genera mucha tolerancia con el que infringe la ley desde la sombrilla del Estado, cuya visión descansa en la herencia histórico-cultural anti-democrática.
La República Dominicana ha pretendido desarrollar una democracia en la que prevalezca el principio de legalidad, juridicidad y de igualdad, pero este propósito ha resultado ser una utopía porque los tiempos de dictaduras tienen un fuerte peso en la vida nacional.
En el Estado democrático los derechos no están por encima de los deberes, ambos van de la mano, pero en los países con escaso nivel de desarrollo la gente piensa que no tiene que cumplir con sus obligaciones y que los derechos son absolutos.
Hace muy pocos días que los actores del sistema de justicia se lanzaron a un paro de labores en demandas de mejores condiciones salariales y de trabajo en sentido general, lo que nadie le regatea porque la realidad es que las mismas son deprimentes, aunque ello no justifica la forma en que muchos tribunales se manejan en los casos que les llegan.
Todo el mundo sabe o por lo menos constitucionalmente está establecido que los jueces son garantes fundamentales de la justicia y la paz social, ya que su principal papel es administrar justicia mediante la solución de conflictos de manera imparcial, aunque este concepto luce ser una utopía.
Los jueces se supone que actúan como puente mediador entre las leyes y los ciudadanos, asegurando la equidad, el respeto a las garantías constitucionales y la estabilidad del Estado de Derecho, ya que en la sociedad contemporánea el ejercicio de la judicatura abarca funciones esenciales que van más allá de simplemente aplicar la ley escrita, sobre todo en una época en que el derecho ha entrado en un profundo proceso de constitucionalización.
Sin embargo, cuando el sistema de justicia no cumple con su rol, entonces llega la distorsión que tiene que ver con la vía de hecho, dado que éste tiene la misión teórica de darle a cada ciudadano lo que le corresponde, a los fines de evitar hacer justicia con sus propias manos y para garantizar una convivencia ordenada.
La justicia también debe velar porque prevalezca el principio de legalidad y de juridicidad para el control del poder, ya que representa un contrapeso vital al supervisar que los actos de los otros órganos del Estado se ajusten a la Constitución y al bien común, pero todo ello requiere, además, que los jueces, juezas y demás actores de la judicatura nacional también ajusten sus actuaciones a los deberes que les impone la ley sustantiva de la nación y las normas por las que se rige el Poder Judicial.
Análisis Noticiosos
Es imperdonable que Subero Isa haya mal asesorado al presidente de la República.
Por José Cabral
Cuando el Congreso Nacional aprobó en violación de la Constitución la promulgada Ley 13-26 que persigue anular las candidaturas independientes, muchos confiamos en la amplia formación y la vocación democrática del expresidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa, quien ahora se desempeña como Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo.
Siempre pensé que lo mínimo que podía sugerirle Subero Isa a Luis Abinader era no promulgar esa pretendida ley y en su lugar recomendar observarla por constituir una violación muy grave a la Constitución de la República y a una jurisprudencia del Tribunal Constitucional que el jefe de Estado prometió cumplir cuando se juramentó en el cargo.
Pero aun después de la promulgación en una conversación con el promotor de la acción directa de inconstitucionalidad en contra de los artículos 156 y 157 de la Ley 20-23, Alberto Fiallo, éste decía que parece que Subero Isa no había jugado ningún papel en semejante agravio a la democracia y al proceso de constitucionalización del derecho en la República Dominicana.
E incluso planteó el amigo Fiallo que Subero Isa no había tenido ninguna participación en semejante disparate jurídico, porque se veía que se trataba de un asunto manejado políticamente desde el Partido Revolucionario Moderno (PRM), lo cual parece lógico en razón de que fue algo manejado por los cuadros más importantes de la organización oficial.
Sin embargo, luego de ver la recomendación al presidente Abinader de Subero Isa en su condición de consultor jurídico del Poder Ejecutivo de que no se meta en lo referente al conflicto entre los jueces, juezas y demás personal del Consejo del Poder Judicial, todo indica que de igual modo debió haberlo hecho con la promulgación de la Ley 13—26.
No hay ninguna razón de que Subero Isa no haya intervenido en la decisión del presidente en lo que respecta a la promulgación de la Ley 13-26, máxime cuando el consultor jurídico ya había hecho pública su posición en contra de las candidaturas independientes.
De ser así, Subero Isa ha incurrido en su peor error como hombre público y jurista de una larga trayectoria, porque se trata de una acción antijurídica y que de alguna manera desmiente la creencia que nos hemos creado muchos de que este expresidente de la Suprema Corte de Justicia es un profesional del derecho lo suficientemente acabado y formado para el mejor de los consejos.
Si esta hipótesis es cierta entonces estaríamos ante un gran fiasco, porque no sé si Subero Isa sabe que con lo que podría ser esa asesoría a un hombre como el presidente Abinader, quien no tiene la menor idea de asuntos constitucionales, lo ha sumergido en una grave violación al derecho interno y externo, lo cual perdurará para toda la historia del país.
Sería imperdonable que Subero Isa no entienda la importancia que tiene en la democracia nacional el proceso de constitucionalización del derecho que se inicia en el país con la Constitución del 2010 y de la que se deriva la referida figura jurídica y que tampoco digiera el fenómeno que tiene que ver con la defensa y preservación de los derechos fundamentales en la sociedad dominicana, ya que la decisión de Abinader busca arruinar y eliminar el derecho, valores y principios de legalidad, proporcionalidad, pro participación y de dignidad humana.
No es que Subero Isa no tiene el derecho de estar en contra de lo que considere, pero de igual modo se entiende que es totalmente inaceptable que él se ponga en contra de una jurisprudencia que tiene el sustento del mandato de la Constitución.
Considero que la figura de Subero Isa se degrada y queda muy mal parada cuando entra en el juego de la politiquería al recomendar, si fue que así ocurrió, la promulgación de la Ley 13-26, que en buen derecho no es más que un contrasentido jurídico y que no puede tener otro destino que su nulidad.
Por José Cabral
Un total de 450 jueces y juezas de los 737 que hay en todo el país, así como sus 6,516 empleados fijos del Poder Judicial han paralizado sus laborares en demanda de aumento e indexación salarial, contratación de más personal en los tribunales y por mejores condiciones de trabajo.
Estos reclamos no pueden ser soslayados porque el sistema está lleno de deficiencias y debilidades de las que no se puede excluir a nadie, ya que todo obedece a las grandes distorsiones que sufre el Estado.
Entiendo que es un grave problema de institucionalidad, lo cual afecta a todos los actores del sistema, desde los jueces, fiscales y personal administrativo.
Tengo este criterio porque nadie puede discutir que las distorsiones que caracterizan al Estado no sólo se pueden ver en el sistema de justicia, sino también en el Poder Legislativo y el Ejecutivo.
Entonces, en el marco de estas debilidades y deficiencias que ponen en tela de juicio la democracia, se encuentran los bajos salarios de los jueces y todo el personal de la judicatura nacional.
Esta realidad lleva a todo el que tiene dos dedos de frente a entender que las demandas de los jueces y juezas son justas desde cualquier perspectiva que se vea y a cuyo problema debe buscársele una salida saludable, sin soslayar los demás asuntos que impactan negativamente al sistema de justicia.
El Consejo del Poder Judicial no sólo debe procurar darle salida a esa deficiencia y a sus problemas financieros, sino que al propio tiempo debe crear los mecanismos necesarios para que los tribunales del país tengan otro desempeño.
De manera, que la solución debe ser integral, no sólo a nivel de los salarios y las mejores condiciones laborales de los jueces, ya que las deficiencias tienen implicaciones que también tienen que ver con la arbitrariedad con que se manejan los casos en los tribunales, lo que muchas veces implican la violación de los derechos de los que buscan hacer justicia sobre la base de los derechos fundamentales.
Es decir, que, si bien los bajos salarios de los jueces es un problema grave en el marco del Estado dominicano, también debe decirse que hay otros de igual o peor magnitud que no tienen la mejor de las salidas.
Lo que pretendo establecer es que el problema no sólo tiene que ver con los salarios, el cúmulo de trabajo y el poco personal, sino también del manejo jurídico de los casos, porque es bueno que se entienda que muchos jueces y juezas violan hasta el derecho de recurrir de muchos justiciables y naturalmente los que incurren en esas inconductas no es que deben tener un mal salario, sino que deben ser expulsados del sistema de justicia para bien de la sociedad y la democracia.
Es oportuna la ocasión para que los que dirigen el Estado dominicano no sólo se aboquen a mejorar los salarios y las condiciones de trabajo de los jueces y juezas, lo cual me parece de justicia, sino también a fiscalizar mejor su desempeño porque hay que buscar la forma de mejorar el sistema justicia para bien de todas y cada de las personas, porque no hay derechos sin deberes.