Editorial
Convictos Delincuentes se Anidan en el Congreso Nacional.
La Cámara de Diputados y el Senado de la República son las dos instancias que conforman el primer poder del Estado y ambas están cundidas de delincuentes que no tienen otra carta de presentación que haber participado en acciones al margen de la normativa jurídica nacional.
Son muchas las veces que se ha denunciado que los partidos políticos, principalmente los más grandes, se han dedicado a la fea tarea de colocar como candidatos a diputados y senadores a banqueros, es decir, dueños de bancas de apuestas, guagüeros, gaseros, entre otros personajes involucrados hasta los tuétanos con la ilegalidad.
Esta realidad permite recordar la expresión que dice que se ha puesto la iglesia en manos de Lutero.
Violadores de la ley con la facultad de también elaborarla, es decir, que mientras se dedican al lavado de activos y al narcotráfico, así como a una serie de ilegalidades más, también tienen la sagrada misión de crear, cambiar o modificar las normativas jurídicas del país.
Esa es la mejor expresión de una sociedad con una doble moral, lo cual explica que un diputado y un senador se dediquen a amenazar a los órganos que deben perseguir el delito y el crimen.
Los dos mejores ejemplos de la distorsión que sufre una sociedad que habla de avances institucionales, son el diputado y el senador de las provincias María Trinidad Sánchez y Montecristi, quienes se presentaron para impedir que se aplique la ley en contra de delincuentes consumados.
El diputado Sadosky Duarte niega los hechos que se le imputan en la actualidad y hasta pronunció un discurso estruendoso en la Cámara de Diputados para negar que haya golpeado a la agente policial en un hecho producido en Cotuí, pero en el caso de que se trate de una versión que no obedece a la verdad, el PRM debe explicar por qué lo escogió como candidato a la posición que ostenta luego de haber participado en otro hecho relacionado con drogas y que en el curso del mismo disparó a una patrulla policial y que provocó que terminara herido de muerte.
Puede alguien alegar ignorancia de estos hechos, entonces todo parece indicar que fue una decisión consciente de quién es el personaje que se presentó como candidato a diputado por el hoy partido de gobierno, por lo que cualquier cosa que pueda ocurrir no tiene justificación luego de servir de canal para que un delincuente se convierta en una autoridad nacional.
De manera, que los partidos tienen una deuda pendiente con la sociedad por exhibir un comportamiento reprochable como resultado de la impunidad que prevalece en el país, donde cualquiera se convierte en al menos obispo o general sin tomarse en cuenta su pasado.
Independiente de que haya una cierta especulación con los hechos en que aparece involucrado el diputado Duarte, si es que se le debe dar un cierto margen de credibilidad a sus palabras, la sociedad debe prepararse para pasarles facturas a los partidos políticos en lo que respecta a su comportamiento de colocar a cualquier delincuente como candidato a senador o diputado de la República.
La promoción de la vía de hecho por la ineficacia de la justicia nacional, son muy pocos los quieren verla, unos por su baja formación y su pensamiento no profundo y otros porque son parte del mal.
Pero lo cierto es que el fenómeno constituye un problema de una magnitud insospechada y de una peligrosidad que amenaza las propias entrañas de la fallida democracia nacional.
El asunto no parece tener una solución fácil en razón de que tiene un componente profundamente político y cultural.
Los debilidad y la vocación de violar la ley suprema y las adjetivas de la noción puede echarlo todo a perder, sobre todo porque no se trata de un mal a nivel de una sola instancia publica, sino de todo el tejido social e institucional.
El nivel de la problemática del sistema de justicia nacional se podría convertir en una falta que también comprometa la responsabilidad civil y penal del Estado porque se trata de la violación de derechos humanos fundamentales protegidos por el derecho internacional,
Son múltiples y variadas las violaciones de los derechos fundamentales en que incurren los tribunales nacionales a través del no respeto de los plazos razonables y en consecuencia de la tutela judicial efectiva, el debido proceso y el derecho a la defensa.
Otros principios constitucionales violados por los actores del sistema de justicia son el de celeridad, economía procesal y el de analogía, así como el del juez natural y el de estatuir ante pruebas aportadas por las partes,
En realidad se trata de un asunto de una dimensión inmedible, cuya solución no parece tan simple y sencilla.
Ahora mismo puede decirse con toda seguridad que la ineficacia y contaminación politiquera del sistema de justicia produce en la nación un efecto que lo daña todo, absolutamente todo.
Es un verdadero cáncer que impacta todo el cuerpo social de la Republica Dominicana
La educación superior dominicana, que como bien se establece en el reportaje que aparece en la sección “De Portada” de este diario, implica un problema que debe motivar profundas reflexiones para que el país se avoque a pasar de la deficiencia a la calidad de la enseñanza universitaria.
Pero este es un asunto que sólo puede solucionarlo el Estado, el cual no está en capacidad de dar los pasos para que al cabo de algunos años el cuadro pueda dar un giro positivo.
La tendencia entre los dominicanos es sólo ver lo que está frente a ellos, sobre todo en materia de educación universitaria, pero no hay forma de llevar su mirada crítica a lo que requiere de un esfuerzo más profundo y exhaustivo.
El gran problema de la educación superior del país es que no sólo la situación depende de la negligencia y la deficiencia del Estado, sino que además que no se cuenta con una cultura para crear un cuerpo profesoral preparado para impartir docencia a nivel universitario, aunque, naturalmente, una cosa depende de la otra.
De manera, que los resultados no pueden ser peores, cuyos egresados, penosamente, terminan su carrera con una formación tan precaria que en la práctica son analfabetos funcionales.
Lo peligroso del fenómeno es que la sociedad está frente a médicos que puedan matar al paciente, ingeniero civil que construya una obra que puede caerle en la cabeza en cualquier momento a sus propietarios y un abogado que no puede asesorar idóneamente a su clientes y en consecuencia poner en peligro, por su poca formación, la tutela judicial efectivo, el debido proceso y el derecho a la defensa.
De manera, que el asunto no es como se puede ver a simple vista, sino que se trata de una deficiencia que aparte de hablar muy mal de toda la sociedad, amenaza la seguridad nacional, todo como resultado de un problema integral que impacta a todo el Estado.
Lo grave del problema es que no se ven soluciones fáciles en el camino, porque además la explicación de una educación superior fundamentada más en el negocio vulgar que en un plan nacional para lograr los índices de desarrollo del mundo competitivo de hoy, es parte de una cultura nacional y de un neoliberalismo salvaje que se lleva de paso todo lo bueno.
La realidad es que no es posible poner en orden las universidades nacionales, ya que en el país todo está contaminado con la politiquería, de arriba hacia abajo y lo contrario, de abajo hacia arriba.
Se impone entonces la siguiente pregunta: ¿Quién nos sacará del tremendo tollo de la educación superior nacional, aunque la respuesta más realista es que no hay una respuesta convincente y que satisfaga.
No son pocos los conflictos originados en sindicatos, clubes culturales y deportivos, cooperativas de ahorros y préstamos y los propios partidos políticos, que son asaltados por grupos de personas que los usan con fines muy particulares.
Puede decirse que se trata de un cáncer que resulta complicado erradicar, con el agravante que esa mala práctica es reproducida cuando personas con la misma filosofía de vida llegan a la administración pública, lo que explica la gran cantidad de casos de sustracciñn de fondos del patrimonio público.
Realmente el país está copado por los que piensan que deben llegar a este tipo de instituciones, las cuales no tienen fines de lucro, para manipular sus recursos y creerse incluso que es algo que legítimamente les pertenece.
Un ejemplo muy elocuente al respecto son los partidos políticos, los cuales son manejados como empresas privadas y propiedad de particulares, pese a que en realidad se trata de una figura que está legalmente regulada y que no puede ser jamás un patrimonio personal.
Pero el mismo problema es encontrado por doquier, cuyos propiciadores de este tipo de conducta sumergen a la sociedad en un gran dolor de cabeza.
El asunto ahora se puede ver con lo que ocurre en el Patronato Cibao contra el Cáncer, cuya institución juega un papel de primer orden para combatir una enfermedad tan severa y mortal como esa.
El problema del Oncológico del Cibao ha entrado ya a los tribunales competentes y sólo se espera un desenlace que tal vez no sea la panacea al problema, porque se van unos con un criterio equivocado en el manejo de este tipo de organizaciones, pero llegan otros que no difieren, absolutamente en nada, en la forma de ver el asunto.
Independiente de cual sea la decisión del tribunal que conoce el caso, debe admitirse que la sociedad dominicana está frente a una cuestión que lesiona lo más profundo de la sensibilidad humana, sobre todo porque no hay ningún tipo de arrepentimiento.
Hoy ha salido a la superficie el conflicto en el Patronato Cibao contra el Cáncer, pero la raíz del conflicto, con una explicacion profundamente cultural, es que una gran cantidad de instituciones sin fines de lucro hoy permanecen asaltados por grupos de «vividores» que ponen en tela de juicio las bases de la dominicanidad.