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Los recursos para más subsidios están plenamente identificados por el Gobierno.
Santo Domingo.– Los subsidios anunciados por el presidente Luis Abinader están garantizados mediante recursos identificados por el Gobierno, según lo informó el ministro de Hacienda, los cuales provienen de los ahorros señalados a través del decreto 3-22.
“A nivel de recaudaciones estamos como 14,000 millones de pesos por encima del presupuesto y eso también se usará para los subsidios”, explicó Jochi Vicente a Diario Libre, quien descartó más préstamos para cubrir las nuevas medidas.
El ministro recordó que el presidente Abinader dictó el Decreto 3-22 en donde se ponen límites a ciertas partidas de gastos. El total disponible de esas partidas es de RD$40,000 millones, pero aclaró que no todo se puede reducir para crear disponibilidad. “Estamos controlando una buena parte», dijo.
En un discurso que se transmitió la noche del pasado lunes, el presidente anunció aranceles cero para la importación de productos básicos y subvención hasta un 10 % de materias primas, congelación de los precios de los combustibles hasta el tope de US$115 por barril de petróleo, aumento del subsidio al sector transporte y la aplicación de precios de referencia para los productos de la canasta básica para contener los efectos en el país de la escalada inflacionaria mundial.
El pasado 27 de febrero también anunció otro paquete de medidas, entre estas aumentar la ayuda social directa, desplegar programas especiales de venta de comida y subsidios focalizados, como la entrega de más tarjetas Supérate, y ajustar a 470 pesos el subsidio del Bono Gas.
Las últimas medidas anunciadas por el presidente son valoradas como positivas por representantes de los sectores empresarial, sindicalista y comercio, y por economistas. Consideran que ante la situación que vive el mundo por la guerra en Ucrania y los efectos de la pandemia, hay que aunar esfuerzos y trabajar unidos.
Pedro Brache, presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), indicó que las medidas anunciadas buscan aliviar el peso que supone para la población los efectos económicos de la guerra entre Ucrania y Rusia.
“El Estado da un primer paso y expone los sacrificios fiscales que hace para poder mantener la estabilidad social, económica y política. Entendemos que algunas medidas representan un reto para el gobierno y para todos, pero también entendemos que son necesarias. Está en todos nosotros el mantener intacto el equilibrio entre proteger nuestro aparato productivo y las necesidades de los consumidores”, apuntó Brache.
En cambio, el presidente de la Federación Nacional de Arroceros (Fenarroz), Marcelo Reyes, entiende que las medidas son “desmotivadoras” para el sector agrícola nacional. “Todos los incentivos han sido a las importaciones de alimentos, dejando en el olvido a los productores nacionales que siempre hemos garantizado la soberanía alimentaria de nuestra nación”, dijo.
No obstante, señaló que ante el aumento de los costos de producción experimentado desde el 2021 por diferentes factores, tanto externos como internos, “nos mantuvimos con un sistema productivo agrícola con cierta estabilidad, aunque con mucha incertidumbre”.
De su lado, Antonio Ciriaco Cruz, economista, sostuvo que las medidas que anuncia el presidente son para tratar de mitigar el impacto del incremento en los precios internacionales del petróleo en la economía dominicana.
«Son medidas que se enmarcan en un contexto de crisis geopolítica con grandes repercusiones en los precios de los combustibles y en los precios internacionales de los commodities e insumos agropecuarios. Sin bien es cierto que las medidas son necesarias y positivas, no es menos cierto que las mismas cambian todo el marco macroeconómico y presupuestario, por lo que el gobierno tendrá que buscar más recursos para financiar las medidas anunciadas, lo que implicará un mayor déficit y endeudamiento público», explicó el profesional.
Sobre el tema, el presidente de la Consejo Nacional de Comerciantes y Empresarios de la República Dominicana (Conacerd), Antonio Cruz Rojas, indicó que la situación es muy difícil para la gobernalidad del país y señaló que la situación de carestía de los precios es mundial.
«Hoy tenemos el gran problema de la guerra entre Rusia y Ucrania, los dos principales países agrícolas de Europa, de donde viene más del 35 por ciento de los commodities, lo que generará alzas en los precios de los productos de primera necesidad, con un pueblo que está sumamente débil en su poder adquisitivo», apuntó.
Santo Domingo, R.D.-A partir de este jueves, la Dirección General de Pasaportes comenzará formalmente la expedición del nuevo pasaporte electrónico en República Dominicana, informó su director, Lorenzo Ramírez en una visita realizada a Diario Libre.
Las citas para el público fueron abiertas el pasado 15 de enero y desde esa fecha, unos 3,200 usuarios han programado sus citas. En esta primera etapa solo podrán solicitar el nuevo documento quienes tengan el pasaporte vencido, posean menos de seis meses de vigencia, reporten pérdida, deterioro o agotamiento de páginas y aquellos que soliciten su libreta por primera vez.
La entrega del pasaporte ordinario, que tiene un costo 6,500 pesos con una vigencia de 10 años se realizará en 24 o 48 horas, dependiendo de la localidad y es una de las razones principales por las cuales el proceso VIP fue eliminado.
- También adelantó que los primeros pasaportes ordinarios deberían comenzar a circular la próxima semana.
Implementación gradual
El proceso será progresivo. Inicialmente se implementa en Santo Domingo y luego se extenderá a otras oficinas en el Distrito Nacional, Santiago, región norte, este y sur.
Durante el período de transición coexistirán la libreta tradicional y la electrónica, como parte de las «buenas prácticas internacionales».
«Entramos tarde al pasaporte electrónico, pero lo hicimos con tecnología de vanguardia«, afirmó Ramírez.
Servicio de repatriación incluido
Como valor agregado, el pasaporte ordinario electrónico incluirá un servicio de repatriación en caso de fallecimiento en el exterior, con cobertura de hasta 9,000 dólares.
El beneficio aplicará únicamente para pasaportes ordinarios vigentes y entrará en vigencia 60 días después de su emisión. Tendrá criterios específicos, incluyendo condiciones médicas preexistentes y plazos de notificación.
Además, la institución lanzará el programa «Pasaporte en Ruta«, mediante unidades móviles que ofrecerán el servicio en empresas, instituciones y provincias, con el objetivo de reducir la necesidad de desplazamiento.
Con la puesta en marcha del pasaporte electrónico, la Dirección General de Pasaportes asegura que el país se coloca a la par de los estándares internacionales en materia de seguridad documental y modernización de servicios.
Santo Domingo, R.D.-La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) calificó como «impostergable» el ordenamiento del sistema de tránsito terrestre en el país, advirtiendo que la falta de regulación real sobre las motocicletas se ha convertido en una amenaza directa para la seguridad ciudadana y la calidad de vida.
El vicepresidente ejecutivo de la entidad, Servio Tulio Castaños Guzmán, señaló que la fragilidad institucional y la «pasividad de las autoridades» han permitido que el parque de motocicletas opere prácticamente sin controles efectivos, vinculándose frecuentemente con la delincuencia y la alta siniestralidad vial.
Castaños Guzmán presentó cifras alarmantes que reflejan la magnitud del desafío, señalando que según datos de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), a inicios de este 2026, el número de motocicletas registradas en el país asciende a 3,872,238 unidades.
El jurista lamentó que, según organismos internacionales como World of Statistics, la República Dominicana figure entre las naciones con mayores tasas de mortalidad por accidentes de tránsito per cápita, registrando 65 decesos por cada 100,000 habitantes.
En estas estadísticas, los motoristas son el grupo más vulnerable y afectado.
Ineficacia en aplicación de la ley
Entre las causas principales del caos, la institución citó la violación sistemática de luces rojas y circulación por aceras o vía contraria, la ineficacia en la aplicación de la ley.
Igualmente, la ausencia de consecuencias reales para los infractores, la falta de coordinación entre las autoridades competentes.
Ante la gravedad de la crisis, Castaño Guzmán hizo un llamado al Gobierno y a los sectores sociales para adoptar decisiones responsables de manera inmediata, como declararse una emergencia nacional en materia de tránsito.
La propuesta incluye convocar a todos los sectores para coordinar soluciones y, sobre todo, establecer un régimen de sanciones efectivas que logre disuadir la conducción temeraria.
Para la entidad, la transformación del sistema de transporte no es solo una cuestión de movilidad, sino un requisito indispensable para garantizar la seguridad de la población dominicana.
Santo Domingo, R.D.-El presidente de la República, Luis Abinader, nombró a Andrés Modesto Cruz Cruz como nuevo director general de la Policía Nacional.
Ese decreto ordena su ascenso de general al rango de mayor general.
Luis Abinader, nombró a Andrés Modesto Cruz Cruz como nuevo director general de la Policía Nacional.Fuente externa
Trayectoria
La Presidencia de la República dijo en un comunicado que el mayor general Cruz Cruz cuenta con una amplia trayectoria dentro de la institución, caracterizada por el desempeño en áreas estratégicas de control, supervisión y gestión interna.
«Hasta su designación se desempeñaba como inspector general de la Policía Nacional (2023-2026) y previamente ocupó posiciones como director de Asuntos Internos, director regional Sur, director de Enlace entre el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional, y director de Control Interno, entre otras responsabilidades de alto mando», señala el comunicado.
El nuevo director de la Policía Nacional es ingeniero civil egresado de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU) y posee una maestría en Defensa y Seguridad Nacional por el Instituto Superior para la Defensa “General Juan Pablo Duarte y Díez”.
Su formación incluye programas especializados en liderazgo transformacional, investigación criminal, manejo de crisis, seguridad energética, protección de dignatarios y cooperación internacional, incluyendo capacitaciones con organismos de Estados Unidos, Israel y Colombia.
«A lo largo de su carrera ha recibido múltiples condecoraciones y reconocimientos, entre ellos la Medalla al Mérito del Servidor Público en Primera Categoría y distinciones otorgadas por las Fuerzas Armadas y la Dirección General de la Policía Nacional, en reconocimiento a su trayectoria y compromiso institucional», indica el comunicado de la Presidencia.
“La disposición se fundamenta en lo establecido en los artículos 255 y 256 de la Constitución de la República y en la Ley núm. 590-16, Orgánica de la Policía Nacional, que otorga al presidente la atribución de nombrar al director general de la institución entre oficiales generales activos. Asimismo, el decreto deroga el artículo 1 del Decreto núm. 557-23”, reseña el comunicado de prensa enviado desde la Presidencia de la República.