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Cancelan a 52 empleados que controlaban entrega de los permisos de armas de fuego
Cincuenta y dos empleados de la Dirección de Control de Porte y Tenencia de Armas de Fuego del ministerio de Interior y Policía fueron desvinculados de sus funciones, luego de que una investigación que mantuvo inoperante a esa entidad por tres meses, arrojara “serias irregularidades en los procesos de expedición de licencias”.
El pasado miércoles, 9 de diciembre de 2020, la Dirección de Control de Porte y Tenencia de Armas de Fuego del Ministerio de Interior y Policía fue intervenida tras haberse detectado “serias irregularidades en los procesos de expedición de licencias”, por lo que el ministro Jesús Vásquez Martínez ordenó la desvinculación de los empleados, y reordenó la reapertura del organismo el próximo lunes, 15 de marzo.
La información la ofreció a Diario Libre el director de Comunicaciones y vocero de Interior y Policía, Elvis Lima, quien explicó que “el lunes 15 será la reapertura de la Dirección de Armas, durante una conferencia de prensa, a las 10:00 de la mañana”, en la sede de la institución.
Vásquez Martínez afirmó que existen 238 mil armas de fuego registradas, según sus estadísticas, de las cuales sólo son renovadas cada año unas 50 mil, lo que evidencia la gran cantidad de gente en las calles con armas ilegales.
Según estas estimaciones, esas 50 mil renovaciones representan solo un 21 % del total de armas registradas, y las restantes 188 mil, un 79 %.
Licencias
Lima dijo a Diario Libre que la Policía trabaja en un protocolo de renovación y entrega de las armas, y que están haciendo un levantamiento de las armas de fuego que deberían estar registradas en el país.
Mientras, los requisitos exigidos por el Ministerio de Interior y Policía para renovar armas de fuego incluyen el pago, en el Banco de Reservas, de un impuesto para armas tipo pistolas, revólver, escopetas y rifles.
Además de pagar por las pruebas que se realizan en el Laboratorio Balístico y Biométrico del Sistema Nacional de Armas del Ministerio de Interior y Policía, ubicado en la avenida México número 66, casi esquina avenida Máximo Gómez, Gascue, Distrito Nacional. De igual manera, el aspirante debe realizarse una prueba de dopaje en los laboratorios autorizados.
El horario de prestación de servicios es de lunes a viernes, de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, y el costo de prueba balística es de RD$3,267.00; el de renovación de tenencia de pistolas y revólveres, de RD$5,045.00; el de emisión de porte es RD$805.00; la renovación de tenencia de escopetas, RD$4,720.00, y su renovación de porte RD$805.00. El tiempo de compromiso es 10 días laborales, una vez completados los requerimientos establecidos, y la solicitud es presencial.
448 homicidios
Los datos más recientes, colgados en la página web de la Policía Nacional (PN) sobre homicidios y heridos en la República Dominicana, muestran que en enero-junio, del año pasado, ocurrieron 448 homicidios, de los cuales 217 (un 48.44 %) fueron por armas de fuego. Un total de 167 (un 37.28 %) de estos homicidios fueron por armas blancas, y los restantes 64 (14.28 %) por otras armas.
Un total de 158 Mesas de Seguridad, Ciudadanía y Género ha instalado el Ministerio de Interior y Policía, las cuales operarán en todos los municipios del país. El ministro Vásquez Martínez asegura que con estas habrá de mejorar la seguridad en un mediano plazo, y que se podría decir que “tenemos en todo el país la plataforma que servirá de base para lo que será la Estrategia Integral de Seguridad más completa que haya presentado Gobierno alguno en la República Dominicana’’.
Santo Domingo. – Este jueves la Policía Nacional informó que detuvo cuatro hombres involucrados en el robo de fundas con alimentos de primera necesidad, sustraídos de varios camiones que transitaban por la avenida del Puerto del Distrito Nacional.
El cuerpo del orden dijo que los detenidos son Aaron Ezequiel Cabrera, de 36 años; Breilin José Vizcaíno Capellán, de 18; Ángel Reguillo Emiliano, de 26, y Miyel Ambiórix Morillo, de 27, todos residentes en la citada demarcación.
Según la entidad, la detención fue realizada por agentes de la Dirección Central de Investigación (Dicrim), quienes actuaron de manera inmediata tras dar seguimiento a los responsables, identificados a través de un video que se hizo viral en redes sociales y medios de comunicación.
Los cuatro apresados serán puestos a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.
La Policía Nacional reafirma su compromiso de actuar con prontitud frente a hechos delictivos y garantizar la seguridad ciudadana.
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Presidente de la República solicita al Congreso agilizar modificación de ley de Compras y Contrataciones.
Santo Domingo, R.D.- Luis Abinader solicitó este jueves al Congreso Nacional agilizar la aprobación del proyecto que modificaría la ley de Compras y Contrataciones, la cual tiene el objetivo de establecer sanciones más severas contra la corrupción y fortalecer el marco regulador de las contrataciones del Estado.
Esta normativa, que fue propuesta por la exsenadora y ministra de Interior y Policía, Faride Raful, derogará la Ley 340-60, sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, que data del 2006.
El director de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, destacó que una de las tareas fundamentes de esta nueva ley es devolver el sistema de consecuencias, que fue eliminado en el mismo año que fue aprobada.
El mandatario y Pimentel hablaron del tema al encabezar el acto en el que se anunció que República Dominicana fue escogida por primera vez como sede de la Conferencia Internacional Anticorrupción (IACC), la cual se llevará a cabo en el 2026.
Prohibiciones que propone proyecto de ley
- El artículo 25 prohíbe a los exfuncionarios gestionar o representar intereses privados y particulares ante la institución a la que prestaron sus servicios, o ante las instituciones que les sean subordinadas, durante los 12 meses siguientes a la fecha de su salida del cargo.
- También castiga con uno a tres años de prisión a los que incurran en falsedad en las declaraciones juradas requeridas para registrarse como proveedor del Estado o para participar de un procedimiento de contratación.
- Además, sanciona con dos a cinco años de prisión y hasta multa de 50 salarios mínimos a los servidores del Estado que, en ejercicio de sus funciones intervengan en la tramitación, aprobación o celebración de un contrato, de manera dolosa, en violación al régimen de inhabilidades y prohibiciones previsto en la presente ley.
- El proyecto establece que, cada institución contratante deberá contar con un apartado integrado a su portal institucional en donde se agrupen las informaciones y documentaciones relativas a su actividad contractual, con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a estas.
- Establece que los proveedores podrán subcontratar la realización parcial de las prestaciones requeridas por hasta 30 % del monto del contrato, siempre que la persona propuesta cumpla con los requisitos de la ley.
Santo Domingo, R.D.-Las solicitudes de convocatoria de elecciones extraordinarias en La Vega fueron rechazadas este jueves por la Junta Central Electoral (JCE).
El órgano indicó que no tiene competencia legal para convocar a elecciones extraordinarias en el municipio, pese al vacío que se generó hace tres meses con la renuncia del alcalde Kelvin Cruz y la vicealcaldesa Amparo Custodio.
En sus motivaciones, la JCE acotó que la Ley 20-23, de Régimen Electoral, solo la faculta a convocar elecciones extraordinarias cuando se anulan las anteriores, aspecto que no ocurrió en este caso de La Vega.
«De la lectura del referido numeral 2 del artículo 95 se comprueba claramente que el legislador dominicano, al momento de definir los casos en los que procedería a convocar elecciones extraordinarias, no contempló el escenario que alegan los solicitantes, de lo cual se deduce que no existe competencia legal para que la Junta Central Electoral proceda a la convocatoria de elecciones extraordinarias en el municipio La Concepción de La Vega«, expresó el pleno del organismo electoral en uno de sus considerandos.
El exalcalde Kevin Cruz fue escogido con el 73 % de los votos de La Vega, fue juramentado en el cargo y lo asumió por casi cuatro meses, antes de que el presidente Luis Abinader lo designara ministro de Deportes. Su vicealcaldesa, Amparo Custodio, quien podía sucederlo en el puesto, renunció indicando que ese cargo debía ocuparlo un dirigente del Partido Revolucionario Moderno, que ganó la plaza.
Sin embargo, para resolver este impasse, la semana pasada el Concejo de Regidores de La Vega, revocó la renuncia de Custodio para que esta regresara a la alcaldía y el pasado 15 de noviembre fue juramentada como la nueva alcaldesa.
No obstante, los partidos de oposición Fuerza del Pueblo y de la Liberación Dominicana (PLD) insisten en que el Concejo de Regidores no tiene facultad para nombrar alcaldes. Los dos partidos han sometido recursos ante la justicia para tratar de revertir la decisión de los regidores.