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MP incorpora todas sus pruebas en juicio Odebrecht
SANTO DOMINGO.- La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), dijo a través de la fiscal Mirna Ortiz este lunes que el Ministerio Público continúa incorporando sus pruebas en el juicio por los sobornos de Odebrecht y aseguró que no ha existido ninguna decisión del tribunal que excluya evidencias.
“Lo que el tribunal ha hecho es recurrir a una decisión anterior en la que saca del proceso toda aquella información que sobrepase la autorización de allanamiento”, explicó la fiscal Mirna Ortiz.
La fiscal Mirna Ortiz, coordinadora de Litigación de la Pepca, habló con los periodistas luego de concluir la audiencia de este lunes en el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional que conoce el caso por los US$92 millones que pagó la empresa brasileña Odebrecht para lograr la adjudicación de obras del Estado en el país.
El juicio se sigue en contra de Ángel Rondón Rijo, Víctor Díaz Rúa, Andrés Bautista García, Tommy Galán Grullón, Conrado Pittaluga y Roberto Rodríguez, quienes son acusados de Soborno.
Este lunes el Ministerio Público continuó con la incorporación de las pruebas a través de su testigo número 12, la analista Marielys Abad Díaz, mediante la cual incorporó informes financieros relativos a los imputados Roberto Rodríguez y Conrado Pittaluga.
El órgano persecutor de la corrupción informó que sigue avanzando con la presentación de sus pruebas para demostrar que los imputados incrementaron sus patrimonios producto de actividades ilícitas con la empresa constructora. Dijo que en total 28 testigos ofrecerán sus declaraciones durante el proceso.
Explicó que, en la jornada de este martes 23 de febrero, a las 9:00 de la mañana, continuarán con la incorporación de evidencias ante el tribunal que integran las juezas Esmirna Giselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo.
Santo Domingo, (EFE).- El movimiento cívico Participación Ciudadana (PC) advirtió este martes de que los constantes retrasos en los juicios de corrupción en República Dominicana «ponen en riesgo la extinción de la acción penal».
«Los casos de gran corrupción que se encuentran en los tribunales corren el riesgo de la extinción de la acción pública por la llegada del plazo de duración máxima del proceso, debido a la dilación en conocer y decidir el fondo», señaló PC al presentar un nuevo informe sobre los casos de corrupción que se ventilan en la Justicia, especialmente el relacionado con el exprocurador general Jean Alain Rodríguez.
IMPUTADOS DILATAN PROCESOS
De acuerdo con el organismo, «resulta obvio que la estrategia de la mayoría de los imputados es introducir incidentes en los procesos, dilatándolos hasta que se alcancen los cuatro años sin sentencia al fondo».
Recordó que la Suprema Corte de Justicia ha sentado el precedente de que el plazo de duración máxima, por mandato constitucional, debe ser razonable y no constituye una camisa de fuerza para el juzgador.
Por ello, en su informe, PC señaló que la República Dominicana «requiere romper con la impunidad que arropa usualmente los casos de corrupción a lo largo de las últimas décadas, constituyéndose en un estímulo al crecimiento de la corrupción».
an/am
Santo Domingo, R.D.-613 libras de presunta marihuna, una porción y 20 plantas del mismo vegetal fueron incautados por autoridades durante dos allanamientos simultáneos ejecutados en la provincia de Elías Piña.
Los operativos realizados en la provincia fronteriza estuvieron guiados por agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y miembros de la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Sustancias Narcóticas.
Según se informó a través de un comunicado de prensa, los organismos oficiales, tras recibir informes de inteligencia de que en dos viviendas, ubicadas en la calle sin nombre del sector El Llano, utilizaban las locaciones como centro de acopio de sustancias controladas, procedieron a ejecutar las órdenes judiciales para arrestar a los integrantes de esta red de narcotráfico.
En una segunda intervención, se incautaron 10 plantas de presunta marihuana, una porción del mismo vegetal, con un peso preliminar de una libra, una motocicleta marca Suzuki, sin placa y chasis no visible; seis celulares, entre otras evidencias.
“Las autoridades profundizan las investigaciones en torno al caso, mientras persiguen a varios hombres, la mayoría de ellos identificados, a quienes les exhorta que se entreguen por los canales correspondientes para que respondan las acusaciones en su contra”, cita el comunicado.
Santo Domingo, R.D.-Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), instó al Congreso Nacional a atender en esta legislatura las cuentas pendientes que tiene con el Tribunal Constitucional (TC) en materia legislativa.
Durante los últimos años, la alta corte ha emitido diferentes sentencias que exhortan a los senadores y diputados a crear, corregir o adecuar leyes, algunas con efectos diferidos, piezas que deben ser aprobadas.
“Esas son sentencias exhortativas. Esas son de las cosas que el Congreso tendría también que ponerle atención, sobre todo durante este periodo (…).Aquí de lo que se trata es de que el Congreso retome esos compromisos que le impuso el Tribunal Constitucional”, destacó el representante de la Finjus esta semana desde la parte frontal del Congreso.
Castaños Guzmán explicó que la demora del Congreso para ponerse al día con el TC podría ser porque en el pasado el primer Poder del Estado tenía presión con respecto “a todo lo que tenía que ver con la modificación de los códigos”, pero que ya esos procesos concluyeron.
Una de las sentencias pendientes es la 0267/23, emitida el 18 de mayo de 2023. Mediante el fallo, el órgano extrapoder declaró no conforme a la Carta Magna el artículo 767 del Código Civil dominicano y dio un plazo de dos años al Congreso Nacional para modificar el articulado o, de lo contrario, sería anulado.
En 2021, el TC emitió la sentencia TC/0113/21, que declaró inconstitucional la “omisión legislativa absoluta” del Congreso al no cumplir con los artículos 203, 210 y 272 de la Constitución, que mandan a legislar respecto a los referendos, plebiscitos e iniciativa normativa municipal. El TC dio dos años.