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Son legales las pruebas presentadas contra encartados del caso Odebrecht, dice el PEPCA.
SANTO DOMINGO.- Las pruebas presentadas en en el juicio del caso Odebrecht fueron defendidas por el Ministerio Público este lunes.En consecuencia, la fiscal Mirna Ortiz, de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), pidió que fuera rechazada la objeción de la defensa del imputado Víctor Díaz Rúa a la testigo Jissel del Carmen Paulino Cáceres, la número 11 que presentará el Ministerio Público en la continuación del juicio.
La fiscal Ortiz resaltó que el órgano de la persecución penal entregó al tribunal todas las órdenes judiciales que amparan la información financiera relacionada con el imputado Víctor Díaz Rúa y con todas sus empresas.
“Hasta ahora así lo hemos hecho con cada uno de los imputados, porque todas las actuaciones del Ministerio Público están apegadas a la ley”, destacó.
Al responder preguntas de los periodistas que cubren el proceso, Ortiz dijo que las constantes objeciones a los testigos, de parte de los abogados defensores, forman parte de la estrategia que han agotado desde el principio: “Tratar de objetar lo más posible la incorporación probatoria”.
Agregó que, tal y como sucedió con respecto a la testigo María del Carmen Álvarez, se espera que el tribunal rechace la objeción planteada, tras percatarse de la existencia de la autorización judicial para la incorporación de estas evidencias. “Eso mismo sucederá en este momento”.
La magistrada Mirna Ortiz dijo que hasta el momento han logrado incorporar 412 pruebas con 10 testigos que han declarado, de un total de 28 que serán presentados como parte de la oferta probatoria del Ministerio Público.
“Ya probada su información societaria y su participación accionaria en diversas empresas, ahora pretendemos establecer su patrimonio declarado en bancos e instituciones financieras y el movimiento de esas cuentas, así como los ingresos que este ha percibido por salario durante los períodos en que ejerció la función pública”, agregó con respecto a los informes financieros de Díaz Rúa.
Además de Díaz Rúa, por este caso son enjuiciados Ángel Rondón Rijo, Andrés Bautista García, Conrado Pittaluga, Tommy Galán Grullón y Roberto Rodríguez.
Con las pruebas, el Ministerio Público procura demostrar su vinculación con los sobornos que pagó la multinacional brasileña.
Mirna Ortiz forma parte del equipo litigador en el juicio, el cual encabeza el titular de la Pepca, procurador adjunto Wilson Camacho.
Las juezas Esmirna Giselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo se retiraron a deliberar sobre la objeción planteada por los abogados de Díaz Rúa y a la que se adhirieron las defensas de otros de los imputados.
Santo Domingo. – Este jueves la Policía Nacional informó que detuvo cuatro hombres involucrados en el robo de fundas con alimentos de primera necesidad, sustraídos de varios camiones que transitaban por la avenida del Puerto del Distrito Nacional.
El cuerpo del orden dijo que los detenidos son Aaron Ezequiel Cabrera, de 36 años; Breilin José Vizcaíno Capellán, de 18; Ángel Reguillo Emiliano, de 26, y Miyel Ambiórix Morillo, de 27, todos residentes en la citada demarcación.
Según la entidad, la detención fue realizada por agentes de la Dirección Central de Investigación (Dicrim), quienes actuaron de manera inmediata tras dar seguimiento a los responsables, identificados a través de un video que se hizo viral en redes sociales y medios de comunicación.
Los cuatro apresados serán puestos a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.
La Policía Nacional reafirma su compromiso de actuar con prontitud frente a hechos delictivos y garantizar la seguridad ciudadana.
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Presidente de la República solicita al Congreso agilizar modificación de ley de Compras y Contrataciones.
Santo Domingo, R.D.- Luis Abinader solicitó este jueves al Congreso Nacional agilizar la aprobación del proyecto que modificaría la ley de Compras y Contrataciones, la cual tiene el objetivo de establecer sanciones más severas contra la corrupción y fortalecer el marco regulador de las contrataciones del Estado.
Esta normativa, que fue propuesta por la exsenadora y ministra de Interior y Policía, Faride Raful, derogará la Ley 340-60, sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, que data del 2006.
El director de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, destacó que una de las tareas fundamentes de esta nueva ley es devolver el sistema de consecuencias, que fue eliminado en el mismo año que fue aprobada.
El mandatario y Pimentel hablaron del tema al encabezar el acto en el que se anunció que República Dominicana fue escogida por primera vez como sede de la Conferencia Internacional Anticorrupción (IACC), la cual se llevará a cabo en el 2026.
Prohibiciones que propone proyecto de ley
- El artículo 25 prohíbe a los exfuncionarios gestionar o representar intereses privados y particulares ante la institución a la que prestaron sus servicios, o ante las instituciones que les sean subordinadas, durante los 12 meses siguientes a la fecha de su salida del cargo.
- También castiga con uno a tres años de prisión a los que incurran en falsedad en las declaraciones juradas requeridas para registrarse como proveedor del Estado o para participar de un procedimiento de contratación.
- Además, sanciona con dos a cinco años de prisión y hasta multa de 50 salarios mínimos a los servidores del Estado que, en ejercicio de sus funciones intervengan en la tramitación, aprobación o celebración de un contrato, de manera dolosa, en violación al régimen de inhabilidades y prohibiciones previsto en la presente ley.
- El proyecto establece que, cada institución contratante deberá contar con un apartado integrado a su portal institucional en donde se agrupen las informaciones y documentaciones relativas a su actividad contractual, con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a estas.
- Establece que los proveedores podrán subcontratar la realización parcial de las prestaciones requeridas por hasta 30 % del monto del contrato, siempre que la persona propuesta cumpla con los requisitos de la ley.
Santo Domingo, R.D.-Las solicitudes de convocatoria de elecciones extraordinarias en La Vega fueron rechazadas este jueves por la Junta Central Electoral (JCE).
El órgano indicó que no tiene competencia legal para convocar a elecciones extraordinarias en el municipio, pese al vacío que se generó hace tres meses con la renuncia del alcalde Kelvin Cruz y la vicealcaldesa Amparo Custodio.
En sus motivaciones, la JCE acotó que la Ley 20-23, de Régimen Electoral, solo la faculta a convocar elecciones extraordinarias cuando se anulan las anteriores, aspecto que no ocurrió en este caso de La Vega.
«De la lectura del referido numeral 2 del artículo 95 se comprueba claramente que el legislador dominicano, al momento de definir los casos en los que procedería a convocar elecciones extraordinarias, no contempló el escenario que alegan los solicitantes, de lo cual se deduce que no existe competencia legal para que la Junta Central Electoral proceda a la convocatoria de elecciones extraordinarias en el municipio La Concepción de La Vega«, expresó el pleno del organismo electoral en uno de sus considerandos.
El exalcalde Kevin Cruz fue escogido con el 73 % de los votos de La Vega, fue juramentado en el cargo y lo asumió por casi cuatro meses, antes de que el presidente Luis Abinader lo designara ministro de Deportes. Su vicealcaldesa, Amparo Custodio, quien podía sucederlo en el puesto, renunció indicando que ese cargo debía ocuparlo un dirigente del Partido Revolucionario Moderno, que ganó la plaza.
Sin embargo, para resolver este impasse, la semana pasada el Concejo de Regidores de La Vega, revocó la renuncia de Custodio para que esta regresara a la alcaldía y el pasado 15 de noviembre fue juramentada como la nueva alcaldesa.
No obstante, los partidos de oposición Fuerza del Pueblo y de la Liberación Dominicana (PLD) insisten en que el Concejo de Regidores no tiene facultad para nombrar alcaldes. Los dos partidos han sometido recursos ante la justicia para tratar de revertir la decisión de los regidores.