Más Noticias
Testigos del Ministerio Público en el caso Odebrecht terminan su presentación en el juicio
SANTO DOMINGO.-Concluyó este jueves la presentación de testigos por parte del Ministerio Público en el caso Odebrecht que se les sigue a seis imputados de recibir y distribuir sobornos de 92 millones de dólares repartidos por la empresa multinacional a través de uno de los inculpados.
El titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), procurador adjunto Wilson Camacho, dijo que el Ministerio Público ha concluido con la presentación de los testigos para este Caso Odebrecht y que el próximo lunes estarán presentando las evidencias documentales.
En la audiencia de este jueves, el equipo litigador del MP logr incorporar un informe de tasación correspondiente al imputado Tommy Alberto Galán Grullón, como parte de las pruebas aportadas durante el proceso que ventila el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.
El órgano persecutor de la corrupción concluyó la presentación de las pruebas testimoniales con los testigos Pedro Antonio Rivera Torres (Tony), Jonathan Ramírez Pérez y Vinicio Antonio Galán Grullón, éste último hermano del imputado Tommy Alberto Galán Grullón.
Los testigos Jean Luis Rodríguez y Esther Jiménez, hijo y cuñada del imputado Roberto Rodríguez Hernández, se abstuvieron de ofrecer sus declaraciones y fueron excusados por el tribunal por los vínculos familiares con el encartado y por su derecho a no declarar. Para hoy también se tenía previsto escuchar a Melba Antonia Montás Ulloa, pero esta testigo no compareció y fue también excluida del proceso por su parentesco con el imputado Tommy Galán, de quien es cuñada.
Con el testimonio de Pedro Antonio Rivera Torres, presidente de Hacienda Rivera, el Ministerio Público busca demostrar todo lo relacionado a la adquisición y compra de 10 inmuebles ubicados en San Francisco de Macorís, provincia Duarte, por parte del imputado Andrés Bautista García.
De acuerdo con la acusación, nueve de esos inmuebles fueron comprados en un solo día (3 de junio de 2003) por el imputado Bautista García a Hacienda Rivera. El Ministerio Público con esa prueba busca demostrar la naturaleza de esas transacciones, forma y condiciones de pago.
En virtud de que no compareció al juicio el pasado lunes, contra Rivera fue dictada una orden de conducencia a solicitud del equipo de fiscales de la Pepca.
Con el testimonio de Jonathan Ramírez Pérez el Ministerio Público procura demostrar el valor real de bienes inmuebles del encartado Tommy Alberto Galán Grullón.
En el caso también figuran como acusados el representante de la firma brasileña Ángel Rondón Rijo; Víctor Díaz Rúa, exdirector del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa) y exministro de Obras Públicas, y el abogado Conrado Pittaluga Arzeno.
Las juezas del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, Esmirna Giselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo, quienes conocen el expediente por los sobornos de Odebrecht, dispusieron la continuación del juicio para el próximo lunes 22 de marzo, a partir de las 9:00 de la mañana.
El Ministerio Público destaca que continúan avanzando con la presentación de las pruebas en el proceso en el que dejará demostrado que los encartados se enriquecieron de manera ilícita, aprovechando a la Constructora Norberto Odebrecht, en violación al Código Penal Dominicano, la antigua Ley 72-02, sobre Lavado de Activos, y la Ley 448-06, sobre Soborno.
Las pruebas testimoniales fueron ofertadas a través de 28 testigos a cargo del Ministerio Público, destaca un comunicado de prensa divulgado por el órgano acusador.
Santo Domingo. – Este jueves la Policía Nacional informó que detuvo cuatro hombres involucrados en el robo de fundas con alimentos de primera necesidad, sustraídos de varios camiones que transitaban por la avenida del Puerto del Distrito Nacional.
El cuerpo del orden dijo que los detenidos son Aaron Ezequiel Cabrera, de 36 años; Breilin José Vizcaíno Capellán, de 18; Ángel Reguillo Emiliano, de 26, y Miyel Ambiórix Morillo, de 27, todos residentes en la citada demarcación.
Según la entidad, la detención fue realizada por agentes de la Dirección Central de Investigación (Dicrim), quienes actuaron de manera inmediata tras dar seguimiento a los responsables, identificados a través de un video que se hizo viral en redes sociales y medios de comunicación.
Los cuatro apresados serán puestos a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.
La Policía Nacional reafirma su compromiso de actuar con prontitud frente a hechos delictivos y garantizar la seguridad ciudadana.
Más Noticias
Presidente de la República solicita al Congreso agilizar modificación de ley de Compras y Contrataciones.
Santo Domingo, R.D.- Luis Abinader solicitó este jueves al Congreso Nacional agilizar la aprobación del proyecto que modificaría la ley de Compras y Contrataciones, la cual tiene el objetivo de establecer sanciones más severas contra la corrupción y fortalecer el marco regulador de las contrataciones del Estado.
Esta normativa, que fue propuesta por la exsenadora y ministra de Interior y Policía, Faride Raful, derogará la Ley 340-60, sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, que data del 2006.
El director de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, destacó que una de las tareas fundamentes de esta nueva ley es devolver el sistema de consecuencias, que fue eliminado en el mismo año que fue aprobada.
El mandatario y Pimentel hablaron del tema al encabezar el acto en el que se anunció que República Dominicana fue escogida por primera vez como sede de la Conferencia Internacional Anticorrupción (IACC), la cual se llevará a cabo en el 2026.
Prohibiciones que propone proyecto de ley
- El artículo 25 prohíbe a los exfuncionarios gestionar o representar intereses privados y particulares ante la institución a la que prestaron sus servicios, o ante las instituciones que les sean subordinadas, durante los 12 meses siguientes a la fecha de su salida del cargo.
- También castiga con uno a tres años de prisión a los que incurran en falsedad en las declaraciones juradas requeridas para registrarse como proveedor del Estado o para participar de un procedimiento de contratación.
- Además, sanciona con dos a cinco años de prisión y hasta multa de 50 salarios mínimos a los servidores del Estado que, en ejercicio de sus funciones intervengan en la tramitación, aprobación o celebración de un contrato, de manera dolosa, en violación al régimen de inhabilidades y prohibiciones previsto en la presente ley.
- El proyecto establece que, cada institución contratante deberá contar con un apartado integrado a su portal institucional en donde se agrupen las informaciones y documentaciones relativas a su actividad contractual, con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a estas.
- Establece que los proveedores podrán subcontratar la realización parcial de las prestaciones requeridas por hasta 30 % del monto del contrato, siempre que la persona propuesta cumpla con los requisitos de la ley.
Santo Domingo, R.D.-Las solicitudes de convocatoria de elecciones extraordinarias en La Vega fueron rechazadas este jueves por la Junta Central Electoral (JCE).
El órgano indicó que no tiene competencia legal para convocar a elecciones extraordinarias en el municipio, pese al vacío que se generó hace tres meses con la renuncia del alcalde Kelvin Cruz y la vicealcaldesa Amparo Custodio.
En sus motivaciones, la JCE acotó que la Ley 20-23, de Régimen Electoral, solo la faculta a convocar elecciones extraordinarias cuando se anulan las anteriores, aspecto que no ocurrió en este caso de La Vega.
«De la lectura del referido numeral 2 del artículo 95 se comprueba claramente que el legislador dominicano, al momento de definir los casos en los que procedería a convocar elecciones extraordinarias, no contempló el escenario que alegan los solicitantes, de lo cual se deduce que no existe competencia legal para que la Junta Central Electoral proceda a la convocatoria de elecciones extraordinarias en el municipio La Concepción de La Vega«, expresó el pleno del organismo electoral en uno de sus considerandos.
El exalcalde Kevin Cruz fue escogido con el 73 % de los votos de La Vega, fue juramentado en el cargo y lo asumió por casi cuatro meses, antes de que el presidente Luis Abinader lo designara ministro de Deportes. Su vicealcaldesa, Amparo Custodio, quien podía sucederlo en el puesto, renunció indicando que ese cargo debía ocuparlo un dirigente del Partido Revolucionario Moderno, que ganó la plaza.
Sin embargo, para resolver este impasse, la semana pasada el Concejo de Regidores de La Vega, revocó la renuncia de Custodio para que esta regresara a la alcaldía y el pasado 15 de noviembre fue juramentada como la nueva alcaldesa.
No obstante, los partidos de oposición Fuerza del Pueblo y de la Liberación Dominicana (PLD) insisten en que el Concejo de Regidores no tiene facultad para nombrar alcaldes. Los dos partidos han sometido recursos ante la justicia para tratar de revertir la decisión de los regidores.