Santo Domingo.- La Superintendencia de Bancos en la documentación suministrada descarta un patrón de enriquecimiento ílicito de Tommy Galán, cuyos auditores de la Procuraduría General de la República (PRG) admitieron la legalidad del patrimonio del ex-senador por la provincia de San Cristóbal
Sobre la exclusión por parte del tribunal el pasado jueves de las pruebas presentadas por la procuraduría que buscaban probar la supuesta falsedad en las declaraciones juradas de bienes de Galán, el jurista José Ricardo Taveras expresó que “si bien la pretendida prueba era ilegal de manera ostensible, y así fue declarada por el tribunal al excluirla, la misma no tendría ningún efecto probatorio de ningún modo”.
En ese sentido, agregó que “toda vez que el empleado de la PGR que estuvo a cargo del mismo consignó que no pudo establecer la determinación de la razonabilidad de las cifras contenidas en las declaraciones juradas, situación que atribuyó al error cometido por sus superiores, que a pesar de tener todas las facultades legales para requerir que la Oficina de Evaluación y Fiscalización del Patrimonio de los Funcionarios Públicos proveyera un análisis de las declaraciones y su sustentación, no lo hizo”.
Dijo que la PGR ignoró el mandato de la Ley 311-14 que en su artículo 12 que condiciona el acceso de la procuraduría a las declaraciones juradas, bajo la condición de que, “en todos aquellos casos en que advierta alguna responsabilidad sobre el funcionario obligado que amerite una investigación, debe solicitar a la Cámara de Cuentas la realización de una inspección y análisis de la misma, a través de la referida oficina de evaluación”.
Al referirse a esa omisión, Taveras Blanco dijo que la PGR “pretendía derivar de la declaración de un simple incremento patrimonial el ilícito del enriquecimiento ilícito, sin que en ningún caso aportara absolutamente ninguna pesquisa tendente a establecer que el incremento respondía a la integración de recursos ilícitos.”
Añadió que “la mejor prueba de ello la constituye el reconocimiento de los auditores de la PGR. Pudieron, sustentados en la documentación proveída por la Superintendencia de Bancos, establecer que los ingresos legales del senador en los últimos 16 años que ascienden a unos 49 millones, presentando una bancarización de los mismos por un importe de unos 42 millones, perfil para nada vinculable a un patrón de enriquecimiento ilícito o lavado de activos”, precisó Taveras Blanco, quien integra la referida barra de defensa de Galán, junto a los doctores Hiroito Reyes y José Fis Batista.
Santo Domingo, R.D.-Este lunes continuó el proceso penal por presunta corrupción contra el exprocurador general Jean Alain Rodríguez, el cual ha estado caracterizado por extensa cadena de incidentes presentados por la defensa de uno de los acusados, cuyas intervenciones —acompañadas de «lecturas de varias páginas» de teóricos del derecho — provocaron un llamado de atención por parte del tribunal.
Durante la audiencia, la presidenta del Segundo Tribunal Colegiado advirtió que, de mantenerse ese ritmo, el caso «va a ser interminable» y exhortó a los abogados del imputado Alfredo Alexander Solano a ceñirse exclusivamente a la jurisprudencia y a las disposiciones legales vinculadas con la tipificación de los delitos contenidos en la acusación.
Los defensores de Solano, Ybo René Sánchez y Manuel Sierra, formularon, entre las 10:00 de la mañana y la 1:00 de la tarde, cuatro solicitudes a las tres juezas del Segundo Tribunal Colegiado, como parte de un total de 24 incidentes que anunciaron presentarán antes de que se conozca el fondo del proceso, que lleva en la justicia casi cinco años.
El exprocurador general, Jean Alain Rodríguez. (DIARIO LIBRE/ARCHIVO)
Entre los pedimentos planteados por los togados Sánchez y Sierra figuran que el tribunal declare la inconstitucionalidad de tres artículos del Código Procesal Penal, también que se declare incompetente para conocer el expediente y la nulidad de la acusación. Asimismo, solicitaron que las magistradas ordenen al Ministerio Público archivar las imputaciones contra Solano y los demás acusados.
El conocimiento del caso permanece enfocado en la discusión de estos incidentes preliminares, mientras el Ministerio Público procura que se le dé inicio al análisis de la acusación principal y en la que se imputa a los que enfrentan el juicio de fondo defraudar al Estado con más de 6 mil millones de pesos.
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Los llamó a resumir
La jueza Claribel Nivar Arias insistió a los dos únicos abogados que expusieron sus solicitudes este lunes a que resuman porque «si seguimos en este ejercicio, como va, va a ser interminable».
Les dijo que si citarán una doctrina o una jurisprudencia solo mencionen «el contexto de la jurisprudencia, o la doctrina aplicable a la casuística» que abordan.
«Es a ese punto que le estamos llamando la atención, sin coartarle el derecho que usted tiene de utilizar esa herramienta«, advirtió Nivar Arias.
«Lo que estamos es reclamando justicia»
Al salir de la audiencia, el abogado Ybo René Sánchezrespondió a los periodistas que con los 24 incidentes que reclamarán al Segundo Tribunal Colegiado es que «se haga justicia».
«Es que no es que el incidente retarde el proceso, lo que tenemos que ver es que nosotros estamos reclamando justicia, y cuando usted reclama justicia hoy por Alfredo (Solano), mañana por cualquiera de nosotros, no se puede hablar de que se está torpedeando la justicia», sostuvo el togado.
Camacho, «son cuestiones improcedentes»
El director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, calificó de «improcedentes» las peticiones de las defensas en el caso de corrupción que se le sigue a Jean Alain Rodríguez y a otras 14 personas físicas.
Dijo que, con la estrategia, los abogados reiteran «su intención de consumir tiempo«, y que lo único que «van a lograr es alargar su agonía porque tarde o temprano tendrán que enfrentarse a las pruebas» sometidas contra ellos.
«Estamos escuchando a la defensa repetir una y otra vez los mismos incidentes, lo mismo que plantearon en la etapa intermedia, lo están repitiendo en el tribunal, a pesar de que el código prohíbe repetir los incidentes«, subrayó Camacho.
Explicó que cada una de las solicitudes son contrarias al derecho, como son «pretender que el tribunal declare inconstitucional artículos que fueron derogados por la reforma al Código Procesal Penal, o que este tribunal resuelva un tema de competencia que ya resolvió el Tribunal Constitucional y que también resolvió el Código Procesal Penal».
Santo Domingo, R.D.-faride Rafael, ministra de Interior y Policía, informó este lunes que las patinetas eléctricas serán categorizadas ‘dentro de un marco regulatorio claro y diferenciado’.
La información fue suministrada, a través de una nota de prensa, al concluir la reunión de seguimiento al Plan de Seguridad Ciudadana que encabezó el presidente Luis Abinader.
‘Quedó claramente establecido que deben ser categorizadas, ya que existen diferentes tipos de patinetas y motocicletas eléctricas, con distintas modalidades y velocidades, lo que requiere una regulación diferenciada‘, indicó Raful de acuerdo a la nota.
En este sentido, la funcionaria explicó que el medio de transporte será evaluado para determinar cuáles requerirán placa, la edad mínima permitida para su uso, los requisitos de circulación y estándares de seguridad obligatorios para usuarios y equipos.
La ministra anunció que el próximo miércoles se realizará una reunión con la comisión técnica creada para evaluar la resolución del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), para regular y fiscalizar su uso con el objetivo de reducir riesgos y salvar vidas.
Conforme a la nota, Faride Raful precisó que el pasado miércoles sostuvieron un encuentro con el Intrant, su director, Milton Morrison, técnicos de la institución y la Asociación de Movilidad Eléctrica para definir políticas públicas de prevención, y avanzar hacia la emisión de una resolución definitiva.
Santo Domingo;- Dos hombres fueron detenidos por la Policía Nacional u sepersigue a un tercero por su presunta participación en la muerte de la joven Reynalda Carrasco Antoine, de 22 años, cuyo cuerpo fue hallado dentro de una cisterna en el sector El Capacito, municipio San Antonio de Guerra.
Por el hecho fueron arrestados Jason Stward Javier Cabral (a) “Copiloto”, de 24 años, y Pablo Antonio Calcaño Silverio (a) “Maiky”, de 43, quienes se encuentran bajo custodia en la División de Delitos Contra la Persona (Homicidios), tras ser capturados en flagrante delito.
Asimismo, las autoridades persiguen activamente a un hombre identificado solo con el alias “Patrón” y/o “Capital”, señalado como presunto autor principal del crimen.
Según el informe preliminar, los agentes investigadores fueron alertados sobre la presencia de una persona muerta en el interior de una cisterna. Al llegar al lugar, los agentes confirmaron el hallazgo del cuerpo de la joven.
Posteriormente, los miembros policiales procedieron con el el proceso de entrevistas y recolección de evidencias con el fin de identificar a los presuntos responsables.
En la escena fueron colectadas como evidencias una varilla de 28 pulgadas, cinta adhesiva de color blanco, varias muestras de sustancia pardo-rojiza y varios paños (wipers) con manchas, elementos que forman parte del proceso investigativo.
El caso se encuentra bajo investigación para esclarecer las circunstancias del hecho y determinar responsabilidades.
Los detenidos serán puestos a disposición del Ministerio Público, mientras continúan los operativos para capturar al prófugo.