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Gente, vehículos y equipos informáticos necesita la Policía Nacional, dice grupo para la reforma de la institución del orden.

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Santo Domingo, RD.-Los hallazgos encontrados por el grupo que busca la reforma de la Policía Nacional consisten en la falta de recursos humanos, transporte y profesionalización del órgano.

Ocho meses después de la conformación del grupo, mediante el decreto 211-21, este lunes presentaron un informe en el que indican que la falta de presupuesto ha mantenido totalmente inoperante desde hace 7 años la unidad aérea policial (helicóptero). 

Asimismo, exponen que los vehículos disponibles, entre ellos motocicletas y carros de patrullas, no dan abasto para las operaciones en todo el país y los procesos de adquisición de bienes y servicios son lentos, “lo que dificulta la operatividad”.

“No existe un stock de piezas automotrices para mantener la operación constante”, agregan.

En la Dirección de Asuntos Internos, encargada de investigar las violaciones del régimen ético y las faltas cometidas por sus miembros, resalta la falta de equipo tecnológico para hacer los trabajos de vigilancia (cámaras, video grabadoras, drones, celulares). 

“Las unidades utilizan sus teléfonos personales para realizar investigaciones”, señala el grupo de trabajo, el que agrega que también sufren la falta de vehículos para realizar trabajos diarios, con tan solo tres vehículos nuevos para cubrir todo el país.

Pese a las condiciones encontradas en esta área, en la que encontraron duplicidad de funciones con la Inspectoría General de la Institución, el grupo de trabajo señaló que el departamento cuenta con un personal motivado y abierto al cambio.

Mientras que la Dirección Central de Prevención presenta la necesidad de personal entrenado y calificado, además de armamento policial, equipos informáticos, el equipo básico para la operatividad del agente policial y equipos portátiles de radio.

Además carecen de cámaras de vigilancia y un centro de comando y control policial.

Sobre el Instituto Policial de Educación, consideraron necesario el fortalecimiento del presupuesto operativo y la mejoría de la infraestructura, descrita como precaria. 

“La situación es tan precaria que la mayor parte del tiempo el personal paga de su salario las reparaciones y compra de insumos”, señalan en el informe.

Sobre los recursos humanos

Además de que los recursos humanos son insuficientes en la mayoría de las áreas, entre ellas la Dirección de Soporte y Control del cuerpo del orden; existe una mala distribución de los mismos, “debido a la injerencia de factores externos (injerencia política autorizada y no autorizada)”.

El equipo de trabajo considera que la Policía tiene recursos humanos motivados, pero ese mismo personal está escéptico y resentido por causa de la ausencia o mala aplicación de las normas institucionales.

Asimismo, existe un grave trastorno debido al retraso en la aplicación de las normas sobre ascensos, con personas de más 12 años con el mismo rango.

El Área Legal no cuenta con el personal que tenga conocimientos y experiencia en áreas vitales como compras y contrataciones públicas, derecho constitucional, derecho administrativo y derecho civil.

En el cuerpo policial tampoco existe una capacitación permanente y continua de sus unidades.

Por otro lado, además de falta de recursos humanos y vehículos, la Dirección de Policía de Investigación señaló que confrontan algunas dificultades en su relación con el Ministerio Público para establecer estrategias de investigación.

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Tras csi 70 años TSA cancela concesión minera a Falcondo.

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Santo Domingo.- Los contratos de concesion minera suscritos en el Estado dominicano y la Falcombridge Dominicana, S.A. (Falcondo) fueron cancelados por el Tribunal Superior Administrativo (TSA), poniendo fin a una relación contractual de casi siete décadas sobre la concesión Quisqueya I, ubicada entre las provincias La Vega y Monseñor Nouel.

La decisión fue adoptada por la Segunda Sala del TSA, presidida por el magistrado Antonio O. Sánchez Mejía e integrada por los jueces Úrsula J. Carrasco Márquez y Edward A. Abreu, mediante la sentencia núm. 0030-03-2026-SSEN-00332, de fecha 12 de agosto de 2026.

El fallo alcanza los contratos suscritos el 24 de diciembre de 1956 y el 26 de septiembre de 1969.

La acción fue interpuesta en julio de 2025 por el Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (FONPER), en representación del Estado dominicano, tras identificarse incumplimientos relacionados con la explotación de los yacimientos, obligaciones económicas y laborales, así como con la presentación de informes técnicos exigidos por la legislación minera.

Entre los elementos valorados por el tribunal figura la paralización de las operaciones productivas de Quisqueya I desde el 17 de noviembre de 2023, conforme a una certificación de la Dirección General de Minería.

El TSA también tomó en cuenta que Falcondo no presentó los informes semestrales de progreso correspondientes a 2023, 2024 y 2025, ni los informes anuales de operaciones de 2023 y 2024.

La terminación de los contratos se produce en medio de una crisis marcada por el cese abrupto de las operaciones de Falcondo.

Tras la paralización de noviembre de 2023, la empresa entró en una etapa de cuidado y mantenimiento, sin ejecutar un plan de cierre ordenado, situación que derivó en la desvinculación de trabajadores y en incumplimientos de compromisos con empleados, contratistas y suplidores locales.

En 2024, más de 900 trabajadores fueron desvinculados y recibieron sus prestaciones laborales mediante la intervención del FONPER, en representación del Estado dominicano.

A estos se sumó un grupo de exempleados cuyos contratos fueron terminados en marzo de 2026 y que mantiene reclamaciones laborales pendientes que, según sus voceros, ascienden a unos RD$300 millones.

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Propietarios de Vidal Plast, acusados de explosión en San Cristóbal, son declarados no culpables

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Santo Domingo, R.D.-No culpables fueron declarados los propietarios de la empresa Vidal Plast por el Segundo Tribunal Colegiado de San Cristóbal, quienes estaban acusados de la explosión en la provincia San Cristóbal que dejó un saldo de 38 fallecidos el 14 de agosto de 2023.

La jueza Wilma Altagracia Cuello descargó a los imputados, Edward Armando Vidal Garrido, su esposa, Maribel Sandoval Almánzar, y su hija, Mercedes Altagracia Vidal, quienes son propietarios de Vidal Plast.

Al salir de la audiencia, los familiares de las víctimas de la tragedia se mostraron a favor de la decisión de la magistrada, al considerar que la familia Vidal no era la responsable de los hechos que se le imputaban.

Ante esto, pidieron que se inicie una nueva investigación con el fin de dar con los “verdaderos responsables” de la explosión que dejó más de una decena de heridos.

“Que caigan los verdaderos culpables, que nuestros familiares puedan por lo menos descansar en paz. La fiscalía elaboró una narrativa equivocada y de mala fe. Los Vidal no tenían nada que ver con eso, a los demás que estaban involucrados nunca los mencionaron”, expresaron los familiares.

En 2023, tras ser acusada por el Ministerio Público, la empresa Vidal Plast expresó su “gran sorpresa e indignación” por la responsabilidad que se le atribuye en un comunicado del Ministerio Público y resaltó que “somos una empresa familiar que, con apego a las leyes, desde 2003 se dedica a la compra y venta de materiales plásticos que reciclamos convirtiéndolos en materia prima”.

La explosión en San Cristóbal se registró alrededor de las 3:10 de la tarde del 14 de agosto de 2023. Los bomberos explicaron que se creó una deflagración de llamas que generaron ondas expansivas hacia los laterales y hacia el techo del comercio ubicado en la calle Padre Ayala, casi esquina J. Peynado, epicentro del evento.

El siniestro dejó un saldo de 38 las víctimas, 59 personas que sufrieron lesiones de leves a graves, más de 12 viviendas afectadas y al menos 70 negocios afectados.

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El destituido director de la PN sólo duró seis meses en la dirección de la Policía Nacional

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Santo Domingo, R.D.-Andres Modesto Cruz Cruz, destituido director de la Policia Nacional, sólo duró seis meses en el cargo, quien además fue colocado en estado de retiro tras el cese de sus responsabilidades.

Su gestión termina marcada por dos hechos que han sacudido al país. Uno de ellos es el paro en el municipio de Navarrete, que inicialmente fue convocado por 48 horas, sin embargo, se extendió por 24 horas más ante la falta de respuestas a los reclamos planteados por los sectores.

La protesta se realizó con el fin de que las autoridades brinden soluciones a los problemas que, según los grupos populares, afectan a las comunidades de Navarrete. Entre las denuncias que los comunitarios realizan están la falta de agua potable, la terminación y reubicación del vertedero municipal y la mejora del servicio eléctrico.

Sin embargo, tras las 72 horas de protestas, los grupos populares decidieron levantar el paro y conceder un plazo de 15 días para esperar el desarrollo de las conversaciones con las autoridades. Concluida la espera, evaluaran las respuestas y determinaran las acciones que asumirán en caso de que sus demandas no sean atendidas.

Asimismo, un hecho que marcó el quinto mes de Modesto Cruz y, que dio inicio a debates sobre los protocolos policiales y el uso de la fuerza, fue la muerte de Darlin Mercado Reyes: un joven de 19 años, residente del sector La Cañada de Guajimía, en Herrera, que falleció tras resultar herido de bala durante una actuación policial.

Posteriormente, Mercado se acercó al agente para indicarle que el vehículo era de su propiedad y, es en ese momento, cuando sin mediar palabras, le disparó en el tórax ocasionándole la muerte de manera instantánea.

Más tarde, los agentes observados en el video fueron suspendidos y, durante el conocimiento de la medida de coerción, el juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste, impuso un año de prisión preventiva como medida de coerción contra Moreta. El imputado fue llevado a una celda de máxima seguridad en el Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras.

Modesto Cruz Cruz asumió el cargo el 17 de febrero del año en curso luego de haberse desempeñado como inspector general de la Policía. En el momento, había sustituido al mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta quien, tras su salida, fue designado como asesor del presidente en materia policial.

Dentro de las funciones que desempeñó Modesto, previo a su labor como director, se encuentran la de director central de Asuntos Internos (DICAI), director regional Sur y subinspector general. Además, formó parte de posiciones en recursos humanos, protección y servicios especializados, seguridad preventiva y dependencias operativas.

Obtuvo reconocimientos como la medalla al mérito del servidor público, merito aéreo distintivo azul y la orden al mérito naval. De igual forma, recibió cartas de felicitaciones por su desempeño durante procesos electorales y operativos preventivos de alcance nacional.

Al asumir el cargo, Cruz se había comprometido a continuar el trabajo de Peralta en cuanto a la reducción de la tasa de criminalidad. Aseguró que en su gestión sus ejecutorias laborales no procurarían la acumulación paulatina de poder y posiciones jerárquicas.

Con la nueva designación queda derogado el artículo 1 del Decreto número 111-26, del 17 de febrero del 2026, mediante el cual había sido designado al ex director Andrés Modesto Cruz Cruz.

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