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El Ministerio Público revela que expresidente DNCD se alió con Adán Cáceres para desfalcar al Estado.
El expresidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), vicealmirante Félix Alburquerque Compres, se confabuló con el mayor general del Ejército Adán Cáceres Silvestre y la pastora Rossy Guzmán Sánchez, quien es, además, asimilada de la Policía Nacional, para crear una red militar-policial y religioso para distraer fondos del patrimonio público.
Las investigaciones del Ministerio Público arrojaron que el vicealmirante Félix Alburquerque Comprés, quien comenzó a dirigir la DNCD en enero de 2019, se asoció con Cáceres Silvestre para para desfalcar el Estado dominicano mediante el desvío de fondos de la entidad a la cuenta de la empresa disfrazada de organización sin fines de lucro, Asociación Campesina Madre Tierra.
La asociación no estaba inscrita como suplidora del Estado, sin embargo, explica el órgano acusador, esta reflejó un pago de la DNCD por concepto de compra de huevos por un valor de 525 mil pesos.
Pero, detalla la solicitud de medida de coerción, la DNCD, mediante el oficio No. 0875, de fecha 13/04/2021, certifica que en su sistema no existen registros de pagos alguno a la Asociación Campesina Madre Tierra.
“Lo que evidencia de forma clara la coalición de funcionarios entre el imputado Adán Cáceres Silvestre y el vicealmirante Félix Alburquerque Compres, ARD, presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas, para ese periodo, para desfalcar el Estado dominicano mediante el desvío de fondos Públicos, a la cuenta de la empresa disfrazada de asociación, la Asociación Campesina Madre Tierra, que es propiedad de los imputados Adán Benoni Cáceres Silvestre y Rafael Núñez de Aza (coronel de la [Policía)”, precisaron los fiscales en el documentos.
El modo operandi supuestamente consistía en hacer depósitos en efectivo, que en muchos de los casos eran realizados por el señor Lizss Félix De León Díaz, quien fungía como encargado del departamento de compra de la DNC), “no dejando rastros en los registros del departamento financiero de la referida institución”.
Las indagatorias que realizó la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) indican que la Asociación Campesina Madre Tierra era un instrumento financiero para el blanqueo de capitales, pues le permitía al mayor general Cáceres Silvestre, y la pastora Rossy lavar el dinero proveniente de actividades ilícitas.
“Comprobamos que la principal actividad económica lícita de la Asociación Campesina Madre Tierra es la producción avícola, sin embargo la información financiera suministrada por la Superintendencia de Bancos de la cuenta corriente No.5500026999, demuestra que este rubro solo representó el 7% de créditos, equivalente a dieciséis millones doscientos noventa y ocho mil novecientos treinta y ocho pesos (DOP$16, 298,938.00) de sus ingresos, durante el período comprendido desde el 06 de agosto de 2015 hasta el 10 febrero de 2021”, sostuvieron el documento.
Santo Domingo. – Este jueves la Policía Nacional informó que detuvo cuatro hombres involucrados en el robo de fundas con alimentos de primera necesidad, sustraídos de varios camiones que transitaban por la avenida del Puerto del Distrito Nacional.
El cuerpo del orden dijo que los detenidos son Aaron Ezequiel Cabrera, de 36 años; Breilin José Vizcaíno Capellán, de 18; Ángel Reguillo Emiliano, de 26, y Miyel Ambiórix Morillo, de 27, todos residentes en la citada demarcación.
Según la entidad, la detención fue realizada por agentes de la Dirección Central de Investigación (Dicrim), quienes actuaron de manera inmediata tras dar seguimiento a los responsables, identificados a través de un video que se hizo viral en redes sociales y medios de comunicación.
Los cuatro apresados serán puestos a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.
La Policía Nacional reafirma su compromiso de actuar con prontitud frente a hechos delictivos y garantizar la seguridad ciudadana.
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Presidente de la República solicita al Congreso agilizar modificación de ley de Compras y Contrataciones.
Santo Domingo, R.D.- Luis Abinader solicitó este jueves al Congreso Nacional agilizar la aprobación del proyecto que modificaría la ley de Compras y Contrataciones, la cual tiene el objetivo de establecer sanciones más severas contra la corrupción y fortalecer el marco regulador de las contrataciones del Estado.
Esta normativa, que fue propuesta por la exsenadora y ministra de Interior y Policía, Faride Raful, derogará la Ley 340-60, sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, que data del 2006.
El director de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, destacó que una de las tareas fundamentes de esta nueva ley es devolver el sistema de consecuencias, que fue eliminado en el mismo año que fue aprobada.
El mandatario y Pimentel hablaron del tema al encabezar el acto en el que se anunció que República Dominicana fue escogida por primera vez como sede de la Conferencia Internacional Anticorrupción (IACC), la cual se llevará a cabo en el 2026.
Prohibiciones que propone proyecto de ley
- El artículo 25 prohíbe a los exfuncionarios gestionar o representar intereses privados y particulares ante la institución a la que prestaron sus servicios, o ante las instituciones que les sean subordinadas, durante los 12 meses siguientes a la fecha de su salida del cargo.
- También castiga con uno a tres años de prisión a los que incurran en falsedad en las declaraciones juradas requeridas para registrarse como proveedor del Estado o para participar de un procedimiento de contratación.
- Además, sanciona con dos a cinco años de prisión y hasta multa de 50 salarios mínimos a los servidores del Estado que, en ejercicio de sus funciones intervengan en la tramitación, aprobación o celebración de un contrato, de manera dolosa, en violación al régimen de inhabilidades y prohibiciones previsto en la presente ley.
- El proyecto establece que, cada institución contratante deberá contar con un apartado integrado a su portal institucional en donde se agrupen las informaciones y documentaciones relativas a su actividad contractual, con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a estas.
- Establece que los proveedores podrán subcontratar la realización parcial de las prestaciones requeridas por hasta 30 % del monto del contrato, siempre que la persona propuesta cumpla con los requisitos de la ley.
Santo Domingo, R.D.-Las solicitudes de convocatoria de elecciones extraordinarias en La Vega fueron rechazadas este jueves por la Junta Central Electoral (JCE).
El órgano indicó que no tiene competencia legal para convocar a elecciones extraordinarias en el municipio, pese al vacío que se generó hace tres meses con la renuncia del alcalde Kelvin Cruz y la vicealcaldesa Amparo Custodio.
En sus motivaciones, la JCE acotó que la Ley 20-23, de Régimen Electoral, solo la faculta a convocar elecciones extraordinarias cuando se anulan las anteriores, aspecto que no ocurrió en este caso de La Vega.
«De la lectura del referido numeral 2 del artículo 95 se comprueba claramente que el legislador dominicano, al momento de definir los casos en los que procedería a convocar elecciones extraordinarias, no contempló el escenario que alegan los solicitantes, de lo cual se deduce que no existe competencia legal para que la Junta Central Electoral proceda a la convocatoria de elecciones extraordinarias en el municipio La Concepción de La Vega«, expresó el pleno del organismo electoral en uno de sus considerandos.
El exalcalde Kevin Cruz fue escogido con el 73 % de los votos de La Vega, fue juramentado en el cargo y lo asumió por casi cuatro meses, antes de que el presidente Luis Abinader lo designara ministro de Deportes. Su vicealcaldesa, Amparo Custodio, quien podía sucederlo en el puesto, renunció indicando que ese cargo debía ocuparlo un dirigente del Partido Revolucionario Moderno, que ganó la plaza.
Sin embargo, para resolver este impasse, la semana pasada el Concejo de Regidores de La Vega, revocó la renuncia de Custodio para que esta regresara a la alcaldía y el pasado 15 de noviembre fue juramentada como la nueva alcaldesa.
No obstante, los partidos de oposición Fuerza del Pueblo y de la Liberación Dominicana (PLD) insisten en que el Concejo de Regidores no tiene facultad para nombrar alcaldes. Los dos partidos han sometido recursos ante la justicia para tratar de revertir la decisión de los regidores.