Santo Domino, RD.-El pasado vicepresidente de la CDEEE, Rubén Jiménez Bichara, negó alguna vinculación con los procesos de compras y contrataciones de las empresas distribuidoras de electricidad, como lo ha dicho el Estado en una querella presentada en su contra.Más Noticias
Bichara recurre al mismo argumento de otros inculpados en corrupción en perjuicio del Estado.
Santo Domino, RD.-El pasado vicepresidente de la CDEEE, Rubén Jiménez Bichara, negó alguna vinculación con los procesos de compras y contrataciones de las empresas distribuidoras de electricidad, como lo ha dicho el Estado en una querella presentada en su contra.Dijo que antes esas imputaciones, su compromiso con la sociedad y con su familia le obliga a no guardar silencio.
Jiménes Bichara señala que en su interés de aportar “las evidencias pertinentes para el ejercicio de mi defensa”, se ha puesto a la disposición de la Procuraduría General de la Republica y sus órganos operativos.
“Al tiempo que he solicitado un ejemplar de dicha querella y de los documentos que la acompaña a través de las Licenciadas Rosalina Trueba y Luz Díaz Rodríguez”, señala.
Sus declaraciones están contenidas en un documento titulado aclaración pública, el cual reproducimos a integridad:
Como es de conocimiento público el pasado martes día 15 de este mes de junio se dio a conocer el depósito de una Querella con Constitución en actor Civil interpuesta por del Estado Dominicano y las entidades Empresa Distribuidora de Electricidad del Este S. A. (EDEESTE), Edesur Dominicana S. A. (EDESUR) y la empresa Edenorte Dominicana S. A. (EDENORTE) en la cual se me presenta como querellado.
Se me ha señalado como “líder de una estructura mafiosa” y “orquestador de maniobras para defraudar el Estado”, afirmaciones que son un ABSOLUTO ABUSO, un TOTAL ATROPELLO a mí nombre y a la gestión que desempeñé como Vicepresidente Ejecutivo de la CDEEE durante el período del 2012 al 2020. Antes esas imputaciones, mi compromiso con la sociedad y con mi familia me obliga a no guardar silencio.
Si bien no dispongo aún de una copia de la querella efectivamente depositada, han circulado informaciones por varios medios sobre estas acusaciones lo que me impulsa a ACLARAR de manera preliminar y general que en ocasión de mi cargo en la CDEEE, no tuve participación alguna en los procesos internos de compras y contrataciones de las empresas de distribución eléctricas señaladas.
Hacemos énfasis en que la CDEEE no tiene ninguna injerencia en la estructuración de los procesos de compras y contrataciones de dichas empresas, tampoco en identificación de necesidades de compra, en la definición de los requerimientos o especificaciones técnicas de los equipos, maquinarias o insumos en general que allí se compraban y mucho menos en la selección de suplidores de esas necesidades. Estas gestiones las realizaban las EDE de manera autónoma como parte de sus funciones operativas.
Con relación al segundo punto abordado públicamente sobre supuestos “procesos de compras fraudulentos desarrollados por la CDEEE con financiamientos otorgados por los organismos internacionales”, y un supuesto entramado para beneficiar con estos fondos de financiamiento público a empresas y/o personas determinadas, aclaramos que la CDEEE, en sus funciones legales, gestiona el “Programa de Modernización de la Red de Distribución y Reducción de Pérdidas Eléctricas” y cuya ejecución se realiza mediante financiamientos provenientes de los organismos multilaterales tales como: Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco Europeo de Inversión (BEI), el Banco Mundial, Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y el Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional (OFID).
Estos organismos exigen al Estado dominicano la instalación de una Unidad Ejecutora de Proyectos (UEP), cuya función principal es ejecutar los proyectos desarrollados con apoyo de dichos financiamientos, a través de la cual son recibidos, evaluados y ejecutados los proyectos especiales que las EDE someten para fines de financiamiento, todo esto en estricto respeto a los procedimientos provistos por esas entidades multilaterales y que son coordinados y supervisados por estas mismas entidades, desde la solicitud del financiamiento hasta su ejecución final. Las imputaciones presentadas en la referida querella son absolutamente falsas.
En mi interés de aportar las evidencias pertinentes para el ejercicio de mi defensa, me he puesto a la disposición de la Procuraduría General de la Republica y sus órganos operativos, al tiempo que he solicitado un ejemplar de dicha querella y de los documentos que la acompaña a través de las Licenciadas Rosalina Trueba y Luz Díaz Rodríguez. Como ciudadano y ex funcionario público es mi obligación acudir a cuantos requerimientos me sean formulados por las entidades competentes y así me comprometo a hacerlo.
Rubén Jiménez Bichara
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Contratistas del Estado favorecidos con proyecto de ley aprobado por el Senado de la República que autoriza pago.
Santo Domingo. – Fue aprobado este martes en primera lectura un proyecto de ley que autoriza el pago a contratistas del Estado y que crea una comision para la revision de reclamaciones derivadas de obras ejecutadas con o sin contrato formal.
Esta normativa fue remitida por la Cámara de Diputados e incluida en el orden del día a solicitud del senador por la provincia de La Vega, Ramón Rogelio Genao.
La propuesta de ley tiene por objeto autorizar, de manera excepcional y por única vez, el reconocimiento, validación y pago de las deudas derivadas de obras públicas ejecutadas sin contar con un contrato formal o sujeto a reformulación presupuestaria, a fin de regularizar las obligaciones pendientes y salvaguardar la transparencia, la legalidad y el uso adecuado de los recursos públicos.
Los legisladores aprobaron en segunda lectura el proyecto de ley que designa con el nombre de Vicente Sánchez Baret el Centro Cívico Provincial para oficinas gubernamentales de la provincia Sánchez Ramírez, con el propósito de honrar la memoria del servidor público, líder y político, fallecido recientemente.
La iniciativa presentada por el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, destaca la trayectoria política del exsenador por su provincia natal, Sánchez Ramírez; también el rol que desempeñó como presidente y secretario de organización del Partido Revolucionario Dominicano (PRD).
La pieza señala que Sánchez Baret, además, fue cofundador del Partido Revolucionario Moderno (PRM), consolidándose como una figura determinante y de referencia en la historia política contemporánea de la República Dominicana, cuyo liderazgo y visión contribuyeron al fortalecimiento de la democracia y de las instituciones del país.
Detalla también las funciones desempeñadas durante su carrera política, entre estas: alcalde de Cotuí (1961), senador por la provincia Sánchez Ramírez en el periodo legislativo 1982-1986, secretario de Interior y Policía (1978); secretario de Deportes (1982-1986); así como director general de Aduanas (2000-2004).
El Pleno del Senado aprobó en segunda lectura el proyecto de ley que modifica el artículo 13 de la Ley 118-21, sobre terminación de obras viales, escuelas, hospitales y presas que se encuentran suspendidas, modificada por la Ley 83-24; propuesta del senador de la provincia de La Vega, Ramón Rogelio Genao.
Además, el proyecto de ley orgánica que modifica el artículo 12 de la Ley 5-13, sobre Discapacidad en la República Dominicana, presentada por el senador de la provincia El Seibo, Santiago José Zorrilla.
En primera lectura
El Pleno sancionó en primera lectura el proyecto de ley que designa con el nombre de doctor Mario Mignolio Pujols Colón el Palacio de Justicia del distrito judicial de la provincia San José de Ocoa, propuesta del senador Milcíades Aneudy Ortiz Sajiun.
También fue sancionado el proyecto de ley que designa con el nombre de Milton Ray Guevara al edificio del Palacio de Justicia del distrito judicial de Samaná, presentada por el senador de esa demarcación, Pedro Catrain.
En única discusión, los senadores aprobaron el proyecto de resolución que solicita al presidente Luis Abinader que se realicen los estudios correspondientes para la instalación de un parque industrial de zonas francas en el municipio de Azua, provincia de Azua; propuesta de la senadora Lía Ynocencia Díaz Santana.
También sancionaron favorablemente el Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y los miembros de la Organización de Estados de África, el Caribe y el Pacífico, por otra, suscrito en Samoa. Esta pieza fue presentada por el Poder Ejecutivo.
El Senado de la República guardó un minuto de silencio en memoria de las cinco víctimas de las recientes lluvias en San Cristóbal, a solicitud del senador Gustavo Lara, así como por el chofer Deivi Carlos Abreu Quezada, asesinado en circunstancias lamentables, según propuso el senador Pedro Catrain.
Asimismo, el Pleno honró la memoria de Domingo Batista, chofer de Fenatrado, y extendió sus condolencias por los fallecimientos de Ana Dolores Diplan, madre de Nelson Guzmán (encargado de Gabinete del Senado), y de Estela Josefina Echavarría Disla, madre del ministro de Energía y Minas, Joel Santos; estas últimas solicitudes fueron realizadas por el presidente de la Cámara Alta, Ricardo de los Santos.
El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, convocó a sesión para el próximo jueves a las 2:00 de la tarde.
Santo Domingo, (EFE).- Un grupo de 72 dominicanos fue deportado este martes desde Estados Unidos tras cumplir en su mayoría condenas por diferentes delitos, elevando a más de 400 los repatriados este año a República Dominicana.Los dominicanos arribaron al Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA), que sirve a Santo Domingo, a bordo de un avión fletado por el Gobierno estadounidense, según adelantó el periódico local Listín Diario y confirmó a EFE una fuente de la Dirección General de Migración (DGM).De acuerdo a la fuente, la mayoría de los repatriados cumplió condenas por narcotráfico, así como por robos, atracos y tráfico de armas.
Aunque cumplieron condenas en diferentes ciudades estadounidenses, los repatriados fueron concentrados en lugares de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), organismo que se encarga de su deportación.
También arribaron varios dominicanos que permanecían indocumentados en Estados Unidos, aunque estos eran minoría.
Las autoridades de la Dirección de Migración y otras agencias investigan a los deportados, por si tienen asuntos pendientes con la Justicia dominicana. De no ser así, son liberados.
Este tipo de vuelos desde Estados Unidos se repite todos los martes.
En los primeros tres meses del año han sido repatriados más de 400 dominicanos, según cifras de Migración, frente a 3,986 de todo 2025 y 3,880 de 2024.
an/am
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio de Interior y Policia destruyó este martes un total de 2,268 armas de fuego incautadas por el Estado, entre las que había revólveres, pistolas, escopetas, rifles y artefactos de fabricación casera.
La institución informó que también fueron desintegradas 12,431 armas blancas, incluyendo cuchillos, machetes y puñales.
«La destrucción de estas armas no solo reduce riesgos inmediatos, sino que también envía un mensaje firme de que en República Dominicana no hay espacio para la ilegalidad ni la violencia», afirmó la ministra de Interior, Faride Raful, al encabezar el acto.
Interior y Policía indicó que esta es la segunda jornada realizada en los últimos cuatro meses, en el marco de la estrategia para retirar de circulación armamento ilegal y evitar que vuelva a las calles.
El Ministerio de Interior y Policía dijo que esta fue la segunda jornada de destrucción de armas realizada en los últimos cuatro meses, lo que representa el cumplimiento de una estrategia sostenida para retirar de circulación armamento ilegal y evitar que vuelva a las calles.
La intervención se llevó a cabo en las instalaciones de Metaldom, ubicadas en el Parque Industrial Duarte, donde el armamento fue previamente verificado por técnicos especializados para garantizar el cumplimiento de los protocolos de seguridad antes de su destrucción.
«Esta es la segunda jornada realizada en los últimos cuatro meses, en el marco de una estrategia sostenida para retirar de circulación armamento ilegal y evitar que vuelva a las calles», dijo el ministerio. 
Para Fernando de La Vega, representante en el país de la empresa multinacional, la jornada refleja su compromiso con iniciativas que generan impacto social y ambiental.
«Tenemos un firme propósito de construir soluciones que transforman, y es lo que hacemos hoy en este gran patio de chatarra«, expresó.
En el acto también estuvieron presentes el ministro de Defensa, Carlos Antonio Fernández Onofre; el director de la Policía Nacional, Andrés Modesto Cruz; y la vicepresidenta de Relaciones Institucionales y Comunicación de Inicia, Anyarlene Bergés.
También representantes de la Procuraduría General de la República, el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional, bajo la supervisión de la Comisión Interinstitucional para la Destrucción de Armas.