Editorial
El presidente y el PRM tienen su cuota de responsabilidad.
En la República Dominicana se estila practicar una doble moral como si la gente fuera ingenua o tonta.
Esta conducta se observa, sobre todo en los partidos políticos y sus líderes, cuyo mejor ejemplo es lo dicho por el PRM y el presidente Luis Abinader sobre el apresamiento del diputado Miguel Gutiérrez Diaz de la provincia de Santiago.
A caso el PRM y Luis Abinader no sabían que este hombre tenía vínculos con lo ilícito, con el bajo mundo y entonces para qué el PRM y los amigos del presidente tienen competencia en la jurisdicción donde operan.
Hay una famosa expresión que reza: No hay más ciego que el que no quiere ver y parece que eso ocurrió con los perremeístas de Santiago y el país.
La cuestión se complica porque de acuerdo a lo que ha trascendido este legislador hizo aportes económicos importantes a la candidatura de Luis Abinader y ahí está la explicación de que incluso se convirtiera en candidato a diputado por el PRM.
En el país hay mucha gente que juega con la ignorancia y el amor por el dinero de amplios sectores de la vida nacional.
En este contexto está la declaración de Rosa Santos, gobernadora de la provincia de Santiago y del presidente del Senado, Eduardo Estrella, quienes sostuvieron que éste siempre tuvo una conducta muy decente y solidaria.
No se entiende bien lo que Estrella llama decente, a menos que él sólo tome en cuenta lo que el otro aparenta, pero es acaso decente que un candidato distribuye dinero como lo hacía el hoy imputado en los Estados Unidos.
Eso es querer tapar el sol con un dedo y además ser muy tolerante con un hombre que repartió de a medio millón de pesos entre los que estaban en su entorno más cercano cuando obtuvo la curul en el Congreso Nacional.
Otra expresión folklórica es la de la gobernadora provincial de que él es un hombre muy solidario y dolido de la pobreza de la gente, lo cual revela mucha ingenuidad de la representante del Poder Ejecutivo en la provincia de Santiago.
Esas son de las cosas que retratan de cuerpo entero al Partido Revolucionario Moderno (PRM), el cual ya no necesita dar más demostraciones para convencer a la gente de que es igual o peor que los demás partidos del sistema que mantienen bajo un golpeo sistemático a la población.
Hay que esperar que igual cosa diga el PRM y el presidente de la República de su flamante senador de la provincia Duarte, porque si una organización con vocación de poder no está en capacidad de determinar lo que tiene a su alrededor, entonces para qué persigue el control del Estado, a menos que no sea para servirse con la cuchara grande de la corrupción y la tolerancia con lo mal hecho.
Lo peor del asunto es que no están todavía todos los que son, porque el cuadro es mucho más complicado de lo que se ha visto hasta ahora.
Otra cosa que debe quedar clara es que la supuesta colaboración de la presidencia de la República con el proceso de investigación podría responder al interés de los Estados Unidos de causar algún efecto a propósito del caso, pero todo el mundo sabe que entre ambas Estados hay acuerdos que obligan a las autoridades dominicanas a no negarse a trabajar conjuntamente con la persecución del crimen organizado.
Sólo habría que imaginarse las consecuencias que tendría para el Gobierno dominicano el solo hecho de negarse a colaborar con un caso de narcotráfico internacional.
No seamos ingenuos.
Nadie en la República Dominicana se atrevería a negar que los partidos políticos lo han contaminado todo, absolutamente todo.
Es un mal general que contrarrestarlo costará mucho esfuerzo y un periodo largo en el tiempo, pero que su impacto lo destruye todo en su camino.
Cada día surge una nueva prueba del daño que causan los partidos políticos a la democracia nacional y en consecuencia su descredito alcanza niveles insospechados en la sociedad.
Hace pocos días que hasta el otorgamiento y anulación de una visa hacia los Estados Unidos estaba determinada muchas veces por la contaminación proveniente de la partidocracia, ya que esa es una vía de desacreditar al contrario, cuya revelación vino de la actual embajadora de esa nación en el país.
Pero las cosas son peores de ahí, porque los partidos políticos aparte de ser responsables de la tragedia nacional que conlleva la corrupción administrativa que propician y promueven, también tienen una influencia decisiva en la escogencia de los jueces del sistema de justicia nacional.
Ahí está la explicación de tantas demandas que son declaradas inadmisibles por los tribunales nacionales, porque en realidad se trata de la vía más fácil para quitarse de encima un proceso que podría comprometer el empleo de los jueces.
De manera, que se impone despolitizar el Consejo Nacional de la Magistratura, el cual está dominado por la partidocracia, cuyos postulantes a jueces y aquellos que deben ser evaluados tienen que someterse al tráfica de influencia y el modo operandi de los partidos políticos para ser elegibles.
Por qué no cambiar la conformación del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) para que sus miembros provengan de las universidades pública y privadas, el Colegio Dominicano de Abogados, la Suprema Corte de Justicia y de jueces de carrera con largos años de ejercicio.
De no ser así, muy difícilmente podremos mejorar el Estado Social Democrático de Derecho como lo consigna la constitución de la República, porque la manipulación de la designación de los jueces, sobre todo para buscar impunidad, contamina y daña todo el sistema público del país y destruye la democracia.
Los dominicanos somos los mejores testigos del deterioro que sufre la confianza pública por las graves violaciones a la seguridad jurídica y el criterio con que se maneja la partidocracia.
Decir que el país tiene una buena imagen en el combate de la corrupción administrativa, es pretender tapar el sol con un dedo, porque los casos de este tipo generalmente quedan en la impunidad.
El problema tiene una envergadura que asusta, porque no hace muchos días que se repitió la historia de que primero cualquier aspirante presidencial tiene que verse involucrado en escandalosos actos de corrupción para que la misma tenga alguna legitimidad.
Esa historia lamentable acaba de repetirse con Gonzalo Castillo, quien fue absuelto de los cargos que pesaban en su contra por la comisión de no cualquier sustracción de dinero del patrimonio nacional.
Pero lo propio se repite constantemente, dado que el Ministerio Público sólo pretende buscar sanciones penales para los casos que tienen importancia mediática, ya que este órgano del Estado en la práctica no tiene ningún nivel de eficiencia, cuyo rol es fundamentalmente politiquero.
Es decir, que hablar de transparencia en la sociedad dominicana es una aspiración que todavía falta un largo camino por recorrer, dado que desde la propia Presidencia de la Republica se producen fuertes y preocupantes atentados a la seguridad jurídica, pese a que se quiere pregonar lo contrario.
Basta con revisar los desacatos que se producen al sistema de justicia constitucional, los cuales tienen como protagonistas a los órganos del Estado, pero preocupantemente al propio presidente de la República que viola la Constitución de la República cuando le viene en gana.
Transparencia Internacional antes de emitir su informe debió consultar los archivos del Tribunal Constitucional para que entonces emitiera una valoración más acorde con la realidad, lo cual conoce muy bien su dependencia nacional como lo es Participación Ciudadana.
Es una insensatez y una desproporción afirmar que el país está bien en transparencia pública y en el combate a la corrupción cuando todo el mundo sabe que la impunidad es un elemento con raíces culturales y que es promovida por los que tienen el control del Estado.
La falta de transparencia, la poca confianza pública y carencia del respeto a la poca seguridad jurídica que prevalece en el país son de las falencias a combatir para el logro de una mejor democracia.
Por qué nos meten gatos por liebres, aunque no hay que escudriñar mucho para encontrar la respuesta.
La República Dominicana atraviesa por un trance muy peligroso que tiene ver con que quien tiene que velar por el respeto del orden jurídico nacional es el primero que lo viola.
Son numerosos las veces que Luis Abinader incurre en el mismo problema, lo cual implica que o no tiene claras sus funciones y responsabilidades o sencillamente de que se está frente a un gobierno irresponsable.
El país lleva años montado en el mismo caballo, ya que los niveles de ignorancia y de improvisación del presidente Abinader dejan la sensación de que el orden legal es lo que menos importa.
La gravedad de este problema tiene un impacto en la comunidad internacional en razón de que las normas del derecho interno tienen una conexión determinante con aquellas provienen del derecho externo.
Este comportamiento del presidente Abinader no sólo compromete la responsabilidad civil y penal del Estado, sino que la imagen del país se deteriora que deja mucha incertidumbre y amenaza la seguridad jurídica y en consecuencia renglones de la economía nacional como el turismo.
De manera, que la conducta del presidente no sólo representa una amenaza en contra de la imagen del país, sino también atenta en contra del progreso económico y social.
El presidente debe detener en lo inmediato la violación de la jerarquía jurídica, cuyo lugar cimero ocupa la Constitución de la República, la cual es permanentemente violada por decretos emitidos por el jefe del Poder Ejecutivo.
Lo planteado en este editorial puede parecer una irreverencia en contra del presidente Luis Abinader, pero es que su comportamiento no es para menos.
En lo que respecta a este caso no queda otra expresión que se ajuste más al comportamiento indicado que aquel que dice que el presidente tiene más miedo que vergüenza, porque su proceder indica que le importa poco lo que la gente pueda pensar de él.
Es un caso tras otro.