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Editorial

La Violación de la Constitución y la Ley Socaba la Institucionalidad.

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El combate de la corrupción en todas sus vertientes, pública y privada, pero principalmente administrativa, parece que podría sentar un interesante precedente en la sociedad y el Estado dominicanos.

El caso Anti-Pulpo, la Operación Coral, entre otras, que desarrolla el Ministerio Público, se dirigen a sentar ese precedente que hace tanta falta en el país y que al propio tiempo fortalece la nación institucionalmente.

Los actos de corrupción son una consecuencia de la falta de institucionalidad que ha permitido el desarrollo de una cultura de impunidad que por el camino que iba el fenómeno se tragaría el país.

Sin embargo, la escogencia de un Ministerio Público independiente, todo como resultado del empoderamiento ciudadano, principalmente gracias a las redes sociales, proyecta una realidad muy diferente para la nación.

No está de más repetir que la República Dominicana ha sido tan golpeada por la corrupción, tanto pública como privada, que en el país se podrían construir varias naciones del mismo tamaño y tal vez mejores que la que tenemos ahora mismo con el dinero que se va por ese camino.

Pero el combate de este flagelo por lo menos renueva las esperanzas de que las cosas se manejen de otro modo y que prevalezca en el país el respeto al ordenamiento jurídico para bien de todos.

En tal virtud, se impone que los órganos que tienen la competencia para hacerlo inicien en lo inmediato una minuciosamente investigación al respecto sobre la denuncia de que todos los diputados del exterior y algunos otros escogidos en el territorio nacional, incluidos senadores, violan los artículos 79 y 82 de la Constitución de la República.

Este asunto, que no persigue quitarle la ciudadanía y los derechos al dominicano que vive en el exterior, principalmente en los Estados Unidos, porque también es constitucional que así sea, es decir, que mantenga la doble nacionalidad, sólo busca que se respete la ley de leyes por parte de todo el que quiera a aspirar a un cargo electivo de diputado o senador de la República.

Si en realidad el nuevo Pleno de la Junta Central Electoral quiere contribuir con que las cosas se hagan bien en este país desde ahora tiene la responsabilidad de solicitarles a las autoridades de los Estados Unidos quién es o quién no es ciudadano de esa nación y que en la actualidad ocupa una curul en el Congreso Nacional.

No interesarse por el tema es hacerle un flaco servicio a la nación y tolerar y en cierto modo promover  la violación de la Constitución de la República en un tema tan delicado como el de la ciudadanía que está íntimamente ligado a un problema de seguridad nacional.

La denuncia está planteada sólo falta que sea asumida por el Pleno de la Junta Central Electoral que por lo menos en días recientes sancionó y expulsó a los funcionarios de ese órgano que habían cometido irregularidades precisamente con el tema electoral en las comunidades del exterior.

La denuncia está hecha

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Editorial

Un problema que no se ve a simple vista.

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La educación superior dominicana, que como bien se establece en el reportaje que aparece en la sección “De Portada” de este diario, implica un problema que debe motivar profundas reflexiones para que el país se avoque a pasar de la deficiencia a la calidad de la enseñanza universitaria.

Pero este es un asunto que sólo puede solucionarlo el Estado, el cual no está en capacidad de dar los pasos para que al cabo de algunos años el cuadro pueda dar un giro positivo.

La tendencia entre los dominicanos es sólo ver lo que está frente a ellos, sobre todo en materia de educación universitaria, pero no hay forma de llevar su mirada crítica a lo que requiere de un esfuerzo más profundo y exhaustivo.

El gran problema de la educación superior del país es que no sólo la situación depende de la negligencia y la deficiencia del Estado, sino que además que no se cuenta con una cultura para crear un cuerpo profesoral preparado para impartir docencia a nivel universitario, aunque, naturalmente, una cosa depende de la otra.

De manera, que los resultados no pueden ser peores, cuyos egresados, penosamente, terminan su carrera con una formación tan precaria que en la práctica son analfabetos funcionales.

Lo peligroso del fenómeno es que la sociedad está frente a médicos que puedan matar al paciente, ingeniero civil que construya una obra que puede caerle en la cabeza en cualquier momento a sus propietarios y un abogado que no puede asesorar idóneamente a su clientes y en consecuencia poner en peligro, por su poca formación, la tutela judicial efectivo, el debido proceso y el derecho a la defensa.

De manera, que el asunto no es como se puede ver a simple vista, sino que se trata de una deficiencia que aparte de hablar muy mal de toda la sociedad, amenaza la seguridad nacional, todo como resultado de un problema integral que impacta a todo el Estado.

Lo grave del problema es que no se ven soluciones fáciles en el camino, porque además la explicación de una educación superior fundamentada más en el negocio vulgar que en un plan nacional para lograr los índices de desarrollo del mundo competitivo de hoy, es parte de una cultura nacional y de un neoliberalismo salvaje que se lleva de paso todo lo bueno.

La realidad es que no es posible poner en orden las universidades nacionales, ya que en el país todo está contaminado con la politiquería, de arriba hacia abajo y lo contrario, de abajo hacia arriba.

Se impone entonces la siguiente pregunta: ¿Quién nos sacará del tremendo tollo de la educación superior nacional, aunque la respuesta más realista es que no hay una respuesta convincente y que satisfaga.

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Editorial

El Oncológico es un espejo de un problema de un gran alcance.

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No son pocos los conflictos originados en sindicatos, clubes culturales y deportivos, cooperativas de ahorros y préstamos y los propios partidos políticos, que son asaltados por grupos de personas que los usan con fines muy particulares.

Puede decirse que se trata de un cáncer que resulta complicado erradicar, con el agravante que esa mala práctica es reproducida cuando personas con la misma filosofía de vida llegan a la administración pública, lo que explica la gran cantidad de casos de sustracciñn de fondos del patrimonio público.

Realmente el país está copado por los que piensan que deben llegar a este tipo de instituciones, las cuales no tienen fines de lucro, para manipular sus recursos y creerse incluso que es algo que legítimamente les pertenece.

Un ejemplo muy elocuente al respecto son los partidos políticos, los cuales son manejados como empresas privadas y propiedad de particulares, pese a que en  realidad se trata de una figura que está legalmente regulada y que no puede ser jamás un patrimonio personal.

Pero el mismo problema es encontrado por doquier, cuyos propiciadores de este tipo de conducta sumergen a la sociedad en un gran dolor de cabeza.

El asunto ahora se puede ver con lo que ocurre en el Patronato Cibao contra el Cáncer, cuya institución juega un papel de primer orden para combatir una enfermedad tan severa y mortal como esa.

El problema del Oncológico del Cibao ha entrado ya a los tribunales competentes y sólo se espera un desenlace que tal vez no sea la panacea al problema, porque se van unos con un criterio equivocado en el manejo de este tipo de organizaciones, pero llegan otros que no difieren, absolutamente en nada, en la forma de ver el asunto.

Independiente de cual sea la decisión del tribunal que conoce el caso, debe admitirse que la sociedad dominicana está frente a una cuestión que lesiona lo más profundo de la sensibilidad humana, sobre todo porque no hay ningún tipo de arrepentimiento.

Hoy ha salido a la superficie el conflicto en el Patronato Cibao contra el Cáncer, pero la raíz del conflicto, con una explicacion profundamente cultural,  es que una gran cantidad de instituciones sin fines de lucro hoy permanecen asaltados por grupos de «vividores» que  ponen en tela de juicio las  bases de la dominicanidad.

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Editorial

Nueva York da un ejemplo al mundo.

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Así como Nueva York es un ejemplo de progresos y de que todo con esfuerzo se puede, este 4 de noviembre ha enviado el mensaje de empoderamiento democrático con el triunfo de un joven musulmán con apenas siete años de haber obtenido la ciudadanía de los Estados Unidos, condición indispensable para ser candidato a la posición política más importante de la ciudad.

Lo más impresionante de este triunfo es el contexto en que se produce y sobre todo por tratarse de un joven nacido en Uganda de ascendencia india, con muy poco tiempo de haber adquirido la ciudadanía estadounidense, pero además amenazado por el presidente Donald Trump de deportarlo si ganaba la contienda electoral.

El triunfo de Zohan Mandami es el vencimiento de la legalidad en contra de la ilegalidad, de la tolerancia contra la intolerancia y de la vulnerabilidad de aquellos que prefieren inclinarse por la dictadura en vez de la democracia.

Es un mensaje muy grande el que ha dado la ciudad de Nueva York cuando en los Estados Unidos se producen unos retrocesos institucionales y democráticos que son motivos de preocupación para el mundo entero.

La situación es tan delicada que el presidente Trump aparentemente ha logrado doblegar a una de las democracias más sólidas del mundo, cuyos logros constitucionales son un ejemplo y emulados por países del planeta entero.

En realidad, se trata de una situación que nadie podía creer que fuera posible, ya que el alto nivel de institucionalidad de los Estados Unidos no permitía que cupiera en cualquier mente humana que los derechos constitucionales y los derechos humanos quedaran al capricho de un mandatario.

El triunfo de Mandami en Nueva York reafirma esa vocación de ciudad de inmigrantes y además de que ciertamente se trata no sólo de la capital del mundo en términos comerciales, económicos y financieros, sino también políticos.

Una nueva visión se impone en la ciudad de Nueva York en tiempos de retrocesos y de preocupantes violaciones a los derechos constitucionales en la mayor potencia del mundo, donde su presidente impone su voluntad como en los tiempos de las más férreas dictaduras.

La República Dominicana por tener millones de sus hijos en la ciudad de Nueva York es beneficiaria de los nuevos aires democráticos que abrazan a la llamada capital del mundo, cuna de una gran riqueza cultural que enorgullece a todo al que vive en ella y tiene el privilegio de visitarla.

La elección de Mandami  no pude ser mejor, porque en momentos de tantas fricciones y tensiones sociales y raciales y religiosas, sobre todo en  el medio oriente, llega la buena nueva de la tolerancia y de que todos bajo la ley y la democracia pueden convivir en paz.

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