Santo Domingo.-Agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y miembros del Ministerio Público, apoyados por la Policía Nacional, en el marco del fortalecimiento de las acciones conjuntas, ejecutaron durante la última semana 50 allanamientos y más de cinco mil operativos de interdicción en contra del microtráfico de sustancias controladas, en gran parte del territorio nacional.

Una nota de la entidad antinarcótico señala que en las operaciones para erradicar el tráfico y venta de drogas se apresaron a 853 personas y se incautaron de 102,566 gramos de cocaína, 30, 295 de marihuana, 4, 401 dosis de crack, 5.10 de metanfetaminas, 2.10 gramos de heroína y 143 pastillas de éxtasis, para un total de 137, 260 gramos.

También, 10 armas de fuego, 45 machetes y cuchillos, 04 vehículos, 49 motocicletas, 244 celulares, 09 radios de comunicación, 55 balanzas y un chaleco antibalas, dinero en efectivo, entre otras evidencias.

Agrega que durante el mes de diciembre, las labores operativas para enfrentar el tráfico ilícito de drogas se reforzaron en el Gran Santo Domingo y las provincias La Altagracia, La Romana, San Pedro de Macorís, San Cristóbal, Peravia, Azua, San Juan, Barahona, Santiago, La Vega, Monseñor Nouel, Duarte, Hermanas Mirabal, Espaillat, María Trinidad Sánchez, Sanchez Ramírez y Samaná, entre otras.

Santo Domingo, R.D.-La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) expresó su preocupación por la reciente sentencia del Tribunal Constitucional que declaró no conformes con la Constitución los artículos 156 y 157 de la Ley 20-23, Orgánica del Régimen Electoral, y eliminó el requisito de que las candidaturas independientes se presenten desde agrupaciones políticas constituidas.

El vicepresidente ejecutivo de la entidad, Servio Tulio Castaños Guzmán, advirtió que la decisión de la Alta Corte podría desvirtuar los esfuerzos realizados en diferentes espacios para fortalecer la democracia interna de los partidos políticos y podría provocar el debilitamiento de los partidos y la desarticulación del propio sistema político.

Señaló que esta sentencia podría motivar el surgimiento de extremos que debiliten la institucionalidad de las organizaciones políticas, generen grupos espontáneos fuera de la fiscalización y el control institucional y confundan a la voluntad colectiva.

«Somos de opinión que debemos abocarnos a una amplia discusión nacional que permita el fortalecimiento de la democracia interna de las organizaciones políticas y la promoción de mayores garantías para continuar aumentando la confianza de la voluntad colectiva en los partidos, agrupaciones y movimientos políticos», propuso.

Sostuvo que, de lo contrario, el Tribunal Constitucional estaría arrojando a su suerte décadas de reforzamiento histórico e institucional de las organizaciones políticas, provocando escenarios electorales menos representativos y mucho más opacos que los actualmente establecidos en el ordenamiento jurídico dominicano.

Finjus destacó el rol de los partidos para la estabilidad política y el desarrollo del país, así como la importancia de preservarlos.

«La propia doctrina desde momentos anteriores ha enfatizado que la indicación expresa de las organizaciones políticas en el bloque de constitucionalidad implica una garantía democrática para la participación colectiva dentro de los mismos. Por tanto, se ha puntualizado en que los partidos políticos se erijan como auxiliares del Estado, parte importante del engranaje constitucional y garantes de la vida en democracia», argumentó el jurista.

Agregó que los partidos, agrupaciones y movimientos políticos encarnan la garantía idónea para el correcto desarrollo de una democracia representativa y participativa en nuestro contexto.

Santo Domingo, R.D.– La resolución 00263-2024 de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL) a favor de los pensionados y jubilados del Estado dominicano dispone el aumento de la cobertura y beneficios para los planes especiales transitorios de servicios de salud de la población en condición de retiro.

La medida, que ordena reducir al 3.2% los aportes de los pensionados y jubilados al Seguro Familiar de Salud (SFS) hasta el tope de 10 salarios mínimos nacional, garantizará coberturas adicionales aprobadas por el Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS) y ampliará la red de prestadores de servicios de salud en todo el país, incluyendo clínicas, laboratorios y centros diagnósticos, para mejorar el acceso y la calidad de la atención.

Esta disposición entrará en vigor de forma retroactiva a partir del 01 de diciembre de 2024, impactando positivamente a jubilados y pensionados de la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones (DGJP), médicos, maestros, policías, exmiembros de los cuerpos castrenses y sus dependientes directos.

Para la aplicación de los nuevos beneficios, el Gobierno dispuso una inversión de más de mil 600 millones de pesos y emitió el decreto 644-24 para reducir al 3.2% el aporte de los pensionados, reafirmando su compromiso de mejorar las condiciones de vida de los jubilados y pensionados.

La resolución establece los nuevos per cápita por ampliación de red e inclusión de nuevos beneficios e instruye a las Administradoras de Riesgos de Salud ARS SeNaSa, ARS CMD y ARS SEMMA brindar los servicios y actualizar un listado con los nuevos Prestadores de Servicios de Salud (PSS).

Sobre SISALRIL

La Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL) es la institución responsable de garantizar el derecho a la salud y la protección ante riesgos laborales de la población de manera oportuna y con calidad, mediante la regulación y supervisión en el Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS).

Es una entidad autónoma del Estado, establecida el 9 de mayo de 2001 mediante la Ley No. 87-01 que crea el SDSS.