Santo Domingo, RD.-El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional recibió para que sean parte del juicio de fondo seguido a los seis implicados en el caso Odebrecht una serie de contratos con intención de negocios entre el imputado Ángel Rondón con la multinacional.Más Noticias
A juicio de fondo contratos de Rondón con Odebrecht.
Santo Domingo, RD.-El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional recibió para que sean parte del juicio de fondo seguido a los seis implicados en el caso Odebrecht una serie de contratos con intención de negocios entre el imputado Ángel Rondón con la multinacional.Con la lectura por parte de la secretaria del tribunal de la prueba número uno de los documentos, el Ministerio Público busca demostrar la acusación por los sobornos repartidos por la empresa constructora para agenciarse asignaciones de obras del Estado. Específicamente, corresponde a la parte 1.3.
El imputado Rondón en cada uno de la lectura de los documentos hacia la observación de que los referidos contratos eran con intención de negocios, que no estaban firmados, ni notariado por un abogado notario.
Expresó que los documentos fueron ocupados por fiscales dela Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), durante el allanamiento realizado en su residencia, tras insistir en que son borradores de proyectos no ejecutados.
La presidenta del tribunal Gisell Méndez, tras el inicio de la lectura hizo una observación a la secretaría para que cada vez que lea uno de esos contratos se señale si están firmados por las partes.
Los contratos con intención de negocios entre las partes hacen referencia a venta de inmuebles, términos en que Rondón iba a trabajar con la constructora brasileña para ofrecer su servicio, acuerdo de confidencialidad entre las partes, entre otros.
Igualmente, la secretaria del tribunal leyó una serie de recorte de periódico para establecer que el imputado Rondón se dedicaba a la producción de ganadería, una medalla al mérito otorgado por el expresidente Danilo Medina, así como un reconocimiento por parte de la Asociación de Ganaderos del Este al propietario de Hacienda Los Ángeles y La Fábrica Agroindustrial Los Ángeles.
Delaciones y sobornos
Previamente el tribunal dispuso que las delaciones de los empleados 1 y 54 de la empresa Odebrecht, identificados como Marcelo Odebrecht y Marcos Vasconcelos Cruz no sean leídas en su totalidad.
El tribunal, que integran además Tania Yunes y Jisell Naranjo, tomó la decisión al considerar que parte de las delaciones que no se incorporarán, es por no estar traducidas al español por completo.
En ese sentido, las jueces ordenaron a la secretaria del tribunal solo leer las partes que están en español, pues de acuerdo al Código Procesal Penal al juicio solo se pueden incorporar documentos que estén en este idioma. El tribunal dispuso que se iniciará a leer, primero, las delaciones del empleado 1 (Marcelo Odebrecht) que estén en español, con cuyas delaciones, la Pepca quiere demostrar la supuesta participación de los seis imputados en el esquema de soborno.
Los fiscales de la Pepca, Wilson Camacho, titular; Mirna Ortiz, coordinadora de litigación del órgano. y José Miguel Marmolejo, habían pedido al tribunal permitir la incorporación por completo de las delaciones premiadas de los ejecutivos de la empresa brasileña. Esto generó la oposición de los abogados de las defensas de los imputados, pidiendo que se rechazara el pedimento, tras considerar que las traducciones no fueron debidamente depositadas ante la Secretaría de la Suprema Corte de Justicia por parte del Ministerio Público y que, esto ya había sido fallado por el tribunal.
Sigue el lunes.
El Tribunal Colegiado del Distrito Ncional recesó ayer para el próximo lunes a las 9:00 de la mañana la continuación el juicio de fondo del caso Odebret.
US$92 millones.
La empresa brasileña admitió haber pagado sobornos por US$92 millones para la adjudicación de obras públicas en la República Dominicana.
Los acusados.
Además de Ángel Rondón Rijo, están acusados Víctor Díaz Rúa, Conrado Pittaluga Arzeno, Porfirio Andrés Bautista García, Juan Roberto Rodríguez Hernández y el exsenador del PLD, Tommy Galán..
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Contratistas del Estado favorecidos con proyecto de ley aprobado por el Senado de la República que autoriza pago.
Santo Domingo. – Fue aprobado este martes en primera lectura un proyecto de ley que autoriza el pago a contratistas del Estado y que crea una comision para la revision de reclamaciones derivadas de obras ejecutadas con o sin contrato formal.
Esta normativa fue remitida por la Cámara de Diputados e incluida en el orden del día a solicitud del senador por la provincia de La Vega, Ramón Rogelio Genao.
La propuesta de ley tiene por objeto autorizar, de manera excepcional y por única vez, el reconocimiento, validación y pago de las deudas derivadas de obras públicas ejecutadas sin contar con un contrato formal o sujeto a reformulación presupuestaria, a fin de regularizar las obligaciones pendientes y salvaguardar la transparencia, la legalidad y el uso adecuado de los recursos públicos.
Los legisladores aprobaron en segunda lectura el proyecto de ley que designa con el nombre de Vicente Sánchez Baret el Centro Cívico Provincial para oficinas gubernamentales de la provincia Sánchez Ramírez, con el propósito de honrar la memoria del servidor público, líder y político, fallecido recientemente.
La iniciativa presentada por el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, destaca la trayectoria política del exsenador por su provincia natal, Sánchez Ramírez; también el rol que desempeñó como presidente y secretario de organización del Partido Revolucionario Dominicano (PRD).
La pieza señala que Sánchez Baret, además, fue cofundador del Partido Revolucionario Moderno (PRM), consolidándose como una figura determinante y de referencia en la historia política contemporánea de la República Dominicana, cuyo liderazgo y visión contribuyeron al fortalecimiento de la democracia y de las instituciones del país.
Detalla también las funciones desempeñadas durante su carrera política, entre estas: alcalde de Cotuí (1961), senador por la provincia Sánchez Ramírez en el periodo legislativo 1982-1986, secretario de Interior y Policía (1978); secretario de Deportes (1982-1986); así como director general de Aduanas (2000-2004).
El Pleno del Senado aprobó en segunda lectura el proyecto de ley que modifica el artículo 13 de la Ley 118-21, sobre terminación de obras viales, escuelas, hospitales y presas que se encuentran suspendidas, modificada por la Ley 83-24; propuesta del senador de la provincia de La Vega, Ramón Rogelio Genao.
Además, el proyecto de ley orgánica que modifica el artículo 12 de la Ley 5-13, sobre Discapacidad en la República Dominicana, presentada por el senador de la provincia El Seibo, Santiago José Zorrilla.
En primera lectura
El Pleno sancionó en primera lectura el proyecto de ley que designa con el nombre de doctor Mario Mignolio Pujols Colón el Palacio de Justicia del distrito judicial de la provincia San José de Ocoa, propuesta del senador Milcíades Aneudy Ortiz Sajiun.
También fue sancionado el proyecto de ley que designa con el nombre de Milton Ray Guevara al edificio del Palacio de Justicia del distrito judicial de Samaná, presentada por el senador de esa demarcación, Pedro Catrain.
En única discusión, los senadores aprobaron el proyecto de resolución que solicita al presidente Luis Abinader que se realicen los estudios correspondientes para la instalación de un parque industrial de zonas francas en el municipio de Azua, provincia de Azua; propuesta de la senadora Lía Ynocencia Díaz Santana.
También sancionaron favorablemente el Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y los miembros de la Organización de Estados de África, el Caribe y el Pacífico, por otra, suscrito en Samoa. Esta pieza fue presentada por el Poder Ejecutivo.
El Senado de la República guardó un minuto de silencio en memoria de las cinco víctimas de las recientes lluvias en San Cristóbal, a solicitud del senador Gustavo Lara, así como por el chofer Deivi Carlos Abreu Quezada, asesinado en circunstancias lamentables, según propuso el senador Pedro Catrain.
Asimismo, el Pleno honró la memoria de Domingo Batista, chofer de Fenatrado, y extendió sus condolencias por los fallecimientos de Ana Dolores Diplan, madre de Nelson Guzmán (encargado de Gabinete del Senado), y de Estela Josefina Echavarría Disla, madre del ministro de Energía y Minas, Joel Santos; estas últimas solicitudes fueron realizadas por el presidente de la Cámara Alta, Ricardo de los Santos.
El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, convocó a sesión para el próximo jueves a las 2:00 de la tarde.
Santo Domingo, (EFE).- Un grupo de 72 dominicanos fue deportado este martes desde Estados Unidos tras cumplir en su mayoría condenas por diferentes delitos, elevando a más de 400 los repatriados este año a República Dominicana.Los dominicanos arribaron al Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA), que sirve a Santo Domingo, a bordo de un avión fletado por el Gobierno estadounidense, según adelantó el periódico local Listín Diario y confirmó a EFE una fuente de la Dirección General de Migración (DGM).De acuerdo a la fuente, la mayoría de los repatriados cumplió condenas por narcotráfico, así como por robos, atracos y tráfico de armas.
Aunque cumplieron condenas en diferentes ciudades estadounidenses, los repatriados fueron concentrados en lugares de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), organismo que se encarga de su deportación.
También arribaron varios dominicanos que permanecían indocumentados en Estados Unidos, aunque estos eran minoría.
Las autoridades de la Dirección de Migración y otras agencias investigan a los deportados, por si tienen asuntos pendientes con la Justicia dominicana. De no ser así, son liberados.
Este tipo de vuelos desde Estados Unidos se repite todos los martes.
En los primeros tres meses del año han sido repatriados más de 400 dominicanos, según cifras de Migración, frente a 3,986 de todo 2025 y 3,880 de 2024.
an/am
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio de Interior y Policia destruyó este martes un total de 2,268 armas de fuego incautadas por el Estado, entre las que había revólveres, pistolas, escopetas, rifles y artefactos de fabricación casera.
La institución informó que también fueron desintegradas 12,431 armas blancas, incluyendo cuchillos, machetes y puñales.
«La destrucción de estas armas no solo reduce riesgos inmediatos, sino que también envía un mensaje firme de que en República Dominicana no hay espacio para la ilegalidad ni la violencia», afirmó la ministra de Interior, Faride Raful, al encabezar el acto.
Interior y Policía indicó que esta es la segunda jornada realizada en los últimos cuatro meses, en el marco de la estrategia para retirar de circulación armamento ilegal y evitar que vuelva a las calles.
El Ministerio de Interior y Policía dijo que esta fue la segunda jornada de destrucción de armas realizada en los últimos cuatro meses, lo que representa el cumplimiento de una estrategia sostenida para retirar de circulación armamento ilegal y evitar que vuelva a las calles.
La intervención se llevó a cabo en las instalaciones de Metaldom, ubicadas en el Parque Industrial Duarte, donde el armamento fue previamente verificado por técnicos especializados para garantizar el cumplimiento de los protocolos de seguridad antes de su destrucción.
«Esta es la segunda jornada realizada en los últimos cuatro meses, en el marco de una estrategia sostenida para retirar de circulación armamento ilegal y evitar que vuelva a las calles», dijo el ministerio. 
Para Fernando de La Vega, representante en el país de la empresa multinacional, la jornada refleja su compromiso con iniciativas que generan impacto social y ambiental.
«Tenemos un firme propósito de construir soluciones que transforman, y es lo que hacemos hoy en este gran patio de chatarra«, expresó.
En el acto también estuvieron presentes el ministro de Defensa, Carlos Antonio Fernández Onofre; el director de la Policía Nacional, Andrés Modesto Cruz; y la vicepresidenta de Relaciones Institucionales y Comunicación de Inicia, Anyarlene Bergés.
También representantes de la Procuraduría General de la República, el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional, bajo la supervisión de la Comisión Interinstitucional para la Destrucción de Armas.