Santo Domingo, RD.-El Quinto Concurso de Oposición para Aspirantes a Fiscalizadores fue anulado por el Consejo Superior del Ministerio Público (CSMP), el cual fue convocado el 30 de enero del pasado año para cubrir plazas en distintos distritos judiciales del país.Nacionales
Suspenden concurso de 2020 para aspirantes a fiscalizadores
Santo Domingo, RD.-El Quinto Concurso de Oposición para Aspirantes a Fiscalizadores fue anulado por el Consejo Superior del Ministerio Público (CSMP), el cual fue convocado el 30 de enero del pasado año para cubrir plazas en distintos distritos judiciales del país.El órgano rector del Ministerio Público estableció, mediante resolución, dispuso la anulación debido a las dificultades acaecidas durante la ejecución del concurso y que imposibilitan asegurar la fiabilidad de los resultados de las pruebas académicas y la transparencia del proceso.
Con la decisión quedó sin efecto la Quinta Resolución de la Segunda Sesión del Consejo Superior del Ministerio Público, de fecha 30 de enero del año 2020, que autoriza su realización y la Tercera Resolución de su décima sesión de fecha 25 de junio del año 2020 que modifica las bases de dicho concurso.
De acuerdo a informaciones obtenidas en Listín Diario, los aspirantes no habían sido seleccionados aún.
Las plazas concursadas, unas 220 en total, correspondían a jurisdicciones como las de Azua, Barahona, Dajabón, Distrito Nacional, Duarte, Elías Piña, Espaillat, Hato Mayor, Hermanas Mirabal, Independencia, La Altagracia, La Romana, La Vega, Las Matas de Farfán, María Trinidad Sánchez y Monseñor Nouel.
El CSMP establece en la resolución que la recepción de expedientes se ejecutó en la sede de la Procuraduría General de la República en el período comprendido entre el 16 y el 20 de marzo, destacando que durante esa fase la COVID-19 era catalogada como una pandemia por los organismos internacionales.
La decisión del consejo, presidido por la procuradora general, Miriam Germán Brito, está contenida en la primera resolución del acta de su décima sexta sesión ordinaria, de fecha 21 de julio de 2021. La decisión fue aprobada a unanimidad por el órgano integrado además por el procurador adjunto Rodolfo Espiñeira Ceballos, el procurador de corte Jonathan Baró Gutiérrez, la fiscal María Rosalba Díaz, y el fiscalizador Juan Gabriel Pereira.
Previo a la anulación del concurso, el Consejo Superior del Ministerio Público creó en enero pasado una comisión conformada por Jonathan Baró Gutiérrez, procurador de corte y miembro de ese alto órgano, y el director de la Unidad de Análisis Constitucional, a los fines de examinar y rendir un informe sobre el proceso llevado a cabo por el Instituto de Educación Superior Escuela Nacional del Ministerio Público con relación al concurso que fue suspendido en su tercera fase.
En ese sentido, destaca que como parte de los trabajos de esa comisión solicitó un informe a la rectora de la academia, Marien Montero Beard, sobre todo lo relativo a dicho concurso, el cual fue presentado en julio pasado al CSMP.
Anteriormente, en fecha 15 de abril del año 2021, el Consejo Académico del Instituto de Educación Superior Escuela Nacional del Ministerio Público había aprobado solicitar al Consejo Superior del Ministerio Público dejar sin efecto las resoluciones que dieron lugar al Quinto Concurso de Oposición para Aspirantes a Fiscalizadores.
Santo Domingo, R.D.-La defensa del imputado Lenin Torres y la persona moral Lenin Auto Import recusaron al juez Cirilo Salomón Sánchez del Quinto Juzgado de la Instrucción de Santiago, lo que generó el aplazamiento para el 9 de enero del 2025 de la audiencia preliminar del caso Falcón.
El abogado José de los Santos Hiciano argumentó la recusación en medio de un proceso que ha enfrentado múltiples retrasos. Este incidente ocurre poco después del arresto en Colombia de Erick Randiel Mosquea Polanco, señalado como líder de la red criminal.
El Ministerio Público, representado por los fiscales Yeny Liranzo, Reyna Jiménez y Pedro Martínez, calificó la recusación como infundada y extemporánea, reiterando su disposición para avanzar con el proceso judicial.
La operación Falcón desmanteló una red de crimen organizado que se dedicaba al narcotráfico, lavado de activos, tráfico de armas y otros delitos, movilizando miles de millones de pesos bajo la apariencia de actividades comerciales legítimas.
El Ministerio Público presentó una acusación formal contra más de 70 personas y entidades, aportando miles de documentos como pruebas. El desmantelamiento de la red contó con el apoyo de la DEA y otros organismos internacionales.
El aplazamiento prolonga un proceso que ha sido marcado por constantes recursos de la defensa. Las autoridades reiteraron su compromiso de garantizar justicia para un caso de alto impacto en la lucha contra el crimen organizado en el país.
Santo Domingo, R.D.-Un gran impacto podría tener la sentencia del Tribunal Constitucional de la República Dominicana en la redefinición de la participación política en el país.
El caso, conocido como TC/0788/24, declaró inconstitucionales los artículos 156 y 157 de la Ley 20-23 sobre el régimen electoral, disposiciones que regulaban de forma restrictiva las candidaturas independientes.
Esta decisión llega tras la acción de inconstitucionalidad interpuesta por Alberto Emilio Fiallo-Billini, quien argumentó que dichas normas «vulneran principios constitucionales como el pro-participación, la igualdad en derechos políticos y el pluralismo político».
Según el tribunal, estas disposiciones «imponían barreras desproporcionadas» al exigir que las candidaturas independientes cumplieran requisitos similares a los de los partidos políticos, lo que resultaba en una limitación al derecho fundamental a elegir y ser elegido.
El fallo, en esencia, podría allanar el camino para una mayor diversidad en las opciones políticas, así como reforzar el principio de participación ciudadana, al eliminar requisitos como la conformación de «cuadros directivos fijos» similares a la de las organizaciones políticas, para las candidaturas independientes.
En el caso del electorado, esto podría significar un aumento en las opciones políticas, especialmente en un contexto donde los partidos tradicionales a menudo dominan el escenario electoral. La posibilidad de que ciudadanos puedan presentar sus propuestas de forma independiente, sin depender de estructuras partidarias, generaría un mayor interés y nuevas opciones.
A pesar de mostrarse como una idea democrática, el éxito de este cambio dependerá en gran medida de la implementación de medidas que garanticen condiciones equitativas para las candidaturas independientes, así como los ajustes necesarios tanto a las legislaciones como a los procesos electorales.
Las candidaturas independientes plantean retos significativos, como la viabilidad financiera y organizativa. Será crucial que las autoridades electorales establezcan mecanismos claros y accesibles para garantizar que estas nuevas opciones no solo existan en papel, sino que puedan competir de manera efectiva.
La sentencia del Tribunal Constitucional marca un hito en la historia democrática de la República Dominicana. Su impacto real dependerá de cómo los actores políticos, el electorado y las instituciones electorales adopten esta nueva realidad.
La decisión del TC
En el proceso de aprobación, nueve jueces del Tribunal Constitucional votaron a favor de eliminar estos requisitos que exigían a las candidaturas independientes lo mismo que los partidos políticos, pero dos votaron en contra por considerar que el pleno se excedió en sus atribuciones y asumió funciones del Poder Legislativo.
La sentencia concluyó que había una “desconexión” entre el título y el contenido de los artículos impugnados, porque se condicionaba la posibilidad de participar como independiente a la creación de una organización política.
«El mecanismo previsto para la presentación de candidaturas independientes requiere la creación de agrupaciones políticas accidentales, estructuradas de manera similar a los partidos políticos tradicionales. Esto desnaturaliza la figura de las candidaturas independientes y limita su accesibilidad para quienes deseen optar por esta vía», indica el fallo.
El Tribunal Constitucional recomendó una nueva redacción de los artículos 152 y 157 para determinar los requisitos para presentar una candidatura independiente en los siguientes procesos electorales.
Santo Domingo, R.D.-La Republica Dominicana fue notificada de la entrada en vigor del acuerdo de transporte aéreos de Cielos Abiertos con Estados Unidos, según lo informó el presidente Luis Abinader.
Fue a través de una publicación en su cuenta de X (antiguo Twitter), donde el mandatario dominicano indicó que el país agotó los procedimientos necesarios para la entrada en vigencia del acuerdo, suscrito en agosto de este año por el ministro de Turismo, David Collado y el subsecretario de Crecimiento Económico, Energía y Medio Ambiente de Estados Unidos, José W. Fernández.
En ese sentido, a través de la misma red social, Abinader felicitó a la comisión integrada por Collado, Leonel Melo, Práxedes Castillo; la viceministra Patricia Mejía y Natacha Domínguez, así como el apoyo de Manuel Estrella, Monika Infante y Frank Elías Rainieri.
“¡Buenas noticias para la República Dominicana! Hemos sido notificados que han sido agotados los procedimientos necesarios para la entrada en vigor del Acuerdo de transporte aéreo “Cielos Abiertos” entre nuestro país y los Estados Unidos”, cita el mandatario.
Las autoridades dominicanas han dicho que este acuerdo busca fortalecer las conexiones aéreas entre ambos países, promoviendo la competencia, ampliando rutas y reduciendo los costos para los viajeros.
Según han informado, entre los beneficios previstos está el permitir a las aerolíneas de ambas naciones operar vuelos internacionales en rutas definidas, incluyendo transporte exclusivo de carga, escalas no comerciales y vuelos combinados.
Además, prometieron un aumento en la frecuencia de vuelos, tarifas más competitivas y una mayor diversidad de servicios. Según el presidente Luis Abinader, esta iniciativa representa un paso clave para el fortalecimiento de las conexiones internacionales y el desarrollo económico del país.
En noviembre de este año el Tribunal Constitucional (TC) revisó el acuerdo, el cual declaró constitucional.
La decisión, contenida en la Sentencia TC/0670/24, subraya que el acuerdo cumple con los principios de soberanía nacional, libre competencia y armonización con el ordenamiento jurídico dominicano. Sin embargo, la sentencia contó con un voto disidente del juez Domingo Gil, quien cuestionó que el texto no garantizara explícitamente la soberanía plena y exclusiva del país sobre su espacio aéreo.
Finalmente, el Tribunal ordenó remitir la sentencia al presidente para que proceda con la firma y el sometimiento del acuerdo en el Congreso Nacional, asegurando que las aerolíneas respeten las leyes locales y adopten prácticas comerciales justas y transparentes. Además, se contempla un mecanismo de resolución de controversias mediante arbitraje, lo que refuerza la seguridad jurídica del pacto.