Editorial
Acciones que podrían comprometer la seriedad y la imparcialidad del Ministerio Público.
La Procuradora General de la República, Miriam Germán, mediante una carta enviada a los medios de comunicación dio una explicación muy clara sobre las razones que pudieron llevar a las autoridades de la Dirección General de Migración a impedir que saliera del país Jean Alan Rodríguez.
Decía la jefa del Ministerio Público que en el país se estila que cuando alguien es investigado se coloca una alerta migratoria y que la misma siempre ha servido para impedir que esa persona salga fuera del país, lo cual es violatorio de la ley, pero que explica convincentemente lo ocurrido.
Sin embargo, hay una parte de la carta de Miriam Germán que parece ser un error garrafal, ya que no se entiende como ella se puede desvincular de un caso que investiga el órgano que ella dirige, aunque se entiende que cualquier magistrado se puede inhibir en función de las razones que se den en el caso.
Pero resulta muy riesgoso actuar como lo ha hecho el Ministerio Público en virtud de que luego de lo ocurrido en el Aeropuerto Internacional de las Américas, entonces inicia una serie de allanamientos para apresar al Alain Rodríguez, lo cual no ha parecido una acción muy fina del órgano persecutor del delito y el crimen.
Lo procedente debió ser que al propio tiempo que se publica la carta en la que se diera la información de que este exfuncionario era investigado por una serie de ilícitos que en cualquier momento derivaría en una persecución para someterlo a la acción de la justicia.
Pero no ha ocurrido así, lo cual pone en riesgo la credibilidad del Ministerio Público y podría echar por la borda todo el trabajo que se ha hecho hasta ahora con la persecución de los que han cometido delitos y crímenes durante su función en la administración pública.
Ahora se complica la investigación en contra de Jean Alain, no porque no hayan pruebas en su contra y razones para enjuiciarlo, sino porque se ha puesto en juego la credibilidad del Ministerio Público, ya que se trata de un asunto con un profundo contenido político.
No es que Jean Alain vaya a salir ganancioso del presente caso, pero lesiona, erosiona la credibilidad del órgano persecutor, porque no se entiende y parece un poco torpe el procedimiento utilizado sin antes advertir que independientemente de lo ocurrido con el error cometido con el impedimento de salida, el exfuncionario es investigado por irregularidades cometidas durante su gestión al frente de la Procuraduría General de la República.
Las acciones equivocadas con este caso colocan al Ministerio Público en un déficit de estrategia procesal y en un manejo no idóneo de este caso que podría echarlo todo a perder, lo cual revela y ojalá no sea así, que el órgano persecutor del crimen y el delito se ha contaminado con la forma de proceder del Partido Revolucionario Moderno (PRM), el cual se la pasa dando palos a ciegas.
Lo ocurrido en las últimas horas en el escenario nacional podría encaminar a la sociedad a perder la poca credibilidad que le queda al Gobierno de Luis Abinader, ya que el Ministerio Público a pesar de estar bajo control de una persona independiente, todavía es una instancia que depende del Poder Ejecutivo.
Por esta razón, existen argumentos más que suficientes para atribuir a razones de persecución política las investigaciones de exfuncionarios en contra de quienes pesan graves imputaciones por la comisión de irregularidades en perjuicio del patrimonio público, lo cual, naturalmente, no parece que vayan a recibir algún apoyo en la población, por lo menos en el presente caso.
Nadie en la República Dominicana se atrevería a negar que los partidos políticos lo han contaminado todo, absolutamente todo.
Es un mal general que contrarrestarlo costará mucho esfuerzo y un periodo largo en el tiempo, pero que su impacto lo destruye todo en su camino.
Cada día surge una nueva prueba del daño que causan los partidos políticos a la democracia nacional y en consecuencia su descredito alcanza niveles insospechados en la sociedad.
Hace pocos días que hasta el otorgamiento y anulación de una visa hacia los Estados Unidos estaba determinada muchas veces por la contaminación proveniente de la partidocracia, ya que esa es una vía de desacreditar al contrario, cuya revelación vino de la actual embajadora de esa nación en el país.
Pero las cosas son peores de ahí, porque los partidos políticos aparte de ser responsables de la tragedia nacional que conlleva la corrupción administrativa que propician y promueven, también tienen una influencia decisiva en la escogencia de los jueces del sistema de justicia nacional.
Ahí está la explicación de tantas demandas que son declaradas inadmisibles por los tribunales nacionales, porque en realidad se trata de la vía más fácil para quitarse de encima un proceso que podría comprometer el empleo de los jueces.
De manera, que se impone despolitizar el Consejo Nacional de la Magistratura, el cual está dominado por la partidocracia, cuyos postulantes a jueces y aquellos que deben ser evaluados tienen que someterse al tráfica de influencia y el modo operandi de los partidos políticos para ser elegibles.
Por qué no cambiar la conformación del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) para que sus miembros provengan de las universidades pública y privadas, el Colegio Dominicano de Abogados, la Suprema Corte de Justicia y de jueces de carrera con largos años de ejercicio.
De no ser así, muy difícilmente podremos mejorar el Estado Social Democrático de Derecho como lo consigna la constitución de la República, porque la manipulación de la designación de los jueces, sobre todo para buscar impunidad, contamina y daña todo el sistema público del país y destruye la democracia.
Los dominicanos somos los mejores testigos del deterioro que sufre la confianza pública por las graves violaciones a la seguridad jurídica y el criterio con que se maneja la partidocracia.
Decir que el país tiene una buena imagen en el combate de la corrupción administrativa, es pretender tapar el sol con un dedo, porque los casos de este tipo generalmente quedan en la impunidad.
El problema tiene una envergadura que asusta, porque no hace muchos días que se repitió la historia de que primero cualquier aspirante presidencial tiene que verse involucrado en escandalosos actos de corrupción para que la misma tenga alguna legitimidad.
Esa historia lamentable acaba de repetirse con Gonzalo Castillo, quien fue absuelto de los cargos que pesaban en su contra por la comisión de no cualquier sustracción de dinero del patrimonio nacional.
Pero lo propio se repite constantemente, dado que el Ministerio Público sólo pretende buscar sanciones penales para los casos que tienen importancia mediática, ya que este órgano del Estado en la práctica no tiene ningún nivel de eficiencia, cuyo rol es fundamentalmente politiquero.
Es decir, que hablar de transparencia en la sociedad dominicana es una aspiración que todavía falta un largo camino por recorrer, dado que desde la propia Presidencia de la Republica se producen fuertes y preocupantes atentados a la seguridad jurídica, pese a que se quiere pregonar lo contrario.
Basta con revisar los desacatos que se producen al sistema de justicia constitucional, los cuales tienen como protagonistas a los órganos del Estado, pero preocupantemente al propio presidente de la República que viola la Constitución de la República cuando le viene en gana.
Transparencia Internacional antes de emitir su informe debió consultar los archivos del Tribunal Constitucional para que entonces emitiera una valoración más acorde con la realidad, lo cual conoce muy bien su dependencia nacional como lo es Participación Ciudadana.
Es una insensatez y una desproporción afirmar que el país está bien en transparencia pública y en el combate a la corrupción cuando todo el mundo sabe que la impunidad es un elemento con raíces culturales y que es promovida por los que tienen el control del Estado.
La falta de transparencia, la poca confianza pública y carencia del respeto a la poca seguridad jurídica que prevalece en el país son de las falencias a combatir para el logro de una mejor democracia.
Por qué nos meten gatos por liebres, aunque no hay que escudriñar mucho para encontrar la respuesta.
La República Dominicana atraviesa por un trance muy peligroso que tiene ver con que quien tiene que velar por el respeto del orden jurídico nacional es el primero que lo viola.
Son numerosos las veces que Luis Abinader incurre en el mismo problema, lo cual implica que o no tiene claras sus funciones y responsabilidades o sencillamente de que se está frente a un gobierno irresponsable.
El país lleva años montado en el mismo caballo, ya que los niveles de ignorancia y de improvisación del presidente Abinader dejan la sensación de que el orden legal es lo que menos importa.
La gravedad de este problema tiene un impacto en la comunidad internacional en razón de que las normas del derecho interno tienen una conexión determinante con aquellas provienen del derecho externo.
Este comportamiento del presidente Abinader no sólo compromete la responsabilidad civil y penal del Estado, sino que la imagen del país se deteriora que deja mucha incertidumbre y amenaza la seguridad jurídica y en consecuencia renglones de la economía nacional como el turismo.
De manera, que la conducta del presidente no sólo representa una amenaza en contra de la imagen del país, sino también atenta en contra del progreso económico y social.
El presidente debe detener en lo inmediato la violación de la jerarquía jurídica, cuyo lugar cimero ocupa la Constitución de la República, la cual es permanentemente violada por decretos emitidos por el jefe del Poder Ejecutivo.
Lo planteado en este editorial puede parecer una irreverencia en contra del presidente Luis Abinader, pero es que su comportamiento no es para menos.
En lo que respecta a este caso no queda otra expresión que se ajuste más al comportamiento indicado que aquel que dice que el presidente tiene más miedo que vergüenza, porque su proceder indica que le importa poco lo que la gente pueda pensar de él.
Es un caso tras otro.