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Venta de bebidas alcohólicas adulteradas genera nuevos expedientes enviados a la Procuraduría.
SANTO DOMINGO. – Las autoridades competentes pidieron a la Procuraduría General de la República la puesta en marcha de la acción pública contra propietarios de otros negocios que fueron clausurados en los últimos días por la venta de bebidas alcohólicas adulteradas, cuya solicitud proviene del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor).
El director ejecutivo de Pro Consumidor, Eddy Alcántara, dirigió una comunicación a la Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, y a la magistrada Yeni Berenice Reynoso, Procuradora Adjunta, en la que solicita una investigación penal contra los dueños de estos establecimientos que fueron sorprendidos vendiendo bebidas alcohólicas falsificadas.
“Pro Consumidor, mediante la presente instancia reitera la solicitud por ante la Procuraduría General de la República, a los fines de que en el ejercicio de sus atribuciones inicie la puesta en movimiento de la acción pública a los establecimientos que vulneran las regulaciones sobre comercialización de productos”, agrega Alcántara en su carta a Germán Brito y Yeni Berenice.
Resalta asimismo, que teniendo en cuenta el contexto de tema de seguridad nacional decretada por el Gobierno por la cantidad de muertes ocasionadas por el consumo de bebidas alcohólicas adulteradas, Pro Consumidor “está realizando desde el mes de marzo las acciones de lugar para combatir y erradicar la venta de estas bebidas junto a otras entidades gubernamentales en todo el territorio nacional”.
Alcántara manifestó que el pasado miércoles, la institución que dirige depositó ante el Ministerio Público la documentación que comprometen a los propietarios de esos establecimientos comerciales con la venta de estas bebidas alcohólicas adulteradas que han provocado más de un centenar de muertes en las últimas semanas, a los fines de que estos casos sean investigados y los responsables procesados por los daños que han causado a la sociedad dominicana.
Dijo que los últimos negocios cerrados por Pro Consumidor están ubicados en la urbanización Italia y el sector Narcisa I, del municipio Santo Domingo Este; así como en los sectores San Carlos, Distrito Nacional, y Primaveral, de Santo Domingo Norte, entre otros sectores del Gran Santo Domingo.
Recordó que el pasado 27 de abril se depositaron ante el Ministerio Público los primeros catorce expedientes de igual cantidad de negocios que fueron clausurados por venta de bebidas alcohólicas falsificadas para que se proceda judicialmente por los daños causados a la sociedad.
El funcionario manifestó que las labores de inspecciones y vigilancia que se han realizado en las últimas semanas, han realizado la intervención de más de 600 comercios en diferentes puntos del país, principalmente en Santiago, San Francisco de Macorís, Puerto Plata, Dajabón, Montecristi, Monseñor Noel Nagua, Samaná, Punta Cana, San Cristóbal, Gran Santo Domingo y otros.
Por último el director de Pro Consumidor sostuvo que se solicita esta petición a la Procuraduría a los fines de que sean investigados los negocios denunciados y cualquier otra persona que en el curso del proceso resulte vinculada y en consecuencia sean interpuestas las sanciones correspondientes.
Santo Domingo. – Este jueves la Policía Nacional informó que detuvo cuatro hombres involucrados en el robo de fundas con alimentos de primera necesidad, sustraídos de varios camiones que transitaban por la avenida del Puerto del Distrito Nacional.
El cuerpo del orden dijo que los detenidos son Aaron Ezequiel Cabrera, de 36 años; Breilin José Vizcaíno Capellán, de 18; Ángel Reguillo Emiliano, de 26, y Miyel Ambiórix Morillo, de 27, todos residentes en la citada demarcación.
Según la entidad, la detención fue realizada por agentes de la Dirección Central de Investigación (Dicrim), quienes actuaron de manera inmediata tras dar seguimiento a los responsables, identificados a través de un video que se hizo viral en redes sociales y medios de comunicación.
Los cuatro apresados serán puestos a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.
La Policía Nacional reafirma su compromiso de actuar con prontitud frente a hechos delictivos y garantizar la seguridad ciudadana.
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Presidente de la República solicita al Congreso agilizar modificación de ley de Compras y Contrataciones.
Santo Domingo, R.D.- Luis Abinader solicitó este jueves al Congreso Nacional agilizar la aprobación del proyecto que modificaría la ley de Compras y Contrataciones, la cual tiene el objetivo de establecer sanciones más severas contra la corrupción y fortalecer el marco regulador de las contrataciones del Estado.
Esta normativa, que fue propuesta por la exsenadora y ministra de Interior y Policía, Faride Raful, derogará la Ley 340-60, sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, que data del 2006.
El director de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, destacó que una de las tareas fundamentes de esta nueva ley es devolver el sistema de consecuencias, que fue eliminado en el mismo año que fue aprobada.
El mandatario y Pimentel hablaron del tema al encabezar el acto en el que se anunció que República Dominicana fue escogida por primera vez como sede de la Conferencia Internacional Anticorrupción (IACC), la cual se llevará a cabo en el 2026.
Prohibiciones que propone proyecto de ley
- El artículo 25 prohíbe a los exfuncionarios gestionar o representar intereses privados y particulares ante la institución a la que prestaron sus servicios, o ante las instituciones que les sean subordinadas, durante los 12 meses siguientes a la fecha de su salida del cargo.
- También castiga con uno a tres años de prisión a los que incurran en falsedad en las declaraciones juradas requeridas para registrarse como proveedor del Estado o para participar de un procedimiento de contratación.
- Además, sanciona con dos a cinco años de prisión y hasta multa de 50 salarios mínimos a los servidores del Estado que, en ejercicio de sus funciones intervengan en la tramitación, aprobación o celebración de un contrato, de manera dolosa, en violación al régimen de inhabilidades y prohibiciones previsto en la presente ley.
- El proyecto establece que, cada institución contratante deberá contar con un apartado integrado a su portal institucional en donde se agrupen las informaciones y documentaciones relativas a su actividad contractual, con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a estas.
- Establece que los proveedores podrán subcontratar la realización parcial de las prestaciones requeridas por hasta 30 % del monto del contrato, siempre que la persona propuesta cumpla con los requisitos de la ley.
Santo Domingo, R.D.-Las solicitudes de convocatoria de elecciones extraordinarias en La Vega fueron rechazadas este jueves por la Junta Central Electoral (JCE).
El órgano indicó que no tiene competencia legal para convocar a elecciones extraordinarias en el municipio, pese al vacío que se generó hace tres meses con la renuncia del alcalde Kelvin Cruz y la vicealcaldesa Amparo Custodio.
En sus motivaciones, la JCE acotó que la Ley 20-23, de Régimen Electoral, solo la faculta a convocar elecciones extraordinarias cuando se anulan las anteriores, aspecto que no ocurrió en este caso de La Vega.
«De la lectura del referido numeral 2 del artículo 95 se comprueba claramente que el legislador dominicano, al momento de definir los casos en los que procedería a convocar elecciones extraordinarias, no contempló el escenario que alegan los solicitantes, de lo cual se deduce que no existe competencia legal para que la Junta Central Electoral proceda a la convocatoria de elecciones extraordinarias en el municipio La Concepción de La Vega«, expresó el pleno del organismo electoral en uno de sus considerandos.
El exalcalde Kevin Cruz fue escogido con el 73 % de los votos de La Vega, fue juramentado en el cargo y lo asumió por casi cuatro meses, antes de que el presidente Luis Abinader lo designara ministro de Deportes. Su vicealcaldesa, Amparo Custodio, quien podía sucederlo en el puesto, renunció indicando que ese cargo debía ocuparlo un dirigente del Partido Revolucionario Moderno, que ganó la plaza.
Sin embargo, para resolver este impasse, la semana pasada el Concejo de Regidores de La Vega, revocó la renuncia de Custodio para que esta regresara a la alcaldía y el pasado 15 de noviembre fue juramentada como la nueva alcaldesa.
No obstante, los partidos de oposición Fuerza del Pueblo y de la Liberación Dominicana (PLD) insisten en que el Concejo de Regidores no tiene facultad para nombrar alcaldes. Los dos partidos han sometido recursos ante la justicia para tratar de revertir la decisión de los regidores.