Reportaje A Fondo
Las ‘villas miseria’ de los temporeros rebrotan del fuego
Mientras los habitantes de los poblados que ardieron en esta comunidad hace un mes se afanan por reconstruir sus infraviviendas, un albergue temporal impulsado por los trabajadores demuestra que hay alternativas de alojamiento
En apariencia es solo una nave industrial de un polígono de Lepe (Huelva), pero lo que se esconde tras su puerta verde evidencia que con voluntad se pueden encontrar alternativas para los asentamientos chabolistas de temporeros. En sus 313 metros cuadrados, la Asociación Nuevos Ciudadanos por la Interculturalidad (Asnuci) ha construido un albergue temporal para 40 jornaleros. Está casi listo. Falta la cocina, pero las habitaciones de la planta baja, para mujeres, y la de arriba, para hombres, tienen ya literas y armarios. Hay dos zonas de duchas, cuatro lavadoras, salón y comedor. Se ha levantado en plena pandemia, con la única ayuda de aportaciones de particulares en una campaña en redes sociales que ha recaudado 100.000 euros. “Lo hemos hecho nosotros ante la inacción de las administraciones. Es un gesto para demostrar que se pueden encontrar soluciones: no valen las excusas”, explica Seydou Diop, portavoz de Asnuci y uno de los principales promotores del proyecto.
Fotogalería | Las múltiples aristas de los asentamientos chabolistas
Un voluntario trabaja en la preparación del albergue de Asnuci en la localidad de Lepe, Huelva.PACO PUENTES
La estancia máxima en el albergue de Lepe es de seis meses, lo que dura una campaña. No es una obra de beneficencia y Diop lo deja muy claro. Diop explica que “para entrar hay que ser socio de Asnuci y pagar 96€ de fianza. Es un alquiler y hay que pagar el agua y la luz”. E incide: “Dicen que vivimos en chabolas porque queremos ahorrar dinero y eso no son más que prejuicios, a nadie le gusta vivir así”.
Diop sabe de lo que habla. Llegó hace cuatro años a España desde Senegal y vivió en los asentamientos de Lepe. “Me he roto el alma para salir de esta situación”, explica. Ahora sigue trabajando en el campo como mediador e intérprete. Frente a su albergue se levanta otro. Lo empezó a construir el Ayuntamiento de Lepe en 2005 para alojar a temporeros y en 2011 se abandonó tras una inversión de más de un millón de euros. Ahora lo ocupan un centenar de jornaleros. Uno de ellos, Francisco Braima, de 64 años, asegura: “No queremos nada gratis, pero yo en tres meses no he ganado ni 2.000 euros. ¿Cómo voy a pagar un alquiler?”. Y recuerda el miedo que pasó en los incendios de asentamientos del verano pasado. “Cuando todo arde, vienen a interesarse, pero luego todo sigue igual. Nadie ayuda”, lamenta.
Frente a ese segundo albergue se asoman algunas chabolas de un poblado vecino, iguales a las que a 60 kilómetros rodean a Yousseff Alsisi, que descarga arena en una carretilla. Está amasando un rudimentario preparado de cemento para enlosar la superficie de otra infravivienda. “Bastan cinco minutos para que todo arda y una semana para ponerlo en pie”, dice con una triste sonrisa.
Alsisi ayuda a levantar chabolas desde que el 19 de febrero un incendio arrasó con la mitad de su asentamiento en Palos de la Frontera (Huelva). El fuego redujo a la nada no solo las endebles construcciones, sino también el futuro de muchos de sus habitantes, que vieron arder su documentación y el dinero ahorrado. Él reconstruyó la suya el 2 de marzo, tal y como ha marcado en el asfalto de la entrada. “Me costó 250 euros”, relata. Es lo que suma el precio de los palés (a dos euros cada uno), los cartones y la mezcla para el cemento.
Como no tiene papeles, Alsisi no puede encontrar trabajo: “Mis vecinos me pagan unos 20 euros por construirles las casas”. Fousseynu Tounkara y Fanoumou Camara, de Malí, no tienen dinero para poner en pie la suya y duermen a la intemperie cuando no consiguen que algún compañero les haga hueco. No muy lejos, en Lucena del Puerto, hay otros 13 asentamientos en pie. En el de Santa Catalina, el ghanés Ato tiene un pequeño bar, donde hay una iglesia y se ofrecen clases de español. Por las tardes su local se llena de compatriotas que acuden a tomar una cerveza por un euro y ver partidos de fútbol. Morales advierte de que “no hay que olvidar que estas personas son vecinos de sus municipios y que los poblados, aunque estén alejados, son ya barrios”.
El marroquí Youssef Eljalili durante la reconstrucción de chabolas en el asentamiento incendiado en la localidad de Palos de la Frontera, Huelva. PACO PUENTES
A 550 kilómetros de ahí, en el otro extremo de Andalucía, la escena en Níjar (Almería), el municipio más pobre de España, es similar. El campamento de Atochares está construido a base de plásticos, maderas y unos pocos ladrillos. Una isla invisible donde residen unas 800 personas en dos barrios. Al sur viven personas de origen magrebí. Al norte, subsaharianos, que vieron cómo su área ardió el 13 de febrero. Esta semana, quienes no iban a trabajar en los invernaderos se afanaban en reconstruir sus casas sobre las cenizas. Richard y Yao, de Ghana, ponían cemento entre bloques de hormigón guiados por tiralíneas. A su alrededor, escombros y palés con sacos de cemento y ladrillos. Apenas cuentan con el apoyo de algunos colectivos ciudadanos y la solidaridad del resto del asentamiento. “Cualquier ayuda es bienvenida”, dicen con una dignidad a prueba de fuego junto a decenas de bicis, casi el único medio de transporte de estos vecinos.
Nadia Azougagh, activista del colectivo La Resistencia, cuenta que aquí “la situación es dramática: ellos son la base de la riqueza de la provincia [la agricultura almeriense factura 3.500 millones de euros anuales] y se ven obligadas a vivir en situaciones infrahumanas”. Alrededor de un té, en el interior de una precaria pero limpia y acogedora cabaña de plástico, Azougagh relata historias plagadas de pésimas condiciones laborales y la imposibilidad de acceder a una vivienda digna. El secretario general de Andalucía Acoge, José Miguel Morales, reconoce que “la ausencia de albergues, el déficit de pisos de alquiler o el racismo inmobiliario a la hora de arrendar a migrantes y la estacionalidad de las campañas explica la proliferación de estos campamentos”. En Níjar, el portal Idealista ofrece solo tres habitaciones para compartir —a unos 250 euros mensuales— y 24 viviendas, solo seis por debajo de 500 euros al mes. La cifra es prácticamente el salario que, con suerte, obtienen mensualmente quienes trabajan a diario.
El marroquí Youssef en su chabola instalada en uno de los asentamientos de Lucena del Puerto, Huelva. PACO PUENTES
El padrón es la puerta de entrada a los derechos y para arrancar la complejísima tarea de regularización, un proceso lleno de obstáculos, muchos insalvables sin ese primer paso. El empadronamiento es un derecho y una obligación que la justicia ha avalado en el caso de las chabolas. Los ayuntamientos, sin embargo, se muestran reticentes con la excusa del posible efecto llamada. “Sería reconocer una irregularidad”, explica Miguel Mora, alcalde de Lucena del Puerto, que con poco más de 3.000 habitantes acoge una docena de poblados chabolistas, el que más en Huelva.
El mosaico de vecinos y realidades que habitan en los asentamientos hace que ya no sea posible una única alternativa para su erradicación. Las entidades sociales hablan de incentivar el alquiler social, la instalación de módulos prefabricados junto a invernaderos o la construcción de albergues, entre otras ideas que llevan décadas sin que nadie las ejecute. Todas las soluciones pasan por una acción coordinada y conjunta de las administraciones implicadas —municipal, autonómica y estatal—, las empresas hortofrutícolas y las entidades sociales, pero en el último cuarto de siglo todas ofrecen una espiral de excusas infinita para asumir o liderar la erradicación de los asentamientos.
En 2020, la Junta de Andalucía libró por la covid una partida de 2,2 millones de euros para los ayuntamientos con asentamientos con objeto de que garantizasen el suministro de agua potable, electricidad o recogida de basuras. Níjar fue el municipio más beneficiado: más de 700.000 euros, pero sus soluciones han sido solo parches puntuales, casi siempre con la mediación de las ONG. En el resto de casos la situación es similar y, este año, la ayuda económica se ha reducido a la mitad y sus destinatarios volverán a ser las asociaciones. El Gobierno central también ha concedido subvenciones para la atención social, según la Delegación del Gobierno, a través de los programas de ayuda humanitaria.
Lo que fue la obra de construcción de un albergue municipal, sirve de alojamiento para decenas de migrantes en Lepe, Huelva.PACO PUENTES / EL PAÍS
La iniciativa de Lepe
El duro informe del relator de Naciones Unidas de hace un año y el anuncio por parte de Bruselas de que la UE investigará la situación de sus habitantes han empezado a provocar cambios leves. El Ayuntamiento de Lepe (Huelva, 27.880 habitantes), el epicentro del cultivo de la fresa que en la provincia emplea a 160.000 personas y que en el primer trimestre de 2020 facturó 428 millones de euros, parece dispuesto a tomar la iniciativa con un ambicioso plan para erradicar el chabolismo, que el 8 de marzo fue aprobado por unanimidad de sus grupos municipales (PP, PSOE y Cs).
La iniciativa contempla ceder suelo municipal para levantar un complejo de alojamiento temporal a cambio del pago de un canon para 500 personas y tiene un coste de 600.000 euros. “Los migrantes residirían durante dos años para avanzar en la regularización de su situación y conforme se fueran instalando se irían derribando las chabolas con la intención de que no vuelvan a levantarse más”, explica Jesús Toronjo, teniente de alcalde. El plan incluye otras iniciativas que necesita del sector privado y del resto de administraciones, que aún no se han involucrado. Las asociaciones, escépticas por lo general, muestran cierto optimismo. Desde Cepaim, Pérez señala que se trata de “un proyecto grande, que si consigue un objetivo pequeño ya será bueno”.
La concienciación también está arraigando en buena parte del sector empresarial, aunque la patronal onubense del sector de los frutos rojos (Interfresa) y la de los productores almerienses (Coexphal) no consideran que los asentamientos sean su problema y miran hacia las administraciones. “Nosotros ya contribuimos dando empleo y pagando impuestos desorbitados”, subraya Juan Colomina, consejero delegado de la asociación de Almería. En Huelva, Interfresa trata de integrar los principios rectores en materia de Derechos Humanos de la ONU y ha ampliado su equipo de mediadiores. Algunos empresarios se han comprometido a acoger en las viviendas de sus fincas a los temporeros con permiso de trabajo procedentes de asentamientos. Quienes no tienen si situación regularizada, deben seguir en la economía sumergida. Un portavoz del Equipo de Atención al Inmigrante (Edati) de la Guardia Civil explica que “la explotación está al orden del día”. Y uno de los agentes que ofrece ayuda en sus visitas periódicas a los asentamientos añade que “no denuncian más porque pierden lo poco que reciben y quedan sin protección social”. Por su parte, Noureddine Hmaimsa, que pasó dos años entre chabolas en La Paula (Níjar) tras llegar allí en 2006 con apenas 15 años asegura que “salir de ahí es muy difícil”. Hoy reside en el pueblo y ejerce de voluntario de Cruz Roja en su tiempo libre.
Hmaimsa es un ejemplo de que hay futuro más allá del barro de las calles de chabolas. El albergue de Diop es otro atisbo de esperanza. Mientras, en los paisajes chamuscados en los que se han convertido los poblados de Palos y Atochares casi un mes después de sus incendios, a media mañana, solo se oye el repiqueteo de martillos ensamblando palés o las palas mezclando cemento. Camara y Fousseynu deambulan sin rumbo entre famélicos andamios que evidencian la voluntad de sus vecinos de permanecer ahí ante la falta de alternativas. Es un mísero armazón de frágil madera que ni siquiera se pueden permitir estos dos amigos malienses. “¿Podrás conseguir que nos ayuden a levantar nuestra chabola?”, preguntan junto a su parcela calcinada.
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São Paulo.-Hace cuatro años Brasil eligió uno de los Congresos más conservadores de las últimas décadas. Un Parlamento de mayoría bolsonarista, dominado de nuevo por señores de tez blanca, traje, corbata y Biblia. Basta comparar el poder político de los religiosos al de las mujeres. Los escaños de la bancada evangélica duplican a los ocupados por legisladoras. Pese a haber tenido una presidenta, el porcentaje de diputadas en Brasil es menor que en cualquier otro país latinoamericano… Y menor que en Arabia Saudí. Pero en aquella misma elección los brasileños también eligieron por primera vez en la historia a dos diputadas transexuales: las izquierdistas Erika Hilton, 32 años, y Duda Salabert, 44 años.
Paradojas de un país que es al mismo tiempo paraíso e infierno para ese colectivo, porque en pocos rincones del mundo tiene tanta visibilidad, pero ninguno es tan letal (al menos 80 asesinatos en 2025).
La reciente elección de una de ellas, Hilton, como presidenta de la Comisión de Defensa de los Derechos de la Mujer ha desatado una polémica formidable en torno a la diputada, la definición de mujer y la representatividad. “Siempre seré mujer”, contestó ella.
Con once votos a favor y diez en blanco, su designación fue saludada por sus aliadas de la izquierda parlamentaria como un paso más a favor de la inclusión en la política institucional. Toma el relevo al frente de la comisión de una parlamentaria indígena, también del Partido Socialismo y Libertad (PSOL). La diputada Hilton también suele definirse como “una travesti negra, de la periferia”. Erika Santos Silva creció en una favela de Francisco Morato, una ciudad en la zona metropolitana de São Paulo.
En esta controversia, a la cuestión trans, que desgarra al feminismo en medio mundo, se le suman los componentes de raza y clase, una arraigada polarización, la toxicidad de las redes sociales y la cuenta atrás para unas elecciones muy reñidas.
Los más reaccionarios intentaron sabotear la designación con una campaña para la que se apropiaron del lema Ele, não (Él, no), con el que la izquierda intentó galvanizar en 2018 la oposición a que Jair Bolsonaro alcanzara el poder, y lo resignificaron como ofensa tránsfoba. Fracasaron. Una vez electa, los ultras atacaron sin piedad a la diputada Hilton al grito de que no es una mujer “de verdad” y, por tanto, carecería de legitimidad para el cargo. Otras voces combinaron la defensa de los derechos de los transexuales con el temor a que las cuestiones identitarias monopolicen el debate en la Comisión de la Mujer y los problemas cotidianos y acuciantes que atañen a las brasileñas de a pie acaben arrinconados o diluidos en una discusión ideológica.
La nueva presidenta de la comisión ha anunciado que su prioridad será fiscalizar la red de acogida de mujeres maltratadas (en un momento en que Brasil contabiliza cuatro feminicidios al día, más que nunca), luchar contra la violencia política de género y promover políticas de salud integral para las brasileñas.
Blanco de incontables ataques y bregada en frecuentes polémicas, la parlamentaria celebró el nombramiento como “una reparación de la historia para tantas mujeres a las que les negaron la dignidad”. Y a sus críticos los despachó con el estilo combativo que ha convertido en marca de la casa: “La opinión de transfóbicos e imbeCIS es loúltimoo que me importa”, tuiteó con esas mayúsculas, haciendo un juego de palabras en portugués con imbécil y cisgénero, las personas que se identifican con el género con el que nacieron.
Antes de saltar en 2022 al Congreso en Brasilia, Erika Hilton triunfó en las municipales de 2020 como la concejala más votada del país. Destaca entre sus señorías porque entra al embate directo, tiene más de cuatro millones de seguidores en Instagram y es objeto preferencial de ataques y amenazas de la derecha más radical. Y por su aspecto. Sí, tacones, vestidos ajustados y melena siempre impecable. Ella misma ha contado que de niña soñaba con ser presentadora o artista, y que decidió entrar en política al verse tirada en la calle, forzada a ganarse la vida con la prostitución, cuando era una cría de 14 años.
En una larga entrevista con el podcast Mano a mano contó que la misma madre que la crio con su abuela en un hogar donde tuvo la libertad ser tal y como se sentía abrazó un día el fundamentalismo religioso y la expulsó de casa. “De repente, era un demonio, un animal”. Ese dolor la impulsa y la acompañará siempre, aunque se haya reconciliado con su madre. “Queremos caminar con la cabeza erguida, vivir más allá de los 30 años y ser algo más que putas”, explicó en aquella entrevista.
Con un 18% de parlamentarias, los problemas de las mujeres brasileñas siempre han resultado bastante secundarios para el Parlamento. Por la presidencia de la Comisión de la Mujer ya han pasado diputadas de derechas, centro e izquierda, pero si un partido tan pequeño como el PSOL logra presidirla es porque no es ahí donde se libran las batallas políticas más relevantes para sus señorías. Un veterano observador del Congreso dice que la Comisión de la Mujer nunca, desde que fue creada en 2016, había concitado tanta atención.
Tanto Hilton como Salabert se han esforzado hacer política parlamentaria más allá de la defensa de los derechos LGTBQ+. Tienen estilos muy distintos, pero ambas son blanco preferencial de ataques derechistas, sea por su condición de mujeres, por ser transexuales o por sus propuestas. Mientras la primera centra su trabajo en cuestiones de derechos humanos o derechos laborales, como la ampliación de uno a dos días libres por semana, la segunda aborda esos asuntos además de cuestiones mediaombientales y educativas. Mientras a Hilton se la ve cómoda en la confrontación directa, Salabert, del Partido Democratico Trabalista ( PDT), de centro-izquierda, apuesta más por la conciliación.
Al hilo de la polémica, la parlamentaria Salabert ha criticado “la indignación selectiva” y recordado algunos hechos a los desmemoriados que ahora salen a defender a las mujeres: que Brasil ya tuvo una comisión municipal de la mujer integrada solo por hombres (en São Paulo, en 2024), partidos que usan candidatas femeninas fraudulentas para beneficiarse de las cuotas de género o que la dirección del Partido de la Mujer Brasileña es netamente masculina.
Todas las formaciones políticas calientan ya motores para las elecciones de octubre, de las que saldrán el presidente, los gobernadores y el Congreso. Las negociaciones para formar candidaturas y alianzas son intensas. Ni una sola mujer suena como candidata a la presidencia en unos comicios dominados por Lula y Bolsonaro hijo. Tampoco se espera ninguna revolución que propicie un desembarco de mujeres que coloque a Brasil en la parte alta de la tabla de la representación parlamentaria femenina, junto a países como México, Bolivia o Costa Rica, que rondan el 50%.
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La embajada estadounidense afirma: “No vamos a tolerar que haya contaminación de narcotraficantes y crimen organizado” en la designación de nuevos funcionarios de la Corte
En lo que parece ser una razón más de indignacion de los paises latinoamericanos, según una publicaciñn del periódico El Pais de España, la cual es reproducida inextensa por este diario, el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, informó este martes de que su Gobierno consultó con el Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre una supuesta injerencia en la elección de dos magistrados, entre ellos la Fiscal General del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras, quien, según la información del mandatario, sería nombrada para ocupar una silla en la Corte de Constitucionalidad (CC), el máximo tribunal del país.
“Nos hemos enterado de que se está intentando aparentar que la Embajada de los Estados Unidos está pidiendo el voto a favor de candidatos que no son íntegros, como Roberto Molina Barreto y Consuelo Porras”, dijo Arévalo en una conferencia de prensa y en un comunicado emitido más tarde por el Gobierno. “Esta situación es altamente irregular y preocupante. Acciones como estas son incongruentes con el excelente estado de las relaciones entre nuestro Gobierno y el de Estados Unidos. Por ello, hemos comenzado las consultas con el Departamento de Estado para aclarar esta situación”, informó el mandatario.
Consuelo Porras en Guatemala, en septiembre de 2025.Congreso de Guatemala
Guatemala deberá designar este año a los nuevos magistrados de la Corte para el periodo 2026-2031. Para integrar ese ente, el Congreso, el Ejecutivo, la Corte Suprema de Justicia, el Colegio de Abogados y Notarios y la Universidad de San Carlos, la principal del país, votan a lo interno para nombrar a un magistrado titular y un suplente eligiendo así cinco magistrados titulares y cinco suplentes que dirigirán esa Corte.
Las declaraciones del presidente surgieron luego de que uno de los candidatos que apoyaba el Ejecutivo a través de su bancada oficial y de diputados aliados, Rony López, actual magistrado suplente de la CC, quien ha denunciado al MP por seguimiento y amenazas, perdió los votos y en su lugar comenzó a correr el rumor de que el actual magistrado de la CC, Roberto Molina Barreto, sería reelecto.
Molina Barreto fue candidato a la vicepresidencia en 2018 con Zury Ríos, la hija del fallecido dictador Efraín Ríos Montt, acusado de haber cometido un genocidio contra las poblaciones indígenas de Guatemala. Además, ha sido criticado por sus fallos judiciales en los que anuló la condena por genocidio contra Ríos Montt, por fallar a favor del expresidente condenado por corrupción Otto Pérez Molina y por beneficiar al líder del Barrio 18, Aldo Ochoa.
Medios locales, que han documentado dos lobbys pagados por políticos de oposición y algunos empresarios de la élite guatemalteca, atribuyen el apoyo de la mayoría de diputados y de la embajada de Estados Unidos a favor de Barreto debido a ese cabildeo. La embajada estadounidense en Guatemala no respondió a las consultas sobre la denuncia del presidente. John Barrett, encargado de negocios de la embajada, dijo en la red social X que “como ya hemos declarado, las elecciones de segundo grado son procesos guatemaltecos que tienen sus normas y reglas, y vamos a respetar estos procesos, pero no vamos a tolerar que haya contaminación de narcotraficantes y crimen organizado”.
Reportaje A Fondo
Una segunda vida para los disfraces de Carnaval: la idea de Río para que los residuos de la fiesta no acaben en el vertedero
El proyecto ‘Sustenta Carnaval’ ha recuperado casi 70 toneladas de los vestuarios que se usan en el Sambódromo, reduciendo emisiones e integrando a población en riesgo de exclusión social
Río de Janeiro.-En la bella canción del sambista carioca Martinho da Vila llamada ‘Para tudo se acabar na quarta feira (Para que todo se acabe el miércoles)’ el compositor exalta, con cierta melancolía, a los artesanos del carnaval, esas personas anónimas que trabajan todo el año “empeñadas en construir la ilusión” para que después, todo se termine el Miércoles de Ceniza. El carnaval es, por definición, la fiesta de la alegría efímera, pero en el caso del Sambódromo de Río de Janeiro, con sus monumentales desfiles, esa fugacidad tiene un coste ambiental considerable. En las noches en que reinan las escuelas de samba, desfilan decenas de miles de personas vestidas con aparatosos disfraces, unos 100.000 cada año. Su vida útil es lo que se tarda en cruzar el gran estadio del carnaval durante el desfile, menos de 90 minutos. Hasta hace pocos años, después de brillar bajo los focos y los aplausos muchos de ellos acababan en el vertedero. Para luchar contra ese problema ambiental y convertir el residuo en oportunidad, hace unos años surgió el proyecto ‘Sustenta Carnaval’.
La sede de la organización está en la zona portuaria de Río, a pocos pasos de la Cidade do Samba, el gigante recinto donde se construyen las carrozas y se confeccionan los disfraces del carnaval. Aquí el almacén es menos opulento, pero igualmente colorido: montañas de disfraces se acumulan en el suelo y suben varios metros hasta casi tocar el techo en algunos puntos. Son los restos de los carnavales de otros años, que tras pasar por aquí tendrán una segunda oportunidad: los clientes de a pie más creativos pueden llevarse piezas tras un módico precio en función del peso, pero además hay convenios con agrupaciones carnavalescas con menos recursos o incluso con ayuntamientos de otras ciudades que buscan organizar un carnaval más económico. También se donan a escuelas públicas, o se alquilan a compañías teatrales y rodajes de cine. La idea es reciclar de todas las maneras posibles. De momento, en los últimos cinco años, los impulsores de la idea ya han salvado de la basura 66 toneladas.
Pululando entre esta marea de sombreros, faldas, plumas y todo tipo de tejidos aparece, siempre sonriente, Jean Santos, el coordinador técnico del proyecto. Recuerda divertido la aventura del primer año: “Fue un test, alquilamos un camión y recolectamos tres toneladas. Las colocamos provisionalmente en mi casa y en casa de una amiga, fue una locura”. En realidad, las propias escuelas de samba recopilan sus propios disfraces para reutilizar lo que se pueda al año siguiente (tras un minucioso trabajo de descarte, reconversión, pintura, tinte, etc).
No obstante, muchas no tienen los recursos ni la logística necesaria para movilizar camiones, personal y almacenes y acaban desechando parte de sus disfraces. Durante años, muchos quedaban acumulados al final del Sambódromo durante horas, pero generaban problemas incluso de seguridad, porque se generaban auténticas montañas que dificultaban la salida del recinto de los componentes de las escuelas, un flujo continuo que dura toda la madrugada durante cinco noches consecutivas.
El proyecto ha sido premiado incluso en el Reino Unido y ha logrado la certificación ISO20121, por su minucioso trabajo para mitigar la huella de carbono de estas piezas. Se sabe que la industria textil es de las más contaminantes del mundo, y según estudios de ‘Sustenta Carnaval’ un kilo de un estos disfraces generalmente sintéticos y procedentes de China o India ha supuesto, a lo largo toda su trayectoria, la emisión de 47,2 kilos de CO2 equivalente. Por eso estiman que con todo lo que se ha reusado hasta ahora se ha evitado la emisión de más de 3.115 toneladas de CO2 en a la atmósfera.
Pero la preocupación no es sólo ambiental, sino también social. En el almacén de Río trabajan personas en riesgo de exclusión social y parte de los disfraces son transformados en carteras por mujeres inmigrantes y vecinas de una favela de la ciudad de Niterói. En el propio almacén de la organización estos días se imparten talleres de reciclaje de disfraces y accesorios.
‘Sustenta Carnaval’ cuenta con el apoyo de la Secretaría de Medio Ambiente del ayuntamiento de Río y de la Liga Independiente de las Escuelas de Samba, pero faltan recursos. Santos explica que el sueño que acarician ahora es poder construir un entresuelo para ganar espacio y clasificarlo todo. Además, así también podrían impartir clases continuamente. “Nuestro sueño es que las personas que trabajan todos los años en el carnaval puedan hacer un curso y certificarlas como profesionales. Hoy en día ya hay cursos de posgrado en temas de carnaval, pero sobre todo en el mundo académico. La gente que está en la base no está certificada, nuestra idea es revertir eso”, dice optimista. Mientras tanto, una vez termine el carnaval, la rueda volverá a ponerse en marcha: será hora de hacer espacio para otra veintena de toneladas y de ir pensando en cómo aprovechar esa infinidad de posibilidades.
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