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algunas travesuras provocaron la destitución de ministra de la Juventud.
Santo Domingo, RD.-Varios escándalos han explotado en el ministerio de la Juventud, cuyo último terminó con las funciones de su titular, quien fue acusada hace algunos días de otorgar contratas a compañías de allegados a ella.
A inicios de noviembre, el Ministerio de la Juventud y su ministra fueron centro de escándalos a menos de un año de la renuncia de la anterior incumbente.
El exdirector jurídico de la institución gubernamental, José Manuel Vidal Tejeda, denunció unas supuestas irregularidades en un proceso de compra del ministerio dirigido por Luz del Alba Jiménez hasta su destitución este lunes.
En un informe que remitió a la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), a la de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig) y a la Contraloría General de la República, Vida Tejeda menciona de manera específica una licitación adjudicada de manera irregular a las compañías Gretmon y SketchProm, “bajo órdenes directas de Jiménez”.
Vidal Tejada denunció además que José Ramón Liria Paulino, encargado de Compras y Contrataciones de la entidad, le comunicó a él y a un empleado de tecnología de la institución el interés de la ministra de la Juventud para que sean esas empresas las escogidas para la consecución del contrato valorado en unos tres millones y versaba sobre equipos tecnológicos para la referida institución
“Cuando surge la situación de que el encargado de compras (José Ramón Liria Paulino) va a mi despacho a decirme a mí que la ministra me refirió que adjudicara esas dos compañías, yo le dije ‘bueno, déjame evaluar esas compañías para yo verificar’, cuando las evalúo paso por donde la ministra y le refiero al respecto”, explicó el exfuncionario en conversación con este medio cuando hizo pública la denuncia.
No obstante, Vidal Tejeda aseguró que cuando reporta esta situación a Recursos Humanos y luego hace lo propio con Jiménez, la ministra reiteró la orden dada por Liria Paulino.
Asimismo, afirmó que ante el informe que le presentó sobre la supuesta licitación, Jiménez le dijo que dicha acción atentaría contra sus intereses y los de su grupo.
Otros casos
El pasado 15 de noviembre, luego de depositar su denuncia formal ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Vidal manifestó que el esposo de la ministra de la Juventud, quien también es director de compras de otra institución pública, es quien tenía allí a la persona encargada de manipular los procesos de compra.
Además de señalar a Kelvin Méndez, como “quien realmente maneja el departamento de Compras de la institución”, Vidal Tejeda reportó otros procesos de compras irregulares, alegando que existía un sistema de “desmenuzamiento” de pagos para las adjudicaciones de mayor envergadura.
¿Cómo funcionaba?
El exdirector jurídico indicó que para evitar sospechas durante licitaciones públicas para los mayores contratos, el presunto modo de operación en el ministerio consistía en disfrazar como “compras directas”, las cuales no pasaban por la oficina jurídica.
Estas compras eran substancialmente menores al monto real, pero se realizaban tantas veces sean necesarias hasta pagar lo acordado con una empresa específica.
Como ejemplo puso el caso de un supuesto contrato de fumigación para el ministerio. Vidal Tejeda aseguró que ese trabajo valía alrededor de RD $39,000, pero fue adjudicado por más de RD $400,000, total que fue saldado en pagos periódicos de RD $45,000.
¿Cómo funcionan las licitaciones?
El exfuncionario le explicó a LISTÍN DIARIO que en casos de “compras mayores” (que exceden los RD $900,000) estas deben ser evaluadas por un comité, pasar por un proceso de comparación de precios y luego pasar a la elección de las ofertas de los participantes.
El problema con las compras realizadas durante la gestión de Jiménez, según Vidal Tejeda, es que hacían pasar compras mayores por directas (las que valen menos de RD$100,000), y el monto mayor es pagado mediante la apertura de muchos procesos menores, evadiendo los pasos anteriormente descritos.
Periodistas de Listín Diario consultaron el portal de la Dirección de Compras y Contrataciones, el cual indica que desde enero de 2021 hasta la fecha, el Ministerio de la Juventud ha realizado 94 procesos de compras, de las cuales unas 63 (67,02%) han sido por debajo del umbral; otras 24 compras han sido catalogadas menores para un 25,53% y 7 comparaciones de precios para un 7.45% del total.
Proceso
“En lo relativo al proceso de compras por comparación de precios número MJ-CCC-CP-2021-0006, para la adquisición de equipos tecnológicos a ser utilizados en esta institución, informamos que luego de que el Comité de Compras evidenció que las ofertas técnicas presentadas por los oferentes no estaban conforme a los ítems, y las cantidades es¬pecíficas establecidas y solicitadas en la ficha técnica del pliego de condiciones, procedió a declarar desierto el proceso en fecha 21 de octubre 2021”, cita un comunicado emitido por el ministerio ante la denuncia de Vidal.
Igualmente señalaron que el Comité de Compras del Ministerio, del cual era miembro Vidal Tejeda, ejerciendo el pleno poder que le otorga la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones, ya había declarado desierto dicho proceso, razón por la cual justifican que se “demuestra que los miembros actuaron conforme a su criterio y sustentado en la libertad que el marco jurídico le otorga, lo que también evidencia que, si no se completó dicho proceso, no existen irregularidades sobre el mismo”.
Vidal Tejada fue destituido del cargo que ocupaba «por conveniencia en el servicio».
Destitución de ministra
Mediante el decreto 786-21, el presidente Luis Abinader destituyó este lunes a la ministra de la Juventud, Luz del Alba Jiménez, luego de que se denunciaran estas irregularidades en la institución.
Hace tres semanas, la direción de Compras y Contrataciones abrió una investigación a la ministra de la Juventud por las mismas denuncias.
Santo Domingo.- Los contratos de concesion minera suscritos en el Estado dominicano y la Falcombridge Dominicana, S.A. (Falcondo) fueron cancelados por el Tribunal Superior Administrativo (TSA), poniendo fin a una relación contractual de casi siete décadas sobre la concesión Quisqueya I, ubicada entre las provincias La Vega y Monseñor Nouel.
La decisión fue adoptada por la Segunda Sala del TSA, presidida por el magistrado Antonio O. Sánchez Mejía e integrada por los jueces Úrsula J. Carrasco Márquez y Edward A. Abreu, mediante la sentencia núm. 0030-03-2026-SSEN-00332, de fecha 12 de agosto de 2026.
El fallo alcanza los contratos suscritos el 24 de diciembre de 1956 y el 26 de septiembre de 1969.
La acción fue interpuesta en julio de 2025 por el Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (FONPER), en representación del Estado dominicano, tras identificarse incumplimientos relacionados con la explotación de los yacimientos, obligaciones económicas y laborales, así como con la presentación de informes técnicos exigidos por la legislación minera.
Entre los elementos valorados por el tribunal figura la paralización de las operaciones productivas de Quisqueya I desde el 17 de noviembre de 2023, conforme a una certificación de la Dirección General de Minería.
El TSA también tomó en cuenta que Falcondo no presentó los informes semestrales de progreso correspondientes a 2023, 2024 y 2025, ni los informes anuales de operaciones de 2023 y 2024.
La terminación de los contratos se produce en medio de una crisis marcada por el cese abrupto de las operaciones de Falcondo.
Tras la paralización de noviembre de 2023, la empresa entró en una etapa de cuidado y mantenimiento, sin ejecutar un plan de cierre ordenado, situación que derivó en la desvinculación de trabajadores y en incumplimientos de compromisos con empleados, contratistas y suplidores locales.
En 2024, más de 900 trabajadores fueron desvinculados y recibieron sus prestaciones laborales mediante la intervención del FONPER, en representación del Estado dominicano.
A estos se sumó un grupo de exempleados cuyos contratos fueron terminados en marzo de 2026 y que mantiene reclamaciones laborales pendientes que, según sus voceros, ascienden a unos RD$300 millones.
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Propietarios de Vidal Plast, acusados de explosión en San Cristóbal, son declarados no culpables
Santo Domingo, R.D.-No culpables fueron declarados los propietarios de la empresa Vidal Plast por el Segundo Tribunal Colegiado de San Cristóbal, quienes estaban acusados de la explosión en la provincia San Cristóbal que dejó un saldo de 38 fallecidos el 14 de agosto de 2023.
La jueza Wilma Altagracia Cuello descargó a los imputados, Edward Armando Vidal Garrido, su esposa, Maribel Sandoval Almánzar, y su hija, Mercedes Altagracia Vidal, quienes son propietarios de Vidal Plast.
Al salir de la audiencia, los familiares de las víctimas de la tragedia se mostraron a favor de la decisión de la magistrada, al considerar que la familia Vidal no era la responsable de los hechos que se le imputaban.
Ante esto, pidieron que se inicie una nueva investigación con el fin de dar con los “verdaderos responsables” de la explosión que dejó más de una decena de heridos.
En 2023, tras ser acusada por el Ministerio Público, la empresa Vidal Plast expresó su “gran sorpresa e indignación” por la responsabilidad que se le atribuye en un comunicado del Ministerio Público y resaltó que “somos una empresa familiar que, con apego a las leyes, desde 2003 se dedica a la compra y venta de materiales plásticos que reciclamos convirtiéndolos en materia prima”.
La explosión en San Cristóbal se registró alrededor de las 3:10 de la tarde del 14 de agosto de 2023. Los bomberos explicaron que se creó una deflagración de llamas que generaron ondas expansivas hacia los laterales y hacia el techo del comercio ubicado en la calle Padre Ayala, casi esquina J. Peynado, epicentro del evento.
El siniestro dejó un saldo de 38 las víctimas, 59 personas que sufrieron lesiones de leves a graves, más de 12 viviendas afectadas y al menos 70 negocios afectados.
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El destituido director de la PN sólo duró seis meses en la dirección de la Policía Nacional
Santo Domingo, R.D.-Andres Modesto Cruz Cruz, destituido director de la Policia Nacional, sólo duró seis meses en el cargo, quien además fue colocado en estado de retiro tras el cese de sus responsabilidades.
Su gestión termina marcada por dos hechos que han sacudido al país. Uno de ellos es el paro en el municipio de Navarrete, que inicialmente fue convocado por 48 horas, sin embargo, se extendió por 24 horas más ante la falta de respuestas a los reclamos planteados por los sectores.
La protesta se realizó con el fin de que las autoridades brinden soluciones a los problemas que, según los grupos populares, afectan a las comunidades de Navarrete. Entre las denuncias que los comunitarios realizan están la falta de agua potable, la terminación y reubicación del vertedero municipal y la mejora del servicio eléctrico.
Sin embargo, tras las 72 horas de protestas, los grupos populares decidieron levantar el paro y conceder un plazo de 15 días para esperar el desarrollo de las conversaciones con las autoridades. Concluida la espera, evaluaran las respuestas y determinaran las acciones que asumirán en caso de que sus demandas no sean atendidas.
Asimismo, un hecho que marcó el quinto mes de Modesto Cruz y, que dio inicio a debates sobre los protocolos policiales y el uso de la fuerza, fue la muerte de Darlin Mercado Reyes: un joven de 19 años, residente del sector La Cañada de Guajimía, en Herrera, que falleció tras resultar herido de bala durante una actuación policial.
Posteriormente, Mercado se acercó al agente para indicarle que el vehículo era de su propiedad y, es en ese momento, cuando sin mediar palabras, le disparó en el tórax ocasionándole la muerte de manera instantánea.
Más tarde, los agentes observados en el video fueron suspendidos y, durante el conocimiento de la medida de coerción, el juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste, impuso un año de prisión preventiva como medida de coerción contra Moreta. El imputado fue llevado a una celda de máxima seguridad en el Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras.
Modesto Cruz Cruz asumió el cargo el 17 de febrero del año en curso luego de haberse desempeñado como inspector general de la Policía. En el momento, había sustituido al mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta quien, tras su salida, fue designado como asesor del presidente en materia policial.
Dentro de las funciones que desempeñó Modesto, previo a su labor como director, se encuentran la de director central de Asuntos Internos (DICAI), director regional Sur y subinspector general. Además, formó parte de posiciones en recursos humanos, protección y servicios especializados, seguridad preventiva y dependencias operativas.
Obtuvo reconocimientos como la medalla al mérito del servidor público, merito aéreo distintivo azul y la orden al mérito naval. De igual forma, recibió cartas de felicitaciones por su desempeño durante procesos electorales y operativos preventivos de alcance nacional.
Al asumir el cargo, Cruz se había comprometido a continuar el trabajo de Peralta en cuanto a la reducción de la tasa de criminalidad. Aseguró que en su gestión sus ejecutorias laborales no procurarían la acumulación paulatina de poder y posiciones jerárquicas.
Con la nueva designación queda derogado el artículo 1 del Decreto número 111-26, del 17 de febrero del 2026, mediante el cual había sido designado al ex director Andrés Modesto Cruz Cruz.