El pleno de la Junta Central Electoral (JCE) ha decidido eliminar el contrasentido de la legalización de las actas de nacimientos en la misma institución que la expide.
Es decir, que este documento carecía de legalidad hasta que no se pagaba la legalización, así como se oye de redundante, lo cual es propio de un genio de la irracionalidad.
Todavía falta eliminar también la caducidad de las actas de nacimiento, porque en el curso del tiempo no se produce ningún cambio que justifique su expiración, porque el que ha recibido ese documento seguirá con los mismos padres y tendrá el mismo lugar y fecha de nacimiento, por lo que no tiene sentido que este documento expire.
Debe aplaudirse que la JCE elimine todas las irracionalidades que afectan al Estado en el marco electoral y del registro civil, pero lo que llama a la atención es que anulan un contrasentido para entonces imponer otro.
Ello así, porque el pleno del órgano comicial tomó también la decisión de ponerle un sueldo de lujo con otros beneficios a los suplentes, cuyo término lo que quiere decir es que este funcionario suple al que está ausente por alguna razón, incluida la muerte.
Esa falta de sensatez de la JCE no tiene justificación desde ningún punto de vista, mucho menos con la asignación de unos sueldos sumamente altos, mientras el país y el mundo atraviesan por una crisis económica que hacen tambalear al Estado como consecuencia de la pandemia de la Covid-19.
La verdad que es una acción que no se entiende y que su justificación resulta un tanto difícil, por no decir imposible.
Esa preocupante decisión pone a pensar a cualquiera, porque si una cosa debe primar en la JCE es la sensatez, la prudencia y el cuidado, sobre todo en lo que respecta al manejo del presupuesto que sale de los bolsillos de los ciudadanos.
Ello así, porque la JCE no sale de una serie de escándalos, algunos de los cuales han puesto en jaque hasta la propia democracia, porque conllevan incluso implicaciones económicas.
La JCE es un órgano que ha servido para medir la falta de institucionalidad que afecta al Estado dominicano y ahora con esta decisión del pleno como que lleva a cualquiera a pensar que la irracionalidad es consustancial a ese órgano.
Ojalá la JCE dé marcha atrás con esa decisión de asignarles sueldos de lujos a los suplentes, porque sus nombres ofrecen una idea clara de que ellos sólo hacen una labor cuando se presenta la ausencia del titular, a partir de cuando sí tiene justificación que tengan la misma compensación que su superior.
Se impone corregir ese entuerto para que desde ya no quede lesionada la credibilidad del órgano encargado de manejar un asunto tan vital para la democracia como son las elecciones para escoger las nuevas autoridades nacionales.
Si hay irracionalidad en una cuestión tan elemental como la función de un suplente, entonces que se puede esperar de asuntos que son muchos más complejos y en los que la ética debe primar con mayor transparencia y credibilidad.