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El mismo esquema de corrupción implementó esposa de general en Conani.
Santo Domingo – Greybby María Cuello Coste, esposa del General Juan Carlos Torres Robiou, habría implementado en el Consejo Nacional de la Niñez (CONANI) el mismo esquema de corrupción administrativa que tenía su esposo en el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (CESTUR).
La afirmación la hace la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).
Está contenida en el expediente acusatorio contra Torres Robiou y otros 12 implicados en la operación Coral 5G.
El documento narra que la ex funcionaria del gobierno de Danilo Medina desde que fue designada en CONANI, solicitó al ministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, la designación de un personal militar.
El listado de este personal estaba encabezado, por quien guarda prisión preventiva por el caso Coral. Intentó nombrarlo como Director Financiero.
Solicitud de nombramientos
En la misma comunicación, Coste de Torres indica que “estaban vacantes los puestos de: encargado de departamento financiero, encargado de sección de compras y un director Administrativo y Financiero».
Por tal razón, los candidatos recomendados a ocupar dichas posiciones eran:
- Rafael Núñez de Aza como encargado del Departamento Financiero, con salario a devengar de DOP$125,000.00”, según acusación de la PEPCA.
- “Roberto Acevedo Tejada, como director administrativo y financiero con un salario a devengar de 160,000.000
- José Javier Rosario Pimentel, como encargado del departamento administrativo con un salario de 125,000.00
- Rafael Arturo Vargas, como encargado de la sección de compras y contrataciones con un salario de 80,000.00
Indica el Ministerio Público, que José Ramón Peralta aprobó la comunicación, sin embargo la Contraloría General y Ministerio de Administración Pública lo rechazaron.
La explicación de estas instituciones fue que militares no pueden ser designados en cargos administrativos.
Cambió designaciones para nombrarlos en CONANI
Ante el rechazo, la ex directora del CONANI y esposa de Torres Robiou, cambió las designaciones para hacerlas compatibles con funciones militares.
Sin embargo, en la práctica todos los mencionados ocupaban las funciones solicitadas en la comunicación a Peralta y el mismo sueldo solicitado, indica la acusación.
Viáticos con funciones falsas
“En los registros de los pagos de viáticos de los meses de julio y agosto 2020, se puede evidenciar que los nombrados Rafael Núñez de Aza, Roberto Acevedo Tejada y José Javier Rosario Pimentel, recibieron viáticos por DOP$307,200.00”, dice Ministerio Público.
La observación con relación a esos pagos es en razón de que estos viáticos fueron percibidos como Director Administrativo y Financiero, Encargado de Finanzas y Encargado Administrativo, respectivamente, cuando la función por la que estaban nombrados era únicamente de seguridad, según la acusación del caso Coral 5G.
El Ministerio Público establece que en el Comité de Compras del CONANI quien lo encabezaba era Rafael Núñez de Aza.
Lo hacia en representación de la máxima autoridad, la directora Greybby María Cuello de Torres.
Sobre Operación Coral 5G
La red de corrupción desmantelada con las operaciones Coral y Coral 5G movió al menos 4,500 millones de pesos, ha establecido el Ministerio Público durante la investigación.
A los oficiales de cuerpos castrenses, incluyendo generales, se les ha ocupado hasta el momento unas 125 propiedades.
La Operación Coral 5G se ejecutó en el marco de 49 allanamientos en el Distrito Nacional y las provincias Santo Domingo, Santiago y La Vega.
Santo Domingo, R.D.-A partir de este jueves, la Dirección General de Pasaportes comenzará formalmente la expedición del nuevo pasaporte electrónico en República Dominicana, informó su director, Lorenzo Ramírez en una visita realizada a Diario Libre.
Las citas para el público fueron abiertas el pasado 15 de enero y desde esa fecha, unos 3,200 usuarios han programado sus citas. En esta primera etapa solo podrán solicitar el nuevo documento quienes tengan el pasaporte vencido, posean menos de seis meses de vigencia, reporten pérdida, deterioro o agotamiento de páginas y aquellos que soliciten su libreta por primera vez.
La entrega del pasaporte ordinario, que tiene un costo 6,500 pesos con una vigencia de 10 años se realizará en 24 o 48 horas, dependiendo de la localidad y es una de las razones principales por las cuales el proceso VIP fue eliminado.
- También adelantó que los primeros pasaportes ordinarios deberían comenzar a circular la próxima semana.
Implementación gradual
El proceso será progresivo. Inicialmente se implementa en Santo Domingo y luego se extenderá a otras oficinas en el Distrito Nacional, Santiago, región norte, este y sur.
Durante el período de transición coexistirán la libreta tradicional y la electrónica, como parte de las «buenas prácticas internacionales».
«Entramos tarde al pasaporte electrónico, pero lo hicimos con tecnología de vanguardia«, afirmó Ramírez.
Servicio de repatriación incluido
Como valor agregado, el pasaporte ordinario electrónico incluirá un servicio de repatriación en caso de fallecimiento en el exterior, con cobertura de hasta 9,000 dólares.
El beneficio aplicará únicamente para pasaportes ordinarios vigentes y entrará en vigencia 60 días después de su emisión. Tendrá criterios específicos, incluyendo condiciones médicas preexistentes y plazos de notificación.
Además, la institución lanzará el programa «Pasaporte en Ruta«, mediante unidades móviles que ofrecerán el servicio en empresas, instituciones y provincias, con el objetivo de reducir la necesidad de desplazamiento.
Con la puesta en marcha del pasaporte electrónico, la Dirección General de Pasaportes asegura que el país se coloca a la par de los estándares internacionales en materia de seguridad documental y modernización de servicios.
Santo Domingo, R.D.-La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) calificó como «impostergable» el ordenamiento del sistema de tránsito terrestre en el país, advirtiendo que la falta de regulación real sobre las motocicletas se ha convertido en una amenaza directa para la seguridad ciudadana y la calidad de vida.
El vicepresidente ejecutivo de la entidad, Servio Tulio Castaños Guzmán, señaló que la fragilidad institucional y la «pasividad de las autoridades» han permitido que el parque de motocicletas opere prácticamente sin controles efectivos, vinculándose frecuentemente con la delincuencia y la alta siniestralidad vial.
Castaños Guzmán presentó cifras alarmantes que reflejan la magnitud del desafío, señalando que según datos de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), a inicios de este 2026, el número de motocicletas registradas en el país asciende a 3,872,238 unidades.
El jurista lamentó que, según organismos internacionales como World of Statistics, la República Dominicana figure entre las naciones con mayores tasas de mortalidad por accidentes de tránsito per cápita, registrando 65 decesos por cada 100,000 habitantes.
En estas estadísticas, los motoristas son el grupo más vulnerable y afectado.
Ineficacia en aplicación de la ley
Entre las causas principales del caos, la institución citó la violación sistemática de luces rojas y circulación por aceras o vía contraria, la ineficacia en la aplicación de la ley.
Igualmente, la ausencia de consecuencias reales para los infractores, la falta de coordinación entre las autoridades competentes.
Ante la gravedad de la crisis, Castaño Guzmán hizo un llamado al Gobierno y a los sectores sociales para adoptar decisiones responsables de manera inmediata, como declararse una emergencia nacional en materia de tránsito.
La propuesta incluye convocar a todos los sectores para coordinar soluciones y, sobre todo, establecer un régimen de sanciones efectivas que logre disuadir la conducción temeraria.
Para la entidad, la transformación del sistema de transporte no es solo una cuestión de movilidad, sino un requisito indispensable para garantizar la seguridad de la población dominicana.
Santo Domingo, R.D.-El presidente de la República, Luis Abinader, nombró a Andrés Modesto Cruz Cruz como nuevo director general de la Policía Nacional.
Ese decreto ordena su ascenso de general al rango de mayor general.
Luis Abinader, nombró a Andrés Modesto Cruz Cruz como nuevo director general de la Policía Nacional.Fuente externa
Trayectoria
La Presidencia de la República dijo en un comunicado que el mayor general Cruz Cruz cuenta con una amplia trayectoria dentro de la institución, caracterizada por el desempeño en áreas estratégicas de control, supervisión y gestión interna.
«Hasta su designación se desempeñaba como inspector general de la Policía Nacional (2023-2026) y previamente ocupó posiciones como director de Asuntos Internos, director regional Sur, director de Enlace entre el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional, y director de Control Interno, entre otras responsabilidades de alto mando», señala el comunicado.
El nuevo director de la Policía Nacional es ingeniero civil egresado de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU) y posee una maestría en Defensa y Seguridad Nacional por el Instituto Superior para la Defensa “General Juan Pablo Duarte y Díez”.
Su formación incluye programas especializados en liderazgo transformacional, investigación criminal, manejo de crisis, seguridad energética, protección de dignatarios y cooperación internacional, incluyendo capacitaciones con organismos de Estados Unidos, Israel y Colombia.
«A lo largo de su carrera ha recibido múltiples condecoraciones y reconocimientos, entre ellos la Medalla al Mérito del Servidor Público en Primera Categoría y distinciones otorgadas por las Fuerzas Armadas y la Dirección General de la Policía Nacional, en reconocimiento a su trayectoria y compromiso institucional», indica el comunicado de la Presidencia.
“La disposición se fundamenta en lo establecido en los artículos 255 y 256 de la Constitución de la República y en la Ley núm. 590-16, Orgánica de la Policía Nacional, que otorga al presidente la atribución de nombrar al director general de la institución entre oficiales generales activos. Asimismo, el decreto deroga el artículo 1 del Decreto núm. 557-23”, reseña el comunicado de prensa enviado desde la Presidencia de la República.