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Cuota de la mujer se dirige a que sea un 50 por ciento a cargos electivos.
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4 años agoon
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LA REDACCIÓN
La República Dominicana ha tenido un avance importante en cuota de genero y las leyes sobre la materia parece que serian modificadas en beneficio de la mujer, sobre todo en lo referente a las candidaturas a cargos de elección popular, ya que arrancaron en el país en el 1997 y 25 años después de su aplicación se puede afirmar que concretamente han logrado una mayor representación femenina en el Congreso y las alcaldías. Pero la exigencia de la cuota no se detiene. Arrancó con 25% en 1997; en el año 2000 dio un salto al 33.33% y en el 2018 avanzó al 40% y ahora va por el 50%.
El presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Román Jáquez, que ha asumido el liderazgo de promover la paridad en el marco de la modificación de las leyes electorales para que el mínimo de candidaturas femeninas sea el 50%, ha sido insistente con el tema y la JCE lo propone en su modificación a las leyes 33/18 y 15/09.
El artículo 53 de la Ley de Partidos establece que la JCE no admitirá listas de candidaturas para cargos de elección popular que contengan menos del 40% y más del 60% de hombres y mujeres.
Historia legislativa de la cuota
La Ley 275-97, promulgada el 21 de diciembre de 1997, determinó por primera vez que en República Dominicana los partidos otorgaran un porcentaje de sus candidaturas a mujeres con un mínimo de 25%.
En el año 2000 esa ley fue modificada y se incrementó el porcentaje a 33.33%, como cuota mínima de candidaturas para el nivel congresual.
En el caso de las candidaturas municipales, la cuota femenina fue instituida en la Ley 13-00 que estipuló que los partidos deberían incluir al menos una mujer en las candidaturas a síndico o a las de vicesíndico de cada municipio. Es decir, que cuando un partido presentare un candidato a síndico, debía presentar una candidata a vicesíndica y viceversa.
Para el 2018, la cuota de 33% pasó a 40% al aprobarse el criterio de un 60/40 como tope y mínimo para cada género en la Ley de Partidos Políticos.
Ahora, la Junta Central Electoral en su propuesta de reforma a las leyes electorales apuesta a que el 50% de los cargos de elección popular se postule a féminas con el objetivo de logar la paridad establecida en la Constitución.
Habría que ver si los partidos aprueban esa propuesta pues históricamente han tenido resistencia al cumplimiento de ese tema debido a las dificultades que genera la participación femenina a lo interno de los partidos.
Para la aspirante a la candidatura presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Karen Ricardo, más que aprobar un 50% de cuota mínima se debe trabajar primero a lo interno de los partidos políticos para consolidar la participación de las mujeres y evitar que puedan ser colocadas en candidaturas solo de manera formal y no real.
Para cumplir la cuota mínima del 40% en las pasadas elecciones, fue necesaria una sentencia del Tribunal Superior Electoral (TSE) en ese momento dirigido por Román Jáquez, determinó que la cuota era local y no nacional como quisieron interpretarla los partidos. Luego, otro fallo del Tribunal Constitucional ratificó ese criterio del TSE sobre la cuota.
A pesar de que las cuotas han permitido una mayor participación de las mujeres en los cargos de elección popular, en algunos periodos se han registrado retrocesos como ocurrió en el 2020 con relación al 2016.
En el caso de las diputaciones ahora hay cuatro féminas menos que en el periodo 2016; en el Senado hay una más al pasar de tres a cuatro mujeres en la Cámara Alta.
Cuotas aumentan la representación
Según un estudio del Observatorio Político Dominicano (OPD) publicado en el 2016, se constata que las cuotas han contribuido aumentar la representación femenina en el Congreso.
Desde el 1978 a 1998, cuando no había cuota el máximo porcentaje que se logró en representación en el Congreso fue de 12% en el periodo 1978-1982. Sin embargo, hay una diferencia en el crecimiento permanente de mujeres legisladoras desde el 1998 al 2020. En el periodo 1998-2002 (cuando se aplicó por primera vez la cuota de 25%) la representación femenina alcanzó un 15%, la más alta hasta.
El periodo 2020/2024 registró una reducción en la Cámara de Diputados de la representación femenina con relación al periodo 2016/2020.
El periodo 2020/2024 registró una reducción en la Cámara de diputados de la representancipon femenina con relación al periodo 2016/2020.
Participación en los 70
Según la investigación del OPD, para el período 1970-1974 fue la primera vez que una cantidad importante de mujeres formó parte del Congreso. Las féminas Carmen Mendoza de Cornielle, Fidias Vólquez de Hernández, Carmen Dolores Jiménez de Ginebra, Josefina Portes de Valenzuela, Julia Caridad Báez viuda Russo, Jacqueline Chahín de Cornielle, María Luisa Guerrero, Sonia Torres de Mallén y María Caridad Rodríguez de Sobrino.
El mismo estudio señala que en el período 1966-1970 solo cinco mujeres formaron parte del Congreso. Yolanda Pimentel de Pérez (única senadora) y las diputadas Aida Núñez, Caridad Rodríguez, Lesbia Amaro y Miriam Abreu.
Quejas de pocas féminas en el Poder Ejecutivo
La gestión del presidente Luis Abinader ha sido criticada porque pocas mujeres ocupan cargos de principalía especialmente ministerios. El gobernante optó por designar féminas en todas las gobernaciones del país. Los cargos más relevantes del gobierno que ocupan mujeres además de la vicepresidencia, que ocupa Raquel Peña, son la Procuraduría General de la República que tiene a Miriam Germán como titular; la ministra de Cultura, Milagros Germán; Mayra Jiménez, ministra de la Mujer; Josefa Castillo, superintendencia de Seguros; Milagros Ortiz Bosch, directora de Ética e Integridad Gubernamental y Yadira Henríquez, directora del Plan Social de la Presidencia. La vicepresidenta además de ese cargo, coordina el gabinete de salud. En el caso de la Procuraduría también una mujer, Yeni Berenice Reynoso, es la que ocupa el segundo cargo más importante, como directora de Persecución.
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Contratistas del Estado favorecidos con proyecto de ley aprobado por el Senado de la República que autoriza pago.
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21 horas agoon
abril 21, 2026
Santo Domingo. – Fue aprobado este martes en primera lectura un proyecto de ley que autoriza el pago a contratistas del Estado y que crea una comision para la revision de reclamaciones derivadas de obras ejecutadas con o sin contrato formal.
Esta normativa fue remitida por la Cámara de Diputados e incluida en el orden del día a solicitud del senador por la provincia de La Vega, Ramón Rogelio Genao.
La propuesta de ley tiene por objeto autorizar, de manera excepcional y por única vez, el reconocimiento, validación y pago de las deudas derivadas de obras públicas ejecutadas sin contar con un contrato formal o sujeto a reformulación presupuestaria, a fin de regularizar las obligaciones pendientes y salvaguardar la transparencia, la legalidad y el uso adecuado de los recursos públicos.
Los legisladores aprobaron en segunda lectura el proyecto de ley que designa con el nombre de Vicente Sánchez Baret el Centro Cívico Provincial para oficinas gubernamentales de la provincia Sánchez Ramírez, con el propósito de honrar la memoria del servidor público, líder y político, fallecido recientemente.
La iniciativa presentada por el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, destaca la trayectoria política del exsenador por su provincia natal, Sánchez Ramírez; también el rol que desempeñó como presidente y secretario de organización del Partido Revolucionario Dominicano (PRD).
La pieza señala que Sánchez Baret, además, fue cofundador del Partido Revolucionario Moderno (PRM), consolidándose como una figura determinante y de referencia en la historia política contemporánea de la República Dominicana, cuyo liderazgo y visión contribuyeron al fortalecimiento de la democracia y de las instituciones del país.
Detalla también las funciones desempeñadas durante su carrera política, entre estas: alcalde de Cotuí (1961), senador por la provincia Sánchez Ramírez en el periodo legislativo 1982-1986, secretario de Interior y Policía (1978); secretario de Deportes (1982-1986); así como director general de Aduanas (2000-2004).
El Pleno del Senado aprobó en segunda lectura el proyecto de ley que modifica el artículo 13 de la Ley 118-21, sobre terminación de obras viales, escuelas, hospitales y presas que se encuentran suspendidas, modificada por la Ley 83-24; propuesta del senador de la provincia de La Vega, Ramón Rogelio Genao.
Además, el proyecto de ley orgánica que modifica el artículo 12 de la Ley 5-13, sobre Discapacidad en la República Dominicana, presentada por el senador de la provincia El Seibo, Santiago José Zorrilla.
En primera lectura
El Pleno sancionó en primera lectura el proyecto de ley que designa con el nombre de doctor Mario Mignolio Pujols Colón el Palacio de Justicia del distrito judicial de la provincia San José de Ocoa, propuesta del senador Milcíades Aneudy Ortiz Sajiun.
También fue sancionado el proyecto de ley que designa con el nombre de Milton Ray Guevara al edificio del Palacio de Justicia del distrito judicial de Samaná, presentada por el senador de esa demarcación, Pedro Catrain.
En única discusión, los senadores aprobaron el proyecto de resolución que solicita al presidente Luis Abinader que se realicen los estudios correspondientes para la instalación de un parque industrial de zonas francas en el municipio de Azua, provincia de Azua; propuesta de la senadora Lía Ynocencia Díaz Santana.
También sancionaron favorablemente el Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y los miembros de la Organización de Estados de África, el Caribe y el Pacífico, por otra, suscrito en Samoa. Esta pieza fue presentada por el Poder Ejecutivo.
El Senado de la República guardó un minuto de silencio en memoria de las cinco víctimas de las recientes lluvias en San Cristóbal, a solicitud del senador Gustavo Lara, así como por el chofer Deivi Carlos Abreu Quezada, asesinado en circunstancias lamentables, según propuso el senador Pedro Catrain.
Asimismo, el Pleno honró la memoria de Domingo Batista, chofer de Fenatrado, y extendió sus condolencias por los fallecimientos de Ana Dolores Diplan, madre de Nelson Guzmán (encargado de Gabinete del Senado), y de Estela Josefina Echavarría Disla, madre del ministro de Energía y Minas, Joel Santos; estas últimas solicitudes fueron realizadas por el presidente de la Cámara Alta, Ricardo de los Santos.
El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, convocó a sesión para el próximo jueves a las 2:00 de la tarde.
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Tras cumplir condenas deportan de EEUU a otros 72 dominicanos.
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21 horas agoon
abril 21, 2026
Santo Domingo, (EFE).- Un grupo de 72 dominicanos fue deportado este martes desde Estados Unidos tras cumplir en su mayoría condenas por diferentes delitos, elevando a más de 400 los repatriados este año a República Dominicana.Los dominicanos arribaron al Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA), que sirve a Santo Domingo, a bordo de un avión fletado por el Gobierno estadounidense, según adelantó el periódico local Listín Diario y confirmó a EFE una fuente de la Dirección General de Migración (DGM).De acuerdo a la fuente, la mayoría de los repatriados cumplió condenas por narcotráfico, así como por robos, atracos y tráfico de armas.
Aunque cumplieron condenas en diferentes ciudades estadounidenses, los repatriados fueron concentrados en lugares de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), organismo que se encarga de su deportación.
También arribaron varios dominicanos que permanecían indocumentados en Estados Unidos, aunque estos eran minoría.
Las autoridades de la Dirección de Migración y otras agencias investigan a los deportados, por si tienen asuntos pendientes con la Justicia dominicana. De no ser así, son liberados.
Este tipo de vuelos desde Estados Unidos se repite todos los martes.
En los primeros tres meses del año han sido repatriados más de 400 dominicanos, según cifras de Migración, frente a 3,986 de todo 2025 y 3,880 de 2024.
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2,268 armas de fuego incautadas son destruidas por Interior y Policía.
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22 horas agoon
abril 21, 2026
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio de Interior y Policia destruyó este martes un total de 2,268 armas de fuego incautadas por el Estado, entre las que había revólveres, pistolas, escopetas, rifles y artefactos de fabricación casera.
La institución informó que también fueron desintegradas 12,431 armas blancas, incluyendo cuchillos, machetes y puñales.
«La destrucción de estas armas no solo reduce riesgos inmediatos, sino que también envía un mensaje firme de que en República Dominicana no hay espacio para la ilegalidad ni la violencia», afirmó la ministra de Interior, Faride Raful, al encabezar el acto.
Interior y Policía indicó que esta es la segunda jornada realizada en los últimos cuatro meses, en el marco de la estrategia para retirar de circulación armamento ilegal y evitar que vuelva a las calles.
El Ministerio de Interior y Policía dijo que esta fue la segunda jornada de destrucción de armas realizada en los últimos cuatro meses, lo que representa el cumplimiento de una estrategia sostenida para retirar de circulación armamento ilegal y evitar que vuelva a las calles.
La intervención se llevó a cabo en las instalaciones de Metaldom, ubicadas en el Parque Industrial Duarte, donde el armamento fue previamente verificado por técnicos especializados para garantizar el cumplimiento de los protocolos de seguridad antes de su destrucción.
«Esta es la segunda jornada realizada en los últimos cuatro meses, en el marco de una estrategia sostenida para retirar de circulación armamento ilegal y evitar que vuelva a las calles», dijo el ministerio. 
Para Fernando de La Vega, representante en el país de la empresa multinacional, la jornada refleja su compromiso con iniciativas que generan impacto social y ambiental.
En el acto también estuvieron presentes el ministro de Defensa, Carlos Antonio Fernández Onofre; el director de la Policía Nacional, Andrés Modesto Cruz; y la vicepresidenta de Relaciones Institucionales y Comunicación de Inicia, Anyarlene Bergés.
También representantes de la Procuraduría General de la República, el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional, bajo la supervisión de la Comisión Interinstitucional para la Destrucción de Armas.
