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Sismo que afectó Haití es de los que más muertes ha provocado en Latinoamérica.
Redacción América.-En los últimos 25 años el terremoto de este sábado en Haití, que ha dejado al menos 227 muertos, ya forma parte los 10 sismos más mortíferos de los últimos 25 años en Latinoamérica, una lista que lamentablemente encabeza otro movimiento telúrico en el país caribeño.1. El 12 de enero de 2010 fallecieron 316.000 personas en Haití y hubo 1,5 millones de damnificados, tras un movimiento telúrico de magnitud 7 en la escala abierta de Richter.? Seis años después, según Amnistía Internacional, todavía había 60.000 desplazados en el país como consecuencia de la tragedia.
2. El 25 de enero de 1999 en la ciudad colombiana de Armenia (oeste) se registró un temblor de magnitud 6,2 que acabó con la vida de 1.230 personas y arrasó la ciudad en un 60 %.? La reconstrucción del Eje Cafetero, zona afectada por la tragedia, tuvo un costo cercano a los 500.000 millones de dólares.
3. El 13 de enero de 2001, un terremoto de magnitud 7,7 en el océano Pacífico frente al departamento salvadoreño de Usulután (este), de El Salvador acabó con la vida 944 personas, hubo cerca de 1,3 millones de damnificados y pérdidas por 348,5 millones de dólares, con 1.155 edificios públicos dañados y 108.261 viviendas destruidas, entre otros daños.
4. El 16 de abril de 2016, al menos 670 personas murieron, a lo que se sumaron miles de afectados y millonarias pérdidas materiales, tras un sismo de magnitud 7,8 entre los balnearios costeros ecuatorianos de Cojimíes y de Pedernales, en la provincia de Manabí y colindante con la vecina Esmeraldas.
El terremoto, del que se registraron por lo menos dos centenares de réplicas de diversa intensidad, también se sintió en Quito, en la zona andina, y en países como Colombia y Perú.
5. El 15 de agosto de 2007, en Perú, murieron 595 personas y desaparecieron más de 300, a causa de un sismo de magnitud 8 en la costa del país. Las ciudades más afectadas fueron Pisco, Ica, Chincha y Paracas.
El fenómeno destruyó cerca de 75.000 viviendas y dejó al menos 430.000 damnificados.
6. El 27 de febrero de 2010, como consecuencia de un movimiento telúrico de magnitud 8,8 en las costas del centro de Chile y un posterior tsunami, 526 personas fallecieron y otras 800.000 resultaron damnificadas, además de daños por más de ?30.000 millones de dólares.
7. El 19 de septiembre 2017, y tan solo 12 días después de que otro potente sismo en el sur de México dejará 98 muertos, un terremoto de magnitud 7,1 con epicentro entre los estados de Morelos y Puebla produjo 369 víctimas mortales, 228 de ellas en la capital mexicana.
8. El 13 de febrero de 2001, exactamente un mes después de sufrir otro devastador terremoto, en El Salvador perdieron la vida 315 personas por un temblor de magnitud 6,6 que azotó la zona central del país.
En esta ocasión, se registraron más de 250.000 damnificados y unas 57.000 viviendas destruidas.
9. El 14 de agosto de 2021, un sismo de magnitud 7,2 sacudió a las 08.29 de la mañana al sur de Haití, dejando hasta el momento al menos 227 muertos y «cientos de heridos y desaparecidos».
El primer ministro de Haití, Ariel Henry, declaró el estado de emergencia como consecuencia del terremoto, que se registró a unos 12 kilómetros de la localidad de Saint-Louis du Sud, con un epicentro de 10 kilómetros de profundidad, y también se sintió en la República Dominicana y Cuba.
10. El 22 de mayo de 1998, en la región boliviana de Cochabamba, hubo un terremoto de 6,8 que se sintió en todo el eje central del país y que en dos meses generó más de 2.600 réplicas. Murieron 105 personas.? El sismo ocurrió mientras la mayoría de la población dormía y organismos internacionales denunciaron que las autoridades locales no reaccionaron de la forma adecuada por falta de un plan de contingencia.?
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La construcción de la autopista del Ambar se inicia el próximo mes, según lo anunció el Gobierno.
Santo Domingo, R.D.-El próximo mes está previsto el inicio de la construcción de la autopista del Ambar, de acuerdo a un anuncio en este sentido hecho este sabado por la vicepresidenta Raquel Peña, la cual conectará las provincias de Santiago y Puerto Plata en menos de 30 minutos y que permitirá impulsar el turismo, el comercio, la logistica y el desarrollo económico de la region Norte.
Peña ofreció la información a la prensa al concluir una sesión de trabajo ampliada de la Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago (ACIS), en la que participaron instituciones aliadas, representantes de las provincias del Cibao y el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Eduardo Estrella, entre otros.
Raquel Peña manifestó que la obra llevará numerosos beneficios, crecimiento y desarrollo a las 14 provincias de la región Norte. «Estamos muy contentos con el inicio de esta obra», expresó.
El ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Eduardo Estrella, aseguró que la Autovía del Ámbar se encuentra en la etapa de «firma de contratos» y socialización con las empresas adjudicatarias del proceso de licitación.
A principios de julio, el Consorcio Autopista del Ámbar, S.R.L., integrado por las empresas Ingeniería Estrella, Rizek Constructora, Magna y Constructora Mar, ganó la licitación para el diseño y construcción de la Autopista del Ámbar, convocada por el Fideicomiso RD Vial.
La vicepresidenta resaltó que Santiago y el Cibao atraviesan una etapa de importante crecimiento económico y urbano, lo que ha incrementado la demanda de nuevas infraestructuras para responder a las necesidades de movilidad, conectividad y desarrollo de la población.
El encuentro, en las instalaciones de la ACIS, fue organizado en respuesta a las inquietudes planteadas por líderes regionales durante una reunión de trabajo celebrada la semana pasada en el despacho de la Vicepresidencia, en el Palacio Nacional.
Durante la actividad, Estrella también presentó un balance de los principales proyectos de infraestructura que el Gobierno desarrolla en Santiago y la región Norte. Destacó que estas inversiones buscan mejorar la conectividad, fortalecer la seguridad vial e incrementar la competitividad del Cibao.
Entre las obras prioritarias mencionó:
- La ampliación a cuatro carriles de la circunvalación de Navarrete.
- La expansión de la carretera Santiago-Licey.
- Los trabajos de conexión vial hacia Moca y otras localidades.
En cuanto a los programas de asfaltado, indicó que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones mantiene brigadas trabajando de manera simultánea en Santiago, Puerto Plata, San Francisco de Macorís y otras provincias.
Explicó que, debido a las limitaciones presupuestarias y al incremento de los costos de los materiales, las intervenciones se ejecutan siguiendo criterios técnicos y de prioridad, con el propósito de atender de manera equilibrada las necesidades de todo el país.
Por otro lado, el presidente de la ACIS, Marcos Santana, consideró que la presencia de representantes de los principales sectores productivos, comerciales, industriales y de servicios de la región Norte evidencia el interés del empresariado y de la sociedad organizada en trabajar de manera articulada con el Gobierno para impulsar iniciativas que contribuyan al desarrollo del Cibao.
Tras finalizar el encuentro estratégico, la vicepresidenta Raquel Peña se trasladó a la catedral de la ciudad para participar en la celebración de sus fiestas patronales en honor a Santiago Apóstol El Mayor. Con la tradicional fiesta religiosa finalizan las actividades conmemorativas.
Santo Domingo, R.D.-El Poder Ejecutivo no para en su politica de endeudamiento al lograr la aprobacion en el Congreso Nacional este viernes de dos préstamos provernmiente del Poder Ejecutivo por US$465 millones, los cuales equivalen a aproximadamente 27 mil millones en pesos dominicanos.
El Senado de la República fue el último órgano legislativo en aprobarlo. Estos empréstitos aprobados la tarde de ayer por la Cámara de Diputados.
En ambas cámaras legislativas, los representantes de la Fuerza del Pueblo (FP), del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), votaron en contra de los dos empréstitos.
Se trata de dos acuerdos, firmados por la gestión del presidente Luis Abinader con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Uno de estos le entregaría US$200 millones al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), así como al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), para financiar el programa de implementación de la política nacional de seguridad vial en el país.
El informe favorable que presentó la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja precisa que el objetivo es contribuir a una movilidad segura, previniendo los accidentes de tránsito.
Además, fortalecer la fiscalización, educación y atención a víctimas en el territorio nacional.
El presidente de esa Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, Frank Paulino, explicó los pasos que aplicará el Gobierno para lograrlo.
Mientras que el otro empréstito, de US$265 millones, sería destinado para el financiamiento del proyecto Plan de Manejo de Cuenca del Río Yuna, previsto a ser ejecutado por el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indhri).
La carta enviada por el mandatario Abinader al órgano legislativo establece que los recursos incrementarían la resiliencia ante los riesgos de inundación en la parte baja del recurso hídrico.
Santo Domingo, R.D.-El Gobierno dominicano dispuso la prohibición de la importación hacia al territorio nacional de mercancías, productos y bienes producidos, fabricados, extraídos, procesados o elaborados, total o parcialmente, mediante trabajo forzoso, incluyendo aquellas mercancías respecto de las cuales exista evidencia razonable de que en alguna fase de su cadena de suministro se ha producido la distorsión, cuya decision se produce tras el pais ser sancionado mediante arancel por la administracion del presidente Donald Trump.
La disposición gubernamental busca establecer las disposiciones administrativas necesarias para la prevención, identificación, verificación y prohibición de la importación de mercancías, productos y bienes producidos, fabricados, extraídos, procesados o elaborados, total o parcialmente, mediante trabajo forzoso, con el fin de proteger los derechos humanos, preservar la integridad del comercio internacional y garantizar el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por la República Dominicana.
La medida, contenida en el decreto 502-26, será aplicada a toda mercancía, producto o bien destinado a ser importado al territorio aduanero del país sobre el cual existan indicios razonables de que ha sido producido, fabricado, extraído, procesado o elaborado, total o parcialmente, mediante trabajo forzoso, independientemente de su país de origen o procedencia.
La medida se toma apenas horas después de que la Administración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunciara nuevos aranceles de entre el 10 % y el 12,5 % a las importaciones procedentes de República Dominicana y otros 59 países y economías, justificándose en una investigación sobre «esfuerzos insuficientes para combatir el trabajo forzoso».
En su artículo siete, el decreto señala que para la identificación de casos productos creados total o parcialmente, mediante trabajo forzoso se tomará en consideración información proveniente de fuentes nacionales o internacionales, tanto públicas como privadas incluyendo importadores, exportadores, operadores económicos, asociaciones empresariales u otros actores del sector privado.
Cuando existan indicios razonables, la Dirección General de Aduanas solicitará al Ministerio de Trabajo que, dentro del ámbito de sus competencias, elabore el informe técnico correspondiente. Luego se realizará una evaluación técnica correspondiente para determinar si existen elementos suficientes para concluir que la mercancía sí tuvo incidencias, durante su creación del trabajo forzoso.
El Ministerio de Hacienda y Economía, la Dirección General de Aduanas y las demás instituciones competentes podrán adoptar dentro del ámbito de las atribuciones que les confieren las leyes, las normas generales, medidas administrativas, operativas y técnicas necesarias para la ejecución del presente decreto, siempre que dichas medidas no impliquen la creación de nuevas obligaciones, restricciones o prohibiciones distintas de las previstas en el ordenamiento jurídico vigente, ni alteren el contenido esencial de los derechos reconocidos por las leyes.
Se define como trabajo forzoso todo trabajo o servicio exigido a un individuo bajo la amenaza de una pena cualquiera y para el cual dicho individuo no se ofrece voluntariamente, de conformidad con la definición contenida en el Convenio núm. 29 de la OIT, ratificado por la República Dominicana mediante la Résolución núm. 4505, del 21 de julio de 1956, y de conformidad con los estándares internacionales aplicables en materia de derechos humanos y erradicación del trabajo forzoso.