Editorial
Haití es una herida lacerante en el corazón de América.
Nadie puede negar que el drama del pueblo haitiano causa mucho estupor, no sólo en su vecino, sino en todo los lugares donde todavía queda un poco de sensibilidad humana.
El problema haitiano tiene razones internas, externas e históricas, por lo que es una responsabilidad compartida entre los propios ciudadanos de la nación más pobre del hemisferio y algunas potencias que han sabido sacarle provecho a sus riquezas naturales.
El drama que vive el pueblo haitiano no luce de tan fácil solución, dado que esta nación tiene un Estado sólo de derecho, no de hecho, porque está consignado en su constitución y en sus leyes adjetivas, pero no tiene capacidad operativa.
Es un desorden mayúsculo el que prevalece en el pueblo haitiano, donde las bandas armadas tienen más poder que las autoridades, cuyas legalidad y legítimidad no están muy claras.
Pero el problema tiene un alcance que parece que es la principal razón del caos prevaleciente y por consiguiente de la profundización de la pobreza y el sufrimiento del vecino país.
La continuación de las teorías sobre el pueblo haitiano ya cansan, saturan, porque cuando hay muchas soluciones de palabras y de discursos, pero nada en función de los hechos, lleva a cualquier posición al respecto a perder su total credibilidad.
Además, como puede un Estado como el dominicano, lleno de deficiencias y de carencias institucionales, trazar pautas en un país amigo cuando no ha sido capaz de resolver sus propios problemas.
Este periódico siempre ha sostenido que la República Dominicana tiene en el orden institucional sólo algunas diferencias con el pueblo haitiano y es que allí el Estado sólo existe de derecho, es decir, está plasmado en su Carta Magna y las leyes que la complementan, pero no de hecho y en el país existe de ambas maneras, sólo que su contaminación le quita la fuerza necesaria para organizar la sociedad.
De manera, que las diferencias no son tan grandes, porque mientras en Haití no hay Estado, el dominicano está profundamente contaminado y esas causas impiden que pueda disciplinar, fiscalizar y mejorar los niveles de regulación y de institucionalidad que se necesitan para sacar a buen camino al país.
Entonces, ni una ni la otra nación que ocupan la isla ha pedido superar los niveles de atrasos que las condenan al subdesarrollo y a unos niveles de vida desgraciados y dolorosos.
Por el momento, el Gobierno está obligado a diseñar políticas públicas en el orden de la migración, que aunque se apoyen en razones humanitarias, debe evitar que la llegada de haitianos al territorio nacional cree una crisis humanitaria, que de alguna manera, impacte peligrosamente a la República Dominicana.
Primero hay que pensar en el país y entonces y sólo después implementar políticas de solidaridad sin que las mismas se conviertan en una camisa de fuerza para la nación y que deje consecuencias que después se vuelvan irresolubles.
Basta ya de discursos sin resultados saludables para un problema que cada día toma dimensiones preocupantes para los haitianos y también para los dominicanos y aunque debe existir un plan en las dos direcciones, es decir, en trabajar lo suficiente para presionar a la comunidad internacional para que cambie la realidad haitiana de igual modo también se debe procurar garantizar un Estado funcional, regulador, fiscalizador y con mejores niveles institucionales para erradicar flagelos como la corrupción administrativa, el lavado de activos y el narcotráfico, entre otras vertientes de las razones que causan la desgracia nacional.
La promoción de la vía de hecho por la ineficacia de la justicia nacional, son muy pocos los quieren verla, unos por su baja formación y su pensamiento no profundo y otros porque son parte del mal.
Pero lo cierto es que el fenómeno constituye un problema de una magnitud insospechada y de una peligrosidad que amenaza las propias entrañas de la fallida democracia nacional.
El asunto no parece tener una solución fácil en razón de que tiene un componente profundamente político y cultural.
Los debilidad y la vocación de violar la ley suprema y las adjetivas de la noción puede echarlo todo a perder, sobre todo porque no se trata de un mal a nivel de una sola instancia publica, sino de todo el tejido social e institucional.
El nivel de la problemática del sistema de justicia nacional se podría convertir en una falta que también comprometa la responsabilidad civil y penal del Estado porque se trata de la violación de derechos humanos fundamentales protegidos por el derecho internacional,
Son múltiples y variadas las violaciones de los derechos fundamentales en que incurren los tribunales nacionales a través del no respeto de los plazos razonables y en consecuencia de la tutela judicial efectiva, el debido proceso y el derecho a la defensa.
Otros principios constitucionales violados por los actores del sistema de justicia son el de celeridad, economía procesal y el de analogía, así como el del juez natural y el de estatuir ante pruebas aportadas por las partes,
En realidad se trata de un asunto de una dimensión inmedible, cuya solución no parece tan simple y sencilla.
Ahora mismo puede decirse con toda seguridad que la ineficacia y contaminación politiquera del sistema de justicia produce en la nación un efecto que lo daña todo, absolutamente todo.
Es un verdadero cáncer que impacta todo el cuerpo social de la Republica Dominicana
La educación superior dominicana, que como bien se establece en el reportaje que aparece en la sección “De Portada” de este diario, implica un problema que debe motivar profundas reflexiones para que el país se avoque a pasar de la deficiencia a la calidad de la enseñanza universitaria.
Pero este es un asunto que sólo puede solucionarlo el Estado, el cual no está en capacidad de dar los pasos para que al cabo de algunos años el cuadro pueda dar un giro positivo.
La tendencia entre los dominicanos es sólo ver lo que está frente a ellos, sobre todo en materia de educación universitaria, pero no hay forma de llevar su mirada crítica a lo que requiere de un esfuerzo más profundo y exhaustivo.
El gran problema de la educación superior del país es que no sólo la situación depende de la negligencia y la deficiencia del Estado, sino que además que no se cuenta con una cultura para crear un cuerpo profesoral preparado para impartir docencia a nivel universitario, aunque, naturalmente, una cosa depende de la otra.
De manera, que los resultados no pueden ser peores, cuyos egresados, penosamente, terminan su carrera con una formación tan precaria que en la práctica son analfabetos funcionales.
Lo peligroso del fenómeno es que la sociedad está frente a médicos que puedan matar al paciente, ingeniero civil que construya una obra que puede caerle en la cabeza en cualquier momento a sus propietarios y un abogado que no puede asesorar idóneamente a su clientes y en consecuencia poner en peligro, por su poca formación, la tutela judicial efectivo, el debido proceso y el derecho a la defensa.
De manera, que el asunto no es como se puede ver a simple vista, sino que se trata de una deficiencia que aparte de hablar muy mal de toda la sociedad, amenaza la seguridad nacional, todo como resultado de un problema integral que impacta a todo el Estado.
Lo grave del problema es que no se ven soluciones fáciles en el camino, porque además la explicación de una educación superior fundamentada más en el negocio vulgar que en un plan nacional para lograr los índices de desarrollo del mundo competitivo de hoy, es parte de una cultura nacional y de un neoliberalismo salvaje que se lleva de paso todo lo bueno.
La realidad es que no es posible poner en orden las universidades nacionales, ya que en el país todo está contaminado con la politiquería, de arriba hacia abajo y lo contrario, de abajo hacia arriba.
Se impone entonces la siguiente pregunta: ¿Quién nos sacará del tremendo tollo de la educación superior nacional, aunque la respuesta más realista es que no hay una respuesta convincente y que satisfaga.
No son pocos los conflictos originados en sindicatos, clubes culturales y deportivos, cooperativas de ahorros y préstamos y los propios partidos políticos, que son asaltados por grupos de personas que los usan con fines muy particulares.
Puede decirse que se trata de un cáncer que resulta complicado erradicar, con el agravante que esa mala práctica es reproducida cuando personas con la misma filosofía de vida llegan a la administración pública, lo que explica la gran cantidad de casos de sustracciñn de fondos del patrimonio público.
Realmente el país está copado por los que piensan que deben llegar a este tipo de instituciones, las cuales no tienen fines de lucro, para manipular sus recursos y creerse incluso que es algo que legítimamente les pertenece.
Un ejemplo muy elocuente al respecto son los partidos políticos, los cuales son manejados como empresas privadas y propiedad de particulares, pese a que en realidad se trata de una figura que está legalmente regulada y que no puede ser jamás un patrimonio personal.
Pero el mismo problema es encontrado por doquier, cuyos propiciadores de este tipo de conducta sumergen a la sociedad en un gran dolor de cabeza.
El asunto ahora se puede ver con lo que ocurre en el Patronato Cibao contra el Cáncer, cuya institución juega un papel de primer orden para combatir una enfermedad tan severa y mortal como esa.
El problema del Oncológico del Cibao ha entrado ya a los tribunales competentes y sólo se espera un desenlace que tal vez no sea la panacea al problema, porque se van unos con un criterio equivocado en el manejo de este tipo de organizaciones, pero llegan otros que no difieren, absolutamente en nada, en la forma de ver el asunto.
Independiente de cual sea la decisión del tribunal que conoce el caso, debe admitirse que la sociedad dominicana está frente a una cuestión que lesiona lo más profundo de la sensibilidad humana, sobre todo porque no hay ningún tipo de arrepentimiento.
Hoy ha salido a la superficie el conflicto en el Patronato Cibao contra el Cáncer, pero la raíz del conflicto, con una explicacion profundamente cultural, es que una gran cantidad de instituciones sin fines de lucro hoy permanecen asaltados por grupos de «vividores» que ponen en tela de juicio las bases de la dominicanidad.