Reportaje A Fondo
Las ‘villas miseria’ de los temporeros rebrotan del fuego
Mientras los habitantes de los poblados que ardieron en esta comunidad hace un mes se afanan por reconstruir sus infraviviendas, un albergue temporal impulsado por los trabajadores demuestra que hay alternativas de alojamiento
En apariencia es solo una nave industrial de un polígono de Lepe (Huelva), pero lo que se esconde tras su puerta verde evidencia que con voluntad se pueden encontrar alternativas para los asentamientos chabolistas de temporeros. En sus 313 metros cuadrados, la Asociación Nuevos Ciudadanos por la Interculturalidad (Asnuci) ha construido un albergue temporal para 40 jornaleros. Está casi listo. Falta la cocina, pero las habitaciones de la planta baja, para mujeres, y la de arriba, para hombres, tienen ya literas y armarios. Hay dos zonas de duchas, cuatro lavadoras, salón y comedor. Se ha levantado en plena pandemia, con la única ayuda de aportaciones de particulares en una campaña en redes sociales que ha recaudado 100.000 euros. “Lo hemos hecho nosotros ante la inacción de las administraciones. Es un gesto para demostrar que se pueden encontrar soluciones: no valen las excusas”, explica Seydou Diop, portavoz de Asnuci y uno de los principales promotores del proyecto.
Fotogalería | Las múltiples aristas de los asentamientos chabolistas
Un voluntario trabaja en la preparación del albergue de Asnuci en la localidad de Lepe, Huelva.PACO PUENTES
La estancia máxima en el albergue de Lepe es de seis meses, lo que dura una campaña. No es una obra de beneficencia y Diop lo deja muy claro. Diop explica que “para entrar hay que ser socio de Asnuci y pagar 96€ de fianza. Es un alquiler y hay que pagar el agua y la luz”. E incide: “Dicen que vivimos en chabolas porque queremos ahorrar dinero y eso no son más que prejuicios, a nadie le gusta vivir así”.
Diop sabe de lo que habla. Llegó hace cuatro años a España desde Senegal y vivió en los asentamientos de Lepe. “Me he roto el alma para salir de esta situación”, explica. Ahora sigue trabajando en el campo como mediador e intérprete. Frente a su albergue se levanta otro. Lo empezó a construir el Ayuntamiento de Lepe en 2005 para alojar a temporeros y en 2011 se abandonó tras una inversión de más de un millón de euros. Ahora lo ocupan un centenar de jornaleros. Uno de ellos, Francisco Braima, de 64 años, asegura: “No queremos nada gratis, pero yo en tres meses no he ganado ni 2.000 euros. ¿Cómo voy a pagar un alquiler?”. Y recuerda el miedo que pasó en los incendios de asentamientos del verano pasado. “Cuando todo arde, vienen a interesarse, pero luego todo sigue igual. Nadie ayuda”, lamenta.
Frente a ese segundo albergue se asoman algunas chabolas de un poblado vecino, iguales a las que a 60 kilómetros rodean a Yousseff Alsisi, que descarga arena en una carretilla. Está amasando un rudimentario preparado de cemento para enlosar la superficie de otra infravivienda. “Bastan cinco minutos para que todo arda y una semana para ponerlo en pie”, dice con una triste sonrisa.
Alsisi ayuda a levantar chabolas desde que el 19 de febrero un incendio arrasó con la mitad de su asentamiento en Palos de la Frontera (Huelva). El fuego redujo a la nada no solo las endebles construcciones, sino también el futuro de muchos de sus habitantes, que vieron arder su documentación y el dinero ahorrado. Él reconstruyó la suya el 2 de marzo, tal y como ha marcado en el asfalto de la entrada. “Me costó 250 euros”, relata. Es lo que suma el precio de los palés (a dos euros cada uno), los cartones y la mezcla para el cemento.
Como no tiene papeles, Alsisi no puede encontrar trabajo: “Mis vecinos me pagan unos 20 euros por construirles las casas”. Fousseynu Tounkara y Fanoumou Camara, de Malí, no tienen dinero para poner en pie la suya y duermen a la intemperie cuando no consiguen que algún compañero les haga hueco. No muy lejos, en Lucena del Puerto, hay otros 13 asentamientos en pie. En el de Santa Catalina, el ghanés Ato tiene un pequeño bar, donde hay una iglesia y se ofrecen clases de español. Por las tardes su local se llena de compatriotas que acuden a tomar una cerveza por un euro y ver partidos de fútbol. Morales advierte de que “no hay que olvidar que estas personas son vecinos de sus municipios y que los poblados, aunque estén alejados, son ya barrios”.
El marroquí Youssef Eljalili durante la reconstrucción de chabolas en el asentamiento incendiado en la localidad de Palos de la Frontera, Huelva. PACO PUENTES
A 550 kilómetros de ahí, en el otro extremo de Andalucía, la escena en Níjar (Almería), el municipio más pobre de España, es similar. El campamento de Atochares está construido a base de plásticos, maderas y unos pocos ladrillos. Una isla invisible donde residen unas 800 personas en dos barrios. Al sur viven personas de origen magrebí. Al norte, subsaharianos, que vieron cómo su área ardió el 13 de febrero. Esta semana, quienes no iban a trabajar en los invernaderos se afanaban en reconstruir sus casas sobre las cenizas. Richard y Yao, de Ghana, ponían cemento entre bloques de hormigón guiados por tiralíneas. A su alrededor, escombros y palés con sacos de cemento y ladrillos. Apenas cuentan con el apoyo de algunos colectivos ciudadanos y la solidaridad del resto del asentamiento. “Cualquier ayuda es bienvenida”, dicen con una dignidad a prueba de fuego junto a decenas de bicis, casi el único medio de transporte de estos vecinos.
Nadia Azougagh, activista del colectivo La Resistencia, cuenta que aquí “la situación es dramática: ellos son la base de la riqueza de la provincia [la agricultura almeriense factura 3.500 millones de euros anuales] y se ven obligadas a vivir en situaciones infrahumanas”. Alrededor de un té, en el interior de una precaria pero limpia y acogedora cabaña de plástico, Azougagh relata historias plagadas de pésimas condiciones laborales y la imposibilidad de acceder a una vivienda digna. El secretario general de Andalucía Acoge, José Miguel Morales, reconoce que “la ausencia de albergues, el déficit de pisos de alquiler o el racismo inmobiliario a la hora de arrendar a migrantes y la estacionalidad de las campañas explica la proliferación de estos campamentos”. En Níjar, el portal Idealista ofrece solo tres habitaciones para compartir —a unos 250 euros mensuales— y 24 viviendas, solo seis por debajo de 500 euros al mes. La cifra es prácticamente el salario que, con suerte, obtienen mensualmente quienes trabajan a diario.
El marroquí Youssef en su chabola instalada en uno de los asentamientos de Lucena del Puerto, Huelva. PACO PUENTES
El padrón es la puerta de entrada a los derechos y para arrancar la complejísima tarea de regularización, un proceso lleno de obstáculos, muchos insalvables sin ese primer paso. El empadronamiento es un derecho y una obligación que la justicia ha avalado en el caso de las chabolas. Los ayuntamientos, sin embargo, se muestran reticentes con la excusa del posible efecto llamada. “Sería reconocer una irregularidad”, explica Miguel Mora, alcalde de Lucena del Puerto, que con poco más de 3.000 habitantes acoge una docena de poblados chabolistas, el que más en Huelva.
El mosaico de vecinos y realidades que habitan en los asentamientos hace que ya no sea posible una única alternativa para su erradicación. Las entidades sociales hablan de incentivar el alquiler social, la instalación de módulos prefabricados junto a invernaderos o la construcción de albergues, entre otras ideas que llevan décadas sin que nadie las ejecute. Todas las soluciones pasan por una acción coordinada y conjunta de las administraciones implicadas —municipal, autonómica y estatal—, las empresas hortofrutícolas y las entidades sociales, pero en el último cuarto de siglo todas ofrecen una espiral de excusas infinita para asumir o liderar la erradicación de los asentamientos.
En 2020, la Junta de Andalucía libró por la covid una partida de 2,2 millones de euros para los ayuntamientos con asentamientos con objeto de que garantizasen el suministro de agua potable, electricidad o recogida de basuras. Níjar fue el municipio más beneficiado: más de 700.000 euros, pero sus soluciones han sido solo parches puntuales, casi siempre con la mediación de las ONG. En el resto de casos la situación es similar y, este año, la ayuda económica se ha reducido a la mitad y sus destinatarios volverán a ser las asociaciones. El Gobierno central también ha concedido subvenciones para la atención social, según la Delegación del Gobierno, a través de los programas de ayuda humanitaria.
Lo que fue la obra de construcción de un albergue municipal, sirve de alojamiento para decenas de migrantes en Lepe, Huelva.PACO PUENTES / EL PAÍS
La iniciativa de Lepe
El duro informe del relator de Naciones Unidas de hace un año y el anuncio por parte de Bruselas de que la UE investigará la situación de sus habitantes han empezado a provocar cambios leves. El Ayuntamiento de Lepe (Huelva, 27.880 habitantes), el epicentro del cultivo de la fresa que en la provincia emplea a 160.000 personas y que en el primer trimestre de 2020 facturó 428 millones de euros, parece dispuesto a tomar la iniciativa con un ambicioso plan para erradicar el chabolismo, que el 8 de marzo fue aprobado por unanimidad de sus grupos municipales (PP, PSOE y Cs).
La iniciativa contempla ceder suelo municipal para levantar un complejo de alojamiento temporal a cambio del pago de un canon para 500 personas y tiene un coste de 600.000 euros. “Los migrantes residirían durante dos años para avanzar en la regularización de su situación y conforme se fueran instalando se irían derribando las chabolas con la intención de que no vuelvan a levantarse más”, explica Jesús Toronjo, teniente de alcalde. El plan incluye otras iniciativas que necesita del sector privado y del resto de administraciones, que aún no se han involucrado. Las asociaciones, escépticas por lo general, muestran cierto optimismo. Desde Cepaim, Pérez señala que se trata de “un proyecto grande, que si consigue un objetivo pequeño ya será bueno”.
La concienciación también está arraigando en buena parte del sector empresarial, aunque la patronal onubense del sector de los frutos rojos (Interfresa) y la de los productores almerienses (Coexphal) no consideran que los asentamientos sean su problema y miran hacia las administraciones. “Nosotros ya contribuimos dando empleo y pagando impuestos desorbitados”, subraya Juan Colomina, consejero delegado de la asociación de Almería. En Huelva, Interfresa trata de integrar los principios rectores en materia de Derechos Humanos de la ONU y ha ampliado su equipo de mediadiores. Algunos empresarios se han comprometido a acoger en las viviendas de sus fincas a los temporeros con permiso de trabajo procedentes de asentamientos. Quienes no tienen si situación regularizada, deben seguir en la economía sumergida. Un portavoz del Equipo de Atención al Inmigrante (Edati) de la Guardia Civil explica que “la explotación está al orden del día”. Y uno de los agentes que ofrece ayuda en sus visitas periódicas a los asentamientos añade que “no denuncian más porque pierden lo poco que reciben y quedan sin protección social”. Por su parte, Noureddine Hmaimsa, que pasó dos años entre chabolas en La Paula (Níjar) tras llegar allí en 2006 con apenas 15 años asegura que “salir de ahí es muy difícil”. Hoy reside en el pueblo y ejerce de voluntario de Cruz Roja en su tiempo libre.
Hmaimsa es un ejemplo de que hay futuro más allá del barro de las calles de chabolas. El albergue de Diop es otro atisbo de esperanza. Mientras, en los paisajes chamuscados en los que se han convertido los poblados de Palos y Atochares casi un mes después de sus incendios, a media mañana, solo se oye el repiqueteo de martillos ensamblando palés o las palas mezclando cemento. Camara y Fousseynu deambulan sin rumbo entre famélicos andamios que evidencian la voluntad de sus vecinos de permanecer ahí ante la falta de alternativas. Es un mísero armazón de frágil madera que ni siquiera se pueden permitir estos dos amigos malienses. “¿Podrás conseguir que nos ayuden a levantar nuestra chabola?”, preguntan junto a su parcela calcinada.
elpais.com
El recorte de financiación para abogados que representen a menores no acompañados obligará a miles de ellos, desde bebés a adolescentes, a enfrentarse solos ante jueces y procesos legales complejos
Una joven de 12 años logró llegar a Estados Unidos luego de sufrir tráfico laboral y abusos desde que tenía cinco años; abogados buscan un beneficio migratorio para ella. Un niño sordo y autista fue secuestrado de camino a Estados Unidos; casi un año después, su madre logró rescatarlo y activistas le ayudaron a obtener documentos para quedarse en el país. En ambos casos, narrados por organizaciones, sin la ayuda de abogados de inmigración, los menores hubieran terminado deportados o, por desconocimiento, sin acceso a permisos de permanencia legal.
A partir de este viernes, miles de menores migrantes en EE UU, desde bebés hasta adolescentes, corren el riesgo de perder la asistencia de abogados que les han apoyado por años en sus casos. Ese día expiran los contratos que habían sido financiados desde 2003 por el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) para apoyar a una red nacional de 100 organizaciones que brindan servicios legales a niños no acompañados (que llegaron sin sus padres o representantes legales) o que están en custodia migratoria. Se agudiza una crisis ya existente: en noviembre de 2025, el HHS retuvo más de 65 millones de dólares en fondos aprobados previamente por congresistas de ambos partidos. Sin ese dinero, las organizaciones se han visto obligadas a rechazar a nuevos clientes o simplemente a reducir ―y cerrar― sus operaciones.
“No sabemos qué va a pasar el primero de agosto porque el gobierno no nos ha informado el plan de transición para los 20.000 niños que tienen representación bajo este contrato”, explica Shaina Aber, directora ejecutiva de Acacia Center for Justice, una organización sin fines de lucro que recibía los fondos gubernamentales y los asignaba a más instituciones que ―como ellos― están dedicadas a la defensa de los menores. “Va a depender realmente de si los abogados tienen un financiamiento alternativo que les permita continuar”.
Aber cuenta que unas 30 organizaciones de la red están operando bajo una realidad financiera “complicada”. La situación, narra, obliga a muchos abogados a tener conversaciones “difíciles” con los niños sobre la posibilidad de que no puedan seguir representándolos. Son menores con solicitudes de asilo, peticiones de estatus de protección juvenil (porque fueron abandonados por uno o ambos padres) o víctimas de tráfico, todos beneficios complejos de pelear sin representación legal y que Donald Trump ha endurecido desde que asumió su segundo mandato en enero de 2025.
Ante la situación que está por venir para las organizaciones, a inicios de julio se conoció que el Departamento de Justicia pidió a la Comisión de Defensa de Indigentes de Texas ―una agencia estatal para la defensa de casos criminales de residentes de bajos recursos― que le apoyara en la representación de menores migrantes en proceso de deportación. La Comisión confirmó a EL PAÍS que había recibido la propuesta, pero no precisó si la aceptaría. Según un reporte del diario The Texas Tribune, el director ejecutivo de esta comisión respondió al Departamento de Justicia que la defensa de menores no acompañados está fuera de la experiencia y alcance de su organización.
A diferencia de las cortes criminales, las de inmigración no tienen el deber de garantizar la representación de un abogado, ni siquiera a los menores de edad. Sin embargo, las organizaciones denuncian que no puede hablarse del debido proceso si los niños y adolescentes no entienden el sistema que enfrentan, las penalidades, los términos usados y sus consecuencias.
“Es coercitivo y traumatizante”
Las organizaciones hacen hincapié en los riesgos que corren los menores cuando son presentados en las cortes o son interrogados por funcionarios sin la presencia de abogados.
Un niño en custodia federal fue interrogado durante horas por funcionarios del gobierno. “Le decían que iba a quedar atrapado en detención, que sus familiares iban a ser detenidos y que no tenía derecho a acceder a un asilo”, cuenta Alexa Sendukas, una de las abogadas al frente del Programa de Niños y Jóvenes Migrantes del Proyecto de Representación al Inmigrante Galveston-Houston (GHIRP), al revivir la historia de uno de los menores que representan.
“Para un niño que llega de un viaje desde otro país, a menudo un viaje muy difícil y muchas veces bajo situaciones traumáticas, esto va a hacer que se rindan y regresen porque piensan que esa es su única opción, pero no lo es. La ley dice que tienen derechos, pero esos derechos no se están respetando”, dice Sendukas al catalogar el proceder de los funcionarios como “coercitivo y traumatizante”.
En un caso similar, la abogada principal del Centro Nacional de Justicia para el Inmigrante, Marie Silver, reveló en una declaración jurada ante una corte en noviembre de 2025 que, al revisar los documentos de un menor no acompañado en custodia, halló una carta que nunca había visto. En ella, las autoridades explicaban al niño que quien aceptara regresar voluntariamente a su país en las siguientes 72 horas, “todavía tendrá la oportunidad de solicitar una visa… en el futuro”. Pero que quien eligiera tener una audiencia ante un juez de inmigración, o quien indicara que tenía miedo de regresar a su país, quedaría bajo custodia federal “por un período prolongado” o expondría a la detención y deportación a sus guardianes o padres. En una decisión de abril de 2026, un juez federal prohibió expresamente a los agentes volver a presentar esta carta.
GHIRP también representa a menores no acompañados que habían sido liberados de la custodia de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR, la agencia que acoge a los niños que cruzan la frontera sin padres o representantes legales). Algunos de estos niños han sido detenidos nuevamente y reenviados a estos albergues; en esos casos, sus familiares o guardianes han sido obligados a demostrar otra vez a las autoridades la relación con el niño. “Les dicen que esa misma persona tiene que proporcionar pruebas y pasar por un montón de trámites para recuperarlos, aunque ya habían sido aprobados como patrocinadores”, explica Sendukas.
Entre sus representados, GHIRP también ha encontrado a menores multados por entrar al país por puntos no autorizados de la frontera o por no tener estatus legal. Les dicen que tienen 30 días para apelar el castigo. Es parte de una sección de la mega ley tributaria firmada por Trump en julio de 2025 y que establece el pago de 5.000 dólares para cualquier extranjero que sea detenido en la frontera. Esta multa ―impuesta por la Patrulla Fronteriza― ha sido reportada por abogados de niños en custodia federal en Michigan, Nueva York y en Texas al menos desde septiembre de 2025.
“No tienen dinero. No tienen manera de pagar una multa al Gobierno de Estados Unidos. La mayoría ni siquiera sabe lo que es. No tienen idea de que este papeleo está en su expediente. Somos nosotros o los trabajadores sociales del albergue los que decimos: ‘Encontramos esto en el expediente del niño”, señala Sendukas. La abogada asegura que en la mayoría de los casos las apelaciones por estas multas han sido negadas.
Ella cuenta además que hay un grupo de menores que está siendo detenidos con más frecuencia por agentes de inmigración: adolescentes que ya vivían en Estados Unidos pero que fueron separados de sus familias y, por tanto, no entran en la categoría de menores no acompañados.
“Los sacan de sus escuelas, de sus comunidades y los envían a estas instalaciones de ORR. Muchas veces sus familias no saben qué pasó con ellos, les toma días encontrarlos de nuevo y, una vez que saben dónde están, les toca proveer cantidades de papeles, evidencias, pasar por chequeos de antecedentes, poner huellas, pruebas de ADN para demostrar que son sus cuidadores, cuando ya vivían con ellos y estaban bajo su cuidado porque son sus padres biológicos”, explica Sendukas. Uno de los casos que representan es el de una niña que repartía volantes con su padrastro. Ambos fueron detenidos y la madre tiene más de 200 días intentando recuperar la custodia de la menor.
EL PAÍS consultó al Departamento de Salud y Servicios Humanos y a la Oficina de Reasentamiento de Refugiados sobre las condiciones de los menores en su custodia y cómo proveerán asistencia legal una vez que terminen estos contratos. No respondieron.
Para el año fiscal 2025, ORR muestra en su página que recibió a 22.833 menores no acompañados referidos desde el Departamento de Seguridad Nacional. Durante ese año, el tiempo promedio de permanencia en custodia federal era de 117 días, más del triple que el año anterior. Sendukas dice que han tenido que hacer peticiones de habeas corpus para liberar a niños que han estado en custodia de ORR por más de 300 días. Shaina Aber habla de hasta 500 días y asegura que en el pasado ―incluso en el primer Gobierno de Trump― no superaba los 70 días.
La abogada de GHIRP cuenta que han visto casos de niños que se sienten optimistas, pero que con los días desarrollan una ansiedad, depresión y pérdida de la esperanza tan profunda que los lleva a pensar en abandonar sus casos.
Shaina coincide con Sendukas: “La salud mental de estos niños se está deteriorando. Bajo un ambiente coercitivo, les están pidiendo tomar decisiones que pueden tener consecuencias para sus vidas”.
El peor escenario
La deuda del gobierno con las organizaciones que defienden pro bono a menores no acompañados es de 65 millones de dólares, una cifra difícil de recaudar de forma independiente. El pago de estos fondos federales está siendo peleado en cortes, pero no habrá una decisión antes de este viernes, así que las organizaciones involucradas en el litigio llevan meses buscando alternativas para continuar operando.
La ONG Estrella del Paso, basada en la fronteriza ciudad de El Paso, en Texas, es una de las afectadas. Su directora ejecutiva, Melissa López, cuenta que desde el 17 de julio decidieron no aceptar nuevos casos; representan a 250 menores no acompañados. Por ahora, han estado trabajando semana a semana, y para cubrir los sueldos y gastos corrientes han usado fondos que tenían guardados. Están en busca de financiamiento para mantener los servicios al menos por unos meses. La deuda del Gobierno federal con ellos es de casi un millón de dólares.
“Nos ha tomado 20 años aprender cómo hablar con los niños para que se sientan a gusto aunque hayan pasado por un trauma”, apunta. “La pérdida de los fondos viene con la pérdida de atención a los niños y también la pérdida de un talento muy grande y específico en esta área de la ley”.
GHIRP está en una situación similar: el Gobierno federal les debe más de un millón de dólares. Sendukas asegura que, aunque buscan fondos independientes, es casi imposible conseguir un donante que pueda cubrir ese déficit tan elevado: “Haremos lo que podamos para mantenernos en la lucha y al lado de nuestros clientes”.
La abogada lamenta que la capacidad operativa haya sido mermada en momentos en que las autoridades migratorias están acelerando procesos migratorios como el asilo. Para el mes que viene, justo cuando ya no tendrán recursos federales, las autoridades fijaron 35 entrevistas de asilo con los menores a los que representan: son aproximadamente tres años de solicitudes de varios abogados reactivadas y comprimidas en un período de dos semanas. Ellos los acompañarán.
Sendukas nunca había visto una arremetida similar: “Es un esfuerzo muy coordinado, involucrando a múltiples agencias, para privar a estos niños del acceso a un abogado pro bono, para quitarles su derecho al debido proceso que la ley les otorga y para meterlos en la maquinaria de deportación”, sostiene. “Es un proceso que casi garantiza que el resultado para estos niños será una orden de deportación”.
elpais.com
Reportaje A Fondo
“Estamos sobreviviendo”: las redadas asestan un golpe fuerte y persistente a los negocios hispanos en Los Ángeles
En nueve corredores comerciales frecuentados por migrantes en esa ciudad hubo pérdidas de casi 3,2 millones de dólares en 2025 debido a la agresiva ofensiva migratoria de Trump, revela un estudio de UCLA
La irrupción de decenas de agentes migratorios, lanzados a la caza de migrantes indocumentados, vació las calles de Pico Rivera, California. En junio de 2025 los vecinos de este suburbio al este de Los Ángeles comenzaron a acostumbrarse a una escena hasta entonces impensable: caravanas de camionetas blancas con franjas verdes recorriendo sus avenidas una y otra vez. La Patrulla Fronteriza había puesto la mira en una ciudad santuario para migrantes con el propósito de enviar un mensaje de fuerza y anticipar lo que vendría después en otras comunidades del país. En uno de esos operativos, varios agentes se detuvieron frente a una llantera cercana al bulevar Rosemead e intentaron detener a sus trabajadores. Alguien transmitió la redada en Facebook Live y el video se viralizó de inmediato. Fue el acabose para los negocios cercanos.
“De ahí fue bajando, bajando, bajando. No nos hemos podido recuperar”, lamenta Roberto Godínez, propietario de una tienda de autoservicio donde las ventas dependen, sobre todo, del agua purificada, las cervezas y las frituras. “Estamos sobreviviendo, como si estuviéramos en una crisis económica. De vender 3.500 dólares al día ahora apenas llegamos a 1.400 dólares. Apenas sale para cubrir el sueldo de los trabajadores”. Godínez, un inmigrante originario de Jalisco que ha pasado en este lado de la frontera la mayor cantidad de sus 65 años de vida, confiaba que la Copa del Mundo diera un respiro a sus finanzas. El torneo, sin embargo, transcurrió durante 39 días sin alterar el desánimo que se instaló en el vecindario tras las redadas. “La gente no sale ni a comprar cervezas”, dice.
Lo ocurrido con este pequeño negocio durante el arranque de la ofensiva migratoria de la Administración de Donald Trump no es un caso aislado. Su historia resume la de cientos de comercios hispanos en esta zona metropolitana, golpeados por el miedo que sembraron las redadas. Un informe de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) concluye que el incremento de las redadas provocó lo que define como “una perturbación económica inmediata y duradera” en los corredores comerciales latinos del condado. Tan solo en las dos primeras semanas de junio de 2025, estos establecimientos recibieron 46.000 visitas menos, una caída que se tradujo en pérdidas estimadas en casi 3,2 millones de dólares. Incluso un año después, muchos de sus propietarios siguen esperando una recuperación que no termina de llegar.
Golpes al bolsillo y la salud
El estudio se centró en 75 empresarios latinos con negocios repartidos en nueve corredores comerciales frecuentados por inmigrantes hispanos, entre ellos Huntington Park, Whittier, Westlake, Pacoima y el Distrito de la Moda. Los investigadores de UCLA documentaron el impacto incluso en el flujo peatonal, que cayó de forma generalizada en los días posteriores al inicio de las redadas.
El 59% de los entrevistados reportó desplomes de ingresos superiores al 50%, mientras que la mitad aseguró que algunos de sus empleados dejaron de acudir a trabajar por miedo a ser detenidos por agentes migratorios. Como consecuencia, siete de cada diez establecimientos redujeron su horario de atención o cerraron temporalmente. Muchos comerciantes afirmaron que las ventas apenas alcanzaban para cubrir los gastos operativos y, en ocasiones, ni siquiera eso. Este año el panorama apenas ha cambiado: el 95% reconoció que seguía enfrentando dificultades financieras debido a la ausencia de clientes. El impacto también ha sido personal. El 76% de estos empresarios dijo haber sufrido un deterioro emocional que terminó afectando su salud.
“Un año después, muchos dueños de negocios siguen en una situación de vulnerabilidad financiera. El miedo, la incertidumbre y la presión económica continúan deteriorando su salud y bienestar”, señaló en un comunicado Amada Armenta, coautora del informe y directora del Instituto de Políticas y Política Latina (LPPI) de UCLA. “La pérdida de clientes afectó a negocios de distintos sectores y tamaños, independientemente del estatus migratorio de sus propietarios”.
Uno de los corredores analizados fue el bulevar Pacific, en Huntington Park, uno de los municipios con mayor concentración de inmigrantes mexicanos en Estados Unidos. Desde el verano pasado, los letreros de “Se renta” se han multiplicado en los escaparates de los locales vacíos. Solo las victorias de la selección mexicana durante el Mundial devolvieron por unas horas el bullicio a sus calles, como en los tiempos de mayor prosperidad. Fueron, sin embargo, destellos efímeros.
“Pequeñas empresas y corredores comerciales han quedado vacíos, mientras los propietarios y trabajadores luchan por salir adelante y las familias sufren”, dijo Rudy Espinoza, director ejecutivo de Inclusive Action, que colaboró en el estudio. “Esta investigación pone de relieve el terrible impacto de estas políticas y ofrece a los miembros de nuestra comunidad una plataforma para compartir su verdad”.
16,000 detenidos en Los Ángeles
El mayor despliegue de la Patrulla Fronteriza y del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) se centró en Los Ángeles el verano de 2025 y continuó hasta enero del año siguiente. Durante meses se hicieron habituales en las redes sociales los videos de agentes federales persiguiendo a jornaleros, albañiles, vendedores ambulantes y jardineros en estacionamientos, gasolineras y calles de barrios latinos. Desde el inicio del segundo mandato de Trump, más de 16.000 inmigrantes han sido detenidos en esta zona metropolitana, más del triple que durante los últimos años de la Administración de Joe Biden, según datos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
Las cifras oficiales muestran que el 52% de los detenidos nació en México y que su edad promedio era de 41 años. La inmensa mayoría (el 87%) eran hombres y el 39% carecía de antecedentes penales.
Muchos fueron trasladados al centro de detención de Adelanto, una prisión migratoria privada situada en el desierto de Mojave, a unos 150 kilómetros de Los Ángeles. El centro acumula desde hace años denuncias por presuntos malos tratos, negligencia médica, alimentación deficiente e incluso por el suministro de agua sucia a los detenidos. Desde el regreso de Trump a la Casa Blanca han muerto allí cuatro ciudadanos mexicanos. Un informe publicado recientemente por el Departamento de Justicia de California, elaborado a partir de inspecciones en cárceles del ICE en el Estado, muestra además el drástico aumento de la población recluida: de apenas siete personas bajo custodia en noviembre de 2023 a 1.570 en julio de 2025.
La Administración Trump, sin embargo, rechaza que su estrategia de deportaciones masivas haya perjudicado a la economía local. “Seamos claros: si existiera alguna correlación entre la inmigración ilegal desenfrenada y una buena economía, Biden habría tenido una economía en auge”, afirmó el DHS en una respuesta escrita enviada a EL PAÍS. La agencia sostiene que, a su parecer, las detenciones y deportaciones “hacen que las comunidades sean más seguras para los dueños de negocios y sus clientes”.
“Sé que habrá un cambio”
Arturo Aguilar abrió el restaurante El Valle Oaxaqueño, en el oeste de Los Ángeles, en el año 2000. Creía que su negocio ya había sobrevivido a las peores tormentas: la crisis hipotecaria de 2008 y la pandemia del COVID-19. Nunca imaginó que una campaña de deportaciones masivas pondría en jaque su establecimiento durante tantos meses. “Claro que nos pegó duro, tanto en las ventas como con los empleados, que tenían miedo de venir a trabajar. Los clientes dejaron de venir. El restaurante estaba vacío: dos o tres mesas ocupadas, y apenas un poco más los fines de semana”, recuerda.
El empresario atribuye este bache a lo que llama un “paquete” de factores. “Además de las redadas, la inflación subió el precio de los productos, subió el costo de la gasolina y, ya que aumentó el desempleo, también aparecieron más vendedores ambulantes. Eso nos afecta a todos. No estoy en contra de ellos, yo empecé así hace más de treinta años, pero se ponen en las esquinas, a veces frente a los negocios. No pagan renta, empleados, impuestos, nada. Al final se convierten en una competencia”.
Aguilar, un inmigrante oaxaqueño de 64 años que llegó a Estados Unidos en 1990, reconoce que haber diversificado sus inversiones le ha permitido amortiguar el golpe. Además del restaurante, es propietario de un mercado y una panadería. En conjunto, sus negocios generan cerca de 90 empleos. Mientras El Valle Oaxaqueño ha perdido hasta el 70% de su clientela, las otras empresas le han permitido mantenerse a flote. Él resume esa estrategia con una palabra muy mexicana: “campechanear”. Sus hijos ya se hicieron cargo de la operación cotidiana de los negocios y son ellos quienes hoy cargan con buena parte de las preocupaciones.
Aun así, Aguilar no pierde el optimismo. Confía en que las elecciones legislativas de medio mandato, en las que los demócratas buscarán recuperar el control de la Cámara de Representantes, marquen un punto de inflexión. “Tengo mucha esperanza y sé que habrá un cambio”, dice con emoción. “No falta mucho para verlo, tanto en la política migratoria como en la economía”.
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São Paulo.-Hace cuatro años Brasil eligió uno de los Congresos más conservadores de las últimas décadas. Un Parlamento de mayoría bolsonarista, dominado de nuevo por señores de tez blanca, traje, corbata y Biblia. Basta comparar el poder político de los religiosos al de las mujeres. Los escaños de la bancada evangélica duplican a los ocupados por legisladoras. Pese a haber tenido una presidenta, el porcentaje de diputadas en Brasil es menor que en cualquier otro país latinoamericano… Y menor que en Arabia Saudí. Pero en aquella misma elección los brasileños también eligieron por primera vez en la historia a dos diputadas transexuales: las izquierdistas Erika Hilton, 32 años, y Duda Salabert, 44 años.
Paradojas de un país que es al mismo tiempo paraíso e infierno para ese colectivo, porque en pocos rincones del mundo tiene tanta visibilidad, pero ninguno es tan letal (al menos 80 asesinatos en 2025).
La reciente elección de una de ellas, Hilton, como presidenta de la Comisión de Defensa de los Derechos de la Mujer ha desatado una polémica formidable en torno a la diputada, la definición de mujer y la representatividad. “Siempre seré mujer”, contestó ella.
Con once votos a favor y diez en blanco, su designación fue saludada por sus aliadas de la izquierda parlamentaria como un paso más a favor de la inclusión en la política institucional. Toma el relevo al frente de la comisión de una parlamentaria indígena, también del Partido Socialismo y Libertad (PSOL). La diputada Hilton también suele definirse como “una travesti negra, de la periferia”. Erika Santos Silva creció en una favela de Francisco Morato, una ciudad en la zona metropolitana de São Paulo.
En esta controversia, a la cuestión trans, que desgarra al feminismo en medio mundo, se le suman los componentes de raza y clase, una arraigada polarización, la toxicidad de las redes sociales y la cuenta atrás para unas elecciones muy reñidas.
Los más reaccionarios intentaron sabotear la designación con una campaña para la que se apropiaron del lema Ele, não (Él, no), con el que la izquierda intentó galvanizar en 2018 la oposición a que Jair Bolsonaro alcanzara el poder, y lo resignificaron como ofensa tránsfoba. Fracasaron. Una vez electa, los ultras atacaron sin piedad a la diputada Hilton al grito de que no es una mujer “de verdad” y, por tanto, carecería de legitimidad para el cargo. Otras voces combinaron la defensa de los derechos de los transexuales con el temor a que las cuestiones identitarias monopolicen el debate en la Comisión de la Mujer y los problemas cotidianos y acuciantes que atañen a las brasileñas de a pie acaben arrinconados o diluidos en una discusión ideológica.
La nueva presidenta de la comisión ha anunciado que su prioridad será fiscalizar la red de acogida de mujeres maltratadas (en un momento en que Brasil contabiliza cuatro feminicidios al día, más que nunca), luchar contra la violencia política de género y promover políticas de salud integral para las brasileñas.
Blanco de incontables ataques y bregada en frecuentes polémicas, la parlamentaria celebró el nombramiento como “una reparación de la historia para tantas mujeres a las que les negaron la dignidad”. Y a sus críticos los despachó con el estilo combativo que ha convertido en marca de la casa: “La opinión de transfóbicos e imbeCIS es loúltimoo que me importa”, tuiteó con esas mayúsculas, haciendo un juego de palabras en portugués con imbécil y cisgénero, las personas que se identifican con el género con el que nacieron.
Antes de saltar en 2022 al Congreso en Brasilia, Erika Hilton triunfó en las municipales de 2020 como la concejala más votada del país. Destaca entre sus señorías porque entra al embate directo, tiene más de cuatro millones de seguidores en Instagram y es objeto preferencial de ataques y amenazas de la derecha más radical. Y por su aspecto. Sí, tacones, vestidos ajustados y melena siempre impecable. Ella misma ha contado que de niña soñaba con ser presentadora o artista, y que decidió entrar en política al verse tirada en la calle, forzada a ganarse la vida con la prostitución, cuando era una cría de 14 años.
En una larga entrevista con el podcast Mano a mano contó que la misma madre que la crio con su abuela en un hogar donde tuvo la libertad ser tal y como se sentía abrazó un día el fundamentalismo religioso y la expulsó de casa. “De repente, era un demonio, un animal”. Ese dolor la impulsa y la acompañará siempre, aunque se haya reconciliado con su madre. “Queremos caminar con la cabeza erguida, vivir más allá de los 30 años y ser algo más que putas”, explicó en aquella entrevista.
Con un 18% de parlamentarias, los problemas de las mujeres brasileñas siempre han resultado bastante secundarios para el Parlamento. Por la presidencia de la Comisión de la Mujer ya han pasado diputadas de derechas, centro e izquierda, pero si un partido tan pequeño como el PSOL logra presidirla es porque no es ahí donde se libran las batallas políticas más relevantes para sus señorías. Un veterano observador del Congreso dice que la Comisión de la Mujer nunca, desde que fue creada en 2016, había concitado tanta atención.
Tanto Hilton como Salabert se han esforzado hacer política parlamentaria más allá de la defensa de los derechos LGTBQ+. Tienen estilos muy distintos, pero ambas son blanco preferencial de ataques derechistas, sea por su condición de mujeres, por ser transexuales o por sus propuestas. Mientras la primera centra su trabajo en cuestiones de derechos humanos o derechos laborales, como la ampliación de uno a dos días libres por semana, la segunda aborda esos asuntos además de cuestiones mediaombientales y educativas. Mientras a Hilton se la ve cómoda en la confrontación directa, Salabert, del Partido Democratico Trabalista ( PDT), de centro-izquierda, apuesta más por la conciliación.
Al hilo de la polémica, la parlamentaria Salabert ha criticado “la indignación selectiva” y recordado algunos hechos a los desmemoriados que ahora salen a defender a las mujeres: que Brasil ya tuvo una comisión municipal de la mujer integrada solo por hombres (en São Paulo, en 2024), partidos que usan candidatas femeninas fraudulentas para beneficiarse de las cuotas de género o que la dirección del Partido de la Mujer Brasileña es netamente masculina.
Todas las formaciones políticas calientan ya motores para las elecciones de octubre, de las que saldrán el presidente, los gobernadores y el Congreso. Las negociaciones para formar candidaturas y alianzas son intensas. Ni una sola mujer suena como candidata a la presidencia en unos comicios dominados por Lula y Bolsonaro hijo. Tampoco se espera ninguna revolución que propicie un desembarco de mujeres que coloque a Brasil en la parte alta de la tabla de la representación parlamentaria femenina, junto a países como México, Bolivia o Costa Rica, que rondan el 50%.
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