Editorial
Unos Logros que no Han servido de Mucho
Desde hace décadas se ha oído hablar del poder comercial, económico y político de los dominicanos que viven en el exterior, pero en los hechos las cosas no pasan de un enunciado o de un sueño o de una realidad que se pierde en el tiempo.
La demagogia y el engaño de los políticos nacionales en contra del dominicano del exterior es una extensión de lo que ocurre en el país, lo cual sólo podrá sufrir un cambio si sale de los propios afectados, los criollos que viven en los Estados Unidos y Europa.
No son pocos los años en que siempre se ha hablado de la manipulación de los políticos nacionales con instituciones como el consulado dominicano de Nueva York, cuya función es fundamentalmente recaudadora, no sólo para el fisco nacional, sino para los bolsillos del que ostenta el cargo de cónsul.
No son dos ni tres los cónsules que han desfilado por el consulado con la intención de ir a resolver un problema personal y lo han logrado, sobre la base de exprimir al dominicano trabajador que tiene que pagar tarifas muy abusivas por los servicios que les ofrece el Estado dominicano.
El Consulado ha sido una expresión de los vicios que hoy carcomen los cimientos nacionales, como por ejemplo la corrupción, ya que allí ha habido una fuente para extender hacia el exterior las denominadas botellas.
Las cantidades de botellas son un bochorno para el país en razón de que allí, por ejemplo, regularmente ha habido más vicecónsules que los que tiene una potencia como Alemania.
La misión diplomática dominicana no está lejos también de esa realidad, donde incluso se ha colocado una cantidad de embajadores alternos que provoca que uno se siente tres horas en una silla para que luego otro haga lo mismo.
Otro factor muy preocupante de la imagen que se ha vendido en el exterior es la cantidad de embajadores y vicecónsules que sólo cobran por una labor que no realizan y para este propósito el propio Estado ha servido de cómplice para engañar a las Estados Unidos con personas que no reúnen las condiciones para ocupar determinados cargos diplomáticos, amén de que también lo prohíbe la Ley que crea el servicio exterior dominicano.
Todas estas irregularidades sin bien son promovidas y auspiciadas por las autoridades nacionales, la resignación y la poca respuesta electoral de los dominicanos del exterior ha servido para perpetuar esos males que hoy condenan a gente que aporta tanto al país hasta a una discriminación sin sentido porque los tratan como ciudadanos de segunda categoría.
Por esta y muchas razones el actual gobierno del PRM y de Luis Abinader debe iniciar un plan que contribuya con el crecimiento y desarrollo de las actividades comerciales de los criollos que se han ido a vivir fuera para de ese modo estimular una economía circular que sólo beneficia a la República Dominicana y naturalmente al fisco de los Estados Unidos y de Europa, así como de las demás naciones escogidas por los nacionales para vivir con sus familias.
Nadie en la República Dominicana se atrevería a negar que los partidos políticos lo han contaminado todo, absolutamente todo.
Es un mal general que contrarrestarlo costará mucho esfuerzo y un periodo largo en el tiempo, pero que su impacto lo destruye todo en su camino.
Cada día surge una nueva prueba del daño que causan los partidos políticos a la democracia nacional y en consecuencia su descredito alcanza niveles insospechados en la sociedad.
Hace pocos días que hasta el otorgamiento y anulación de una visa hacia los Estados Unidos estaba determinada muchas veces por la contaminación proveniente de la partidocracia, ya que esa es una vía de desacreditar al contrario, cuya revelación vino de la actual embajadora de esa nación en el país.
Pero las cosas son peores de ahí, porque los partidos políticos aparte de ser responsables de la tragedia nacional que conlleva la corrupción administrativa que propician y promueven, también tienen una influencia decisiva en la escogencia de los jueces del sistema de justicia nacional.
Ahí está la explicación de tantas demandas que son declaradas inadmisibles por los tribunales nacionales, porque en realidad se trata de la vía más fácil para quitarse de encima un proceso que podría comprometer el empleo de los jueces.
De manera, que se impone despolitizar el Consejo Nacional de la Magistratura, el cual está dominado por la partidocracia, cuyos postulantes a jueces y aquellos que ya los son y que deben ser evaluados tienen que someterse para ser elegibles al tráfico de influencia y al modo operandi de los partidos políticos.
Por qué no cambiar la conformación del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) para que sus miembros provengan de las universidades pública y privadas, el Colegio Dominicano de Abogados, la Suprema Corte de Justicia y de jueces de carrera con largos años de ejercicio.
De no ser así, muy difícilmente podremos mejorar el Estado Social Democrático de Derecho como lo consigna la constitución de la República, porque la manipulación de la designación de los jueces, sobre todo para buscar impunidad, contamina y daña todo el sistema público del país y destruye la democracia.
Los dominicanos somos los mejores testigos del deterioro que sufre la confianza pública por las graves violaciones a la seguridad jurídica y el criterio con que se maneja la partidocracia.
Decir que el país tiene una buena imagen en el combate de la corrupción administrativa, es pretender tapar el sol con un dedo, porque los casos de este tipo generalmente quedan en la impunidad.
El problema tiene una envergadura que asusta, porque no hace muchos días que se repitió la historia de que primero cualquier aspirante presidencial tiene que verse involucrado en escandalosos actos de corrupción para que la misma tenga alguna legitimidad.
Esa historia lamentable acaba de repetirse con Gonzalo Castillo, quien fue absuelto de los cargos que pesaban en su contra por la comisión de no cualquier sustracción de dinero del patrimonio nacional.
Pero lo propio se repite constantemente, dado que el Ministerio Público sólo pretende buscar sanciones penales para los casos que tienen importancia mediática, ya que este órgano del Estado en la práctica no tiene ningún nivel de eficiencia, cuyo rol es fundamentalmente politiquero.
Es decir, que hablar de transparencia en la sociedad dominicana es una aspiración que todavía falta un largo camino por recorrer, dado que desde la propia Presidencia de la Republica se producen fuertes y preocupantes atentados a la seguridad jurídica, pese a que se quiere pregonar lo contrario.
Basta con revisar los desacatos que se producen al sistema de justicia constitucional, los cuales tienen como protagonistas a los órganos del Estado, pero preocupantemente al propio presidente de la República que viola la Constitución de la República cuando le viene en gana.
Transparencia Internacional antes de emitir su informe debió consultar los archivos del Tribunal Constitucional para que entonces emitiera una valoración más acorde con la realidad, lo cual conoce muy bien su dependencia nacional como lo es Participación Ciudadana.
Es una insensatez y una desproporción afirmar que el país está bien en transparencia pública y en el combate a la corrupción cuando todo el mundo sabe que la impunidad es un elemento con raíces culturales y que es promovida por los que tienen el control del Estado.
La falta de transparencia, la poca confianza pública y carencia del respeto a la poca seguridad jurídica que prevalece en el país son de las falencias a combatir para el logro de una mejor democracia.
Por qué nos meten gatos por liebres, aunque no hay que escudriñar mucho para encontrar la respuesta.
La República Dominicana atraviesa por un trance muy peligroso que tiene ver con que quien tiene que velar por el respeto del orden jurídico nacional es el primero que lo viola.
Son numerosos las veces que Luis Abinader incurre en el mismo problema, lo cual implica que o no tiene claras sus funciones y responsabilidades o sencillamente de que se está frente a un gobierno irresponsable.
El país lleva años montado en el mismo caballo, ya que los niveles de ignorancia y de improvisación del presidente Abinader dejan la sensación de que el orden legal es lo que menos importa.
La gravedad de este problema tiene un impacto en la comunidad internacional en razón de que las normas del derecho interno tienen una conexión determinante con aquellas provienen del derecho externo.
Este comportamiento del presidente Abinader no sólo compromete la responsabilidad civil y penal del Estado, sino que la imagen del país se deteriora que deja mucha incertidumbre y amenaza la seguridad jurídica y en consecuencia renglones de la economía nacional como el turismo.
De manera, que la conducta del presidente no sólo representa una amenaza en contra de la imagen del país, sino también atenta en contra del progreso económico y social.
El presidente debe detener en lo inmediato la violación de la jerarquía jurídica, cuyo lugar cimero ocupa la Constitución de la República, la cual es permanentemente violada por decretos emitidos por el jefe del Poder Ejecutivo.
Lo planteado en este editorial puede parecer una irreverencia en contra del presidente Luis Abinader, pero es que su comportamiento no es para menos.
En lo que respecta a este caso no queda otra expresión que se ajuste más al comportamiento indicado que aquel que dice que el presidente tiene más miedo que vergüenza, porque su proceder indica que le importa poco lo que la gente pueda pensar de él.
Es un caso tras otro.