Santo Domingo, RD.- Un año de prisión preventiva fue la condena impuesta como medida de coerción por el juez de atención permanente de Villa Altagracia a los agentes policiales responsables del asesinato de los pastores evangélicos Joel Díaz y Elisa Muñoz.Más Noticias
Prisión preventiva de un año a implicados en asesinato de pastores
Santo Domingo, RD.- Un año de prisión preventiva fue la condena impuesta como medida de coerción por el juez de atención permanente de Villa Altagracia a los agentes policiales responsables del asesinato de los pastores evangélicos Joel Díaz y Elisa Muñoz.Tras aproximadamente cuatro horas de audiencia y luego de dos intentos del conocimiento entre esta y la semana pasada, la jueza Sugeldi Rosario Mena destacó que las pruebas presentadas por el Ministerio Público son robustas y comprometen la responsabilidad de los seis uniformados sometidos por el acribillamiento de la pareja cristiana.
Asimismo, el caso fue declarado complejo y fueron enviados al Centro de Corrección y Rehabilitación El Pinalito de La Vega, los rasos Anthony Castro Pérez y Juan Samuel Ogando Solís, al cabo Ángel de los Santos y al sargento Domingo Perdomo Reyes.
En tanto, el teniente Victorino Reyes Navarro y el cabo Norquis Rodríguez Jiménez fueron enviados a la cárcel de Operaciones Especiales.
Reacciones
El abogado del exraso Castro Pérez, dijo que la decisión de la jueza no debió ser igual para todos los imputados, ya que no comparten el mismo vínculo en el proceso.
“Lamentamos que la ciudadanía, la presión mediática y el morbo genere la necesidad de emitir una decisión en las mismas condiciones a todos los imputados, cuando todos no tienen el mismo vínculo en el proceso”, manifestó Yery Castro, abogado de uno de los imputados.
Aseguró que debido a la mascarilla y gorras que portaban estos policías, no se ha determinado que eran ellos quienes estaban presentes en el lugar donde asesinaron a la pareja.
Sostuvo además, que Anthony Castro no tenía su arma cargada en el momento de producirse los disparos.
Después de la audiencia, Fátima Sánchez, fiscal titular de Villa Altagracia, afirmó que la investigación del caso apenas inicia y que no descarta otros sometidos. La fiscal declaró que se hará justicia.
Familiares y allegados
“Justicia por Joel, justicia por Elisa, justicia para todos”, era la consigna que imperaba desde tempranas horas de ayer, donde señoras, hombres y jóvenes pertenecientes a la iglesia en la que se congregaba Elisa y Joel, se reunieron a las afueras del Palacio de Justicia de Villa Altagracia, donde entonaron cánticos cristianos agarrados de manos en una ronda, mientras esperaban ansiosos una justa decisión.
Otros insistían que el coronel César Mariñez, quien aparentemente comandaba la patrilla policial, debía también ser enjuiciado.
Más tarde llegaron los defensores de los policías, quienes pedían a las autoridades “no dejarse presionar” por los reclamos de condena a estos, y quienes alegaban que los uniformados son inocentes.
Después de la larga espera de una semana y tres días, los abogados de las víctimas dijeron que la familia está tranquila con la decisión adoptada por el tribunal.
Mientras, los parientes de los agentes enviados a la cárcel de La Vega, con lágrimas en sus rostros, no dieron declaraciones a la prensa.
De su lado, los allegados del teniente Victorino Reyes Navarro y el cabo Norquis Rodríguez aplaudieron la decisión del tribunal de enviar a Operaciones Especiales a estos dos, al considerar que estarán más seguros en ese lugar.
Santo Domingo. – Este jueves la Policía Nacional informó que detuvo cuatro hombres involucrados en el robo de fundas con alimentos de primera necesidad, sustraídos de varios camiones que transitaban por la avenida del Puerto del Distrito Nacional.
El cuerpo del orden dijo que los detenidos son Aaron Ezequiel Cabrera, de 36 años; Breilin José Vizcaíno Capellán, de 18; Ángel Reguillo Emiliano, de 26, y Miyel Ambiórix Morillo, de 27, todos residentes en la citada demarcación.
Según la entidad, la detención fue realizada por agentes de la Dirección Central de Investigación (Dicrim), quienes actuaron de manera inmediata tras dar seguimiento a los responsables, identificados a través de un video que se hizo viral en redes sociales y medios de comunicación.
Los cuatro apresados serán puestos a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.
La Policía Nacional reafirma su compromiso de actuar con prontitud frente a hechos delictivos y garantizar la seguridad ciudadana.
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Presidente de la República solicita al Congreso agilizar modificación de ley de Compras y Contrataciones.
Santo Domingo, R.D.- Luis Abinader solicitó este jueves al Congreso Nacional agilizar la aprobación del proyecto que modificaría la ley de Compras y Contrataciones, la cual tiene el objetivo de establecer sanciones más severas contra la corrupción y fortalecer el marco regulador de las contrataciones del Estado.
Esta normativa, que fue propuesta por la exsenadora y ministra de Interior y Policía, Faride Raful, derogará la Ley 340-60, sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, que data del 2006.
El director de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, destacó que una de las tareas fundamentes de esta nueva ley es devolver el sistema de consecuencias, que fue eliminado en el mismo año que fue aprobada.
«Hay que decir que quienes aprobaron la ley de Contrataciones en el 2006, en el mismo año la modificaron y la extirparon, le eliminaron el régimen de consecuencias. En el 2006, con esa acción, se sembró el régimen de impunidad en la República Dominicana«, afirmó.
El mandatario y Pimentel hablaron del tema al encabezar el acto en el que se anunció que República Dominicana fue escogida por primera vez como sede de la Conferencia Internacional Anticorrupción (IACC), la cual se llevará a cabo en el 2026.
Prohibiciones que propone proyecto de ley
- El artículo 25 prohíbe a los exfuncionarios gestionar o representar intereses privados y particulares ante la institución a la que prestaron sus servicios, o ante las instituciones que les sean subordinadas, durante los 12 meses siguientes a la fecha de su salida del cargo.
- También castiga con uno a tres años de prisión a los que incurran en falsedad en las declaraciones juradas requeridas para registrarse como proveedor del Estado o para participar de un procedimiento de contratación.
- Además, sanciona con dos a cinco años de prisión y hasta multa de 50 salarios mínimos a los servidores del Estado que, en ejercicio de sus funciones intervengan en la tramitación, aprobación o celebración de un contrato, de manera dolosa, en violación al régimen de inhabilidades y prohibiciones previsto en la presente ley.
- El proyecto establece que, cada institución contratante deberá contar con un apartado integrado a su portal institucional en donde se agrupen las informaciones y documentaciones relativas a su actividad contractual, con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a estas.
- Establece que los proveedores podrán subcontratar la realización parcial de las prestaciones requeridas por hasta 30 % del monto del contrato, siempre que la persona propuesta cumpla con los requisitos de la ley.
Santo Domingo, R.D.-Las solicitudes de convocatoria de elecciones extraordinarias en La Vega fueron rechazadas este jueves por la Junta Central Electoral (JCE).
El órgano indicó que no tiene competencia legal para convocar a elecciones extraordinarias en el municipio, pese al vacío que se generó hace tres meses con la renuncia del alcalde Kelvin Cruz y la vicealcaldesa Amparo Custodio.
En sus motivaciones, la JCE acotó que la Ley 20-23, de Régimen Electoral, solo la faculta a convocar elecciones extraordinarias cuando se anulan las anteriores, aspecto que no ocurrió en este caso de La Vega.
«De la lectura del referido numeral 2 del artículo 95 se comprueba claramente que el legislador dominicano, al momento de definir los casos en los que procedería a convocar elecciones extraordinarias, no contempló el escenario que alegan los solicitantes, de lo cual se deduce que no existe competencia legal para que la Junta Central Electoral proceda a la convocatoria de elecciones extraordinarias en el municipio La Concepción de La Vega«, expresó el pleno del organismo electoral en uno de sus considerandos.
El exalcalde Kevin Cruz fue escogido con el 73 % de los votos de La Vega, fue juramentado en el cargo y lo asumió por casi cuatro meses, antes de que el presidente Luis Abinader lo designara ministro de Deportes. Su vicealcaldesa, Amparo Custodio, quien podía sucederlo en el puesto, renunció indicando que ese cargo debía ocuparlo un dirigente del Partido Revolucionario Moderno, que ganó la plaza.
Sin embargo, para resolver este impasse, la semana pasada el Concejo de Regidores de La Vega, revocó la renuncia de Custodio para que esta regresara a la alcaldía y el pasado 15 de noviembre fue juramentada como la nueva alcaldesa.
No obstante, los partidos de oposición Fuerza del Pueblo y de la Liberación Dominicana (PLD) insisten en que el Concejo de Regidores no tiene facultad para nombrar alcaldes. Los dos partidos han sometido recursos ante la justicia para tratar de revertir la decisión de los regidores.