Análisis Noticiosos
El Gobierno profesionaliza el servicio Exterior sobre tres ejes fundamentales
Rápidos avances en el saneamiento de las abultadas nóminas y la aplicación del Manual de Organización y Funciones de las Misiones en el Exterior para proteger a la diáspora dominicana, promover exportaciones e inversiones y valores y derechos democráticos
Por Juan Bolívar Díaz
En una de las áreas donde se ha avanzado rápidamente en los primeros cien días del gobierno del Presidente Luis Abinader es en las relaciones exteriores, con un minucioso y bien delineado programa bajo responsabilidad del doctor Roberto Alvarez, uno de los dominicanos más preparados para asumir esas funciones.
La profesionalización de la Cancillería y del servicio exterior ha comenzado con la capacitación de los jefes de misiones, nuevos y antiguos, en base a tres ejes fundamentales: la protección de los dominicanos residentes en el exterior, la promoción de exportaciones e inversión y de los valores democráticos y los derechos humanos.
Los tres ejes fundamentales
En una evaluación de los primeros 100 días de su gestión, el Ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Alvarez, colocó como primer eje de la política de ese organismo “la protección de las dominicanas y dominicanos donde quiera que se encuentren”, con mejoras en los servicios de los consulados de Nueva York y Miami y asistencia a los afectados por dos recientes huracanes en Centroamérica e islas del Caribe. En la agenda está la reducción del costo de los servicios en base a tarifas que tendrán que ser cumplidas, sin la interesada discrecionalidad que ha prevalecido por años. Se parte de las contribuciones que hace la diáspora a la sociedad dominicana, que en el 2019 envió al país 7 mil 87 millones de dólares, y 50 mil millones de dólares en la última década.
El segundo eje de trabajo, para las embajadas y consulados es la promoción de las exportaciones e inversiones para generar empleos, con la mira no sólo del mercado norteamericano, y europeo, sino también en naciones de Asia y América Central, con énfasis en el comercio con la región del Caribe, incluyendo Haití, donde la balanza se inclina diez a uno en favor de RD. Ya elaboraron un plan de promoción comercial para el 2021 y se han adelantado acuerdos de cooperación interinstitucional y con Estados Unidos y Ecuador, también con la ONU para fortalecer la integridad, la ética y la transparencia.
Como tercer eje de la política exterior se plantea “promover los valores democráticos y los derechos humanos consagrados en la Constitución dominicana”. Al respecto Roberto Alvarez se refiere al discurso del presidente Abinader ante la Asamblea General de la ONU que resaltó los valores de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y a sus propias presentaciones ante el Consejo de Seguridad de la ONU y en la asamblea general de la OEA con la propuesta de referéndum para que sea el pueblo venezolano que resuelva la crisis de esa nación, y la proclama de que “no hay ni podrá haber una solución dominicana a las dificultades políticas y sociales que persisten en Haití”.
Fuerte profesionalización
En aras de la profesionalización del servicio exterior, se ha trabajado desde agosto, con la limpieza de las nóminas, el reentrenamiento del personal y con el rescate del Manual de Organización y Funciones, adoptado a principio del 2019, pero olvidado por la prevalencia del ministerio como agencia de empleo para dirigentes políticos y familiares, que hace años saturaron la sede central, las embajadas y consulados.
Unos 1,300 funcionarios han sido desvinculados, alrededor de 800 de los designados en el exterior, que en su mayoría no trabajaban, y otros 500 en la sede central de la Cancillería y hasta en provincias. Sólo en el consulado de Nueva York estaban designados más de un centenar, la mitad como vicecónsules. Ante la ONU se llegó a una docena de embajadores adscritos y más de 50 ministros consejeros, consejeros y secretarios. Entre la embajada en Washington y la OEA 86. En España había unos 130 entre la embajada, cinco consulados, una oficina de turismo, otra de la Junta Central Electoral y del Instituto para los Dominicanos en el Exterior.
En 47 embajadas y sus 30 secciones consulares, así como en 48 consulados, la RD tiene más personal designado que los países de contraparte, a menudo cuatro y cinco veces más. En un país pequeño como Costa Rica eran 26. En ONU y OEA más que las mayores naciones del mundo. Hace años que en Estados Unidos y otras naciones ya no acreditan nuevo personal diplomático o consular dominicano, por lo que los designados no ejercen en realidad. La saturación en múltiples casos sobrepasa varias veces la capacidad de los locales sedes y los mismos embajadores y cónsules decían a los últimos en llegar que los llamarían en caso de necesidad o para alguna actividad específica.
Reglamentos y convenios
El Manual de Organización prevé un límite de 13 funcionarios en las embajadas, pero se contempla que en muchos casos sean la mitad. En aras de la profesionalización se está condicionando la designación a los egresados de la escuela diplomática de la Cancillería. Una docena de los nuevos embajadores recién designados fueron ascensos del personal diplomático, atendiendo al escalafón.
Otro problema que ha tenido el ejercicio diplomático dominicano es que con frecuencia rebasan el tiempo promedio de las normativas, porque a menudo los favorecidos tienen residencia, familia o intereses en los países donde están designados, lo que se pretende superar con la rotación correspondiente y evitando designar personal residente. Los que tienen doble nacionalidad no son acreditados como diplomáticos o cónsules por las cancillerías, que los consideran nacionales.
La nueva gestión ya ha auspiciado dos diplomados para todos los jefes de misiones diplomáticas y consulares, nuevos y antiguos, con 88 horas de docencia cada uno, ahora combinando presencial con virtual, para vincularlos a la nueva política exterior. El propio canciller ha tenido extensa exposiciones sobre los lineamientos de política exterior.
Roberto Alvarez se doctoró en derecho de la UASD y realizó maestrías de Relaciones Internacionales y Derecho Comparado en las universidades Johns Hopkins y Georgetown, en Washington, donde residió varias décadas. Trabajó varios años en la secretaría general de la OEA, donde después sería representante de RD, 2005-08. También pasó años en el equipo jurídico de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Fue representante en Washington de Participación Ciudadana y luego su coordinador general y miembro de su Consejo Nacional hasta que tomó licencia en 2014 para pasar a dirigir las relaciones internacionales del entonces candidato presidencial Luis Abinader. En tal condición elaboró un minucioso programa de “Relaciones Exteriores para el Cambio”.
Estados Unidos y China
El presidente Abinader y su Canciller han explicado que mantendrán las más cordiales y respetuosas relaciones con la República Popular China, iniciadas hace dos años por el presidente Danilo Medina, y que dan la bienvenida a sus inversiones, exceptuando áreas consideradas “estratégicas”, o conflictivas por la competencia hegemónica del gigante asiático con Estados Unidos.
El límite, materializado ya en el área de telecomunicaciones, ha sido criticado como claudicación de soberanía, pero sus autores la defienden como realista, sincero y transparente, en virtud de que Estados Unidos está a dos horas del territorio nacional, es el principal socio comercial del país, de donde viene el 40% de los turistas, con inversión directa de 7,500 millones de dólares, más de la mitad en la última década, y hacia donde el país exportó en el 2019 por 5 mil 311 millones de dólares, el 56.4% del total.
Otra consideración importante es que Estados Unidos ha sido el destino de la emigración dominicana, que sobrepasa el millón de personas. Solo entre el 1990 y 2013 unos 834 mil 166 dominicanos recibieron residencia en ese país, y una buena proporción tiene la doble nacionalidad, que con sus descendientes representan una comunidad de 2 millones de personas, según censo estadounidense del 2017. De los 7 mil millones de dólares remesados en el 2019, el 77.5 por ciento provino de esa comunidad.
En China no hay emigrantes dominicanos, por lo que no llegan remesas, y RD apenas le exportó por 181 millones de dólares en el 2018, pero importó por 2 mil 111, con una desventaja de 8 a 92 por ciento del total. Constituye el mayor desnivel comercial dominicano.
——————————————————————————————————————–
Tomo licencia por ser designado embajador
Con la publicación de este reporte sobre la política exterior dominicana concluyo una etapa de mi carrera profesional de 52 años, tras ser honrado por el presidente Luis Abinader con la designación de embajador ante el Reino de España mediante el decreto 655-20.
Ya había sido embajador de la República ante los gobiernos de Perú y Bolivia a partir del 1984, pero dos años después el periodismo le ganó la carrera a la diplomacia, porque aquello era casi una representación protocolar, por el mínimo intercambio dominicano con esos países. Esta vez espero realizar una importante misión en España, la segunda o tercera delegación diplomática de RD y puerta de entrada a la Unión Europea.
Me comprometo con los tres ejes de la política exterior, en especial con una comunidad dominicana de casi 200 mil personas, pues como escribí una vez “parece que tengo alma de migrante”.
Lamento despegarme de mis generosos y apreciados lectores, pero no puedo escribir análisis políticos o socioeconómicos, como los publicados en El Tema de HOY durante los últimos 18 años, viviendo en el exterior como representante del Estado dominicano. No puedo caer en un conflicto de intereses. Sin compromiso periódico, espero de vez en cuando escribir artículos sobre temas no coyunturales.
En el tiempo que me deje libre la nueva responsabilidad, empezaré a escribir mis memorias. Mientras tanto a los que quieran verificar mis análisis periodísticos o consultarlos, pueden acceder a todos los de HOY y la revista Rumbo en el sitio juanbolivardiaz.com
Análisis Noticiosos
La aportación clave de la comunidad marroquí en España: “Las remesas son críticas para Marruecos”
El dinero enviado desde España representa más del 1% del PIB del país magrebí, mientras que el procedente de toda la emigración alcanza el 7,5%
Madrid.-Más de un millón de personas de origen marroquí viven en España, lo que la convierte en la comunidad extranjera más numerosa, por delante de Colombia. Y también en un elemento de considerable importancia para la economía del país magrebí, muchos de cuyos ciudadanos siguen intentando emigrar a Europa como ha mostrado lo sucedido recientemente en Ceuta. Marruecos (y su tejido productivo, y sus hogares) depende en gran medida de las remesas de sus ciudadanos en el extranjero, el dinero que el emigrante envía a los familiares que se han quedado allí. Solo las procedentes de España sumaron casi 1.589 millones de euros en 2025, según datos del Banco de España, lo que equivale a algo más del 1% del PIB del país vecino.“La comunidad marroquí en España es un actor económico de primer orden para Marruecos, comparable a una gran exportación nacional por su capacidad para generar un flujo constante de recursos”, señala Rut Bermejo, investigadora para Migraciones del Real Instituto Elcano. “Su importancia económica se explica tanto por su tamaño como por su elevado nivel de participación laboral”, añade.
España es la segunda mayor fuente de remesas hacia Marruecos y representa en torno al 15% del total de las que recibe el país, según datos coincidentes de las autoridades monetarias marroquíes y europeas. Está por detrás solo de Francia, con unos 3.400 millones de euros, que suponen más del 30% del total. La superioridad francesa se debe al hecho de contar con la mayor comunidad de expatriados marroquíes del mundo con diferencia (más de 1,5 millones). Italia completa el podio de fuentes de ingresos extranjeros a Marruecos, con unos 800 millones de euros, algo menos del 10% del total recibido por el país norteafricano.
Cifras en millones de euros
“Las remesas son críticas para Marruecos. Sin ellas, sería totalmente insostenible mantener el nivel de importaciones actual del país”, señala Íñigo Moré, del centro de investigaciones Remesas.org, en declaraciones a este diario. Como muchos países en desarrollo, Marruecos importa más de la mitad de todo lo que consume (el 53% del PIB, según el Banco Mundial), algo difícil de costear con una divisa débil, el dirham, equivalente a menos de 10 céntimos de euro. La otra ventaja, como apunta Moré, es que se trata de un ingreso sin ninguna contrapartida, a diferencia del generado por un sector productivo como el turismo, con sus exigencias de inversión en infraestructura o pago de empleados. Este es dinero gratis e inmediato.
Las transferencias internacionales también impulsan la actividad local y favorecen al conjunto de la economía tanto a corto como a largo plazo, como precisa Bermejo: “Las remesas se destinan al sostenimiento de padres, hijos o familiares que permanecen en Marruecos, y se emplean en financiar vivienda o la educación y salud de esos hijos. También pueden servir para que familiares pongan en marcha pequeños negocios”.
En 2025 las remesas a Marruecos representaron un 7,5% de la economía del país. Cuánto representan en el PIB de Marruecos las remesas internacionales
Moré atribuye principalmente el avance de las transferencias desde territorio español a que, desde la pandemia, los inmigrantes marroquíes dejaron de viajar tanto y empezaron a hacer los envíos por vía bancaria o de empresas remesadoras. Otro factor citado por el experto es la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) en España: se ha elevado más de un 60% desde 2018, hasta alcanzar los 1.221 euros mensuales.
Evolución de las remesas desde España destinadas a Marruecos sobre el total
Cifras en millones de euros
“Los marroquíes se ven más afectados por la subida del SMI, porque desempeñan trabajos peor remunerados, con mayor peso en la agricultura o la construcción, debido a la barrera lingüística. Si no hablas español, no puedes trabajar de camarero ni acceder a muchos empleos del sector servicios”, señala Moré. Le da la razón un estudio del Real Instituto Elcano basado en datos del INE a cierre de 2024. En conjunto, los inmigrantes africanos representan el 15,6% de los ocupados en la agricultura y el 14% en la construcción, en los dos casos muy por encima de cualquier otro grupo. En la hostelería, en cambio, su peso se limita al 12%, por detrás de latinoamericanos y asiáticos.
Ganen más o menos que otros inmigrantes, los marroquíes cobran mucho más en España que en su país, y eso es lo que más les importa. Quienes perciben el salario mínimo en la orilla norte del Mediterráneo disfrutan de un poder adquisitivo casi tres veces superior al que tendrían con el salario mínimo en Marruecos, según la Organización Internacional del Trabajo. El sueño de vivir en suelo español se explica también con la razón.
elpais.com
Por José Cabral
Nadie puede negar que el Tribunal Superior Electoral (TSE) exhibe en sus audiencias a través de sus jueces una alta solemnidad, la cual sirve de poco para mejorar la administración de justicia electoral y la democracia.
El TSE se ha vuelto experto en la aplicación de la figura de la inadmisibilidad, la cual es la vía mas fácil para no tener que conocer una demanda o acción de amparo, cuya decisión no tiene otro destino que recurrir en revisión ante el TC.
Se observa en este tribunal que, así como proyecta una gran solemnidad, opera como una trinchera de los partidos políticos para que mantengan su control sobre todo el sistema, principalmente del electoral.
Podría citar docenas de casos en los que el TSE se comporta como un instrumento de defensa de lo mal hecho de los partidos políticos y de otros órganos del Estado como la Junta Central Electoral (JCE), cuya última resolución ha incurrido en la violación de una serie de derechos fundamentales electorales.
Un ejemplo de los contras sentidos del TSE está la declaratoria de incompetencia de la demanda que busca la nulidad de la resolución de la JCE, que prohíbe las encuestas políticas hasta que no lleguen los tiempos de la pre-campana.
Esa decisión que, ha creado todo un debate nacional en el que participan algunos jueces del TSA que dieron su voto salvado o disidente y que cuestionan el hecho de que el tribunal reniegue de su responsabilidad de emitir sentencias ajustadas al estado de derecho, implica una grave distorsión del respeto del mandato de la ley y la Constitucion.
Evidentemente que el TSE al declararse incompetente para conocer las acciones legales interpuestas en contra de la decisión del JCE representa una forma vulgar de negar justicia, pero igual ocurre con una serie de acciones de amparo y que estos juzgadores se van por la vía de la inadmisibilidad como una forma de huir a su compromiso de impartir justicia en el ámbito electoral.
La frustración que causa este comportamiento de unos jueces que en sus decisiones toman más en cuenta el cuido de sus altos salarios que propiciar una buena administración de justicia, no es exclusivo del TSE, sino de todo el sistema de justicia del país.
Tengo la tesis que hasta que en la República Dominicana no se cambie la configuración del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) difícilmente este cuadro pueda cambiar, porque el quid del asunto consiste en que los cometen los delitos son precisamente los que tienen el control de este órgano que designa a todos los jueces del país.
Análisis Noticiosos
Campañas Sucias, Posverdad y Redes Sociales: El Ataque a la Dignidad en la Era Digital.
Por Robinson Jesús Lebrón Céspedes.
El presente estudio analiza las principales dobleces a la dignidad humana en los procesos políticos y electorales de la República Dominicana durante el período 2006–2026. Se examina el impacto de las campañas de desinformación, la posverdad y el uso de redes sociales como mecanismos de manipulación política, así como la vulneración del derecho al honor, la intimidad y la protección de los datos personales. Asimismo, se aborda la violencia política de género como una manifestación de discriminación que limita la participación igualitaria de las mujeres en los espacios de representación política. El trabajo también evalúa el papel desempeñado por la Junta Central Electoral, el Tribunal Superior Electoral y el Tribunal Constitucional en la protección de los derechos fundamentales mediante la aplicación de la Constitución y la legislación electoral vigente. Se concluye que, aunque el país ha fortalecido su marco jurídico e institucional para garantizar procesos electorales más democráticos, persisten prácticas estructurales como el clientelismo, el uso indebido de recursos públicos, la desinformación digital y la desigualdad de género, las cuales continúan afectando la dignidad humana y la calidad de la democracia dominicana.
La erosión de la integridad moral a través de la desinformación y el uso de robots.
El desplazamiento del debate político dominicano hacia las plataformas digitales durante el periodo 2006–2026 ha transformado radicalmente las estrategias de captación del voto, introduciendo severas amenazas a la dignidad personal de los actores políticos. Como señala Jorge Prats (2013), el derecho al honor, al buen nombre y a la propia imagen forma parte del núcleo duro de la dignidad humana protegido por el artículo 44 de la Constitución dominicana. Sin embargo, la proliferación de campañas de posverdad y la difusión sistemática de noticias falsas (fake news) han sido utilizadas de manera recurrente para destruir la reputación de los adversarios.
Esta práctica se ha tecnificado mediante el uso de redes de cuentas automatizadas o robots. El objetivo de estas infraestructuras digitales no es debatir propuestas programáticas, sino saturar el espacio público virtual con discursos de odio y difamaciones personalistas. Al desviar la atención desde la competencia de ideas hacia el linchamiento moral del individuo, se violenta la dignidad del candidato quien es despojado de su derecho al debido proceso reputacional y se agrede la dignidad del electorado, al que se intenta manipular mediante el engaño masivo y la distorsión deliberada de la realidad (Espinal, 2018).
La vulneración de la intimidad y los datos privados con fines de chantaje
El entorno electoral de la última década ha evidenciado una preocupante tendencia hacia la instrumentalización de la vida privada de los ciudadanos y candidatos. En el contexto de la competencia interna y general de los partidos políticos en la República Dominicana, la filtración ilegal de audios, conversaciones privadas, historiales médicos o datos financieros se ha convertido en un arma de coacción política común.
Este fenómeno vulnera directamente la autodeterminación informativa y el derecho a la intimidad. Según los informes de la Organización de los Estados Americanos (OEA, 2020), la recolección no autorizada de datos personales y su posterior exposición pública con fines de chantaje o desacreditación electoral reducen al ser humano a un estado de vulnerabilidad absoluta frente al poder tecnológico de las maquinarias políticas. La dignidad se quiebra cuando el ciudadano o el aspirante a un cargo público pierde el control sobre su esfera íntima, quedando expuesto al escrutinio y al juicio social sumario bajo lógicas estrictamente utilitaristas y electoreras.
Violencia política de género y descalificación moral en el entorno virtual.
Una de las manifestaciones más lesivas de la descalificación en entornos digitales es la violencia política basada en el género, la cual afecta de manera desproporcionada a las mujeres que aspiran a puestos de elección popular. A pesar de los avances normativos en materia de cuotas establecidos en la Ley No. 33-18 de Partidos Políticos, la cultura patriarcal subyacente se traslada al entorno digital mediante ataques dirigidos específicamente a descalificar a las candidatas por razones de género.
Mientras que los candidatos masculinos suelen ser evaluados o atacados por su gestión o posturas políticas, los ataques hacia las mujeres tienden a centrarse en su apariencia física, su vida familiar, su moral sexual o supuestas incapacidades emocionales (ONU Mujeres, 2023). Esta asimetría en la agresión no solo constituye una violación directa a la dignidad de la mujer como ser humano, sino que opera como un mecanismo de exclusión fáctica. Al menoscabar su autoridad y credibilidad pública mediante estereotipos denigrantes, se limita su derecho fundamental a la participación política en condiciones de igualdad, perpetuando una brecha democrática que lesiona la estructura ética del sistema electoral.
El Rol Institucional y Jurisprudencial en la Tutela de la Dignidad Humana.
La Junta Central Electoral (JCE) y las tensiones en el control de las garantías básicas.
Durante el periodo 2006–2026, la Junta Central Electoral (JCE) ha transitado por un complejo proceso de reconfiguración institucional, impulsado por la presión ciudadana y las reformas legislativas de las leyes No. 33-18 de Partidos Agrupaciones y Movimientos políticos y No. 20-23 de Régimen Electoral en la Republica Dominicana. Como órgano de administración electoral de rango constitucional (artículo 212), la JCE tiene la obligación no solo de organizar la logística de los comicios, sino de salvaguardar el orden ético y la equidad que dignifican el voto.
No obstante, la actuación de la JCE ha estado marcada por tensiones estructurales entre su facultad reglamentaria y la resistencia de las cúpulas partidarias. Como señalan Cury y Zaglul (2019), los intentos de la JCE por establecer medidas cautelares contra la campaña a destiempo, el uso indebido de los símbolos del Estado y el desborde de los topes de gastos han chocado frecuentemente con lagunas normativas y una cultura de desacato político. El desafío para la JCE ha radicado en que, cada vez que el órgano electoral posterga o flexibiliza la fiscalización del gasto y la propaganda, se debilita la protección de los derechos de los electores y electoras frente al poder fáctico del dinero, permitiendo prácticas de propaganda invasiva que lesionan el decoro y la dignidad del espacio público (Junta Central Electoral [JCE], 2024).
El Tribunal Superior Electoral (TSE) y la defensa del debido proceso partidario.
La creación del Tribunal Superior Electoral (TSE) en la reforma constitucional de 2010 marcó un hito fundamental para la protección de la dignidad en el ámbito político-partidario dominicano. Antes de su puesta en funcionamiento en 2012, los militantes de base se encontraban en un estado de indefensión jurídica frente a las decisiones arbitrarias y autoritarias de las direcciones ejecutivas de los partidos políticos, las cuales manejaban las candidaturas y los procesos de disciplina de manera discrecional.
A través de una sólida línea jurisprudencial, el TSE ha operado como un escudo de los derechos fundamentales de la militancia. Fundamentando sus decisiones en el principio de que los partidos políticos son instrumentos públicos obligados a respetar la democracia interna (artículo 216 de la Constitución), el tribunal ha anulado asambleas, expulsiones sumarias y encuestas de selección de candidaturas que violaban el debido proceso (Tribunal Superior Electoral [TSE], 2021). De acuerdo con la doctrina de Jorge Prats (2022), esta tutela judicial efectiva dignifica al militante, al reconocerlo como un sujeto de derechos inalienables dentro de su propia organización y no como un subordinado prescindible a merced de los intereses de las élites partidarias.
La erradicación de las prácticas de exclusión mediante sentencias hito.
El diálogo jurisprudencial entre el TSE y el Tribunal Constitucional (TC) ha permitido desmontar mecanismos formales e informales de exclusión que atentaban contra la dignidad intrínseca de los aspirantes. Un ejemplo crítico ha sido la defensa de los derechos políticos de las mujeres frente a los intentos de los partidos de burlar las cuotas de género mediante asignaciones de candidaturas en demarcaciones tradicionalmente perdidas o a través de alianzas Inter partidarias que diluían su participación.
Tanto el Tribunal Constitucional (TC) como el Tribunal Superior Electoral (TSE) fijaron el criterio vinculante de que la cuota de género establecida entre el 40% y el 60% por la Ley No. 33-18 debe aplicarse por cada demarcación territorial y no a nivel nacional, evitando que las mujeres fueran confinadas a puestos marginales (Tribunal Constitucional TC/0104/20. Estas decisiones judiciales demuestran que la dignidad en los procesos políticos dominicanos no es un concepto pasivo; requiere una intervención jurisdiccional activa para nivelar el terreno de juego, garantizando que el acceso al poder del Estado se fundamente en la justicia distributiva, la equidad de género y la idoneidad moral de las personas.
Conclusiones.
El análisis evidencia que la dignidad humana constituye el eje transversal que debe orientar el funcionamiento del sistema político-electoral dominicano. Si bien las reformas constitucionales, la aprobación de las Leyes núm. 33-18 y 20-23, y la consolidación de la jurisprudencia del Tribunal Superior Electoral y del Tribunal Constitucional han fortalecido la protección de los derechos fundamentales, aún subsisten prácticas que comprometen la integridad del proceso democrático. El clientelismo, la compra de votos, la desinformación digital, la vulneración de la privacidad y la violencia política de género representan desafíos que trascienden el ámbito jurídico y requieren respuestas institucionales, educativas y culturales. En consecuencia, la consolidación de una democracia respetuosa de la dignidad humana demanda el fortalecimiento de los mecanismos de fiscalización, la aplicación efectiva de sanciones, la promoción de la ética política y la educación cívica, así como el compromiso de los partidos políticos, las autoridades electorales y la sociedad en la construcción de procesos electorales transparentes, inclusivos y respetuosos de los derechos fundamentales.
El autor es abogado y Docente Universitario