Editorial
La señal de la muerte de un imperio.
La invasión de Rusia a Ucrania presagia un aumento de la tensión entre las superpotencias en el mundo, dado que todo parece producirse frente al deterioro o disminución del poder decisivo de los Estados Unidos.
El mundo observó hace algunos meses como los Estados Unidos tuvieron que prácticamente abandonar humillados a Afganistán y tolerar la reinstalación en el poder de los ya famosos talibanes.
El aeropuerto internacional de este país, localizado en su capital Kabul, fue el escenario de un espectáculo en el que el imperio del norte quedó derrotado, degradado y también humillado con personas que huían en diferentes direcciones y colgados de los aviones ante la amenaza del retorno al poder de los fundamentalistas.
Ese cuadro dejó más que clara la degradación del imperio norteamericano en razón de que sus militares tenían el control del aeropuerto, pero aun así la gente no sentía seguridad y corría con desesperación para encaramarse en un avión para irse del país con el riesgo de perder su vida.
El caso de los Estados Unidos fue como cuando un león, el rey de la selva, está desganado como consecuencia de una enfermedad que disminuye a prácticamente nada su agresividad.
Ahora la historia se repite con lo ocurrido en Ucrania, cuya acción de Rusia ha dejado en una actitud contemplativo a los Estados Unidos, cuya reacción tiene su explicación en el proceso de degradación que sufre.
Los hechos hablan por sí solo de la tan mencionada degradación o camino a la desaparición del imperio norteamericano, cuyas consecuencias todavía pueden ser peores en los diferentes terrenos donde tiene fortalezas, como los organismos económicos multilaterales.
Podría decirse que la invasión a Ucrania no ha sido más sanguinaria porque los Estados Unidos ante su evidente debilidad ha decidido o no ha podido tomar acción militar para ayudar a un aliado que ha implorado por el auxilio de occidente.
Si bien es cierto que regularmente los imperios respetan el territorio de su contrario, parece que esa no ha sido del todo la causa que ha impedido una reacción diferente de los Estados Unidos.
El precedente sentado por Rusia, que se ha negado a escuchar el pedido del concierto de países de la comunidad internacional de que no invadiera a Ucrania, plantea la posibilidad que esta superpotencia no detenga su política intervencionista en aquellos naciones que se nieguen a acoger su pedido como Suecia y Finlandia, los cuales ya han sido advertidos de no ingresar a la OTAN.
La degradación del imperio norteamericano es todavía una hipótesis, pero la realidad del asunto podrá comprobarse con lo que pueda ocurrir en el curso de los días por venir.
Lo cierto es que lo ocurrido en Ucrania permite a Rusia continuar con sus pretensiones imperiales, sobre todo después de la comprobada debilidad de los Estados Unidos como imperio hegemónico del mundo.
Ya veremos.
Nadie en la República Dominicana se atrevería a negar que los partidos políticos lo han contaminado todo, absolutamente todo.
Es un mal general que contrarrestarlo costará mucho esfuerzo y un periodo largo en el tiempo, pero que su impacto lo destruye todo en su camino.
Cada día surge una nueva prueba del daño que causan los partidos políticos a la democracia nacional y en consecuencia su descredito alcanza niveles insospechados en la sociedad.
Hace pocos días que hasta el otorgamiento y anulación de una visa hacia los Estados Unidos estaba determinada muchas veces por la contaminación proveniente de la partidocracia, ya que esa es una vía de desacreditar al contrario, cuya revelación vino de la actual embajadora de esa nación en el país.
Pero las cosas son peores de ahí, porque los partidos políticos aparte de ser responsables de la tragedia nacional que conlleva la corrupción administrativa que propician y promueven, también tienen una influencia decisiva en la escogencia de los jueces del sistema de justicia nacional.
Ahí está la explicación de tantas demandas que son declaradas inadmisibles por los tribunales nacionales, porque en realidad se trata de la vía más fácil para quitarse de encima un proceso que podría comprometer el empleo de los jueces.
De manera, que se impone despolitizar el Consejo Nacional de la Magistratura, el cual está dominado por la partidocracia, cuyos postulantes a jueces y aquellos que deben ser evaluados tienen que someterse al tráfica de influencia y el modo operandi de los partidos políticos para ser elegibles.
Por qué no cambiar la conformación del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) para que sus miembros provengan de las universidades pública y privadas, el Colegio Dominicano de Abogados, la Suprema Corte de Justicia y de jueces de carrera con largos años de ejercicio.
De no ser así, muy difícilmente podremos mejorar el Estado Social Democrático de Derecho como lo consigna la constitución de la República, porque la manipulación de la designación de los jueces, sobre todo para buscar impunidad, contamina y daña todo el sistema público del país y destruye la democracia.
Los dominicanos somos los mejores testigos del deterioro que sufre la confianza pública por las graves violaciones a la seguridad jurídica y el criterio con que se maneja la partidocracia.
Decir que el país tiene una buena imagen en el combate de la corrupción administrativa, es pretender tapar el sol con un dedo, porque los casos de este tipo generalmente quedan en la impunidad.
El problema tiene una envergadura que asusta, porque no hace muchos días que se repitió la historia de que primero cualquier aspirante presidencial tiene que verse involucrado en escandalosos actos de corrupción para que la misma tenga alguna legitimidad.
Esa historia lamentable acaba de repetirse con Gonzalo Castillo, quien fue absuelto de los cargos que pesaban en su contra por la comisión de no cualquier sustracción de dinero del patrimonio nacional.
Pero lo propio se repite constantemente, dado que el Ministerio Público sólo pretende buscar sanciones penales para los casos que tienen importancia mediática, ya que este órgano del Estado en la práctica no tiene ningún nivel de eficiencia, cuyo rol es fundamentalmente politiquero.
Es decir, que hablar de transparencia en la sociedad dominicana es una aspiración que todavía falta un largo camino por recorrer, dado que desde la propia Presidencia de la Republica se producen fuertes y preocupantes atentados a la seguridad jurídica, pese a que se quiere pregonar lo contrario.
Basta con revisar los desacatos que se producen al sistema de justicia constitucional, los cuales tienen como protagonistas a los órganos del Estado, pero preocupantemente al propio presidente de la República que viola la Constitución de la República cuando le viene en gana.
Transparencia Internacional antes de emitir su informe debió consultar los archivos del Tribunal Constitucional para que entonces emitiera una valoración más acorde con la realidad, lo cual conoce muy bien su dependencia nacional como lo es Participación Ciudadana.
Es una insensatez y una desproporción afirmar que el país está bien en transparencia pública y en el combate a la corrupción cuando todo el mundo sabe que la impunidad es un elemento con raíces culturales y que es promovida por los que tienen el control del Estado.
La falta de transparencia, la poca confianza pública y carencia del respeto a la poca seguridad jurídica que prevalece en el país son de las falencias a combatir para el logro de una mejor democracia.
Por qué nos meten gatos por liebres, aunque no hay que escudriñar mucho para encontrar la respuesta.
La República Dominicana atraviesa por un trance muy peligroso que tiene ver con que quien tiene que velar por el respeto del orden jurídico nacional es el primero que lo viola.
Son numerosos las veces que Luis Abinader incurre en el mismo problema, lo cual implica que o no tiene claras sus funciones y responsabilidades o sencillamente de que se está frente a un gobierno irresponsable.
El país lleva años montado en el mismo caballo, ya que los niveles de ignorancia y de improvisación del presidente Abinader dejan la sensación de que el orden legal es lo que menos importa.
La gravedad de este problema tiene un impacto en la comunidad internacional en razón de que las normas del derecho interno tienen una conexión determinante con aquellas provienen del derecho externo.
Este comportamiento del presidente Abinader no sólo compromete la responsabilidad civil y penal del Estado, sino que la imagen del país se deteriora que deja mucha incertidumbre y amenaza la seguridad jurídica y en consecuencia renglones de la economía nacional como el turismo.
De manera, que la conducta del presidente no sólo representa una amenaza en contra de la imagen del país, sino también atenta en contra del progreso económico y social.
El presidente debe detener en lo inmediato la violación de la jerarquía jurídica, cuyo lugar cimero ocupa la Constitución de la República, la cual es permanentemente violada por decretos emitidos por el jefe del Poder Ejecutivo.
Lo planteado en este editorial puede parecer una irreverencia en contra del presidente Luis Abinader, pero es que su comportamiento no es para menos.
En lo que respecta a este caso no queda otra expresión que se ajuste más al comportamiento indicado que aquel que dice que el presidente tiene más miedo que vergüenza, porque su proceder indica que le importa poco lo que la gente pueda pensar de él.
Es un caso tras otro.