Editorial
Por qué Macarrulla no está en el expediente a partir de las revelaciones del Ministerio Público.
En los últimos años el país ha dado señales de que no está dispuesto a tolerar los pasos equivocados de los partidos políticos y de las diferentes instancias públicas y privadas y lo que acaba de producirse con el secretario de la presidencia, Lisandro Macarrulla Tavarez, es una muestra de ello, cuyas revelaciones del Ministerio Público no permiten entender por qué este renunciante funcionario no está en el expediente del caso Medusa.
La resistencia a la tradicional bellaquería del funcionario público, el cual casi siempre proviene del partidarismo político, pero que se acrecienta en el seno de la sociedad dominicana, donde la corrupción es un fenómeno que la gente lleva hasta en sus tuétanos.
La realidad es que con este tema hay mucho de simulación, principalmente por muchos de los actores de los medios de comunicación social e incluso de los dirigentes de organizaciones sociales y de familias del país.
Ya dijimos que se trata de un fenómeno con profundas raíces culturales, por lo que su erradicación costará mucho esfuerzo y tal vez hasta sangre, porque son muchos los que perecerán en el camino que da vida a la codicia, la avaricia y al interés de buscar riquezas a cualquier precio para ser valorados en la sociedad.
La renuncia transitoria de Macarrulla deja un mensaje de esperanza, pero también de preocupación en la sociedad dominicana, porque ya no son pocos los que entendían que ese no debió ser el camino, lo cual lesiona el interés de otros que consideran que la República Dominicna sea un país de mejor suerte.
Sólo alguien con un alto nivel de ignorancia o de ceguera puede soslayar lo que implica que Macarrulla siga al frente del gabinete del presidente Luis Abinader, ya que ello implicaría el desmonte del incipiente proceso de adecentamiento nacional que parece promover el Ministerio Público, el cual también es el resultado de la lucha de miles de dominicanos que quieren una nación más transparente y con un régimen de consecuencia.
Pero la pregunta de si es un aparente avance institucional o una medida fruto de la circunstancia es una respuesta que sólo podrá responderse con el tiempo y en consecuencia no se sabe con exactitud cuándo quedará totalmente despejada.
Los dominicanos decentes deben estar orgullosos de que las cosas hayan ocurrido de esa manera, porque dejan una huella de que se producen esfuerzos para exigirles a los funcionarios que respeten el patrimonio público y que hay recursos que jamás deben ser tocados.
La corrupción en sus diferentes vertientes han dejado una secuela de sufrimientos al pueblo dominicano que se impone que se diga y se trabaje para que exista el convencimiento de que llegó el momento del ya basta.
Por esta razón no importa cuál ha sido la causa de la decisión del ministro de la Presidencia del Gobierno de Luis Abinader, Lisando Macarrulla Tavarez, pero no queda duda de que el hecho tiene un impacto positivo en la lucha para promover una cultura de respeto a los dineros de las arcas nacionales.
Naturalmente, será el propio proceso judicial el que se encargará de decir si la empresa de Macurrulla es culpable o inocente del delito que se le imputa, cuyo juicio no tendrá resultados definitivos hasta que no recurra todos los grados que establece el sistema de justicia nacional para que se llegue a lo irrevocablemente juzgado, lo cual conllevará algunos años.
Sólo queda esperar sin contaminar el proceso.
Nadie en la República Dominicana se atrevería a negar que los partidos políticos lo han contaminado todo, absolutamente todo.
Es un mal general que contrarrestarlo costará mucho esfuerzo y un periodo largo en el tiempo, pero que su impacto lo destruye todo en su camino.
Cada día surge una nueva prueba del daño que causan los partidos políticos a la democracia nacional y en consecuencia su descredito alcanza niveles insospechados en la sociedad.
Hace pocos días que hasta el otorgamiento y anulación de una visa hacia los Estados Unidos estaba determinada muchas veces por la contaminación proveniente de la partidocracia, ya que esa es una vía de desacreditar al contrario, cuya revelación vino de la actual embajadora de esa nación en el país.
Pero las cosas son peores de ahí, porque los partidos políticos aparte de ser responsables de la tragedia nacional que conlleva la corrupción administrativa que propician y promueven, también tienen una influencia decisiva en la escogencia de los jueces del sistema de justicia nacional.
Ahí está la explicación de tantas demandas que son declaradas inadmisibles por los tribunales nacionales, porque en realidad se trata de la vía más fácil para quitarse de encima un proceso que podría comprometer el empleo de los jueces.
De manera, que se impone despolitizar el Consejo Nacional de la Magistratura, el cual está dominado por la partidocracia, cuyos postulantes a jueces y aquellos que deben ser evaluados tienen que someterse al tráfica de influencia y el modo operandi de los partidos políticos para ser elegibles.
Por qué no cambiar la conformación del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) para que sus miembros provengan de las universidades pública y privadas, el Colegio Dominicano de Abogados, la Suprema Corte de Justicia y de jueces de carrera con largos años de ejercicio.
De no ser así, muy difícilmente podremos mejorar el Estado Social Democrático de Derecho como lo consigna la constitución de la República, porque la manipulación de la designación de los jueces, sobre todo para buscar impunidad, contamina y daña todo el sistema público del país y destruye la democracia.
Los dominicanos somos los mejores testigos del deterioro que sufre la confianza pública por las graves violaciones a la seguridad jurídica y el criterio con que se maneja la partidocracia.
Decir que el país tiene una buena imagen en el combate de la corrupción administrativa, es pretender tapar el sol con un dedo, porque los casos de este tipo generalmente quedan en la impunidad.
El problema tiene una envergadura que asusta, porque no hace muchos días que se repitió la historia de que primero cualquier aspirante presidencial tiene que verse involucrado en escandalosos actos de corrupción para que la misma tenga alguna legitimidad.
Esa historia lamentable acaba de repetirse con Gonzalo Castillo, quien fue absuelto de los cargos que pesaban en su contra por la comisión de no cualquier sustracción de dinero del patrimonio nacional.
Pero lo propio se repite constantemente, dado que el Ministerio Público sólo pretende buscar sanciones penales para los casos que tienen importancia mediática, ya que este órgano del Estado en la práctica no tiene ningún nivel de eficiencia, cuyo rol es fundamentalmente politiquero.
Es decir, que hablar de transparencia en la sociedad dominicana es una aspiración que todavía falta un largo camino por recorrer, dado que desde la propia Presidencia de la Republica se producen fuertes y preocupantes atentados a la seguridad jurídica, pese a que se quiere pregonar lo contrario.
Basta con revisar los desacatos que se producen al sistema de justicia constitucional, los cuales tienen como protagonistas a los órganos del Estado, pero preocupantemente al propio presidente de la República que viola la Constitución de la República cuando le viene en gana.
Transparencia Internacional antes de emitir su informe debió consultar los archivos del Tribunal Constitucional para que entonces emitiera una valoración más acorde con la realidad, lo cual conoce muy bien su dependencia nacional como lo es Participación Ciudadana.
Es una insensatez y una desproporción afirmar que el país está bien en transparencia pública y en el combate a la corrupción cuando todo el mundo sabe que la impunidad es un elemento con raíces culturales y que es promovida por los que tienen el control del Estado.
La falta de transparencia, la poca confianza pública y carencia del respeto a la poca seguridad jurídica que prevalece en el país son de las falencias a combatir para el logro de una mejor democracia.
Por qué nos meten gatos por liebres, aunque no hay que escudriñar mucho para encontrar la respuesta.
La República Dominicana atraviesa por un trance muy peligroso que tiene ver con que quien tiene que velar por el respeto del orden jurídico nacional es el primero que lo viola.
Son numerosos las veces que Luis Abinader incurre en el mismo problema, lo cual implica que o no tiene claras sus funciones y responsabilidades o sencillamente de que se está frente a un gobierno irresponsable.
El país lleva años montado en el mismo caballo, ya que los niveles de ignorancia y de improvisación del presidente Abinader dejan la sensación de que el orden legal es lo que menos importa.
La gravedad de este problema tiene un impacto en la comunidad internacional en razón de que las normas del derecho interno tienen una conexión determinante con aquellas provienen del derecho externo.
Este comportamiento del presidente Abinader no sólo compromete la responsabilidad civil y penal del Estado, sino que la imagen del país se deteriora que deja mucha incertidumbre y amenaza la seguridad jurídica y en consecuencia renglones de la economía nacional como el turismo.
De manera, que la conducta del presidente no sólo representa una amenaza en contra de la imagen del país, sino también atenta en contra del progreso económico y social.
El presidente debe detener en lo inmediato la violación de la jerarquía jurídica, cuyo lugar cimero ocupa la Constitución de la República, la cual es permanentemente violada por decretos emitidos por el jefe del Poder Ejecutivo.
Lo planteado en este editorial puede parecer una irreverencia en contra del presidente Luis Abinader, pero es que su comportamiento no es para menos.
En lo que respecta a este caso no queda otra expresión que se ajuste más al comportamiento indicado que aquel que dice que el presidente tiene más miedo que vergüenza, porque su proceder indica que le importa poco lo que la gente pueda pensar de él.
Es un caso tras otro.