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Contradicciones del PRM frente a la Operación Falcón.
El diputado Nelson Marmolejos acaba de declarar que no tiene nada que ver con la red de narcotráfico en el que se le involucra, pero ofrece un detalle que contradice lo planteado públicamente por el secretario Administrativo de la Presidencia y presidente del PRM, José Ignacio Paliza, en el sentido de que el que esté imputado en el escandalo debe responder ante la justicia.
Esa declaración de Paliza se contradice con lo dicho por Marmolejos en el sentido de que en una reunión del Partido Revolucionario Dominicano (PRM), se le impuso que no hable sobre el particular, lo cual quiere decir que esta organización ha armado una especie de estrategia para defender a los legisladores imputados y que son miembros o dirigentes del mismo.
Otro elemento que se agrega a la investigación es el hecho de que la distribuidora de energía Edenorte Dominicana envió una sobrecarga de electricidad al Palacio de Justicia de Santiago que provocó varios apagones y daños, lo cual no es atribuido por el Ministerio Publico a una casualidad en virtud de que en ese momento se desarrollaban trabajos relacionados con el caso Falcon.
Las sospechas sobre lo ocurrido si se asocia a lo dicho por Marmolejos se puede colegir que el PRM le ha dado algún manejo al asunto, aunque el diputado involucrado no explica si habla de la dirección de su partido en el municipio de Santiago o de la nacional, cuya sede es en Santo Domingo.
Sin embargo, lo ocurrido en el Palacio de Justicia genera serias preocupaciones en torno al manejo que le da el PRM a la Operación Falcón, sobre todo si se parte del hecho de que quien dirige a Edenorte es el presidente del partido de Gobierno en el municipio de Santiago, el ingeniero Andrés Cueto, donde precisamente tiene su principal lugar de operación la red de narcotráfico.
En el curso de las horas se agregan elementos muy preocupantes como el de la suspensión de un ejecutivo del departamento de lavado de activos de la Procuraduría General de la República por supuestamente servir desde ese cargo público a narcotraficantes.
Ahí podría estar la explicación de que los capos perseguidos logren desaparecerse cuando se producen los allanamientos, porque son informados por personas que trabajan en el sistema de justicia y en los cuerpos castrenses, así como en la Policía Nacional.
La situación planteada con esta poderosa red de narcotráfico es de una gran preocupación para el Estado, ya que nadie tiene dudas de que todo el andamiaje legal ha sido permeado por los que se mueven en el bajo mundo.
De acuerdo a lo que ha trascendido habrán muchas más sorpresas en lo que respecta a la cantidad de legisladores y políticos involucrados con los negocios del bajo mundo.
Santo Domingo, R.D.-La defensa del imputado Lenin Torres y la persona moral Lenin Auto Import recusaron al juez Cirilo Salomón Sánchez del Quinto Juzgado de la Instrucción de Santiago, lo que generó el aplazamiento para el 9 de enero del 2025 de la audiencia preliminar del caso Falcón.
El abogado José de los Santos Hiciano argumentó la recusación en medio de un proceso que ha enfrentado múltiples retrasos. Este incidente ocurre poco después del arresto en Colombia de Erick Randiel Mosquea Polanco, señalado como líder de la red criminal.
El Ministerio Público, representado por los fiscales Yeny Liranzo, Reyna Jiménez y Pedro Martínez, calificó la recusación como infundada y extemporánea, reiterando su disposición para avanzar con el proceso judicial.
La operación Falcón desmanteló una red de crimen organizado que se dedicaba al narcotráfico, lavado de activos, tráfico de armas y otros delitos, movilizando miles de millones de pesos bajo la apariencia de actividades comerciales legítimas.
El Ministerio Público presentó una acusación formal contra más de 70 personas y entidades, aportando miles de documentos como pruebas. El desmantelamiento de la red contó con el apoyo de la DEA y otros organismos internacionales.
El aplazamiento prolonga un proceso que ha sido marcado por constantes recursos de la defensa. Las autoridades reiteraron su compromiso de garantizar justicia para un caso de alto impacto en la lucha contra el crimen organizado en el país.
Santo Domingo, R.D.-Un gran impacto podría tener la sentencia del Tribunal Constitucional de la República Dominicana en la redefinición de la participación política en el país.
El caso, conocido como TC/0788/24, declaró inconstitucionales los artículos 156 y 157 de la Ley 20-23 sobre el régimen electoral, disposiciones que regulaban de forma restrictiva las candidaturas independientes.
Esta decisión llega tras la acción de inconstitucionalidad interpuesta por Alberto Emilio Fiallo-Billini, quien argumentó que dichas normas «vulneran principios constitucionales como el pro-participación, la igualdad en derechos políticos y el pluralismo político».
El fallo, en esencia, podría allanar el camino para una mayor diversidad en las opciones políticas, así como reforzar el principio de participación ciudadana, al eliminar requisitos como la conformación de «cuadros directivos fijos» similares a la de las organizaciones políticas, para las candidaturas independientes.
A pesar de mostrarse como una idea democrática, el éxito de este cambio dependerá en gran medida de la implementación de medidas que garanticen condiciones equitativas para las candidaturas independientes, así como los ajustes necesarios tanto a las legislaciones como a los procesos electorales.
La sentencia del Tribunal Constitucional marca un hito en la historia democrática de la República Dominicana. Su impacto real dependerá de cómo los actores políticos, el electorado y las instituciones electorales adopten esta nueva realidad.
La decisión del TC
En el proceso de aprobación, nueve jueces del Tribunal Constitucional votaron a favor de eliminar estos requisitos que exigían a las candidaturas independientes lo mismo que los partidos políticos, pero dos votaron en contra por considerar que el pleno se excedió en sus atribuciones y asumió funciones del Poder Legislativo.
«El mecanismo previsto para la presentación de candidaturas independientes requiere la creación de agrupaciones políticas accidentales, estructuradas de manera similar a los partidos políticos tradicionales. Esto desnaturaliza la figura de las candidaturas independientes y limita su accesibilidad para quienes deseen optar por esta vía», indica el fallo.
El Tribunal Constitucional recomendó una nueva redacción de los artículos 152 y 157 para determinar los requisitos para presentar una candidatura independiente en los siguientes procesos electorales.
Santo Domingo, R.D.-La Republica Dominicana fue notificada de la entrada en vigor del acuerdo de transporte aéreos de Cielos Abiertos con Estados Unidos, según lo informó el presidente Luis Abinader.
Fue a través de una publicación en su cuenta de X (antiguo Twitter), donde el mandatario dominicano indicó que el país agotó los procedimientos necesarios para la entrada en vigencia del acuerdo, suscrito en agosto de este año por el ministro de Turismo, David Collado y el subsecretario de Crecimiento Económico, Energía y Medio Ambiente de Estados Unidos, José W. Fernández.
En ese sentido, a través de la misma red social, Abinader felicitó a la comisión integrada por Collado, Leonel Melo, Práxedes Castillo; la viceministra Patricia Mejía y Natacha Domínguez, así como el apoyo de Manuel Estrella, Monika Infante y Frank Elías Rainieri.
Las autoridades dominicanas han dicho que este acuerdo busca fortalecer las conexiones aéreas entre ambos países, promoviendo la competencia, ampliando rutas y reduciendo los costos para los viajeros.
Según han informado, entre los beneficios previstos está el permitir a las aerolíneas de ambas naciones operar vuelos internacionales en rutas definidas, incluyendo transporte exclusivo de carga, escalas no comerciales y vuelos combinados.
En noviembre de este año el Tribunal Constitucional (TC) revisó el acuerdo, el cual declaró constitucional.
La decisión, contenida en la Sentencia TC/0670/24, subraya que el acuerdo cumple con los principios de soberanía nacional, libre competencia y armonización con el ordenamiento jurídico dominicano. Sin embargo, la sentencia contó con un voto disidente del juez Domingo Gil, quien cuestionó que el texto no garantizara explícitamente la soberanía plena y exclusiva del país sobre su espacio aéreo.