Editorial
Acciones que podrían comprometer la seriedad y la imparcialidad del Ministerio Público.
La Procuradora General de la República, Miriam Germán, mediante una carta enviada a los medios de comunicación dio una explicación muy clara sobre las razones que pudieron llevar a las autoridades de la Dirección General de Migración a impedir que saliera del país Jean Alan Rodríguez.
Decía la jefa del Ministerio Público que en el país se estila que cuando alguien es investigado se coloca una alerta migratoria y que la misma siempre ha servido para impedir que esa persona salga fuera del país, lo cual es violatorio de la ley, pero que explica convincentemente lo ocurrido.
Sin embargo, hay una parte de la carta de Miriam Germán que parece ser un error garrafal, ya que no se entiende como ella se puede desvincular de un caso que investiga el órgano que ella dirige, aunque se entiende que cualquier magistrado se puede inhibir en función de las razones que se den en el caso.
Pero resulta muy riesgoso actuar como lo ha hecho el Ministerio Público en virtud de que luego de lo ocurrido en el Aeropuerto Internacional de las Américas, entonces inicia una serie de allanamientos para apresar al Alain Rodríguez, lo cual no ha parecido una acción muy fina del órgano persecutor del delito y el crimen.
Lo procedente debió ser que al propio tiempo que se publica la carta en la que se diera la información de que este exfuncionario era investigado por una serie de ilícitos que en cualquier momento derivaría en una persecución para someterlo a la acción de la justicia.
Pero no ha ocurrido así, lo cual pone en riesgo la credibilidad del Ministerio Público y podría echar por la borda todo el trabajo que se ha hecho hasta ahora con la persecución de los que han cometido delitos y crímenes durante su función en la administración pública.
Ahora se complica la investigación en contra de Jean Alain, no porque no hayan pruebas en su contra y razones para enjuiciarlo, sino porque se ha puesto en juego la credibilidad del Ministerio Público, ya que se trata de un asunto con un profundo contenido político.
No es que Jean Alain vaya a salir ganancioso del presente caso, pero lesiona, erosiona la credibilidad del órgano persecutor, porque no se entiende y parece un poco torpe el procedimiento utilizado sin antes advertir que independientemente de lo ocurrido con el error cometido con el impedimento de salida, el exfuncionario es investigado por irregularidades cometidas durante su gestión al frente de la Procuraduría General de la República.
Las acciones equivocadas con este caso colocan al Ministerio Público en un déficit de estrategia procesal y en un manejo no idóneo de este caso que podría echarlo todo a perder, lo cual revela y ojalá no sea así, que el órgano persecutor del crimen y el delito se ha contaminado con la forma de proceder del Partido Revolucionario Moderno (PRM), el cual se la pasa dando palos a ciegas.
Lo ocurrido en las últimas horas en el escenario nacional podría encaminar a la sociedad a perder la poca credibilidad que le queda al Gobierno de Luis Abinader, ya que el Ministerio Público a pesar de estar bajo control de una persona independiente, todavía es una instancia que depende del Poder Ejecutivo.
Por esta razón, existen argumentos más que suficientes para atribuir a razones de persecución política las investigaciones de exfuncionarios en contra de quienes pesan graves imputaciones por la comisión de irregularidades en perjuicio del patrimonio público, lo cual, naturalmente, no parece que vayan a recibir algún apoyo en la población, por lo menos en el presente caso.
La sentencia del Tribunal Constitucional permite que en el panorama político dominicano tenga vigencia la figura de las candidaturas independientes.
Esta decisión sí que impacta de una forma importante la democracia nacional, la cual está agonizante por la conducta de los actores del sistema de partidos tradicionales.
Quién le puede quitar el carácter de depredadora de la partidocracia, la cual se aprovecha de todo y lleva inexorablemente al país a otra Grecia, Argentina o Puerto Rico.
Los robos del patrimonio público no son moderados, lo que de ninguna manera es aceptable, dado que los políticos tradicionales no se conforman con cien millones de dinero del pueblo dominicano, sino que hacen hasta lo imposible para sustraer miles de millones.
Para ilustración al respecto, los ejemplos están a la orden del día, con el agravante de que los que hacen turno desde la oposición sólo persiguen apoyarse en la expresión muy popular que dice: “quítate tú, pa ponerme yo”.
Ahí están los ejemplos de Danilo que se peleó con Leonel por esa causa y ahora la de Abinader que reproduce en muchos aspectos la misma conducta de los dos primeros.
Si bien es cierto, que la crisis de valores de que adolece el país podría llevar al poder a cualquier degenerado que se proyecte como buena gente, lo cierto es que las candidaturas independientes es un mecanismo más democrático y participativo,
Es decir, que aun en el caso de que la figura de las candidaturas independientes conlleve riesgos, pero lo cierto es que es una vía más acorde con el proceso de democratización de la política, sobre todo en Latinoamérica, donde hay profundos antivalores que ponen en peligro la cultura cívica, moral y ética de estos pueblos.
De manera, que La República promueve un apoyo masivo, abierto y sin reservas a la decisión tomada por el Tribunal Constitucional, porque esa sentencia abre un camino importante hacia la democratización, la participación, el adecentamiento y el mejoramiento de los niveles de institucionalidad del Estado dominicano.
El reto está echado. Manos a la obra.
La educación es la puerta al desarrollo, cuya expresión no se trata de un cliché, sino de una realidad que debe ser digerida o comprendida por todas las naciones del planeta.
El fenómeno de una buena educación ha sido aprovechado al máximo por las naciones asiáticas, como Simgapur, Corea del Sur y Japón.
Estas naciones del continente asiático han tomado el toro por los cuernos en lo que respecta a invertir para su desarrollo y de esa manera impactar a todo el planeta.
Pero la pregunta que debe hacerse cualquier persona con un nivel óptimo de inteligencia y por qué a países como la República Dominicana se le hace tan difícil ocupar esos niveles de desarrollo cognitivo y de un mayor coeficiente de inteligencia.
Es común escuchar a cualquier joven decir en este lado del mundo que para tener dinero no se necesita estudiar, lo cual no obedece totalmente a la verdad, porque en cualquier lugar del universo donde se prioriza la educación, la tecnificación y la buena formación le sirve más que toda la riqueza material que se pueda tener, aunque generalmente la primera garantiza la segunda.
Debe entenderse que las naciones de economía informal, del día a día, de poco desarrollo industrial, el trabajo artesanal es lo que predomina y en consecuencia un país al margen del conocimiento no tiene otras formas que sobrevivir mediante el trabajo rustico y poco tecnificado.
Es decir, que para cualquier país del tercer mundo rebasar su pobreza y precariedades tendrá que insertarse en el mundo del conocimiento, de las ciencias y de las tecnologías, no importa que tantos plátanos y mangos exporte.
Si la República Dominicana quiere tener un desarrollo verdadero, no de palabras y de campañas publicitarias, debe, primero, mejorar la calidad de la inversión del 4 por ciento en educación y empeñarse en superar ese nivel, a fin de que al cabo de algunos años se pueda ver en el espejo de las naciones que hoy exhiben un desarrollo envidiable como Uruguay, Argentina y Chile o tal vez mejor decir como Singapur, Corea del Sur y Japón, entre muchos otros.
La educación, sin lugar a dudas, es la puerta hacia el desarrollo inclusivo, imitemos los ejemplos que tenemos a la vista, pero ello debe estar acompañado de planificación estratégica a corto, mediano y largo plazo, sin lugar a dudas, la principal debilidad de los países pobres y subdesarrollados.
Nadie se atreve a negar el poder de los Tribunales Constitucionales en las democracias del siglo 21. Un buen ejemplo, entre muchos otros, es la sentencia TC/0767/24 que anula por inconstitucional la Ley 1-24, que creaba la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI)
En el campo internacional otro buen ejemplo de ese poder inmedible del constitucionalismo es lo que acaba de ocurrir en Rumania, donde el alto tribunal anuló la primera vuelta de las elecciones presidenciales celebradas en esa nación europea.
De manera, que ese poder extraordinario se repite regularmente en diferentes naciones del mundo, incluida la República Dominicana, donde el Tribunal Constitucional, como legislador negativo, acaba de dar un plazo de un año al Congreso Nacional para que corrija los errores procedimentales en la aprobación de la Ley 10-15 que modifica el Código Procesal Penal por éstos ser violatorios de la normativa procesal que establece sobre la materia la carta magna.
En realidad, se trata de un fenómeno mundial, dado que el constitucionalismo es prácticamente la guía de las nuevas democracias del mundo.
Todo ello demanda que el Tribunal Constitucional dominicano ponga en primer plano la revisión de las acciones de amparo que son sometidas a la alta corte.
Esperar años para fallar los recursos de revisión de acciones de amparo, incluidas las de cumplimiento y electoral, socaba la credibilidad del Tribunal Constitucional que está llamado a corregir las debilidades de que adolece el sistema de justicia, entre ellas la llamada mora judicial.
No hay una explicación lógica de que el Tribunal Constitucional se tarde hasta dos años para fallar una revisión de una acción de amparo cuando el articulo 102 de su propia Ley orgánica habla de 30 días, cuyas decisiones tardías cuando se producen ya no surten ningún efecto.
Cualquiera se podría preguntar si es que se trata de una manipulación o de un condicionamiento, máxime cuando la revisión de las acciones de amparo persigue corregir cualquier distorsión de los derechos fundamentales, no importa que provenga de los partidos políticos cuando se trata de asuntos electorales.
Sólo mediante esa interpretación se podría entender la tardanza del TC para solucionar un problema que está asociado a violaciones graves de un derecho fundamental como es, por ejemplo, el de elegir y ser elegible.
Es imperdonable que el Tribunal Constitucional someta al justiciable al mismo dolor de cabeza que proviene de la Suprema Corte de Justicia, cuyas sentencias son evacuadas cuando las partes ya han muerto.
Necesariamente hay que preguntarse por qué el TC no quiere poner en cintura a los partidos políticos, pese a que son los que más daños hacen con su conducta a la democracia.
Hay recursos de revisión de acciones de amparo que alcanzan hasta los dos años y todavía no hay una forma de que se produzca un fallo. Se impone resolver esa mora porque al final de cuentas esa falla socava la seguridad jurídica, el principio de legalidad, la credibilidad del Tribunal Constitucional y de todo el sistema de justicia nacional.
No hay lugar a dudas que la tardanza del Tribunal Constitucional para fallar los recursos de revisión de las acciones de amparo representa un desequilibrio en la alta corte que debe ser corregido a la mayor brevedad posible.
Se impone que el TC se ajuste al mandato de su ley orgánica, la 137-11, para que preserve su credibilidad, porque no se puede ser estricto para hacer cumplir la Constitución en algunos casos, pero no así para otros. Esa debilidad del TC es comprobable con la celeridad que muchas veces conoce la acción directa de inconstitucionalidad, pero relega a años las revisiones que tienen que ver con el amparo, sobre todo cuando se trata de asuntos electorales que involucran violaciones cometidas por los partidos políticos.