Santo Domingo, R. D.-La decisión del Tribunal Constitucional de excluir la vía de la acción de amparo a expolicías y exmilitares cercena la única oportunidad efectiva que tendrían los afectados para recibir una respuesta oportuna a las urgencias clamorosas de que los órganos constitucionales ofrezcan garantías y les brinden protección al ejercicio de sus derechos fundamentales, según lo sostuvo el juez José Alejandro Vargas.Más Noticias
Magistrado Vargas estima cercenan derechos de expolicías y militares
Santo Domingo, R. D.-La decisión del Tribunal Constitucional de excluir la vía de la acción de amparo a expolicías y exmilitares cercena la única oportunidad efectiva que tendrían los afectados para recibir una respuesta oportuna a las urgencias clamorosas de que los órganos constitucionales ofrezcan garantías y les brinden protección al ejercicio de sus derechos fundamentales, según lo sostuvo el juez José Alejandro Vargas.Vargas fijó su posición en un voto disidente que emitió a la sentencia TC0235-21, mediante la cual el Tribunal Constitucional estableció que no proceden las acciones de amparo que someten los exmilitares y expolicías en reclamo de su reincorporación, variando con ello su propio precedente.
En ese fallo, con el voto favorable de la mayoría, el TC dispuso que la vía para reclamar el reintegro es la contencioso-administrativa.
El TC justificó la variación en la disparidad de criterios existente en la línea jurisprudencial del Tribunal Constitucional entre las acciones interpuestas por los miembros de la Policía Nacional o de las Fuerzas Armadas contra sus respectivas instituciones, y las incoadas por los demás servidores públicos contra sus respectivas entidades en materia de desvinculación, por lo que emitió una sentencia unificadora.
“Estamos de acuerdo en que debe existir paridad entre ambos tipos de servidores públicos, sin embargo, consideramos que la solución era admitir la acción de amparo en los demás casos y no excluir de esta tutela constitucional, rápida y efectiva, a los miembros de los cuerpos castrenses y de la Policía Nacional,(…), expuso Vargas, excoordinador de los juzgados de la instrucción del Distrito Nacional.
Se preguntó: “¿Qué ocurrió que amerite el cambio de precedente? ¿Será que se modificó la legislación o qué ahora los tribunales darán preferencia a conocer el recurso contencioso administrativo en este tipo de conflicto?”
“Como respuesta a lo anterior, entendemos que nada ha cambiado y que la acción de amparo sigue siendo el mecanismo idóneo para responder a las violaciones en que se incurran o pudieran incurrir las instituciones policiales o castrenses al momento de una desvinculación; la acción de amparo sigue siendo la mejor forma de evaluar si se desarrolló un debido proceso disciplinario en respeto de los derechos y garantías constitucionales”, acotó.
Insistió que el amparo es la vía idónea para proteger el derecho al debido proceso y el derecho a la defensa no solo a las personas que hayan sido desvinculadas de las fuerzas castrenses, como siempre asumió este Tribunal Constitucional, sino también para conocer sobre las desvinculaciones de los demás servidores o empleados públicos.
En ese sentido, planteó que el TC debió unificar los criterios abriendo ese mecanismo para todos los que se encontraran en igual condición de desvinculación.
Santo Domingo, R.D.-Este lunes continuó el proceso penal por presunta corrupción contra el exprocurador general Jean Alain Rodríguez, el cual ha estado caracterizado por extensa cadena de incidentes presentados por la defensa de uno de los acusados, cuyas intervenciones —acompañadas de «lecturas de varias páginas» de teóricos del derecho — provocaron un llamado de atención por parte del tribunal.
Durante la audiencia, la presidenta del Segundo Tribunal Colegiado advirtió que, de mantenerse ese ritmo, el caso «va a ser interminable» y exhortó a los abogados del imputado Alfredo Alexander Solano a ceñirse exclusivamente a la jurisprudencia y a las disposiciones legales vinculadas con la tipificación de los delitos contenidos en la acusación.
Los defensores de Solano, Ybo René Sánchez y Manuel Sierra, formularon, entre las 10:00 de la mañana y la 1:00 de la tarde, cuatro solicitudes a las tres juezas del Segundo Tribunal Colegiado, como parte de un total de 24 incidentes que anunciaron presentarán antes de que se conozca el fondo del proceso, que lleva en la justicia casi cinco años.
Entre los pedimentos planteados por los togados Sánchez y Sierra figuran que el tribunal declare la inconstitucionalidad de tres artículos del Código Procesal Penal, también que se declare incompetente para conocer el expediente y la nulidad de la acusación. Asimismo, solicitaron que las magistradas ordenen al Ministerio Público archivar las imputaciones contra Solano y los demás acusados.
El conocimiento del caso permanece enfocado en la discusión de estos incidentes preliminares, mientras el Ministerio Público procura que se le dé inicio al análisis de la acusación principal y en la que se imputa a los que enfrentan el juicio de fondo defraudar al Estado con más de 6 mil millones de pesos.
Los llamó a resumir
La jueza Claribel Nivar Arias insistió a los dos únicos abogados que expusieron sus solicitudes este lunes a que resuman porque «si seguimos en este ejercicio, como va, va a ser interminable».
Les dijo que si citarán una doctrina o una jurisprudencia solo mencionen «el contexto de la jurisprudencia, o la doctrina aplicable a la casuística» que abordan.
«Es a ese punto que le estamos llamando la atención, sin coartarle el derecho que usted tiene de utilizar esa herramienta«, advirtió Nivar Arias.
«Lo que estamos es reclamando justicia»
Al salir de la audiencia, el abogado Ybo René Sánchez respondió a los periodistas que con los 24 incidentes que reclamarán al Segundo Tribunal Colegiado es que «se haga justicia».
- «Es que no es que el incidente retarde el proceso, lo que tenemos que ver es que nosotros estamos reclamando justicia, y cuando usted reclama justicia hoy por Alfredo (Solano), mañana por cualquiera de nosotros, no se puede hablar de que se está torpedeando la justicia», sostuvo el togado.
Camacho, «son cuestiones improcedentes»
El director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, calificó de «improcedentes» las peticiones de las defensas en el caso de corrupción que se le sigue a Jean Alain Rodríguez y a otras 14 personas físicas.
Dijo que, con la estrategia, los abogados reiteran «su intención de consumir tiempo«, y que lo único que «van a lograr es alargar su agonía porque tarde o temprano tendrán que enfrentarse a las pruebas» sometidas contra ellos.
- «Estamos escuchando a la defensa repetir una y otra vez los mismos incidentes, lo mismo que plantearon en la etapa intermedia, lo están repitiendo en el tribunal, a pesar de que el código prohíbe repetir los incidentes«, subrayó Camacho.
Explicó que cada una de las solicitudes son contrarias al derecho, como son «pretender que el tribunal declare inconstitucional artículos que fueron derogados por la reforma al Código Procesal Penal, o que este tribunal resuelva un tema de competencia que ya resolvió el Tribunal Constitucional y que también resolvió el Código Procesal Penal».
Santo Domingo, R.D.-faride Rafael, ministra de Interior y Policía, informó este lunes que las patinetas eléctricas serán categorizadas ‘dentro de un marco regulatorio claro y diferenciado’.
- La información fue suministrada, a través de una nota de prensa, al concluir la reunión de seguimiento al Plan de Seguridad Ciudadana que encabezó el presidente Luis Abinader.
‘Quedó claramente establecido que deben ser categorizadas, ya que existen diferentes tipos de patinetas y motocicletas eléctricas, con distintas modalidades y velocidades, lo que requiere una regulación diferenciada‘, indicó Raful de acuerdo a la nota.
En este sentido, la funcionaria explicó que el medio de transporte será evaluado para determinar cuáles requerirán placa, la edad mínima permitida para su uso, los requisitos de circulación y estándares de seguridad obligatorios para usuarios y equipos.
La ministra anunció que el próximo miércoles se realizará una reunión con la comisión técnica creada para evaluar la resolución del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), para regular y fiscalizar su uso con el objetivo de reducir riesgos y salvar vidas.
Conforme a la nota, Faride Raful precisó que el pasado miércoles sostuvieron un encuentro con el Intrant, su director, Milton Morrison, técnicos de la institución y la Asociación de Movilidad Eléctrica para definir políticas públicas de prevención, y avanzar hacia la emisión de una resolución definitiva.
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Apresan dos hombres supuestamente vinculados en muerte de joven en el municipio de Guerra.
Santo Domingo;- Dos hombres fueron detenidos por la Policía Nacional u sepersigue a un tercero por su presunta participación en la muerte de la joven Reynalda Carrasco Antoine, de 22 años, cuyo cuerpo fue hallado dentro de una cisterna en el sector El Capacito, municipio San Antonio de Guerra.
Por el hecho fueron arrestados Jason Stward Javier Cabral (a) “Copiloto”, de 24 años, y Pablo Antonio Calcaño Silverio (a) “Maiky”, de 43, quienes se encuentran bajo custodia en la División de Delitos Contra la Persona (Homicidios), tras ser capturados en flagrante delito.
Asimismo, las autoridades persiguen activamente a un hombre identificado solo con el alias “Patrón” y/o “Capital”, señalado como presunto autor principal del crimen.
Según el informe preliminar, los agentes investigadores fueron alertados sobre la presencia de una persona muerta en el interior de una cisterna. Al llegar al lugar, los agentes confirmaron el hallazgo del cuerpo de la joven.
Posteriormente, los miembros policiales procedieron con el el proceso de entrevistas y recolección de evidencias con el fin de identificar a los presuntos responsables.
En la escena fueron colectadas como evidencias una varilla de 28 pulgadas, cinta adhesiva de color blanco, varias muestras de sustancia pardo-rojiza y varios paños (wipers) con manchas, elementos que forman parte del proceso investigativo.
El caso se encuentra bajo investigación para esclarecer las circunstancias del hecho y determinar responsabilidades.
Los detenidos serán puestos a disposición del Ministerio Público, mientras continúan los operativos para capturar al prófugo.