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Opinión

La dominicanidad según Jack Veneno

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La sabia mezcla de la coartada de la existencia, que liga el espejismo con la realidad, que es igual a aplaudirse a sí mismo.

Por Andrés L. Mateo

(En el año 1993 inicié una serie de artículos que eran una lectura semiótica del espectáculo de la lucha libre cuyo héroe era Jack Veneno. Entonces intenté explicar el fenómeno vinculándolo a un costado de la aventura espiritual de la dominicanidad.

Esos artículos fueron discutidos ampliamente en un plano académico y Jack Veneno se convirtió en un símbolo más que popular, emblemático. Él encarnaba la dominicanidad. Con motivo de su muerte reproduciré dos de esos artículos:)

Hay una lectura de la lucha libre que remite a la dominicanidady que ha dotado a la detestable parodia de combate que escenifica, y a su héroe, del privilegio de la chispa popular. Más que la influencia del azar desnudo, o el despliegue asombroso de una técnica de combate, Jack Veneno triunfa siempre porque él es toda una teoría sobre el ser nacional.

Si algo intangible define la dominicanidad,es esa lucha a muerte entre el «parecer» y el «ser». De hecho, la tumultuosa carga de nuestra cotidianidad está atravesada por el fantasmeo, y el lenguaje enfático de la grandilocuencia. Factores que se encuentran permanentemente diluidos en el espectáculo de la lucha libre, que definen y tipifican al héroe, y están destinados más que a asegurar un resultado, a representar un carácter nacional. Transformado en imagen, Jack Veneno es la dominicanidaden acto. La moral caballeresca que lo cubre es siempre efectiva porque todos sus éxitos se quedan en el limbo del «parecer».

Hace ya más de quince años que Jack Veneno es Campeón Media Europeo, y aunque los europeos no se han enterado, eso no tiene la menor importancia. El caso es que en cada ocasión él arriesga algo, tal «parece» que siempre hay algo que él puede perder. Casi con toda seguridad, esta es la ley que aviva el interés del espectáculo. Hay algunas simulaciones groseras: Jack Veneno puede, torcido de dolor y sangrando (la sangre es un espejismo impactante, debilita al héroe, pero lo fortalece al mismo tiempo, ya que los rugidos de solidaridad del público son el velo honorable que lo reanimará) morder por momentos el polvo de la derrota. Aunque todo está hecho para dar la idea de que nada influye por adelantado, este sesgo de peligro nos permite recordar que a pesar de ello él es un individuo humanamente situado sobre el ring.

Lo que se escenifica es un combate de gladiadores, pero Jack Veneno impone su nombre al «glamour» de la generosidad. De entrada, el es un «técnico» frente a una verdadera legión de «rudos». Sus oponentes son «gallinas», «cobardes», y frecuentemente «bandidos» internacionales que llegan aquí precedidos de un cierto terror. Todos sus sacrificios se zambullen en este signo de amparo, sus caídas y abatimientos son momentos de peligroso trance de la justicia, y es por ello que sus triunfos son siempre exaltados, asumidos por la muchedumbre como cosa propia, sentidos como el noble instante en que el bien triunfa sobre el mal.

El tiene también el halago de la santidad. Cuando golpea, el locutor afónico repite una y otra vez que él es «el hijo de do​ña Tatica». Doña Tatica es la madre de Jack Veneno, pero el diminutivo remite a la Virgen de la Altagracia, que es a su vez la madre del pueblo ​dominicano. Cuadro beatífico que se completa porque Jack Veneno combate acompañado de su hijo Rafi Sánchez. La leyenda recupera así un vínculo fundamental con el sentir de las multitudes: el heroísmo puro, el episodio poético del gladiador que defiende su entorno familiar.  Este ámbito familiar ilustra el​ ​sacrificio de la familia de Jack Veneno (la invocación de su madre cuando él golpea, su hijo Rafi Sánchez, los gestos de familiaridad con los que identifica a los miembros de su cuadra, etc.), pero es símbolo dramático de la familia nacional (la presencia elíptica de la Virgen de la Altagracia).

Todo tiene en ese universo una alta dosis de exageración. Los luchadores emplean un lenguaje de​ con​confrontación que da pánico, y a pesar de que todo ocurre ante los ojos del público, de todos modos no es seguro de que haya ocurrido. La sangre fluye a borbotones, llaves como «la polémica» pueden desencajar de dolor a un adversario, las sillas vuelan por el aire y oímos el sonido metálico sobre la cabeza, el crujir de un hueso que se parte es algo común, las piruetas del hombre que se lanzó fuera de las cuerdas parecen que terminarán en desastre. En una meticulosa composición del peligro, todo ocurre ante la incertidumbre del «ser» y el «parecer», como en la dominicanidad.

«Parece» que Jack Veneno siempre triunfa. «Parece» que se ha sobrepuesto de un trance mortal y libera a los dominicanos a través de la fábula del combate. La duración cómica de su martirio es un inefable, y a quien la postura del combate fingido reconcilia consigo mismo es al dominicano. Chopas, guardias y policías, chiriperos sin destinos, tricicleros de​ las madrugadas, putas ingenuas y chulos esquivos, m​aricones posterga​dos y bugarrones peligrosos, dama​s venidas a menos, divorciadas, abogados picapleitos q​ue reparten sus tarjetitas​ de presentación después de cada​ combate, todos aplaudiendo al Campeón Medio Eur​opeo, porque es su sueño, la sabia mezcla de la coartada de la existencia, que liga el espejismo con la realidad, que es igual a aplaudirse a sí mismo. Algún día se estudiará la dom​i​nicanidad según Jack Veneno,fuera de los determinismos económicos de su epopeya. Yo modestamente lo creo posible

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Crímenes de lesa humanidad y los daños al medio ambiente (1 de 2 )

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Por Rommel Santos

Un acto prohibido conforme al artículo 7, párrafo 1, que se cometa por medio de daño ambiental o que resulte en dicho daño podrá ser imputado como crimen de lesa humanidad siempre que se haya cometido ´´ como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque´´ y ´´ de conformidad con la política de un Estado o de una organización de cometer ese ataque o para promover esa política´´.

Los daños ambientales, la explotación ilegal de recursos naturales y la confiscación ilegal de tierras pueden contribuir a la existencia de un ataque generalizado o sistemático siempre que constituyan actos enumerados en el artículo 7, párrafo 1, como asesinatos, persecuciones u otros actos inhumanos. Los crímenes de lesa humanidad se pueden enjuiciar en tiempos de guerra o de paz; no es obligatoria su vinculación con un conflicto armado.

A efectos del artículo 7 del Estatuto de Roma, un grupo puede catalogarse ´´organización´´ siempre que disponga de recursos, medios y capacidades suficientes para hacer efectiva la línea de conducta o la operación consistente en la comisión múltiple de los actos a los que se refiere el artículo 7 del Estatuto¨.

El artículo 7, párrafo 1 a) del Estatuto de Roma tipifica como crimen el asesinato, con inclusión de la provocación intencional de muerte por medios indirectos, como daños ambientales deliberados. Por ejemplo, una persona puede cometer un asesinato envenenando un pozo que abastece de agua potable a una comunidad con el propósito de matar o siendo consciente de que su acto provocaría muertes en el curso normal de los acontecimientos.

El artículo 7, párrafo 1 b) del Estatuto de Roma tipifica como crimen el exterminio. El exterminio puede consistir en diferentes formas de matar, ya sea directa o indirectamente¨ y comprende la imposición intencional de condiciones de vida, entre otras, la privación del acceso a alimentos o medicinas, encaminadas a causar la destrucción de parte de una población. Como se señala en la Política relativa al patrimonio cultural.

Cuando la supervivencia de y el patrimonio cultural de los miembros de un grupo van ligados estrechamente a su territorio, incluidas determinadas formaciones naturales o dependen de él, los ataques que vuelven inhabitable el territorio pueden constituir actos de exterminio.

En la situación en Darfur la Fiscalía ha acusado a Omar Al-Bashir de exterminio, de forma subsidiaria a la imputación de genocidio, sobre la base de actos nocivos para el medio ambiente como los anteriormente expuestos.

El artículo 7, párrafo 1 d) del Estatuto de Roma tipifica como delito la deportación, o traslado forzoso de población, entendida como desplazamiento forzoso de las personas afectadas, por expulsión u otros actos coactivos, de la zona en que estén legítimamente presentes, sin motivos autorizados por el derecho internacional.

En algunas situaciones, un autor podrá forzar ilícitamente a civiles a abandonar su hogar para tener acceso a tierras, agua o recursos naturales semejantes. En otras, podrá forzar ilícitamente a civiles a abandonar su hogar destruyendo y contaminando el medio ambiente.

Tal acto podría constituir un crimen de lesa humanidad consistente en deportación o traslado forzoso si el autor tuviera la intención de hacer que los civiles abandonaran su hogar o fuera consciente de que en el curso normal de los acontecimientos esos actos obligarían a los civiles a abandonar su hogar.

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Opinión

No ofendan a Orlando

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Por Narciso Isa Conde

Por decreto presidencial, este régimen condecoró post-mortem a Orlando Martínez H. y denominó al local de INDOTEL (Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones) con su nombre.

No Luis. No Guido. No ofendan a Orlando. No ensucien con su gobierno su nombre.
Eso es pura simulación. Demasiada hipocresía.
Orlando fue – y es – soberanía , soberanía frente a EE. UU, a su Comando Sur, a su CIA, a su DEA, y a su FBI.

Orlando es antiimperialismo. Nada que ver con Gobiernos lacayos y gobernadores de colonia.
Orlando es construcción de justicia e igualdad, no de injusticias sociales y desigualdades brutales.
Orlando es honestidad, no corrupción ni impunidad.

Nada que ver con SENASA.

Orlando es negación del latifundio y la minería destructiva que este régimen protege.
Nunca hizo causa común con el racismo antihaitiano, con generales asesinos, con la policía criminal, con las guerras imperialistas, con el fascismo, con la explotación capitalista y el saqueo imperialista.

Luis: el régimen que presides es todo lo contrario a lo que Orlando representó.

Guido: el régimen con el que colaboras es todo lo opuesto a los ideales y trayectoria de Orlando Martínez.

Es suficiente ya con la hipocresía de la sala de prensa del Palacio Nacional, donde tantas cosas feas se han dicho.

Mejor quítenle el nombre de Orlando a todo eso y anulen la condecoración.
A Orlando lo mató la CIA, el generalato asesino de turno y Joaquín Balaguer, y ustedes como PRD y PRM lo protegieron, lo reinvindicaron y se aliaron con ellos.

!! Basta de farsas !!
A Orlando no es suficiente honrarlo de verdad solo con flores, diplomas y condecoraciones.
Es necesario seguir su ejemplo. Abrazar sus ideas. Actuar como él. Luchar como él.

Lo otro es puro formalismo. y si además de eso se procede en sentido contrario, como es el caso de este régimen y de su partidocracia y su empresariado, entonces estamos ante una estafa peor que la de SENASA, porque es una estafa moral.

Si en el 50 Aniversario de su asesinato este gobierno guardó silencio sobre la trascendencia de su sacrificio, guárdenlo ahora en este nuevo aniversario.

Orlando no necesita de falsos homenajes. No lo utilicen .
No lo ofendan.

El cuenta con un pueblo y un movimiento que ha sabido reivindicarlo y condenar a sus asesinos más allá de la justicia formal.

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Opinión

Cuando cumplir la Constitución deja de ser opcional

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Por Isaías Ramos

En los últimos días, el debate sobre las candidaturas independientes ha sido arrastrado hacia un terreno doctrinal cada vez más complejo. Se habla de interpretación constitucional, mutación constitucional, activismo judicial y democracia de partidos. Todo eso puede tener interés académico. Pero, para fines institucionales, la pregunta decisiva es mucho más simple: ¿puede una autoridad pública decidir no cumplir una sentencia del Tribunal Constitucional?

La respuesta, en un Estado Social y Democrático de Derecho, es no.

El Tribunal Constitucional ya fijó un criterio mediante la Sentencia TC/0788/24. Ese criterio puede ser discutido. Lo que no puede ser relativizado en la práctica institucional es su fuerza obligatoria. El artículo 184 de la Constitución no deja espacio para ambigüedades: las decisiones del Tribunal Constitucional son definitivas, irrevocables y constituyen precedentes vinculantes para todos los poderes públicos y órganos del Estado.

Eso incluye, sin excepción, a la Junta Central Electoral.

Si la JCE pretendiera organizar un proceso electoral ignorando ese precedente, no estaríamos ante una diferencia legítima de interpretación. Estaríamos ante una violación abierta del orden constitucional.

La primera consecuencia es jurídica. El artículo 6 de la Constitución dispone que toda ley, decreto, resolución, reglamento o acto contrario a la Constitución es nulo de pleno derecho. Ninguna autoridad puede actuar como si una sentencia del Tribunal Constitucional pudiera ser desobedecida por conveniencia política o administrativa.

En términos simples: una ley posterior no puede invalidar una sentencia constitucional vigente. Tampoco puede “corregir” al Tribunal Constitucional mediante una mayoría legislativa ordinaria. Si una nueva norma pretendiera erradicar las candidaturas independientes en contradicción con el alcance constitucional ya definido, esa norma nacería gravemente viciada.

La segunda consecuencia es democrática. El artículo 22 reconoce el derecho de ciudadanía a elegir y ser elegible. No se trata de una concesión de los partidos ni de una autorización graciable del legislador. Se trata de un derecho fundamental.

Aquí conviene despejar una confusión. El reconocimiento constitucional de los partidos políticos como actores esenciales del sistema democrático, en el artículo 216, no puede interpretarse como una autorización para convertirlos en barrera absoluta frente al derecho de ciudadanía a ser elegible. Una cosa es reconocer su centralidad en la vida democrática; otra, muy distinta, es transformarla en un monopolio excluyente del acceso a la representación.

La tercera consecuencia es institucional. Si se entiende que el criterio del Tribunal debe ser revertido, la Constitución ofrece un camino legítimo: la reforma constitucional. No el desacato ni la anulación indirecta por ley ordinaria.

Pero incluso esa vía exige rigor. El artículo 267 es claro: la reforma solo puede realizarse en la forma que la propia Constitución establece. Eso significa que, si se pretendiera alterar por vía constitucional el alcance del derecho a ser elegible, no bastaría una ley ordinaria ni una consulta general. Habría que declarar la necesidad de la reforma mediante la ley de convocatoria, someterla a la Asamblea Nacional Revisora y, al tratarse de derechos, garantías o deberes fundamentales, activar el referendo aprobatorio previsto en el artículo 272.

Ese referendo debe ser convocado por la Junta Central Electoral una vez aprobada la reforma, celebrarse dentro de los sesenta días siguientes a su recepción formal y solo queda válidamente aprobado si obtiene más de la mitad de los votos de los sufragantes y una participación superior al treinta por ciento del Registro Electoral, sumados los votos por “sí” y por “no”.

En ese contexto, el artículo 210, que regula el referéndum en general, no puede ser utilizado para eludir ese procedimiento agravado ni para sustituir el control constitucional ya ejercido por el Tribunal Constitucional.

Y hay algo que debe quedar fuera de toda duda: mientras ese proceso de reforma no haya sido completado en la forma que la propia Constitución establece, todos los órganos del Estado continúan obligados a cumplir íntegramente el orden constitucional vigente y, por tanto, la Sentencia TC/0788/24. Ni la apertura de un debate político, ni la discusión de una ley, ni la eventual activación de mecanismos de reforma suspenden por sí mismas la fuerza vinculante del artículo 184 ni neutralizan la nulidad prevista en el artículo 6 frente a los actos contrarios a la Constitución.

Hay, además, una contradicción que el país no puede pasar por alto: no se puede haber proclamado un Estado Social y Democrático de Derecho para luego reducir el alcance efectivo de los derechos políticos de la ciudadanía. La democracia pierde autenticidad cuando el poder pretende administrar como concesión lo que la Constitución reconoce como derecho.

La cuarta consecuencia es administrativa. Incluso en la medida en que la Junta Central Electoral ejerce función administrativa, la conclusión es la misma. La Ley 107-13 obliga a la administración pública a actuar conforme al ordenamiento jurídico, bajo principios de legalidad, racionalidad, motivación y no arbitrariedad.

Las elecciones no son solo un procedimiento. Son un contrato de legitimidad entre instituciones y ciudadanía. Y ese contrato se debilita cuando el acceso a competir deja de regirse por la Constitución y pasa a depender de decisiones selectivas de poder.

No se trata, entonces, de estar a favor o en contra de una modalidad de candidatura. Se trata de algo más elemental: si las reglas constitucionales obligan de verdad a todos. Porque cuando una sentencia del Tribunal Constitucional se vuelve opcional para los órganos del Estado, la Constitución misma empieza a perder su fuerza normativa.

Y cuando la Constitución pierde fuerza normativa, lo que entra en crisis no es un artículo, ni una candidatura, ni una coyuntura electoral. Lo que entra en crisis es la credibilidad del Estado de Derecho.

Porque cuando el poder decide que puede incumplir la Constitución sin consecuencias, la primera víctima no es una candidatura: es la República misma.

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